Categoría: Política

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, participó en el desfile conmemorativo del 97° aniversario de la ciudad, donde anunció la ejecución de proyectos urbanos clave, como el polideportivo, el anfiteatro Mate Acústico y el Estadio Centenario, según lo informó Diario Regional Aysén. Sin embargo, su discurso careció de detalles concretos sobre los recursos asignados, plazos de culminación o criterios para priorizar estas obras. Mientras destacaba la importancia de la ‘confianza’ y la ‘valentía’ en la gestión municipal, no ofreció evidencia clara de cómo se gestionarán los fondos públicos ni se comprometió a rendir cuentas por los avances. La ausencia de un cronograma específico para estas iniciativas, a pesar de estar en ‘segunda etapa’, genera dudas sobre la eficacia de la planificación local. Además, el alcalde no abordó el costo total de los proyectos, un tema clave para una comuna que enfrenta limitaciones presupuestarias y prioriza servicios básicos. Su llamado a ‘corregir cuando sea necesario’ resulta vacío si no se establecen mecanismos de supervisión ciudadana ni rendición de cuentas. La promesa de construir espacios para el encuentro y la cultura, aunque ambiciosa, choca con la falta de transparencia sobre su viabilidad financiera.

La Corte Suprema confirmó este viernes 9 de octubre el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto. La acción buscaba revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique de no ampliar el plazo de investigación por fraude al fisco y fraude de subvenciones, así como rechazar una solicitud de cautela de garantías relacionada con el acceso a soportes digitales aportados por otro coimputado. La resolución fue pronunciada por la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Andrés Llanos, María Gajardo, Jorge Luis Zepeda y Dinko Antonio Franulic.

La defensa de Calisto pretendía obtener la reapertura de la investigación, pese a que no existían diligencias pendientes. Asimismo, solicitaba acceder a antecedentes investigativos aportados por otro coimputado, que no fueron incorporados a esta causa, sino a otras investigaciones iniciadas a raíz de su declaración. La Corte de Apelaciones había desestimado la acción constitucional al considerar que los nuevos antecedentes aportados por el coimputado dieron origen a investigaciones independientes y ajenas a la causa en que Calisto fue acusado.

El fallo señaló que, durante la audiencia del viernes 4 de septiembre, el Ministerio Público informó que todos los elementos recogidos durante la investigación estaban a disposición de los intervinientes y que las diligencias que habían motivado su reapertura se encontraban terminadas. En esa misma fecha, la Fiscalía comunicó el cierre de la investigación y presentó acusación, acompañando sus antecedentes. Posteriormente, se dispuso que estos quedaran disponibles en el tribunal para su examen y que las defensas pudieran descargar la carpina investigativa.

En esta investigación, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, presentó acusación contra ocho imputados por los delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones, con un perjuicio total para el Estado que supera los 100 millones de pesos. Entre los acusados por fraude al fisco se encuentra el senador Calisto. La Corte de Apelaciones había desestimado la acción constitucional al considerar que los nuevos antecedentes aportados por el coimputado dieron origen a investigaciones independientes y ajenas a la causa en que Calisto fue acusado.

Este resultado judicial deja en evidencia la dificultad que enfrentan las defensas en procesos complejos cuando se trata de acceder a información que podría ser relevante para la defensa del imputado. La Corte Suprema, al confirmar el rechazo del amparo, mantiene la investigación en curso y el acceso a los antecedentes que la Fiscalía ya considera concluidos. Según se mencionó en Diario Regional Aysén, la fiscalía presentó acusación contra ocho imputados por fraude al fisco y subvenciones, con un perjuicio total para el Estado que supera los 100 millones de pesos.

El fallo también revela contradicciones en la gestión de la investigación: por un lado, el Ministerio Público informa que las diligencias están terminadas y todos los elementos están a disposición de las partes; por otro, la defensa solicita acceder a antecedentes que, según la Corte, forman parte de investigaciones distintas. Esta postura judicial refuerza la necesidad de un mayor esclarecimiento sobre cómo se manejan los casos de fraude en la función pública, especialmente cuando involucran a parlamentarios con responsabilidades institucionales.

La decisión de la Corte Suprema confirma que la investigación contra el senador Calisto continuará sin la necesidad de reabrir etapas previas. La defensa no pudo demostrar que la información solicitada fuera esencial para su caso, ni que existiera algún impedimento para el acceso a los documentos ya presentados por la Fiscalía. Este resultado, sumado al monto del perjuicio estimado en más de 100 millones de pesos, pone de relieve la gravedad de los acusados y la importancia de un proceso judicial ágil y transparente.

La Contraloría General de la República ha solicitado formalmente a Carabineros que entregue un informe detallado sobre los incidentes ocurridos durante la marcha Confech el 15 de junio, según informó El Clarín de Chile. Esta petición surge en un contexto de creciente cuestionamiento por parte del organismo fiscal sobre la gestión de las fuerzas del orden durante eventos públicos. La normativa exige transparencia y rendición de cuentas, pero la demora en la presentación del informe podría revelar omisiones en la gestión de los hechos. La falta de una respuesta inmediata por parte de Carabineros genera dudas sobre su capacidad para garantizar el orden público en manifestaciones pacíficas. Además, la Contraloría ha señalado que la ausencia de registros claros de los incidentes sugiere una posible falta de protocolo institucional. Estos retrasos en la rendición de cuentas no solo afectan la confianza ciudadana, sino que también ponen en evidencia la fragilidad de la supervisión fiscal en situaciones delicadas. La prensa ha señalado que esta no es la primera vez que la Contraloría exige explicaciones por manejo insuficiente de recursos y falta de seguimiento a hechos que impactan derechos fundamentales.

El Gobierno de José Antonio Kast defendió su respuesta al aluvión que afectó a Las Condes, descartando un trato desigual entre las regiones, según información de El Dínamo. Sin embargo, la reacción del Ejecutivo no logró calmar las críticas por la ausencia de alertas SAE y las diferencias en los tiempos para decretar Estado de Catástrofe frente a la emergencia que impactó a Coquimbo y el Huasco en julio pasado. La omisión de medidas preventivas en zonas críticas, como la falta de sistemas de alerta temprana, plantea dudas sobre la eficacia de la planificación gubernamental. Mientras el gobierno asegura que la respuesta depende de las características y condiciones de cada territorio, la contradicción radica en que zonas como Aysén, con menor infraestructura, no cuentan con protocolos similares para afrontar emergencias. La demora en declarar el estado de catástrofe en Coquimbo y el Huasco evidencia un doble estándar: mientras Las Condes recibió atención inmediata, otras regiones esperaron horas para recibir apoyo institucional. Esta falta de uniformidad en la atención de emergencias cuestiona la promesa de equidad territorial del Ejecutivo y resalta la necesidad de políticas concretas que garanticen protección en todas las comunas, sin excepciones. La crítica no solo se limita a la retrasada respuesta, sino también a la ausencia de propuestas claras para evitar repetir errores en futuras situaciones de riesgo.

El senador Miguel Ángel Calisto confirmó que recurrirá ante la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogera la solicitud de desafuero en su contra. La medida se enmarca en la investigación del Ministerio Público por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. Calisto afirmó ser respetuoso de las decisiones de los tribunales y sostuvo que “convencidos de nuestra rectitud y del trabajo que hemos realizado durante años, vamos a recurrir a todas las instancias que la ley nos entrega y que la Constitución garantiza respecto a un debido proceso, respecto del derecho a la defensa”. La Corte Suprema ahora deberá asumir un recurso que, según el propio parlamentario, incluye un amparo presentado paralelamente para revisar la carpeta investigativa. El desafuero, entendió Calisto, “no es una condena, sino que quitar la protección parlamentaria para poder seguir el proceso”. El legislador calificó la investigación como una “investigación injusta, una acusación falsa y anónima” en la que “el Ministerio Público ha tratado de configurar antecedentes para poder acusarme”. Pese a ello, Calisto se declaró “muy tranquilo” y “convencido de nuestra inocencia”, subrayando que su mayor respaldo está en la confianza de sus electores en la Región de Aysén. De acuerdo con lo informado por Viento Patagón, el caso se extiende por cerca de siete años y plantea una cuestión de doble estándar: ¿por qué el MP necesita siete años para armar una acusación que el senador califica de “falsa y anónima”? La omisión de presentar cargos con mayor claridad podría generar un gasto innecesario para el Estado en una vía que ya supera los siete años de investigación., según se mencionó en El Divisadero.

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, cuestionó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno, señalando que, pese a la promesa de un incremento del gasto público del 1,5%, el desglose de las partidas revela una reducción de recursos en múltiples programas y áreas del Estado. Según Pérez, la diferencia entre la proyección oficial y la realidad se debe a que el Ejecutivo asume una inflación promedio del 2,8%-2,9% para 2027, mientras que la inflación acumulada en 2026 supera el 4%, lo que genera una distorsión significativa en las cifras presupuestarias. “Cuando presentan el proyecto dicen ‘vamos a aumentar el gasto público en 1,5%’. Sin embargo, cuando uno hace el desglose de las partidas presupuestarias (…) ahí tenemos sorpresas”, denunció Pérez, quien advirtió que la falta de una mirada objetiva con datos técnicos duros cuestiona la transparencia del proceso. La crítica se suma a la reducción de impuestos a grandes corporaciones y al empresariado, que el dirigente calculó en 6 mil millones de pesos menos para el Estado, reduciendo su capacidad redistributiva en un contexto de crisis económica y laboral. Pérez también puso en evidencia el cierre del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), donde se despidieron a más de 80 personas, principalmente mujeres, argumentando que el Estado no puede abandonar su rol preventivo frente a problemáticas como el narco y la criminalidad juvenil. La ANEF exigió que el Congreso explicara ante sus electores su posición frente a los posibles recortes, destacando la responsabilidad colectiva en la apropiación del presupuesto. Según se informó por Radio Universidad de Chile, esta discusión se enmarca en un escenario de contradicciones entre las promesas gubernamentales y la realidad de los recursos disponibles.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto Águila, permitiendo que la causa penal por fraude al Fisco avance formalmente a juicio oral. La decisión, que supera el control de plausibilidad gracias a antecedentes serios, revela que el perjuicio económico para el Estado supera los 100 millones de pesos, con ocho imputados involucrados en delitos de fraude de subvenciones y Fisco en reiterada oportunidad. Sin embargo, esta resolución no borra la crítica hacia una institucionalidad que, según registran los antecedentes, tardó en actuar con la misma rigidez que aplica a funcionarios comunes. Mientras el senador Calisto asegura estar “muy tranquilo” y destaca su campaña electoral con 32% de votos, la Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó un recurso de amparo que buscaba anular medidas de investigación, confirmando que los soportes digitales no forman parte de la acusación actual. La defensa del senador, que ya fue desaforado como diputado y apeló la confirmatoria ante la Corte Suprema, apuesta por una sentencia favorable, aunque el caso plantea interrogantes sobre doble estándar: ¿por qué un parlamentario puede ser desaforado y seguir ejerciendo funciones, mientras otros funcionarios son destituidos por menos? Según se mencionó en Diario Regional Aysén, el desafuero no es una condena, pero sí una apertura a un proceso que podría revelar si la justicia política en Aysén opera bajo las mismas normas que el resto del país.

El gobernador regional de Los Lagos y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Alejandro Santana, criticó duramente los criterios utilizados por Hacienda para determinar el recorte de recursos a los gobiernos regionales en el Presupuesto 2027. En entrevista con Radioanálisis, Santana señaló que parte de los fondos considerados ‘no ejecutados’ corresponden a proyectos financiados por las regiones pero cuya ejecución depende de ministerios y servicios públicos, lo que generó un ‘error de fondo’ en los informes de la Dipres. Destacó una ‘diferencia de significado’ entre una subejecución del 19 o 20% y una del 4,5 o 4,2%, subrayando que estos porcentajes no reflejan la realidad operativa. La contradicción se agudiza al confrontar la propuesta de recorte con la agenda gubernamental de acelerar la inversión y generar empleo, ya que ‘a los primeros en colaborar con una ejecución inmediata de impacto en la empleaduría fueron los gobiernos regionales’. Santana calculó que mientras el presupuesto nacional crece un 1,5%, el de los gobiernos regionales, ajustado a la moneda real, disminuye un 12%. Para evitar conflictos, propuso iniciar el año con el presupuesto completo y ajustar posteriormente a quienes no cumplan metas, en lugar de aplicar recortes anticipados. El gobernador advirtió que el recorte impactará directamente en proyectos municipales y territoriales, incluyendo la seguridad pública, donde tres de cada cuatro pesos invertidos son financiados por las regiones. En Los Lagos, las consecuencias recaerán sobre iniciativas comprometidas para generar empleo. Santana también cuestionó la postura del ministro de Hacienda frente a la disposición del Presidente Kast por trabajar con las regiones, y anticipó que la propuesta de reducción no será aprobada en el Congreso, según informó Radio Universidad de Chile.

El presidente José Antonio Kast, durante la inauguración del XIV Summit País Digital 2026, defendió la revisión de programas sociales en el Presupuesto 2027, asegurando que los recursos deben llegar a las personas más vulnerables. Sin embargo, su anuncio del cierre del programa ‘Yo Elijo mi PC’ generó repulso inmediato, no solo de la oposición, sino también de parlamentarios de su propio partido. ‘Es muy fácil lanzar algo y decir quieren recortar los derechos sociales’, afirmó Kast, mientras justificaba el corte como una necesidad para ‘invertir mejor’. Pero ¿dónde está la garantía de que los fondos no se desvíen? La crítica se intensificó al no ofrecer alternativas concretas ni explicar cómo se priorizarán los recursos en lugar del programa eliminado. La contradicción de un gobierno que prometió proteger derechos sociales y ahora reduce uno de sus programas más emblemáticos revela una falta de coherencia estratégica. Según se mencionó en El Dínamo, esta postura genera incertidumbre en quienes dependían del apoyo del programa, especialmente en regiones como Aysén, donde la pobreza es una realidad persistente. La ausencia de un plan detallado para reemplazar ‘Yo Elijo mi PC’ deja a muchas comunidades en el aire, mientras el gobierno insiste en que el ajuste es ‘para sacar adelante a Chile’.