“Presidente Kast estaría dispuesto a reincorporar al ex subsecretario de Hacienda, pero como embajador de Jamaica.”
La situación vuelve a instalar una discusión pendiente sobre las promesas del candidato y hoy Presidente de Chile, con un gobierno de urgencia que resultó de improvisación con un Plan de Seguridad que nunca existió y con una Ministra de Seguridad.
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El entonces candidato —y hoy presidente— José Antonio Kast prometía con solemnidad: “Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar”.
La frase estaba dirigida a los llamados “adversarios de Chile”, pero, a juzgar por la velocidad de las renuncias, parece que el operativo comenzó dentro del propio Gobierno.
La última sorpresa fue Patricio Ponce Arqueros, seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, cuya renuncia fue aceptada por el ministro Iván Poduje y se hará efectiva el 31 de julio.
Con su salida, ya son 28 seremis que han abandonado sus cargos en menos de cinco meses de administración.
Así que el eslogan podría actualizarse: “Los vamos a nombrar, los vamos a encontrar… y antes de que aprendan dónde queda la oficina, los vamos a renunciar”. O quizás: “Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y… ¡se van a sorprender cuando descubran que eran ellos mismos!”
La situación recuerda la antigua historia atribuida a Zaleuco de Locros, legislador que estableció un severo castigo para el adulterio.
Cuando su propio hijo infringió la norma, no pudo simplemente perdonarlo sin desacreditar su ley: según el relato tradicional, terminó compartiendo personalmente el castigo.
Moraleja: antes de exigir castigos implacables, conviene mirar bien hacia la propia casa. Porque las leyes, las condenas y las frases grandilocuentes parecen estupendas… hasta que comienzan a alcanzar a los hijos, amigos y compañeros de partido.
Las investigaciones relacionadas con el senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto, comenzaron a abandonar el territorio regional —al menos en algunas de sus decisiones más relevantes— y emprendieron una suerte de “vuelo judicial exprés” con dos destinos diferentes: Puerto Montt y Temuco. Conviene precisar que no se trasladó íntegramente una misma causa a ambas ciudades. Se trata de procedimientos distintos, derivados de antecedentes relacionados, pero radicados en instituciones y sedes diferentes. Primera escala: Puerto Montt La investigación principal por un eventual fraude al Fisco, iniciada en 2021 y vinculada al supuesto uso irregular de asignaciones parlamentarias, continúa tramitándose ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique. Sin embargo, la revisión del nuevo desafuero de Calisto fue enviada a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, después de que los ministros de la Corte de Coyhaique se inhabilitaran por haber intervenido anteriormente en otro procedimiento de desafuero del parlamentario.
La audiencia que debía realizarse el 10 de julio fue dejada sin efecto luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir la investigación por 60 días. Por esta razón, Puerto Montt no está investigando directamente los hechos: su función corresponde a la revisión judicial de la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía. Segunda escala: Temuco En paralelo, una nueva arista por presuntos delitos de soborno y cohecho, relacionada con el exfiscal regional de Aysén Carlos Palma, quedó radicada en la Fiscalía Regional de La Araucanía, cuya sede se encuentra en Temuco. La investigación surgió tras la declaración prestada el 23 de junio por Roland Cárcamo, antiguo colaborador de Calisto. Según los antecedentes divulgados por Fast Check y posteriormente recogidos por otros medios, Cárcamo sostuvo que integrantes del entorno del entonces diputado habrían reunido y entregado $14 millones en efectivo para conseguir que Palma cerrara dos investigaciones penales. Se trata, hasta ahora, de una acusación que debe ser corroborada mediante la investigación y respecto de la cual rige plenamente la presunción de inocencia.
La causa permanecerá bajo responsabilidad institucional de la Fiscalía de La Araucanía, independientemente del cambio de su máxima autoridad. El fiscal regional Roberto Garrido fue nombrado fiscal regional del Biobío y asumirá ese cargo el 3 de agosto de 2026. Fiscalía de Chile Dos rutas y un mismo problema político Así, el panorama judicial del senador Calisto se despliega hoy en dos rutas: Puerto Montt, donde deberá resolverse el procedimiento de desafuero asociado a la investigación por presunto fraude al Fisco; y Temuco, desde donde se dirigirán las diligencias destinadas a establecer si existió o no el supuesto pago de $14 millones al exfiscal Carlos Palma. En términos simples: una causa hizo escala procesal en Puerto Montt y la nueva arista por presunto soborno tomó rumbo a Temuco. Dos destinos distintos, mientras las preguntas políticas y judiciales continúan despegando desde Aysén.
La última Agenda Criteria, publicada este 26 de julio, confirma que la desaprobación del presidente José Antonio Kast subió dos puntos y alcanzó el 54%, mientras su aprobación retrocedió al 36%. Además, un 43% considera incorrecto el camino seguido por el Ejecutivo para enfrentar la denominada “situación de emergencia”. Criteria
Mientras La Moneda intenta escuchar el corazón de las mujeres, parece no estar escuchando el portazo de sus propias autoridades: 25 seremis ya han dejado sus cargos desde el comienzo del Gobierno, entre renuncias, destituciones y nombramientos que finalmente no se concretaron.
A esta larga lista se suma la salida forzada del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, cuya renuncia fue aceptada oficialmente por el Presidente después de conocerse un resultado positivo en un examen de drogas, aunque el ex subsecretario cuestionó el resultado y anunció nuevos análisis.
Prometieron un Gobierno de Emergencia, pero con un 54% de desaprobación, 25 seremis fuera y un subsecretario expulsado de Hacienda, la emergencia parece haberse instalado definitivamente dentro de La Moneda.
Pero cuidado con los titulares triunfalistas: el TC no declaró inocente al senador, no acogió el fondo de su reclamo y tampoco estableció que se haya vulnerado su derecho a defensa. Por ahora, solo apretó el botón de pausa mientras decide si el requerimiento cumple siquiera con los requisitos para ser admitido. En otras palabras: no hubo absolución, sino una escala técnica en el largo itinerario judicial del parlamentario.
La maniobra dejó sin efecto la audiencia programada para este lunes 27 de julio en Coyhaique, donde se discutirían nuevas diligencias solicitadas por la defensa, luego de que la investigación fuera reabierta por 60 días. Así funciona la política cuando los problemas llegan a tribunales: primero se habla de transparencia, después se presentan recursos, y finalmente se celebra una suspensión provisional como si fuera una sentencia absolutoria. Mientras tanto, la acusación de la Fiscalía por un presunto fraude al fisco superior a los $100 millones y la petición de 12 años de presidio siguen formando parte del proceso.
Calisto conserva, como toda persona, su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva. Por ahora, el senador no salió del laberinto judicial: simplemente consiguió que apagaran el cronómetro por un momento.
El “gobierno de emergencia” ya está en la UCI: van 25 autoridades regionales fuera, entre seremis, además de un subsecretario… y siguen sumando. Ahora se agrega la salida del seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, tras ser notificado de una investigación en curso del Ministerio Público. Anestesia para ocultar la crisis, antibióticos que dan positivo y un gobierno cada vez más debilitado.
Los parlamentarios ALINCO y CALISTO, manifiestan su preocupación por no poder regresar a la región de aysén, ante el cierre del aeropuerto de Balmaceda, por baja visibilidad pero, al parecer el honorable Senador, habría realizado intensas gestiones para que se reanuden los vuelos LATAM y Sky Airlines.
La situación vuelve a instalar el aislamiento geográfico y la modernidad de los sistemas de navegación.
El fondo del caso apunta a una pregunta mayor: cuánto pesan realmente las necesidades de la Patagonia cuando las decisiones se toman con prioridades comerciales…
En una Patagonia acostumbrada a resolver con esfuerzo lo que muchas veces el Estado posterga, este tipo de situaciones vuelve a recordar que vivir lejos no puede seguir significando quedar al final de la lista de necesidades.
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En el pasado conoció tanto la condena como la absolución. Hoy parece haber encontrado su verdadera vocación: convertirse en una eficiente máquina de fabricar dinero para sus patrones millonarios. El mecanismo es sencillo: vaciar las arcas fiscales, asfixiar la economía de millones de personas y presentar el traspaso de riqueza hacia los de siempre como si fuera una brillante política económica. Para la mayoría, sacrificios; para sus privilegiados jefes, utilidades.
A pocos días de haber entregado su voto a la megarreforma económica del Gobierno, el senador de derecha Alejandro Kusanovic aparece ahora en el centro de una investigación mucho menos favorable para su imagen política. El parlamentario que en mayo advirtió públicamente que su voto “no será barato”, que acusó deslealtades y exigió compensaciones para Magallanes, terminó respaldando las normas esenciales de una reforma que rebaja impuestos a las grandes empresas y asegura condiciones tributarias especiales para los grandes inversionistas. Su voto finalmente tuvo destino: terminó dentro de los 26 apoyos que permitieron al Gobierno aprobar en el Senado el corazón de la megarreforma.
Pero mientras el oficialismo celebraba aquel voto decisivo, la Fiscalía Regional de Magallanes ya investigaba una denuncia por presuntas devoluciones forzadas de sueldo de un antiguo funcionario parlamentario. Este viernes, la investigación dio un paso de alto impacto: con autorización judicial, la PDI ingresó a las oficinas y al domicilio del senador e incautó teléfonos celulares y computadores, tanto de Kusanovic como de su jefe de gabinete. La denuncia sostiene que un trabajador habría debido devolver mensualmente $500.000 de su remuneración y solventar gastos de la oficina parlamentaria.
El denunciante calcula las entregas en cerca de $23 millones y asegura haber aportado transferencias, depósitos y conversaciones de WhatsApp. Kusanovic debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia judicial. Sin embargo, políticamente la contradicción es evidente: quien proclamaba que su voto no era barato deberá explicar ahora por qué la Fiscalía investiga si parte del sueldo de un trabajador habría regresado, presuntamente, al entorno de su propia oficina.
La megarreforma aún espera superar su último escollo legislativo. Mientras tanto, uno de los votos que ayudó a sostenerla quedó rodeado de computadores incautados, teléfonos bajo peritaje y preguntas que ya no pueden responderse con negociaciones políticas. El senador puso precio político a su voto.
Ahora será la justicia la que deberá determinar si en su oficina también existieron otras cuotas. Nota: La existencia de diligencias e incautaciones no acredita responsabilidad penal. Los hechos denunciados están siendo investigados y pueden ser descartados por el Ministerio Público o los tribunales.
Al llamado “Gobierno de Emergencia” se le está acabando la épica antes de terminar de instalarse. El Plan Quiroz pierde credibilidad política y social, la megarreforma enfrenta vientos cada vez más adversos y La Moneda comienza a parecerse a una embarcación cuyos tripulantes abandonan sus puestos mientras el capitán insiste en que todo marcha de acuerdo con la carta de navegación.
La última escena retrata perfectamente la paradoja: Juan Pablo Rodríguez salió de la Subsecretaría de Hacienda después de que la primera muestra de un segundo examen arrojara resultado positivo en un test de drogas. Él niega consumirlas, atribuye el resultado a un posible error y todavía está pendiente la contramuestra. Esa precisión es necesaria. Pero también es inevitable señalar la contradicción política: el Gobierno que transformó los controles antidrogas en espectáculo público y credencial de superioridad moral terminó atrapando en esa misma red a una de sus autoridades económicas, precisamente cuando Hacienda necesita todas las manos para sostener su tambaleante megarreforma.
La situación recuerda la antigua leyenda de Zaleuco de Locros, legislador griego que estableció un severo castigo y luego vio cómo la ley alcanzaba a su propio hijo. La enseñanza sobrevivió durante siglos: quien dicta reglas para castigar a los demás debe estar preparado para aplicarlas cuando la transgresión aparece dentro de su propia casa.
Eso es lo que hoy enfrenta el republicanismo instalado en La Moneda. Un sector que convirtió su religiosidad pública, el orden y el castigo en certificados anticipados de virtud descubre que la moral declamada no inmuniza contra las contradicciones humanas ni reemplaza la responsabilidad política.
Tampoco puede separarse esta crisis del hombre escogido para conducir la economía: Jorge Quiroz, presentado como la gran cabeza técnica de un Gobierno respaldado por los grupos empresariales más poderosos. Su trayectoria profesional aparece vinculada, como asesor o autor de informes, a empresas investigadas y sancionadas en los casos de colusión de los pollos, las farmacias, el asfalto y las navieras. En la colusión avícola, incluso, los antecedentes judiciales identificaron el llamado “modelo Quiroz” utilizado para estimar demanda y producción.
A ello se suma el caso MOP-Gate. Gloria Ana Chevesich —entonces ministra en visita, no fiscal— sometió a proceso a Quiroz, quien pasó dos noches en la cárcel de Capuchinos. En 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó como coautor de fraude al Fisco a 41 días de prisión y al pago de aproximadamente 13 millones de pesos. En 2016, la Corte Suprema lo absolvió. No fue un “perdón”, jurídicamente hablando, sino una absolución; pero políticamente resulta inevitable recordar que quien hoy administra las arcas fiscales estuvo procesado, encarcelado preventivamente y condenado en segunda instancia precisamente por fraude al Fisco.
El casco gubernamental, mientras tanto, continúa perdiendo piezas: 24 seremis habían dejado sus cargos en menos de 130 días, a los que ahora se agrega otra baja en el corazón del equipo económico.
El paralelo con el Titanic no consiste en repetir que todo fue culpa de un “acero malo”. La evidencia posterior apuntó también a remaches de hierro frágiles bajo temperaturas extremas. El iceberg produjo la colisión, pero las debilidades de la estructura multiplicaron el daño. En La Moneda ocurre algo parecido: cada renuncia puede parecer un accidente aislado, pero veinticuatro salidas regionales, subsecretarios que abandonan el barco, descoordinación política y una reforma económica a la deriva revelan que el problema no es solamente el temporal. También es la calidad de la estructura con que se construyó este Gobierno.
Durante un Mundial se hizo famosa la imagen de futbolistas remando juntos para demostrar coordinación y avance colectivo. Aquí sucede exactamente lo contrario: mientras Quiroz intenta remar hacia adelante con su megarreforma, las renuncias, las contradicciones y la soberbia política empujan la embarcación hacia atrás.
El “Gobierno de Emergencia” prometió orden, autoridad y eficiencia. A cuatro meses de iniciado, ofrece rotación de autoridades, improvisación y una paradoja política difícil de ocultar: levantó redes para atrapar a otros y terminó enredado en ellas.
No es persecución. No es mala suerte. Es el resultado de gobernar con superioridad moral, fragilidad política y un casco construido para favorecer a los poderosos, pero demasiado débil para resistir sus propias contradicciones.