Categoría: Política

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó de forma unánime el recurso de amparo presentado por el senador de la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, imputado como autor del delito de fraude al Fisco, en un fallo que deja en evidencia las maniobras dilatorias de la defensa del parlamentario para evadir la acción de la justicia, según se informó en La Nación.

La acción constitucional buscaba revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique que le negó a Calisto la ampliación del plazo de investigación y el acceso a determinados antecedentes. Es decir, el senador, en lugar de enfrentar el fondo del asunto —el presunto desfalco al erario público—, optó por una estrategia legal para retrasar el proceso, alegando una supuesta vulneración de sus garantías.

Sin embargo, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza y Luis Aedo Mora, fue categórica al señalar que la resolución del juzgado no constituye una amenaza a la libertad o seguridad individual del amparado. El fallo subraya que las controversias sobre el acceso a antecedentes y el tiempo para su examen “no importan por sí mismas una privación, perturbación o amenaza a la libertad personal o seguridad individual del amparado”.

Este rechazo pone al descubierto la doble estándar de la clase política regional: mientras el senador exige más plazos y garantías especiales para revisar pruebas en su contra, la ciudadanía y el Estado esperan explicaciones concretas y propuestas claras sobre el fraude al Fisco del cual se le acusa. La defensa se centra en obstaculizar la investigación en lugar de aclarar los hechos y asumir responsabilidades.

El tribunal fue más allá al precisar que, aunque la persecución penal podría culminar eventualmente en una decisión que afecte su libertad, no se demostró que la resolución judicial sobre los plazos genere una “amenaza ilegal, cierta y concreta”. Con esto, la Corte deja claro que el amparo no es un recurso para evadir las exigencias procesales normales de un caso de corrupción.

De esta manera, el máximo tribunal regional le cerró la puerta al intento de Calisto de utilizar la vía constitucional como un escudo frente a la investigación por defraudar arcas públicas, reafirmando que la justicia no se amedrenta con recursos dilatorios del poder.

Un informe de la Contraloría que abarca de enero de 2024 a mayo de 2025 evidenció que un 27,7% de los pacientes en hospitales públicos de la Región Metropolitana —incluidos quienes estaban en riesgo vital— fueron atendidos fuera de tiempo, con esperas de hasta 73 horas. Ante este panorama desolador, la ministra de Salud, May Chomalí, salió a minimizar los resultados afirmando que “parece bastante difícil de creer” que alguien en riesgo vital pase más de 70 horas sin atención, insinuando que el problema es solo un error de registro administrativo.

La explicación de la autoridad de gobierno es, cuando menos, contradictoria. Si el paciente es atendido primero y registrado después, ¿cómo es posible que el sistema de salud no tenga mecanismos básicos para registrar la hora real de atención? En lugar de asumir la crisis, el subsecretario Julio Montt solo se limitó a instruir una revisión de los casos extremos para ver si es “un tema de registro”, eludiendo la responsabilidad política de un sistema que, según los propios datos, está colapsado.

Coincidiendo con la actual administración, el exministro Emilio Santelices —hoy director médico de la Clínica Las Condes— tildó de “imposible” la espera de 73 horas, sugiriendo que la Contraloría habría registrado “tasas de fallecimiento” y no tiempos de espera. Esta reacción revela una doble estándar: desde la oposición privada se busca desacreditar el informe para no reconocer el fracaso de las políticas públicas, mientras se lucra con la salud.

Más allá de las justificaciones, ambos reconocen que sí hay un problema de tiempos de atención, pero sus propuestas son vagas. Chomalí habla de “revisar coberturas” y sacar a los “pacientes socio sanitarios” para recuperar camas, sin explicar cómo lo hará ni cuánto costará. Santelices, por su parte, apunta a mejorar la atención primaria —argumentando que el 50% de los ingresos a urgencias son por descompensaciones no resueltas ahí—, pero omite que esto requiere inversión real y no solo discursos.

En el debate sobre gestión versus presupuesto, el exministro apuntó a problemas “suficientemente acreditados” como el ausentismo laboral y la baja cantidad de cirugías en el sector público, para luego aterrizar su crítica en los recursos. Santelices propuso canalizar fondos a los hospitales con mejores resultados, apelando a una ley de fortalecimiento de Fonasa que, según él, está “durmiendo en el Congreso”. Aquí la omisión de los parlamentarios —incluidos los de regiones como Aysén— es inexcusable: tienen las herramientas legislativas para que Fonasa exija eficiencia y no sea una “caja pagadora”, pero prefieren dejar la ley dormir mientras la gente espera 73 horas en urgencias, de acuerdo con lo informado por Radio Universidad de Chile.

La alcaldesa de Quinta Normal y primera vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Karina Delfino, duramente cuestionó al Gobierno por la incorporación de una causal de destitución para alcaldes en el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, según se mencionó en Radio Universidad de Chile. La autoridad calificó la acción como una torpeza, evidenciando la falta de diálogo del Ejecutivo con los municipios.

Delfino subrayó que el reglamento fue elaborado sin escuchar a las autoridades comunales, omitiendo la realidad territorial. “¿Para qué lo vas a hacer esto sin conversar con los municipios, sin conversar con los alcaldes?”, cuestionó, destacando la omisión de un proceso que debiera incluir a los principales afectados.

La alcaldesa recordó que el sentido de la Ley de Seguridad Municipal es fortalecer las atribuciones y el rol de los municipios, no imponer sanciones. Sin embargo, el Gobierno optó por una disposición punitiva que, a su juicio, no fue conversada y desvirtúa el objetivo original de la norma.

La autoridad insistió en que una eventual causal de destitución no corresponde a un reglamento elaborado por el Ejecutivo, sino que es una discusión estrictamente legislativa. “Si de verdad queremos dar el debate sobre sanciones a las autoridades… ese es otro debate que estamos disponibles a dar, pero no en este”, afirmó, cuestionando la extralimitación normativa.

Delfino enfatizó que el rechazo es transversal, uniendo a alcaldes de todos los sectores políticos, incluyendo a los de derecha, algunos de los cuales han solicitado directamente el retiro del reglamento. “Hoy día tienes a todos los alcaldes y alcaldesas, indistintamente su color político, en contra de esta normativa. No hay ninguno que hoy día esté defendiendo esta normativa”, sentenció, dejando al Gobierno en un claro aislamiento político.

La alcaldesa recordó que el Gobierno se demoró desde marzo en ingresar el reglamento a la Contraloría, y pese a ello, se niega a sentarse a conversar. Ante la falta de diálogo, adelantó que los municipios activarán acciones legales si la situación continúa, exponiendo el fracaso de una gestión que debiera tener a los alcaldes como aliados en el territorio.

La Asociación Chilena de Municipalidades manifestó su rechazo al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ingresado por el Gobierno a la Contraloría, acusando una grave falta de socialización y “elementos de ilegalidad”, según informó Diario y Radio Universidad Chile. La entidad, presidida por Gustavo Alessandri, denunció que nunca fue alertada sobre la inclusión de una nueva causal de destitución para los alcaldes, a pesar de haber participado en mesas técnicas con el Ministerio de Seguridad.

La contradicción del Ejecutivo es evidente: mientras se sienta a dialogar con el municipalismo para mejorar la seguridad comunal bajo el liderazgo del subsecretario Gonzalo Guerrero, impone a espaldas de las autoridades un mecanismo punitivo. “Lamentamos que una disposición de esta importancia no haya sido puesta en nuestro conocimiento antes de su ingreso a Contraloría, considerando además que reviste claros elementos de ilegalidad, en la medida en que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse por la vía de un reglamento”, señalaron desde la asociación.

Los alcaldes no se quedaron atrás en las críticas. Tomás Vodanovic (Maipú) cuestionó que la ley busca fortalecer el rol municipal, “y no amenazar con quitarles autonomía”. Criticó que se vincule una falla administrativa con la destitución de un alcalde electo democráticamente y que se enteraran “por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes”, exigiendo que se respete la autonomía municipal.

Incluso quienes han respaldado la agenda de seguridad del Gobierno levantaron la voz. Felipe Alessandri (Lo Barnechea) afirmó que “tenemos el deber de advertir cuando se comete un error”. Por su parte, Christopher White (San Bernardo) fue más duro: acusó que se entregan “nuevas obligaciones sin el financiamiento, el equipamiento ni la capacitación para cumplirlas”, y que amenazar con la destitución por una falla administrativa “termina incentivando lo contrario: que nadie quiera firmar, que nadie quiera decidir”.

White añadió que “si una autoridad electa puede perder su cargo, esa causal debe estar claramente establecida en la ley, discutida en el Congreso, con proporcionalidad y debido proceso. No en un reglamento”. Una advertencia directa al Gobierno sobre su doble estándar: exigen resultados pero imponen sanciones sin garantizar recursos ni el debate legislativo correspondiente, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

Ante el revuelo, la Subsecretaría de Prevención del Delito intentó apagar el fuego afirmando que el artículo 8 “no crea ni amplía las causales de cesación” y que el reglamento solo explicita la responsabilidad administrativa. Sin embargo, la propia autoridad debió ceder y anunciará el retiro y reingreso del reglamento una vez despachada la “Ley Corta”, abriendo una tímida puerta a la revisión que debió hacerse antes de intentar imponer una norma a espaldas de las 346 comunas del país.

El gobierno de Gabriel Boric prometió un cambio en la gestión ambiental, pero la realidad expuesta por CIPER Chile revela una preocupante puerta giratoria entre el Estado y el poder económico. Sebastián Aylwin, quien fuera jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente bajo la administración de Boric, ahora asesora a CleanTech Lithium para obtener permisos ambientales del proyecto de litio en el salar Laguna Verde, una iniciativa que él mismo impulsó y benefició desde el Estado.

La contradicción es profunda. Aylwin lideró las reformas al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el mismo instructivo bajo el cual ahora gestionará permisos para la minera privada. Para colmo, el contrato para desarrollar Laguna Verde se firmó por trato directo durante el gobierno de Boric, convirtiéndose en uno de los proyectos estrella de la Estrategia Nacional del Litio. Mientras los exfuncionarios reformaban las reglas del juego, el Estado le entregaba directamente el negocio a la empresa que hoy los contrata.

Las inconsistencias de este modelo no terminan ahí. A pesar de las advertencias del propio Ministerio del Medio Ambiente —que en mayo de 2025 recibió un informe de la Universidad de Antofagasta que advertía que el proyecto “podía acelerar significativamente la pérdida de agua” en la zona—, el gobierno siguió adelante con el trato directo. Hoy, la Contraloría tiene paralizada la iniciativa desde mayo pasado, tras formular observaciones por la falta de justificación y sustentabilidad económica de la concesión directa.

Aunque la contratación de Aylwin no rompe la ley, el doble estándar ético es innegable. Como señaló el abogado experto en transparencia Alberto Precht, si la persona que redacta una norma luego trabaja para quien se beneficia de ella, cuenta con una ventaja que otras empresas no tienen. La Ley 18.575 solo impone inhabilidades de seis meses para exfiscalizadores, dejando un vacío que permite a exautoridades como Aylwin —histórico militante del Frente Amplio y exdirigente estudiantil junto a Boric— usar su información privilegiada y contactos para lucrar en el sector privado.

Las reformas que Aylwin lideró tampoco estuvieron exentas de cuestionamientos. Lejos de fortalecer la protección ambiental, las modificaciones al SEIA ampliaron los umbrales para que los proyectos se sometan a evaluación; por ejemplo, para almacenamiento de combustible el límite pasó de 200 mil a 850 mil litros. El resultado concreto es que menos proyectos serán evaluados ambientalmente, una “eficiencia” que beneficia directamente a las inversiones privadas en desmedro del territorio.

Ante este escenario, las propuestas de los propios partidos del oficialismo para frenar estos conflictos de interés resultan insuficientes o dormidas. En 2024, la Segpres de Álvaro Elizalde propuso ampliar la inhabilidad a un año, y este año la diputada Gael Yeomans (FA) recién propuso subirla a dos años con multas. Mientras el gobierno y el parlamento dilatan regulaciones estrictas, la puerta giratoria sigue girando, dejando la protección ambiental y la probidad en meras declaraciones de buena fe.

El gobierno de José Antonio Kast vuelve a evidenciar su postura complaciente frente a las intromisiones extranjeras. De acuerdo con lo informado por El Mostrador, el Presidente le bajó el perfil a las sucesivas controversias protagonizadas por el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien ha interferido abiertamente en asuntos internos del país, pese a que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores ya debió llamarlo a la Cancillería.

La actitud del Mandatario resulta contradictoria. Mientras el canciller Francisco Pérez Mackenna ha debido llamar la atención al diplomático por pronunciarse sobre la política interna chilena, Kast se desentiende del conflicto asegurando que “en lo personal no he tenido diferencias con él”. Esta omisión de responsabilidades deja en evidencia la falta de una postura firme frente a las declaraciones de un representante extranjero que se ha dedicado a opinar sobre el estallido social.

La falta de propuestas concretas del Ejecutivo queda aún más en evidencia ante la petición del senador Iván Moreira, quien solicitó que el propio Kast abordara directamente el comportamiento de Judd con el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, el Mandatario evitó comprometer una conversación con su par norteamericano y simplemente derivó el tema a los canales de la Cancillería, eludiendo así el costo político de defender la soberanía nacional.

Lejos de cuestionar el actuar del embajador, Kast optó por justificar su proceder, reconociendo que Judd “ha sido claro en decir que no es un embajador que se enmarca en el prototipo de cualquier embajador”. Esta defensa a un diplomático que declaró que “si las personas se molestan por mis respuestas es su problema”, refleja un doble estándar que prioriza las buenas relaciones con Washington por encima de la dignidad institucional chilena.

En su gira por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde no tiene una cita concreta con la administración estadounidense, Kast también se refirió al “Escudo de las Américas”, la coalición militar y de seguridad promovida por Estados Unidos. Aunque Perú ya adscribió a este mecanismo para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, el Presidente chileno se limitó a señalar que siguen “en calidad de observadores”, defendiendo la institucionalidad pero sin definir una postura clara sobre los compromisos que el país está dispuesto a asumir o rechazar ante las presiones de Washington.

Así, el gobierno opta por la ambigüedad y la delegación de funciones, evitando confrontar las injerencias y dejando que la Cancillería asuma el peso de un conflicto que requiere una respuesta política de fondo desde La Moneda.

El presidente José Antonio Kast volvió a insistir esta mañana en la necesidad de un nuevo estado de excepción de seguridad pública que le permita decretar intervenciones acotadas en barrios sin intervención del Congreso, con una duración de 120 días prorrogables únicamente con su venia. En entrevista con Radio Agricultura, el mandatario defendió la polémica inclusión de la interceptación telefónica de residentes, una idea que ya generó rechazo incluso en las filas de la derecha chilena, según se mencionó en The Clinic.

La propuesta, presentada como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla ocho modificaciones constitucionales. La más resistida es precisamente la creación de este nuevo estado de excepción, que afectaría el derecho de traslado y el libre tránsito de los habitantes, además de permitir la interceptación de comunicaciones por parte del Estado. La medida fue calificada de “totalitaria” por el Partido Nacional Libertario, la colectividad con representación parlamentaria más a la derecha del espectro político.

Pese al rechazo transversal, Kast argumentó que su Gobierno necesita “recuperar la seguridad para Chile” y que, aunque no cuentan con mayoría parlamentaria, insistirán en generar debate enviando proyectos de ley al Congreso. “Uno puede tener una intención, la plasma en un proyecto de ley, que puede ser totalmente discutible, y puede salir de una manera distinta a la que entró”, sostuvo el mandatario, quien hace semanas había señalado que el estado de excepción impulsado “no es renunciable”, aunque se abrió a cambios.

La defensa de la interceptación de telecomunicaciones fue uno de los puntos más cuestionados. Kast justificó la medida señalando que las bandas de narcotráfico tienen “una red de vigilancia en telecomunicaciones, en cámaras, muy sofisticada” que les permite detectar la presencia policial con anticipación. “Nosotros podemos cortarles las señales a estas bandas, podemos generar un toque de queda o una prohibición de ingreso a un sector hasta que controlemos la situación”, afirmó.

Sin embargo, senadores de su propia coalición ya dieron por descartada la iniciativa. Andrés Longton (RN) y Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, planean dejar fuera del proyecto la interceptación de comunicaciones en el marco de los acercamientos que han tenido con el Ejecutivo. El propio Kast reconoció que “el Parlamento tiene una mirada distinta”, aunque aseguró que el debate legislativo seguirá su curso.

El mandatario intentó diferenciar esta propuesta de los estados de emergencia vigentes en la frontera norte y la macrozona sur, argumentando que se requiere aplicarlo en “zonas más pequeñas, más individualizadas” contra el narcotráfico y el crimen organizado. No logró explicar, sin embargo, cómo una medida que permitiría interceptar comunicaciones de todos los residentes de un perímetro puede considerarse “acotada” ni por qué insiste en una reforma constitucional que ni siquiera su propio sector está dispuesto a tramitar.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt cerró este lunes los alegatos de la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Coyhaique en contra del senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto Águila, y quedó en acuerdo: la sala deberá resolver si el parlamentario pierde la inmunidad y la causa por fraude al fisco avanza a juicio oral.

La sala que escuchó a las partes quedó integrada por los ministros Moisés Montiel, Ivonne Avendaño y Patricio Rondini, con Juan Carlos Orellana como suplente, según consignó Cooperativa Región de Los Lagos.

En representación del Ministerio Público alegó Eugenio Campos Lucero, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, quien según detalló El Divisadero sostuvo que el parlamentario habría defraudado al fisco por más de 105 millones de pesos a través de pagos a su excolaboradora Carla Graf por asesorías e informes que hasta ahora no han sido documentados. El persecutor afirmó que Calisto usó y mal utilizó recursos públicos bajo la teoría de asignaciones parlamentarias para beneficio personal, entre ellos el pago de un crédito de consumo, una parcela y transferencias a compañeros de militancia de la entonces Democracia Cristiana, entre ellos Felipe Klein, quien habría recibido 34 millones de pesos.

La acusación suma los testimonios de la propia Graf, quien reconoció que no trabajó para el diputado y solo recibía la remuneración, pero no era para ella; de Roland Cárcamo, ex mano derecha de Calisto, quien admitió que manejaba las cuentas bancarias de Graf para entregarle dinero al parlamentario; de Américo Soto, ex colaborador que señaló que nunca vio a Graf en la oficina del diputado; y del periodista Nicolás Gutiérrez, quien la describió como una operadora política. El Ministerio Público pide 12 años de presidio e incluyó a ocho imputados en la acusación por delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones entre 2018 y 2022.

En tanto, el procurador fiscal de Coyhaique del Consejo de Defensa del Estado, Pablo Gómez Canales, citó los fallos que ya quitaron el fuero a Calisto cuando era diputado y planteó que no se requiere un nuevo proceso de desafuero, porque ya está desaforado.

Por la defensa, el abogado José Pablo Gómez Celis, quien asumió recientemente el caso, sostuvo que Graf cumplía efectivamente un rol de asesoría política con línea directa con el senador y que las transferencias a su cuenta tenían justificación. Además emplazó al Ministerio Público por no haber abierto una investigación ante las 66 minutas de la Cámara de Diputados sin firmas que sustentarían la tesis fiscal, y reiteró que la defensa no tuvo acceso a los antecedentes más recientes de la carpeta: un pendrive, un disco duro y un computador entregados por Roland Cárcamo tras cambiar su versión de los hechos.

No es el primer round de esta puja judicial. En agosto de 2025 la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el desafuero del entonces diputado y la Corte Suprema lo confirmó. Tras la reapertura de la investigación ordenada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, la misma corte de Puerto Montt dejó sin efecto en julio la audiencia que analizaría la nueva solicitud, y los ministros de la Corte de Coyhaique se inhabilitaron para revisarla, lo que derivó en que el caso llegara al tribunal de alzada de Puerto Montt.

La resolución, que definirá si el senador de Aysén enfrenta el juicio oral sin fuero, quedó en acuerdo y se conocerá en los próximos días, sin fecha fijada hasta el cierre de esta edición.