Categoría: Política

Los diputados Alejandra Valdebenito (UDI) y René Alinco (Ind.) llegaron a la Contraloría General de la República con un arsenal de denuncias sobre el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de Coyhaique. Según se mencionó en El Divisadero, el recinto alberga a 62 personas mayores que estarían expuestas a condiciones de atención cuestionables, falta de servicios básicos y, según los propios parlamentarios, posibles delitos sexuales al interior del establecimiento. La pregunta que queda en el aire es: ¿dónde estaban estas autoridades cuando la situación se venía gestando desde 2025?

Valdebenito, diputada de la UDI —partido de gobierno—, reconoció que este es “un problema que se arrastra desde el año 2025”, pero no explicó por qué recién ahora, desde su rol oficialista, decide “poner las cartas sobre la mesa”. Su discurso de que “el queque va a resultar igual de malo” suena más a justificación que a propuesta concreta. ¿Qué medidas inmediatas están tomando más allá de recurrir a la Contraloría? ¿Por qué no se activaron los mecanismos de fiscalización parlamentaria antes?

El diputado Alinco fue más lejos y denunció “delitos gravísimos de índole sexual” contra usuarios e incluso funcionarios, además de la presencia de una persona con antecedentes por “hechos de sangre” dentro del recinto. “No puede ser eso”, dijo el parlamentario, sin embargo, no detalló qué acciones legales concretas están impulsando más allá de la denuncia en Contraloría. Tampoco explicó por qué, habiendo realizado la visita hace 15 días, recién ahora se hace público el caso.

Ambos diputados señalaron que la persona acusada de delitos sexuales fue “encerrada en una oficina” y luego sacada del establecimiento, sugiriendo que hubo un encubrimiento o al menos una maniobra para ocultar la situación antes de su visita. “Yo tengo certeza firme de que los sacaron”, afirmó Alinco, responsabilizando directamente a la directora del SENAMA y a la Seremi de Desarrollo Social. Pero más allá de señalar culpables, no hay un plan concreto para resguardar a los 62 adultos mayores que siguen en el lugar.

La falta de personal es otro punto crítico que los propios parlamentarios reconocen. “Falta personal, falta preocupación del Servicio de Salud o del sistema de salud regional. El personal que tiene que prestar servicio no está completo”, afirmó Alinco. Sin embargo, no se menciona cuántos funcionarios faltan, cuál es el presupuesto asignado ni qué gestión están haciendo para que se complete la dotación. La denuncia queda en el aire sin números ni plazos.

Valdebenito invitó al gobierno a “ser parte de la solución definitiva” y reconoció que “esto es un problema que se hereda de la administración anterior”, pero no detalla qué está haciendo el Ejecutivo actual para encauzar la situación. La diputada oficialista parece olvidar que su coalición lleva meses en el poder y que la inacción también es una forma de administrar el problema.

Los parlamentarios anunciaron que pedirán una audiencia con la ministra de Desarrollo Social y Familia después del 18 de septiembre. Mientras tanto, los 62 adultos mayores del ELEAM de Coyhaique siguen esperando respuestas concretas, no más promesas ni declaraciones que, aunque suenan contundentes, no se traducen en soluciones inmediatas para quienes viven en un lugar que, según los propios diputados, se ha convertido en un espacio de vulneración de derechos.

Cada año se aclara qué se celebra el 18 de septiembre en Chile y, aunque pareciera quedar bien establecido el hecho histórico, la realidad indica que siguen las confusiones. No se conmemora la Independencia de Chile ni mucho menos, se recuerda la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno que declaraba su fidelidad al depuesto rey español Fernando VII, apresado por el emperador Bonaparte, y juraba defender sus dominios en esta lejana colonia. En ese hecho no hay “independencia”, aunque marcó el inicio del proceso de independencia definitiva que culminaría en 1818.

La historia recuerda a los hombres y mujeres que por diferentes medios lograron el objetivo de convertir a Chile en una república independiente y, con diferentes cuestionamientos al rol que cada uno jugó en el proceso, hay acuerdo en que los héroes y heroínas de la independencia son Bernardo O’Higgins, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, Javiera Carrera, Fray Camilo Henríquez y muchos otros/as que entregaron su vida por la naciente patria. Son los Patriotas de la Patria fundacional que nos dieron Libertad y Soberanía.

Han transcurrido más de 200 años de la mencionada Independencia y estas “Fiestas Patrias” celebradas con empanadas, chicha, cueca o cumbia, debieran ser el momento para preguntarnos si somos realmente un país libre, independiente, soberano. Cuando el suelo patrio es explotado por empresas transnacionales que se llevan las riquezas a otros países y no quedan para beneficio de los chilenos; cuando el agua, elemento vital para la vida, es de privados que la operan en el mercado, como el grupo español Agbar, la soberanía se resiente.

La contradicción se agrava con las omisiones del gobierno de turno. Cuando un presidente de otro país viene al suelo patrio e insulta a millones de chilenos tratándolos de “zurdos mugrosos” y celebra la llegada de una dictadura militar el ’73, Kast solo sonríe. A esto se suma que cuando el embajador de EEUU dice que es fácil aplicar la doctrina Monroe en nuestro país, el Canciller chileno NADA responde, y cuando autoridades argentinas ponen en duda nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, Kast nada dice.

Estos hechos evidencian una pérdida concreta de libertad y soberanía. Hemos perdido la libertad de decidir sobre nuestras riquezas como el cobre o sobre el agua, hemos perdido soberanía sobre el territorio, y los supuestos “patriotas” no nos aseguran independencia ni soberanía. ¿Conservaremos los símbolos patrios y algunas tradiciones cuando el imperio yanqui nos gobierne con el beneplácito de los llamados defensores de la libertad, la patria, la familia?

Ahora es cuando recordamos a aquellos, de este siglo, que no se nombraban a sí mismos “patriotas”, pero lo eran en los hechos, anteponiendo los intereses del pueblo por sobre la riqueza propia, nacionalizando el cobre, construyendo viviendas, asegurando empleo y sueldos justos, defendiendo Chile y su soberanía frente al gran imperio del norte. Ahora, mucho llenarse la boca de Patria, Libertad y en el momento en que deben demostrarlo no lo hacen. Seguramente eran metáforas, según se mencionó en El Divisadero.

Durante las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad evidenció la estrecha coordinación operativa entre la DINA y los líderes del enclave alemán en dictadura, según lo informado por Diario y Radio Universidad Chile. La instancia internacional se transformó en un duro cuestionamiento a la actual administración, que ha optado por dar marcha atrás en compromisos fundamentales de verdad y justicia.

La sobreviviente María Isabel Romero Méndez relató su detención en junio de 1975, donde permaneció secuestrada 20 horas siendo interrogada y torturada directamente por Paul Schäfer y Helmut Hopp, para luego ser entregada al agente represivo Osvaldo “Guatón” Romo. Su declaración no solo revive el horror del enclave, sino que aporta datos sustanciales sobre el paradero de prisioneros políticos trasladados a Villa Grimaldi —como Carolina Wiff, Mireya Rodríguez y Carlos Lorca—, quienes hoy siguen como detenidos desaparecidos.

Paralelamente, Paola Peebles Vlahovic denunció ante el organismo internacional que las sociedades comerciales herederas continúan explotando económicamente el lugar con instalaciones turísticas. Esta operatoria, tolerada por las autoridades, está provocando la destrucción deliberada de pruebas fundamentales para el Plan Nacional de Búsqueda. Peebles alertó sobre limpiezas no autorizadas en el antiguo cuartel represivo e inundaciones provocadas en los subterráneos, acciones que buscan obstaculizar directamente las pericias judiciales.

Frente a este escenario, la reciente determinación administrativa de revertir la toma de control del predio encendió las alarmas. La representante fue enfática al señalar que renunciar a la expropiación, como lo decidió el gobierno de José Kast, “es un grave retroceso que vulnera los compromisos internacionales de Chile en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición”. Una decisión que prioriza los intereses comerciales por sobre los derechos de las víctimas y la memoria histórica.

La crítica no se detiene en el plano patrimonial. Lelia Pérez Valdés advirtió sobre el debilitamiento general de la institucionalidad persecutoria, denunciando una “impunidad pasiva” instalada al interior del Programa de Derechos Humanos. Acusó que dicha entidad recibió instrucciones explícitas de no apelar frente a los beneficios carcelarios solicitados por perpetradores condenados, evidenciando una doble estándar donde el Estado protege a los criminales, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

A este diagnóstico se suma la constante campaña de desprestigio contra el INDH y la peligrosa convergencia política que busca indultar a criminales de lesa humanidad. La organización exigió a las autoridades reactivar las investigaciones sobre los excolonos que actualmente residen prófugos en Alemania, cuestionando la falta de voluntad política para hacer justicia y la complicidad tácita del gobierno con la impunidad.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, volvió a instalarse en el centro de la controversia, esta vez por priorizar la trinchera política por sobre las necesidades del sector que dirige. En una nueva demostración de subordinación al oficialismo, reiteró que las colectividades de la centroizquierda son “el vagón de cola del PC y el FA”, desatando un fuerte debate que lo aleja de las urgencias agrícolas del país.

Según afirmó, la oposición “simplemente están actuando en favor de los intereses” de esas dos fuerzas. Esta declaración no solo evidencia una falta de propuestas concretas para el diálogo político, sino que también revela una doble estándar: mientras el ministro se dedica a atacar a la centroizquierda, omite abordar los problemas reales del campo chileno, afectando directamente a territorios como la Región de Aysén.

La controversia se agrava al conocerse que el propio Campos aseguró que gran parte de su futuro político depende del éxito del gobierno de José Antonio Kast. Esta confesión deja al descubierto la falta de autonomía del secretario de Estado, quien parece más preocupado por su supervivencia política y la agenda presidencial que por la gestión ministerial.

No es la primera ocasión en que el ministro genera este tipo de revuelo. En mayo de este año, el secretario de Estado repitió la misma crítica, provocando un revuelo bastante similar al que se registró este sábado 19 de septiembre. La reiteración de este discurso demuestra una estrategia deliberada de mantenerse en la mediática a costa de la polarización, en lugar de presentar avances concretos en su cartera.

Las declaraciones fueron realizadas en conversación con El Mercurio, medio en el que el ministro eligió para instalar sus cuestionamientos. La elección de este espacio y el momento de la publicación reflejan a un gobierno más enfocado en las disputas internas y la supervivencia política que en dar respuestas a la ciudadanía, según se mencionó en canal9.

En definitiva, la actuación de Campos representa un caso negativo para el gobierno de turno. Un ministro que admite su dependencia del éxito presidencial, que reitera ataques sin fundamentos a la oposición y que descuida su labor agrícola, solo evidencia las contradicciones y la falta de un proyecto real para el país.

El presidente José Antonio Kast escogió el Palacio de La Moneda para encabezar su primer esquinazo de Fiestas Patrias, un acto que, bajo la promesa de recuperar el orgullo por Chile, terminó siendo una demostración de poder palaciego y elitista. Según se informó desde el Palacio de La Moneda, la actividad se desarrolló en el Patio de los Naranjos, un espacio reservado para las altas esferas del poder, muy lejos de las plazas y los barrios donde el pueblo vive sus realidades.

La composición de la ceremonia no deja lugar a dudas sobre las prioridades de este gobierno. En lugar de abrir las puertas a la ciudadanía, Kast se rodeó de ministros, subsecretarios, representantes de las Fuerzas Armadas, policías, Gendarmería y parte del cuerpo diplomático. Una reunión de la élite política, militar y extranjera que refleja un modelo de gobierno volcado hacia la seguridad y el control, pero desconectado de las demandas populares y territoriales.

Durante su intervención, el Mandatario agradeció especialmente a las instituciones encargadas de la defensa y seguridad del país. Este gesto revela una contradicción profunda: se habla de orgullo patrio, pero se exalta a los organismos encargados de la coerción, mientras se omiten las urgentes necesidades de las familias chilenas y de regiones históricamente postergadas como Aysén, que siguen a la espera de propuestas concretas y no solo de símbolos vacíos.

Para completar la escena, el presidente destacó la participación de los conjuntos folclóricos “Miguel Gutiérrez” y “Los Maipucitos”. La utilización de la cultura popular como decorado en un acto militarista y diplomático es un claro ejemplo de doble estándar: se instrumentaliza el folclore para dar una fachada de cercanía, mientras el centro del evento sigue siendo la cúpula uniformada y política, según se mencionó en El Dínamo.

El llamado a recuperar el orgullo por Chile suena hueco cuando se hace desde la intimidad de La Moneda, ignorando la crítica situación del país. El verdadero orgullo no se recupera con ceremonias para diplomáticos y agradecimientos a los aparatos de seguridad, sino con soluciones reales para la ciudadanía. El esquinazo de Kast fue, en los hechos, un acto de sumisión al poder establecido, muy lejos del sentir popular.

La Fiscalía Metropolitana Oriente extendió la investigación por fraude de licencias médicas de empleados fiscales hacia los jueces que viajaron al extranjero estando con permiso por enfermedad, según se mencionó en Ex-Ante. Un nuevo capítulo en un caso que deja al descubierto las contradicciones y los dobles estándares de un poder judicial que se rasga las vestiduras solo cuando le conviene.

El lunes 14, la jueza Pilar Ahumada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago encabezó una audiencia solicitada por tres magistrados sometidos a cuadernos de remoción por viajar al extranjero estando con licencia médica: el controversial juez Daniel Urrutia, además de las juezas María Verónica Aracibia y Lía Chepe. La defensa de los imputados forzó al Ministerio Público a realizar diligencias de investigación sobre la resolución de la Corte Suprema que abrió estos cuadernos.

Sin embargo, la ruta de la investigación se topó con un muro de opacidad. El fiscal Álvaro Pérez debió obtener desde distintos organismos los antecedentes de los magistrados, ante la negativa directa de la Corte Suprema a compartir la información. Una omisión que revela la falta de voluntad real del máximo tribunal para transparentar sus propias filas y que contrasta con su afán punitivo.

Esta ofensiva fue liderada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien ha impulsado una cruzada contra los jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica. Sin embargo, las cifras de su propia gestión exponen la debilidad de su propuesta: Chevesich votó por expulsar a 35 jueces, pero el pleno del máximo tribunal solo la apoyó en 11 casos. Apenas un tercio de las remociones que buscaba.

Queda en evidencia la incoherencia de un sistema que se llena la boca hablando de probidad mientras protege sus privilegios. La fiscalía sigue su curso, pero la Corte Suprema demuestra que la justicia es selectiva: investiga a los de abajo, pero pone trabas cuando se trata de mirar hacia arriba.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó este miércoles 16 de septiembre el recurso de amparo presentado por la defensa del senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto Águila, quien es investigado como presunto autor de fraude al fisco por un monto superior a los $100 millones, según lo informado por Diario Regional Aysén. La acción judicial buscaba revertir una resolución del Juzgado de Garantía que había denegado a la defensa más tiempo para revisar antecedentes y una solicitud de cautela de garantías.

El caso pone en evidencia la fragilidad de la representación política en la región: un parlamentario electo para defender los intereses de Aysén es acusado de obtener recursos fiscales mediante asesorías parlamentarias que nunca se realizaron, generando un perjuicio millonario al erario público. En lugar de enfrentar la acusación de manera transparente, la defensa del senador ha optado por maniobras dilatorias para ampliar plazos y restringir el acceso a la investigación.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza y Luis Aedo Mora, determinó que la resolución del juzgado de garantía no constituye una amenaza a la libertad personal de Calisto. El tribunal argumentó que las dificultades para acceder a antecedentes y el tiempo para examinarlos, por sí solas, no implican una afectación a la libertad, cerrando la puerta a los intentos de la defensa por entorpecer el proceso.

La resolución también abordó tres antecedentes identificados con las NUE N°6146900, 6146901 y 6146902, los cuales no fueron incluidos por el Ministerio Público en su acusación. Por esta razón, la corte señaló que no podrán ser utilizados en contra del senador durante el juicio, un beneficio procesal que resguarda al imputado mientras se dilucida el destino de más de $100 millones de todos los chilenos.

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso sin costas, manteniendo la resolución dictada el viernes 4 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en una presentación que fue realizada por el abogado Nelson Alejandro Salas Stevens. Este rechazo judicial evidencia cómo las garantías procesales son utilizadas por la clase política para blindarse ante la justicia.

Mientras la justicia local desestima los recursos de amparo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisa desde el lunes 14 de septiembre la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Aysén para continuar con la tramitación penal. La doble vara de la justicia se hace evidente: se protege la inmunidad parlamentaria de un senador acusado de defraudar al fisco, mientras las comunidades de la Región de Aysén siguen esperando respuestas y reparación por el daño económico causado.