Categoría: Política

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que su cartera tiene más de 100 solicitudes de indulto presidencial en el escritorio, varias de ellas pendientes desde antes del actual gobierno. Esta acumulación de casos no es solo un problema administrativo, sino una muestra de la falta de voluntad política para resolver temas de fondo, dejando a los solicitantes en un limbo indefinido mientras las autoridades dilatan las resoluciones.

Al desglosar los orígenes de estas peticiones, se evidencia un claro doble estándar: la mayoría de los indultos corresponden a hechos de 1973 vinculados a violaciones a los derechos humanos, mientras que los casos del estallido social (18-O) son “muy reducidos”. Esta diferencia numérica revela una deuda histórica que el Ejecutivo no tiene apuro en saldar, priorizando el discurso por sobre los hechos.

Para justificar esta inacción, Rabat alega que cada caso será revisado “de manera individual y caso a caso”, descartando una amnistía general. Sin embargo, este argumento se desmorona al no existir ningún plazo legal ni autoimpuesto para resolver. El propio ministro definió el proceso como “intrínsecamente lento”, lo que en la práctica se traduce en una estrategia para postergar indefinidamente las resoluciones, evitando asumir costos políticos pero profundizando la deuda en derechos humanos.

La contradicción es inaceptable. Mientras el gobierno se toma su tiempo para analizar rigurosamente —y sin urgencia— los indultos de 1973, muestra una rapidez inusitada para impulsar la creación de la Agencia de Bienes Decomisados contra el crimen organizado. El Ejecutivo tiene la capacidad de afectar la estructura financiera de las bandas y destinar fondos a tecnología policial y reparación de víctimas, pero no encuentra el momento para resolver las demandas de justicia del pasado.

Hasta ahora, el Presidente José Antonio Kast ni siquiera ha revisado las carpetas, limitándose a “conversar” sobre el procedimiento. Esta falta de acción concreta, sumada a la negativa de impulsar leyes de indulto general y a la ausencia de plazos, demuestra que la prioridad real del gobierno no es la justicia integral, sino la aplicación selectiva de esta según el calendario político y la conveniencia del discurso de seguridad, según se mencionó en El Mostrador.

La estrategia del gobierno para frenar las intromisiones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, se desinfla antes de empezar. Mientras el canciller Francisco Pérez Mackenna asegura que “a Chile se le respeta”, su única acción concreta se reduce a “llamarlo a evitar esas expresiones” y descartar, por ahora, una nota de protesta o medidas de mayor alcance. Una postura que, lejos de defender la soberanía, deja en evidencia la falta de propuestas concretas frente a una potencia que impone sus reglas.

La respuesta de Judd no se hizo esperar y fue tajante: no piensa cambiar. “Cada vez que lo considere necesario usaré todos los recursos que tengo”, sentenció el embajador, reivindicando una diplomacia basada en “logros” y no en la prudencia. Su frase “voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador” y su desprecio por el rechazo interno —”si las personas se molestan por mis respuestas, el problema es de ellos”— dejan al descubierto una actitud que el gobierno chileno es incapaz de contrarrestar.

Las contradicciones del Ejecutivo son evidentes. Pérez Mackenna reivindica una política exterior “pragmática” donde “no somos ni anti-China ni anti Estados Unidos, somos pro-Chile”. Sin embargo, este discurso de supuesto equilibrio se derrumba cuando el propio Judd advierte sobre la presencia china y la supuesta amenaza a la soberanía que representaría un cable submarino controlado por Beijing, mientras él mismo se inmiscuye en asuntos internos.

La debilidad del gobierno queda aún más expuesta en los otros frentes de conflicto. En materia de seguridad, el canciller asegura que no existe presión estadounidense por el Escudo de las Américas, pero Judd insiste en la conveniencia de una cooperación regional más estrecha contra el crimen organizado. En comercio, el optimismo de Pérez Mackenna por las negociaciones arancelarias choca con la revelación de Judd de que Washington ya había planteado sus reparos y exigió a Chile establecer normas para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzado o infantil.

El historial de Judd es una seguidilla de provocaciones que la Cancillería no ha sabido frenar: cuestionó a ministros chilenos por los aranceles, vinculó al Gobierno de Kast con la Doctrina Monroe y provocó una citación a la Cancillería al sostener que EE.UU. analizó la participación de la izquierda en el estallido social de 2019. Aunque Judd matizó que no envió investigadores, su forma de actuar sigue siendo la misma.

El punto políticamente más incómodo es la contradicción central: la Cancillería quiere que Judd evite intervenir, pero Judd dice que seguirá haciéndolo cuando lo estime necesario. Mientras el embajador estadounidense impone su ley y dicta directrices internas, el gobierno chileno apuesta a que un mensaje diplomático bastará, demostrando que el famoso “rayado de cancha” no es más que una línea pintada en el pasto que nadie está dispuesto a hacer respetar, según se mencionó en El Mostrador.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, buscó cerrar este domingo el flanco que él mismo abrió dentro del Gobierno, evidenciando una contradicción que refleja la falta de rumbo en la política laboral. Después de atribuir a Hacienda la meta de llevar el desempleo a 6,5% y recalcar que personalmente había sido “bastante más cauto”, Rau terminó por alinearse con Jorge Quiroz: “El 6,5 es la meta del Gobierno, somos un equipo y estamos trabajando para eso”. Una corrección que, lejos de generar confianza, expone las internas y la improvisación en el oficialismo.

El problema de fondo para La Moneda es que el discurso de equipo choca brutalmente con la realidad laboral. La desocupación llegó a 9,5%, su nivel más alto en cinco años, y el propio Rau reconoció que el escenario económico que encontraron fue peor de lo esperado: “Esa situación compleja cuando asumimos nos sorprendió”. Según el ministro, seis de las siete últimas mediciones del Imacec han mostrado números negativos, lo que desnuda la debilidad de la actividad y el fracaso de las promesas de reactivación.

Ante este panorama adverso, las medidas concretas se quedan cortas frente a la meta prometida para el final del mandato. El Gobierno apenas busca generar al menos 50 mil empleos mediante un subsidio de activación laboral y acelerando proyectos de vivienda y obras públicas. Aunque Rau destacó un programa de inversión en infraestructura por US$15 mil millones durante la administración de José Antonio Kast, la urgencia de las familias trabajadoras que hoy no tienen empleo no puede esperar a promesas de largo aliento.

Otro de los proyectos emblemáticos, la Sala Cuna Universal, también tropieza con la falta de propuestas sólidas para su financiamiento. El ministro aseguró que espera que sea ley en diciembre o “a más tardar” en enero, pero admitió que el financiamiento sigue siendo “un nudo”. Esta semana fue rechazada la fórmula del Fondo de Sala Cuna, que contempla un aporte de 0,35% de cargo del empleador compensado con una rebaja en la cotización del Seguro de Cesantía. Pese a que Rau defendió el mecanismo y recalcó que no se usarán fondos de las cuentas individuales, la iniciativa aún debe sortear las comisiones de Trabajo, Educación y Hacienda.

Mientras tanto, el ministro defendió una agenda laboral que incluye flexibilidad en las 40 horas, adaptabilidad, estatuto del turismo y contratos por hora, presentándola como respuesta al deterioro del mercado laboral. Sin embargo, estas medidas no abordan de raíz la precariedad actual y parecen más bien un cheque en blanco para los sectores empresariales.

Después de una semana en que Trabajo y Hacienda exhibieron públicamente distintas dosis de entusiasmo frente al 6,5%, el Gobierno logró recomponer el discurso mediático, pero lo que todavía no logra recomponer es el 9,5% de desempleo real desde el cual pretende llegar a la meta prometida. La ciudadanía observa cómo las autoridades priorizan la unidad del equipo por sobre soluciones efectivas para la crisis laboral que los golpea día a día, según se mencionó en El Mostrador.

En su primer Te Deum Evangélico en La Moneda, José Antonio Kast abrió la puerta a escuchar recomendaciones de “cualquier sector político” y a corregir el rumbo de su agenda. Un giro que contrasta fuertemente con la identidad nítidamente confrontacional que construyó durante años y que lo llevó al poder, evidenciando que su discurso de unidad llega solo cuando la realidad del Congreso lo aplasta.

La contradicción es evidente: apenas diez días atrás, en el Foro Madrid, Kast advertía a los suyos sobre el riesgo de quedar atrapados en la disputa con la izquierda. Sin embargo, hoy la realidad del ejercicio del poder lo obliga a asumir que, para avanzar en el Congreso, no basta con tener razón ni con los votos propios; hay que negociar y ceder, dejando en claro que su anterior estrategia era inviable.

Pese a este supuesto pragmatismo, el mandatario no entregó ninguna propuesta concreta para enfrentar los graves problemas del país. Se limitó a asegurar que su gobierno ha conseguido “acuerdos en aquellas materias importantes” y que ha recibido respaldos en iniciativas sociales, reconstrucción y seguridad, sin detallar en qué consisten esos entendimientos ni cómo se materializarán para la ciudadanía.

Mientras Kast hablaba de apertura, el obispo Héctor Cancino del Valle entregaba un duro diagnóstico desde el púlpito. Habló de polarización, una “severa crisis económica”, “violencia pública inédita” y pérdida de confianza institucional, describiendo el escenario como una “crisis del alma nacional”. Un reflejo fiel de la realidad que el gobierno no puede seguir evadiendo con discursos vacíos.

Ante este complejo cuadro, la respuesta del Presidente fue refugiarse en vaguedades. “Pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos”, sostuvo, identificando dificultades en seguridad, empleo y vivienda, pero sin asumir responsabilidades ni presentar un plan concreto para enfrentar la crisis que el propio Cancino retrató.

Kast aseguró que “el llamado a la esperanza es lo que más recojo”, ignorando que Chile, como pidió el obispo, no necesita “más profetas del desastre”, sino soluciones reales. La supuesta apertura al diálogo parece más una táctica desesperada por la falta de respaldo parlamentario que un genuino cambio de fondo, dejando en evidencia que la unidad nacional que predica es solo un recurso discursivo frente a la urgencia de la crisis, según se mencionó en El Mostrador.

Por cerca de una hora, el presidente José Antonio Kast, acompañado de sus ministros y la primera dama, María Pía Adriasola, participaron del Servicio Nacional de Acción de Gracias, también llamado Te Deum Evangélico, una semana antes de Fiestas Patrias. Mientras el país y las regiones enfrentan un escenario complejo, el mandatario optó por un llamado a la oración y al recogimiento espiritual, dejando en evidencia la falta de respuestas concretas desde el poder.

Tras la ceremonia, consultado por TVN, Kast reconoció que “pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante”. Sin embargo, su diagnóstico no vino acompañado de ninguna medida o propuesta política para enfrentar dicha crisis. En lugar de asumir responsabilidades o plantear rutas de acción, el jefe de Estado se limitó a agradecer a las iglesias evangélicas por “esta oración por Chile”, delegando en la fe lo que parece ausente en la gestión gubernamental.

El discurso presidencial apeló a la unidad y al encuentro, asegurando que “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”. No obstante, este llamado a la reconciliación y al reencuentro resulta contradictorio cuando el propio mandatario circunscribe la acción de gracias y la oración exclusivamente a las iglesias evangélicas, excluyendo de ese espacio de “casa de todos” a otras confesiones y a la ciudadanía que no se siente representada por este sector religioso.

Para los territorios, como Aysén, las declaraciones de Kast suenan a un eco vacío. Hablar de “recuperación y esperanza” en un acto de una hora con la primera dama y el gabinete, contrasta con la dura realidad regional. El mandatario pidió “detenerse” y “mirar lo que es nuestra patria”, pero desde la región se cuestiona qué miran realmente las autoridades cuando no existen propuestas que apunten a resolver los problemas estructurales que generan el “momento duro” que él mismo confiesa.

La participación de ministros y la primera dama en este Te Deum Evangélico, en la antesala de las celebraciones patrias, refleja una desconexión con las urgencias populares. Mientras el gobierno se reúne para escuchar palabras sobre unidad y encuentro, las comunidades siguen a la espera de señales reales de recuperación. La contradicción es clara: se pide reconciliación desde un espacio religioso específico, y se habla de esperanza sin ofrecer más que espiritualidad frente a una crisis que exige acciones concretas y no solo discursos de ocasión, según se mencionó en El Dínamo.

El 11 de septiembre de 1973, mientras las fuerzas armadas chilenas derrocaban al gobierno de Salvador Allende, el capitán de la Fuerza Aérea Jorge Silva Ortiz enfrentó un dilema que le costaría casi cuatro años de prisión y un exilio forzado. Destinado en la Escuela de Especialidades de la Base Aérea El Bosque —convertida en campo de detención, tortura y exterminio—, Silva ordenó que dos jóvenes detenidos, Fernando Villagrán y Felipe Agüero, fueran trasladados al Estadio Nacional en lugar de ser fusilados esa misma noche. “Me iban a ejecutar y él me salvó”, recuerda Villagrán, hoy de 77 años.

La cadena de mando que Silva desobedeció no tardó en cobrarle la osadía. El 9 de octubre de 1973 fue detenido, encapuchado y desarmado en la casa de un superior. Comenzó entonces un calvario de torturas en la Academia de Guerra Aérea aplicadas por sus propios compañeros de armas: choques eléctricos que le provocaron taquicardias y hemorragias, sumersiones en agua, golpes con objetos contundentes y amenazas contra su familia. “La condición física del capitán estaba muy deteriorada”, documenta Villagrán en su libro “Disparen a la Bandada”.

Silva no fue el único uniformado castigado por resistirse al golpe. En la Cárcel Pública de Santiago compartió la celda número 12 de la Galería 2 con el general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, quien murió el 11 de marzo de 1974 tras ser torturado por sus antiguos camaradas. La sentencia judicial de 2014 confirmada por la Corte Suprema en 2016 estableció que Silva estuvo con Bachelet el día de su muerte. Decenas de oficiales y suboficiales de la FACh que se negaron a participar en el golpe permanecieron recluidos en ese mismo recinto carcelario.

La justicia tardó más de cuatro décadas en anular las condenas de los Consejos de Guerra dictadas contra 84 miembros de la Fuerza Aérea que habían permanecido en prisión por desafiar las órdenes. Entre ellos estaba Silva, quien tras casi cuatro años privado de libertad partió al exilio en Londres en 1977. El mismo aparato institucional que lo formó como oficial de Contrainteligencia —con entrenamiento en la Escuela de Las Américas en Panamá y en Estados Unidos— lo declaró “traidor” por defender la constitucionalidad.

La historia de Silva no es solo un relato de salvación individual, sino un espejo de las contradicciones al interior de una institución que se dividió entre la lealtad al orden constitucional y la obediencia al poder de facto. En 1970, Silva había alertado directamente a Allende sobre un complot para asesinarlo, decisión que lo marcó ante sus superiores tres años después. “Yo sabía que iba a caer”, declaró. Solo era cuestión de tiempo.

El reencuentro entre Silva y los jóvenes que salvó ocurrió recién en 2001, cuando el excapitán viajó a Chile para participar en el documental “Estadio Nacional” de Carmen Luz Parot. Villagrán tuvo entonces la oportunidad de decirle algo que siempre había querido: “Te debo la vida”. De ahí nació una amistad que se mantuvo hasta el fallecimiento del capitán. “Cada vez que Jorge venía a Chile se quedaba en mi casa”, cuenta Villagrán.

La película “Hangar Rojo”, dirigida por Juan Pablo Sallato y basada en el libro de Villagrán, reconstruye este dilema moral filmado en blanco y negro. Tras ganar 19 premios en festivales internacionales y un exitoso debut comercial en Italia, la cinta pone en escena una pregunta que trasciende el caso particular: qué ocurre cuando las instituciones armadas se quiebran entre la legalidad y la fuerza bruta, y quién paga el precio de esa fractura, según se mencionó en El Mostrador.

El incendio en la residencia de adultos mayores “El Edén” en Pitrufquén no es solo una tragedia, es el resultado de una negligencia estatal que permitió que un recinto funcionara en la clandestinidad. Dieciséis personas fallecieron, quince de ellas adultos mayores, y otras diez sobrevivieron a un siniestro que destapó una realidad insostenible: el hogar operaba sin autorización para funcionar. ¿Dónde estaba la fiscalización del Estado mientras se vulneraba la seguridad de los más desprotegidos?

Tras la emergencia, el Gobierno ha desplegado una retórica de urgencia que contrasta con su inacción previa. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, aseguró que la prioridad es asegurar la continuidad de los cuidados y reubicar a los sobrevivientes en Establecimientos de Larga Estadía debidamente autorizados. Sin embargo, su declaración evidencia una contradicción brutal: el Estado ahora se preocupa de que los recintos tengan autorización, justo cuando ya hubo 16 muertos por no haberlo verificado a tiempo.

De los diez sobrevivientes, seis permanecen en un albergue y cuatro volvieron con sus familias, mientras el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) trabaja en su reubicación. Pero, ¿por qué el equipo regional del Senama, la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Desarrollo Social de La Araucanía solo se desplegaron después del desastre? La coordinación parece ser una reacción tardía ante la opinión pública, no una política de protección real.

La justicia también muestra signos de lentitud. Carabineros interrogó en calidad de imputada a la persona que sería responsable del recinto, pero hasta ahora no se ha comunicado una decisión procesal en su contra. La falta de autorización del establecimiento se suma a los antecedentes de la investigación, pero la demora en las acciones concretas deja en evidencia que las responsabilidades penales podrían quedar en la impunidad.

Para intentar controlar los daños políticos, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, viajará a Pitrufquén para conocer la situación y coordinar acciones. Un viaje que suena más a un gesto para aplacar la indignación, que a una solución estructural. No hay anuncios sobre cómo se evitará que otros hogares sigan operando al margen de la ley, ni quiénes responderán por la omisión de controles que permitió esta tragedia.

La tragedia de Pitrufquén deja al descubierto un doble estándar: se actúa cuando las cámaras y los cuerpos de los adultos mayores ya están en la morgue, pero se esconde la responsabilidad de un Estado que no fiscaliza. Mientras los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas rotas, las autoridades se limitan a prometer reubicaciones y a viajar para “coordinar”, eludiendo responder por qué permitieron que “El Edén” funcionara sin las más mínimas condiciones legales y de seguridad, según se mencionó en El Mostrador.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, salió al paso de las malas cifras económicas con una confesión que revela la ineficacia del gobierno: reconocieron que los números “les han sorprendido”. ¿Cómo es posible que el propio ministerio a cargo de las políticas laborales no haya previsto la crisis que hoy golpea a los trabajadores, especialmente en regiones postergadas como la nuestra?

En lugar de asumir responsabilidades claras, Rau se escudó en una supuesta “agenda de corto, mediano y largo plazo” para hacer frente al desempleo. Sin embargo, el anuncio concreto más relevante que pudo ofrecer fue que la Sala Cuna Universal recién podría ser ley en enero de 2027. Tres años de espera para las familias trabajadoras es un lujo que la Región de Aysén no puede darse, donde el cuidado infantil sigue siendo un obstáculo diario para la inserción laboral femenina.

La promesa de una agenda a múltiplos plazos suena más a un parche burocrático que a una solución real. Mientras el gobierno se llena la boca con planificaciones a futuro, el presente de miles de hogares patagónicos se sigue deteriorando por la falta de empleo y de redes de cuidado. La adaptabilidad laboral que exige Rau parece ser solo para los trabajadores, no para las políticas públicas.

Pero quizás lo más cuestionable es la promesa de que “en este segundo semestre, sin duda que vamos a tener mejores cifras cuando probablemente ya los meses de primavera y verano”. Reducir la recuperación económica a la llegada de las estaciones cálidas es una muestra de la poca seriedad con la que se aborda el problema. El empleo estacional y precario del verano no es un plan de gobierno, es una lotería climática.

Esta postura deja en evidencia una desconexión total con la realidad territorial. En Aysén, esperar el verano para tener “mejores cifras” significa aceptar que el invierno se sobrevive como se puede, con empleos inestables y sin salidas estructurales. El gobierno exige adaptabilidad a los ciudadanos mientras se niega a implementar cambios profundos e inmediatos.

La contradicción es evidente: se declaran sorprendidos por el desempleo, pero no destinan urgencia a las soluciones; prometen mejoras estacionales en lugar de empleos dignos y estables; y aplazan derechos fundamentales como la sala cuna por tres años más. Es claro que la prioridad no está en quienes día a día luchan por subsistir en la Patagonia.

Las declaraciones de Rau no son más que un intento de maquillar la inacción gubernamental. Mientras las autoridades se conforman con esperar el verano y promesas para 2027, el desempleo y la falta de cuidado siguen siendo el pan nuestro de cada día para las familias de Aysén. No hay agenda que vala si no se traduce en acciones concretas e inmediatas, según se mencionó en El Dínamo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, minimiza la grave interpelación aprobada por la Cámara de Diputados calificándola como una “buena oportunidad para mostrar estos meses de gestión”. Lejos de asumir responsabilidades, la autoridad intenta blindarse políticamente exigiendo unidad bajo el argumento de que existen “intereses permanentes de Chile que trascienden a cualquier gobierno”, ocultando así las profundas contradicciones de su propia administración.

Las críticas desde el mundo político son contundentes: su gestión se ha enfocado “exclusivamente en el área comercial”, descuidando la soberanía territorial y el posicionamiento estratégico. Como única defensa, el canciller esgrime que su primer viaje oficial fue a la Antártica, un argumento insuficiente que no subsana la falta de propuestas concretas para la defensa territorial, especialmente para regiones como Aysén donde la soberanía es una demanda histórica y permanente.

La supuesta autonomía de la Cancillería queda en entredicho ante las declaraciones del secretario de Estado sobre la posible integración de Chile al Escudo de las Américas. Aunque categóricamente asegura que “presiones de Estados Unidos no hay”, inmediatamente contradice esta afirmación al admitir que “es un tema que tendremos que evaluar en su mérito”. Esta doble revela una doble estándar: se descarta la injerencia foránea, pero se abre la puerta a las directivas estratégicas de Washington.

Bajo la lógica de una “Cancillería pragmática”, el ministro intenta equilibrar la balanza declarando que “queremos relaciones fuertes con todos los países” y que “somos aliados de Estados Unidos y de China”. Sin embargo, este falso equilibrio diplomático resulta un riesgo cuando se trata de defender los intereses territoriales, demostrando que el pragmatismo del gobierno está dispuesto a ceder soberanía con tal de mantener el flujo comercial.

Los supuestos “avances” de su gestión también muestran grietas. Si bien se reanudaron las relaciones consulares con Venezuela y hubo acercamientos con Bolivia, estos hitos opacan la incapacidad de la autoridad para manejar las tensiones con los vecinos. Debió destinar esfuerzos a “contener las tensiones derivadas del comunicado conjunto con el mandatario argentino, Javier Milei, respecto al Estrecho de Magallanas y las islas Malvinas”, una zona de alta sensibilidad territorial para el país.

A esto se suma la controversia generada por los “recientes dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd”, los cuales el canciller no logró conjurar con firmeza. En vez de defender la dignidad nacional, la Cancillería se limita a negar las presiones mientras evalúa integrarse al escudo militar norteamericano. La interpelación que enfrentará no es solo un trámite, sino la oportunidad de desenmascarar una política exterior que confunde la defensa de la soberanía con el servilismo comercial, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

El incendio que arrasó con el hogar de adultos mayores Edén, en Pitrufquén, dejó un saldo de 16 fallecidos confirmados. Recién consumada la tragedia, el Gobierno, a través del seremi de Salud, José Bravo, sale a denunciar irregularidades. Pero la pregunta inevitable es: ¿dónde estuvo el Estado mientras se acumulaban los riesgos?

Las propias autoridades reconocen que el establecimiento operaba de forma irregular. Según el seremi Bravo, el lugar acumulaba sumarios, multas y antecedentes de reincidencia desde 2019. Es decir, por años, el Gobierno tuvo en sus manos la evidencia de que este lugar era un peligro, y optó por la inacción.

Resulta cuestionable que el Gobierno solo se acuerde de las regulaciones sanitarias cuando ya hay 16 cuerpos. La institucionalidad de salud, en lugar de clausurar un recinto con antecedentes de reincidencia, permitió que siguiera funcionando, priorizando la omisión por sobre la vida de los adultos mayores.

La única acción efectiva ante el fuego no vino del aparato estatal, sino de una cuidadora que logró poner a salvo a diez residentes. Mientras el Gobierno se limitaba a acumular sumarios desde 2019, el riesgo inminente era ignorado. Esos diez sobrevivientes atendidos y dados de alta por personal de salud contrastan con los 16 que no tuvieron la misma suerte.

Esta tragedia no es un accidente, es el resultado de un Estado que abandona a los más vulnerables. Las multas y sumarios de nada sirven si no existe voluntad política de hacer cumplir la ley. El Gobierno debe responder por su omisión: ¿por qué se permitió la reincidencia? ¿Dónde están las propuestas concretas para que no se repita?

Las declaraciones del seremi de Salud en 24 Horas suenan a un intento de lavar las manos del Gobierno tras años de negligencia comprobada. No basta con lamentar los 16 fallecidos; el Gobierno debe asumir su responsabilidad en la falta de fiscalización que permitió que un hogar con sumarios vigentes siguiera operando hasta consumar esta tragedia, según se mencionó en Canal 9 Bío Bío Televisión.