Categoría: Política

El gobierno de José Antonio Kast concretó la incorporación de Chile al “Escudo de las Américas”, la alianza hemisférica impulsada por Donald Trump que ya reúne a 15 países. Según se mencionó en The Clinic, la decisión se selló en Nueva York tras un comité político a inicios de septiembre en La Moneda, marcando un giro en la política exterior que prioriza la seguridad y la cooperación frente al crimen organizado, pero que ha desatado una profunda polémica por sus alcances.

Desde Palacio intentaron revertir la crítica con un argumento cuestionable: “La pregunta la invertimos: ¿Por qué no haber adherido”, alegando que la mayoría de los gobiernos de derecha de la región ya eran parte. La omisión de Brasil y Uruguay, los únicos de izquierda que no suscribieron, revela un alineamiento ideológico que dejó a Chile como “observador” desde marzo, gestiones que se adelantaron con la venia de la Cancillería de Francisco Pérez Mackenna, pese a las graves implicancias.

Las dudas sobre la soberanía se acrecentaron tras las declaraciones del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, quien llamó a los países de la alianza a realizar operaciones militares conjuntas, aumentar el presupuesto de Defensa y retirarse de la Corte Penal Internacional. Una advertencia que el senador Iván Flores resumió con dureza: “La soberanía de los países es una línea que debería ser muy nítida, y con esto yo creo que la verdad es que pasamos a ser parte de un club”.

Ante la presión, el Gobierno inició un apresurado control de daños. Kast insistió en que no se firmó un tratado —evitando así la aprobación del Congreso— y que solo se trata de compartir información sobre el crimen organizado. Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, debió salir a asegurar que Chile no saldrá de las cortes internacionales ni está disponible para intervenciones militares extranjeras, intentando desmentir lo dicho por la propia autoridad estadounidense.

Las contradicciones siguieron con el ministro Claudio Alvarado, quien debió explicar el “pilar económico” de la declaración, que aborda inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura militar. Alvarado negó que esto afecte los lazos con China, el principal socio comercial del país, asegurando que los intercambios “no están en juego”, pese a la hostilidad de EE.UU. hacia el gigante asiático.

El canciller Pérez Mackenna también debió aclarar la mención a los artículos 6 y 13 del TIAR para acciones contra el narcoterrorismo, generando más confusión cuando afirmó erróneamente que los artículos 6 y 3 “no tienen nada que ver con eso” y que “simplemente estamos reunidos”, para luego cerrar con una frase que dejó más dudas que certezas: “Pueden estar muy tranquilos: no hay soberanía”. De este modo, las autoridades siguen sin fijar marcos claros sobre los verdaderos alcances de pertenecer a esta organización.

La Unidad de Salud Mental del Hospital de Puerto Montt opera en un escenario de colapso: 11 psiquiatras, 8 psicólogos y 6 terapeutas ocupacionales deben atender entre 50 y 60 pacientes hospitalizados, pero la unidad de cuidados intensivos solo dispone de una veintena de camas. Esta realidad llevó a Fenpruss a presentar un recurso de protección, forzando a la ministra de Salud, May Chomalí, a reconocer que la sobreexigencia afecta a todas las unidades de salud mental de todos los hospitales del país.

Sin embargo, el reconocimiento de la autoridad contrasta con las decisiones del Ejecutivo. Valeria Altamirano, vicepresidenta nacional de Fenpruss, cuestionó la falta de coherencia entre el diagnóstico del Gobierno y sus acciones: rechazan los recortes presupuestarios porque reducir los recursos en una red ya sobreexigida solo profundiza las dificultades. Las restricciones para contratar más personal, cubrir reemplazos o mantener prestaciones efectivas impactan directamente en la capacidad y oportunidad de la atención.

La dirigenta advirtió que la insuficiencia de condiciones genera una sobrecarga que compromete la capacidad de respuesta de los equipos y pone en riesgo la salud de los trabajadores, además de amenazar la sostenibilidad de los servicios. A pesar de esto, el Gobierno insiste en una mirada netamente fiscal, ignorando las advertencias que Fenpruss ya había plasmado en un informe de 2024 donde daban cuenta de brechas de dotación, infraestructura y precariedad contractual.

El doctor Álvaro Aravena, psiquiatra y presidente del Consejo Regional Aconcagua del Colegio Médico, subrayó que esta negligencia es de larga data. Chile mantiene desde hace al menos 30 años un presupuesto para salud mental cercano al 2% del gasto total en salud, mientras los propios planes nacionales del MINSAL y la OMS plantean la necesidad de avanzar hacia un 5%. La falta de voluntad política transversal ha mantenido esta brecha crónica.

Aravena enfatizó que el aumento de recursos debe priorizar la salud mental infanto-adolescente, fortalecer la atención primaria y aumentar la inversión en la red de especialidad, pero hoy el Gobierno y el Congreso pierden una oportunidad concreta. La discusión del Presupuesto 2027 y la tramitación de la Ley de Salud Mental Integral quedan en entredicho ante la amenaza de que las restricciones actuales se consoliden como base presupuestaria, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

Fenpruss y el Colegio Médico llaman a presentar una propuesta real que garantice una atención digna y oportuna, con recursos identificables y participación activa de la población, tal como se informó a través de Radio y Diario Universidad de Chile. Exigen que el Presupuesto 2027 no sea un mero ejercicio contable, sino una respuesta verificable que revierta tres décadas de abandono en la salud mental del país.

El presidente de BancoEstado, Mario Farren, cifró en US$400 millones las pérdidas por fraudes en los últimos cinco años, y solo para 2026 se anticipan más de US$20 millones. Lejos de asumir esta debacle como un fracaso de la seguridad bancaria, las autoridades y los parlamentarios de la Comisión de Hacienda —incluyendo a los representantes de regiones como la nuestra— respaldan un cambio de ley que, en la práctica, libera a los bancos y condena a los clientes. Así lo informó The Clinic.

La magnitud del dinero perdido es escandalosa: solo lo proyectado para 2026 equivale a unos 200.000 subsidios con garantías especiales (Fogaes) para la vivienda. Sin embargo, en lugar de exigir una rendición de cuentas real por la vulnerabilidad de los sistemas financieros, la discusión en la Cámara Baja se centra en modificar la ley de fraudes del MK4 para sustituir el estándar de “dolo o culpa grave” por “culpa leve”, facilitando que el emisor no responda y debiendo el cliente probar su inocencia.

El argumento de Farren es que el modelo actual genera altos costos al sistema y sobrecarga los tribunales. Pero la pregunta que los ciudadanos de Aysén y el país deben hacerse es: ¿por qué el costo de la inseguridad bancaria lo debe asumir el usuario? La presunción de falta de cuidado recaerá sobre las personas si la operación se realizó con autenticación forzada, un mecanismo que, evidentemente, no es infalible si las pérdidas ascienden a US$400 millones. Es un doble estándar inaceptable: la banca socializa sus pérdimas operacionales y privatiza las ganancias, mientras se niega a invertir en seguridad real.

La propia presidenta de la CMF, Catherine Tornel, validó esta ofensiva contra los usuarios al respaldar la recalibración. Sus propias cifras son el mejor argumento en contra del poder financiero: los fraudes en Chile triplican los niveles previos a 2020 y son 6,5 veces los de la Unión Europea. Es decir, el sistema chileno es un paraíso para el fraude, y la solución oficial es echarle la culpa al eslabón más débil.

Esto no es nuevo. Las pérdidas de la banca comenzaron a dispararse justo después de la reforma de 2020, que cambió el estándar probatorio. Pese a un ajuste legal en 2024 que hizo bajar un poco las cifras, los fraudes siguen siendo muy superiores a los de antes de 2020. La omisión de las autoridades y los legisladores es clara: no hay propuestas concretas para obligar a los bancos a mejorar sus estándares de seguridad; solo hay afán de blindar sus utilidades a costa de la gente, mientras los parlamentarios de la región se limitan a manifestar “dudas” sin ofrecer una defensa real de los ayseninos.

Mientras los fraudes siguen drenando recursos que podrían financiar viviendas para miles de familias, el poder económico y político maniobra en el Congreso para asegurarse de que, la próxima vez que le roben su plata, sea usted el culpable.

La segunda sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas dedicada al proyecto de mercado de capitales y acceso a la vivienda (MK4) dejó más dudas que certezas. Aunque el Gobierno busca instalar la idea de una solución definitiva al déficit habitacional, las exposiciones de los propios invitados revelaron contradicciones, omisiones y riesgos que los parlamentarios de la Región de Aysén deberían observar con lupa antes de avalar una reforma que compromete miles de millones de dólares del Estado.

El presidente de BancoEstado, Mario Farren, abrió la ronda de exposiciones con cifras optimistas: 65.000 personas con 30 meses de ahorro continuo para el subsidio del 3% del pie, proyectando 84.000 en seis meses. Prometió que el nuevo fondo estatal permitiría financiar 150.000 viviendas con créditos a 30 años, pie más bajo y tasas más convenientes, gracias a un aporte fiscal de hasta US$2.000 millones. Sin embargo, el propio Farren debió reconocer que, si bien el proyecto es “técnicamente sólido”, el número de potenciales beneficiarios “puedar sonar bajo” frente a los casi 7 millones de cuentas de ahorro para la vivienda existentes en el país.

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, fue quien puso los puntos sobre las íes. Si bien descartó comparaciones con la agencia hipotecaria estadounidense Fannie Mae —protagonista de la crisis subprime de 2008—, reconoció que el tema “causa apprehensión” y que es legítima la preocupación. Más allá de la defensa, Tornel advirtió un problema concreto que el Gobierno parece haber subestimado: la CMF deberá dictar o adecuar la normativa necesaria en solo nueve meses y el primer fondo deberá constituirse en 12 meses. “Esta secuencia supone un desafío relevante”, puntualizó, recomendando expresamente que el informe financiero considere los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios, una señal de que la reguladora no tiene garantías de contar con lo indispensable para fiscalizar adecuadamente.

El diagnóstico de Tornel sobre el estado actual del mercado de capitales fue categórico: perdió “de manera relevante” su profundidad y liquidez tras los retiros de fondos de pensiones. Citando un estudio de la OCDE de 2025, confirmó que la profundidad del mercado financiero chileno ha disminuido, aumentando la dependencia del financiamiento externo. En este escenario, la modernización se presenta como condición necesaria para mantener la competitividad, pero la pregunta que queda en el aire es si esta reforma apunta a resolver las causas estructurales del problema o simplemente a maquinar un mercado concentrado y poco profundo.

Otro flanco crítico que emergió en la sesión fue la eventual desprotección a los accionistas minoritarios. Los propios parlamentarios cuestionaron la rebaja de los quórums calificados en sociedades anónimas abiertas, una medida que, según advierten, podría dejar desprotegidos a los pequeños inversionistas. La respuesta de Tornel fue ambigua: habló de “distintos mecanismos de protección” y del desafío de “compatibilizar” la protección con el funcionamiento de las empresas, pero no entregó garantías concretas de cómo se evitará que los cambios beneficien a los grandes conglomerados en detrimento de los minoritarios.

La sesión también dejó en evidencia que el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, debió posponer su exposición para este miércoles, mientras que la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, aún no se ha hecho presente. La Asociación de Retail Financiero solicitó incorporarse al debate para referirse a inclusión financiera y acceso al crédito, lo que sugiere que los actores del sector están buscando incidir en una reforma que, hasta ahora, parece construida con más promesas que sustento. Según se informó en The Clinic, el proyecto sigue su trámite parlamentario mientras las advertencias técnicas se acumulan.

Durante la 74.ª edición del Festival de San Sebastián, el director chileno Pablo Larraín lanzó una dura crítica contra el Gobierno y el Estado de Chile por su silencio ante la muerte del documentalista Patricio Guzmán, fallecido el 15 de septiembre a los 85 años. De acuerdo con lo informado por The Clinic, el cineasta cuestionó la falta de una reacción oficial, señalando que “el gobierno y el Estado de Chile decidieron ignorar totalmente su figura, su muerte, su obra, diciendo absolutamente nada”.

Las palabras de Larraín no solo apuntan a una simple omisión, sino que destapan una problemática más profunda sobre cómo el poder central trata a quienes construyen memoria y cultura. El director fue tajante al calificar esta inacción como una muestra de “desidia y desprecio”, pero sobre todo, de la “infinita ignorancia de aquellos que nos gobiernan”. Una omisión que contrasta con la relevancia universal de la obra de Guzmán, quien ayudó a conservar la memoria de Chile y la convirtió en patrimonio mundial.

Esta ácida crítica se suma al rechazo transversal en el mundo de las culturas, donde se ha cuestionado la decisión del Ejecutivo de no decretar duelo nacional. El diputado y actor Ignacio Achurra también levantó la voz, publicando una carta en BioBioChile donde sostuvo que el reconocimiento del Estado “no debiera depender de la afinidad política con su obra”, subrayando que la trayectoria de Guzmán ameritaba sin duda la declaración de duelo oficial.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente y revela una doble medida. Mientras el país y el mundo lamentan la pérdida de un creador fundamental, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se limitó a lamentar la partida mediante una publicación en Instagram. Un gesto menor para una figura de la envergadura de Guzmán, cuya obra “construyó un legado que trascendió nuestras fronteras”, según el propio posteo del ministerio.

Peor aún fue la reacción del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien expresó sus condolencias afirmando: “Indudablemente Patricio Guzmán fue un gran director. Me sorprende con la noticia, no había sido informado”. Esta confesión evidencia la desconexión total de las autoridades con el ámbito cultural, donde el propio ministro a cargo del área se entera por la prensa del fallecimiento de uno de los cineastas más importantes del país.

Mientras el Gobierno hace gala de su silencio y desconexión, Larraín continúa su paso por San Sebastián, donde compite con su nueva miniserie “Mis muertos tristes”, basada en los cuentos de Mariana Enríquez y que se estrenará el 24 de septiembre en Netflix. La omisión oficial no solo mancha el luto de la cultura nacional, sino que confirma la lejanía de un poder que ignora a quienes, como Guzmán, dedicaron su vida a preservar la memoria.

Un verdadero desfalco a la confianza ciudadana y a las arcas públicas es el que destapó la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo con lo informado por Radio Universidad de Chile, 485 funcionarios de la Administración Central permanecieron suspendidos preventivamente entre 2020 y marzo de 2026, pero siguiendo en la planilla de pago. Solo en los 10 casos más graves, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones para empleados que no estaban trabajando.

La negligencia de las autoridades es inexcusable. Del total, 30 funcionarios acumularon más de tres años colgados de sus funciones: 13 superaron los cuatro años y otros 17 estuvieron entre tres y cuatro años suspendidos. El récord lo tiene un funcionario de Mejor Niñez, con cuatro años y siete meses de suspensión, seguido por el SLEP Santiago Centro (cuatro años y seis meses) y el SLEP Atacama (cuatro años y dos meses). ¿Quién controlaba esto?

Pero la burla al erario no termina ahí. Mientras el Estado les seguía pagando el sueldo, 22 de estos suspendidos desarrollaron otras actividades remuneradas, según el SII. Peor aún, dos funcionarios con medida cautelar de prisión preventiva siguieron cobrando, y decenas de ellos aprovecharon para viajar al extranjero o asistir a casinos de juego. Doble estándar: se exige austeridad al pueblo, pero se premia la ineficiencia y la posible corrupción con cheques mensuales.

La omisión de las autoridades a cargo de los sumarios es otra muestra del desorden. El informe reveló que 20 sumarios quedaron a la deriva porque los fiscales a cargo ya no trabajaban en los servicios, y en un caso, el propio fiscal que decretó la suspensión estaba suspendido. Una burla total a la administración pública.

Ante este panorama bochornoso, la CGR debió tomar cartas en el asunto y asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios que superan los tres años, arrebatándoselos a los servicios que los descuidaron. Además, emitió el Instructivo N°29, recordando que la etapa investigativa no debiera superar los 60 días hábiles y que la suspensión debe levantarse si no hay riesgo para la investigación.

El mensaje de la Contraloría es claro: prolongar estas medidas es arbitrario, afecta la eficiencia y genera responsabilidades. Sin embargo, queda la sensación de que estas medidas llegan tarde. El daño económico y moral está hecho, y la ciudadanía se pregunta si realmente habrá sanciones para quienes permitieron que el Estado siguiera pagando sueldos durante años a funcionarios que, en varios casos, ni siquiera estaban cumpliendo con las condiciones básicas de su suspensión.