Categoría: Política

Capítulo de Radar CIPER, el resumen semanal de las noticias más relevantes según el Centro de Investigación Periodística de Chile. Edición del 28 de agosto de 2026, producida por Pablo Fontena, con edición periodística de Mauricio Ávila y Anaí Morales.

En este capítulo: la decisión del Tribunal Constitucional en contra de la idea del gobierno de que la reconexión de servicios básicos en situaciones de catástrofe fuera costeada por los usuarios.

El TC, por nueve votos en contra y solo uno a favor, rechazó el requerimiento del gobierno que pretendía dejar sin efecto la norma que evita que los ciudadanos paguen por la reconexión a los servicios básicos en caso de vivir en un sector declarado zona de catástrofe. La norma quedó establecida en el artículo 31 de la megarreforma, incorporada por una moción de las diputadas Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Sofía González (Partido Comunista), y obliga a las empresas de luz, agua y gas a asumir el costo de la reconexión, con plazos perentorios de entre 24 y 48 horas.

El capítulo también aborda la pugna entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, por esta norma; la decisión judicial de revertir el traslado a la cárcel de Talca de los líderes del Clan Chen; los vínculos con la derecha de Fernando Cerimedo, el argentino acusado en Bolivia de contratar a un sicario para matar a su pareja; el polémico contrato de la exdiputada Claudia Mix en la municipalidad de Calle Larga; y la depreciación del peso chileno, la única moneda latinoamericana que se ha depreciado frente al dólar en lo que va de 2026.

La ex candidata presidencial Jeannette Jara emplazó este sábado al Presidente José Antonio Kast por su eventual participación en el Foro Madrid, encuentro político organizado por la Fundación Disenso que reunirá en Santiago a representantes de sectores de derecha de distintos países. La instancia se desarrollará los próximos 3 y 4 de septiembre.

Durante un homenaje al fallecido presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, Jara cuestionó que el Mandatario participe en la actividad y sostuvo que su asistencia representaría una señal negativa. "Creo que hoy día participar en un foro fanático, dogmático, como es el de la ultraderecha, en realidad daría una muy mala señal al país", afirmó.

En esa línea, la exministra apuntó directamente al rol que debe ejercer Kast como jefe de Estado y lo llamó a diferenciar sus responsabilidades presidenciales de su identificación política. "El presidente de Chile, sea quien sea, cuando es elegido es el presidente de todos los chilenos y chilenas", señaló.

Jara profundizó su crítica y planteó que la eventual participación del Presidente en la instancia podría interpretarse como parte de una articulación política internacional. "Con todo, él va a tener que tomar una decisión: si está como presidente de todos los chilenos y chilenas o presidente de una articulación internacional denominada ultraderecha que para llegar al poder, entre otras cosas, usó ejércitos de bots y la instalación de fake news en el mundo. Pero esa es una reflexión que tiene que hacer él mismo", sostuvo.

La ex candidata también rechazó que la participación en el Foro Madrid pueda compararse con la presencia de autoridades del gobierno anterior en otras instancias internacionales. "Siempre es distinto un foro en el cual se discute la democracia respecto de una en la cual se hace efectivamente una posición política extrema, como lo son las ultraderechas", afirmó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Chile para participar en el V Encuentro Regional de Foro Madrid, según confirmaron desde el gobierno trasandino. El mandatario estará en Santiago durante el encuentro, programado para el 3 y 4 de septiembre en San Carlos de Apoquindo.

Durante su estadía, Milei también sostendrá una reunión bilateral con José Antonio Kast, instancia que estará marcada por la reciente controversia entre Chile y Argentina a raíz de declaraciones sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

El viaje de Milei contempla además otras actividades en Santiago. De acuerdo con información publicada por Clarín, el presidente argentino se reunirá con Sarah Brooke, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para diplomacia pública, durante su permanencia en el país.

El Foro Madrid es un encuentro que reúne a representantes y movimientos vinculados a las derechas conservadoras de Europa y América Latina.

La reunión entre ambos mandatarios se dará en un escenario marcado por las recientes diferencias entre Chile y Argentina a raíz de declaraciones de un alto mando militar trasandino sobre el territorio austral. La situación se originó luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Valverde, abordara la relevancia estratégica de la zona.

"Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas", señaló Valverde en una entrevista.

Sus dichos provocaron una respuesta de La Moneda, que presentó una nota de protesta ante Argentina y solicitó que las autoridades trasandinas ratificaran el reconocimiento de la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Columna de Pablo Álvarez, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Historia y en Estudios Internacionales, publicada en CIPER Chile.

El autor sostiene que el caso de Fernando Cerimedo y su granja de bots en Bolivia no es un hecho aislado, sino una pieza clave para responder si el gobierno de José Antonio Kast es de extrema derecha. La última semana estuvo marcada por dos hechos: la detención de Cerimedo en Bolivia y el hallazgo de una granja de bots en su domicilio en Santa Cruz de la Sierra; y la discusión sobre si el gobierno es de extrema derecha, a raíz de su proyecto de cambio constitucional.

Cerimedo fue denunciado por su expareja, la abogada Nadia Beller, víctima de un intento de asesinato perpetrado por dos sicarios. Es señalado como un operador en las sombras de estrategias de desinformación, difusión de bulos y generación de sobrerreacciones en redes sociales: cercano al presidente Rodrigo Paz en Bolivia, aliado de Milei en Argentina, colaborador de los Bolsonaro en Brasil y vinculado a la campaña del Rechazo en Chile. La policía boliviana halló en su domicilio US$40 mil en efectivo —por lo que también se lo investiga por enriquecimiento ilícito— y numerosos celulares conectados a un computador, programados para ejecutar tareas específicas en redes sociales.

Su vínculo con el presidente Kast sería a través del director de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), Felipe Costabal. No se conoce una relación directa entre la campaña de Kast y las empresas de Cerimedo, pero existen cuestionamientos a Costabal por haber trabajado con él en Casa Común, organización por el Rechazo fundada por empresarios de derecha. Durante la campaña de 2025, Evelyn Matthei sostuvo que podría existir una conexión, a raíz de la aparición recurrente de bots que difundieron desinformación en su contra.

El autor identifica varios indicios de extremismo en los primeros meses de gobierno: la llamada Ley de Reconstrucción, que en realidad es una ley miscelánea que incluye una reforma tributaria encubierta —"la estrategia es conocida; ya la practicaron Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos: saturar la agenda legislativa y la opinión pública. Steve Bannon, ideólogo del trumpismo, la denominó ‘Inundar la Zona’"—; y la reforma constitucional que otorgaría amplias facultades al Presidente para declarar un Estado de Excepción, incluso con la posibilidad de sortear a los demás poderes del Estado y detener ciudadanos sin orden judicial.

A esto suma el ataque directo a las Ciencias Sociales y las Humanidades, reflejado en los recortes presupuestarios del Ministerio de Ciencias en programas de becas y Fondecyt. Cita al filósofo Jason Stanley: "Cuando la educación, los conocimientos especializados o las distinciones lingüísticas se menosprecian, lo único que queda es el poder y la identidad tribal".

"Kast siempre dijo que la verdadera derecha era la que defendía el legado de Pinochet; lo que ha cambiado es que han entendido el valor de internet y de la desinformación para llegar al poder", concluye. Y ante la pregunta de si el gobierno actual es de extrema derecha, responde: "El caso Cerimedo, entre otros antecedentes, permite concluir que definitivamente sí".

Investigación de Diego Ortiz, Manuel Romero, Francisca Soto y Mauricio Weibel Barahona, publicada en CIPER Chile. La oferta de la empresa superaba en $12.366 millones el presupuesto disponible.

El expresidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y los ministros Mario Carroza, María Teresa Letelier, Diego Simpértigue y María Angélica Repetto aprobaron el 21 de julio de 2022 un trato directo por $26.889 millones con Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez para edificar el Centro de Justicia de Los Ángeles. Esto, a pesar de que la empresa había sido descalificada ese mismo día en la licitación del contrato para esa obra, debido a que su equipo profesional no cumplía con la experiencia exigida.

La decisión —consignada en el Acta 840 del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial— se adoptó aunque la cifra ofertada por la empresa excedía en $12.366 millones los recursos que en ese momento tenía disponibles el Poder Judicial para realizar la obra, cuya construcción se había licitado con un monto máximo de $14.523 millones.

En respuesta a consultas de CIPER, la CAPJ señaló que antes de firmar el trato directo se le pidió a la empresa que actualizara sus antecedentes y cumpliera "con los requerimientos de la licitación, en especial respecto de los profesionales", y que el presupuesto aprobado no tenía relación con el valor de ejecución de la obra por el alza de precios, la disponibilidad de mano de obra y el alza del dólar.

Una vez asignado el trato directo, los magistrados decidieron flexibilizar las condiciones financieras: aceptaron que la empresa presentara una póliza de seguros por el fiel cumplimiento de la obra, en reemplazo de la boleta de garantía exigida por contrato, mucho más onerosa. Cinco bancos habían rechazado otorgar una boleta de garantía a la empresa por problemas de riesgo financiero.

Además, durante la obra, la CAPJ se retrasó en 47 ocasiones en responder los requerimientos enviados por la empresa, lo que generó la obligación de efectuar millonarios pagos por el atraso. El pago más voluminoso estuvo asociado al requerimiento de información número 86, cuyo retraso de 60 días en la respuesta generó un pago por $594.425.583, lo que derivó en una investigación administrativa que aún no concluye.

Pese a estos retrasos, la apertura oficial al público y la puesta en marcha del Centro Judicial de Los Ángeles comenzaron a concretarse de forma progresiva durante los primeros meses de 2026, luego de que las obras finalizaran su construcción a fines de 2025. CIPER recibió diversas denuncias sobre estos hechos, revisó las licitaciones y las actas del Consejo Superior de la CAPJ, y contactó a la empresa —que declinó hacer comentarios públicos— y al Poder Judicial.

La Moneda, a través del subsecretario de Interior, Máximo Pavez, defendió la presencia del presidente José Antonio Kast como uno de los oradores del Foro Madrid, encuentro de la derecha conservadora internacional que se realizará a principios de septiembre en Santiago.

Pavez salió al paso de los cuestionamientos recibidos desde el propio oficialismo, en medio de la discusión sobre si el mandatario es "iliberal", declarando que "el presidente de la República es un líder respecto de no solamente nuestra política nacional, sino que él también ha cruzado fronteras y se ha vinculado con distintos movimientos y partidos políticos".

El subsecretario del Interior precisó que el foro "está organizado por organizaciones no gubernamentales, fundaciones de distintos países respecto a las cuales, el entonces candidato José Antonio Kast participó muy activamente y, por lo tanto, nos parece que es perfectamente posible y consistente que en su calidad de presidente de la República pueda participar".

Además de José Antonio Kast, el Foro Madrid contará con la participación de los diputados Benjamín Moreno (Republicanos), Cristián Araya (Republicanos), Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI), para disertar sobre el Rechazo al primer proceso constitucional.

Sin embargo, desde Chile Vamos dejaron ver la inconveniencia de la presencia del jefe de Estado en la cumbre de derecha, mientras que tiendas como Evópoli ya anunciaron derechamente que se restarán de la actividad que se desarrollará en San Carlos de Apoquindo.

"Evópoli no forma parte de dicha instancia ni participará tampoco de encuentro", precisó una declaración pública firmada por el senador Luciano Cruz-Coke, timonel de la colectividad. Esta postura fue defendida por el senador Matías Walker: "Le recomendaría al presidente Kast hablarle al 58% de la 2a vuelta y no al 23% de la 1a. El Foro de Madrid está marcado por la intolerancia".

Esto mientras que desde Republicanos defendieron la realización de este tipo de actividades, apuntando a la "batalla cultural" que los enfrenta a la oposición. "Es una buena instancia para que se puedan debatir también ideas en la lógica, efectivamente, de la batalla cultural, que son necesarias", puntualizó Vicente Bruna, secretario general del partido, a radio Cooperativa.

Reportaje de Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda, publicado en Reportea.

Samuel Donoso selló su alianza con Luis Hermosilla cuando este lo recomendó para asumir la defensa del Presidente Piñera. A mediados de 2020 ambos comenzaron a recibir pagos periódicos desde La Moneda, los que se entregaban en sobres con dinero en efectivo a través de los asesores de confianza del mandatario. Hasta ahora nadie ha clarificado el origen de esos fondos.

En paralelo, ejercían una influencia decisiva en los nombramientos de ministros del Poder Judicial. Los chats de la dupla indican que, al menos, impulsaron 17 nombres para distintos tribunales: de ese total, 14 postulantes lograron el puesto y actualmente 11 de ellos aún ejercen el cargo. En ese mismo periodo, Donoso registró un explosivo incremento patrimonial que incluyó compra de propiedades en Miami y la creación de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.

Reportea pudo confirmar con el círculo estrecho de Sebastián Piñera la entrega de dinero en efectivo para los abogados, aunque las fuentes —que hablaron bajo condición de anonimato— se negaron a indicar un monto específico, y aseguraron no saber si esos fondos provenían de la billetera del propio Piñera, o bien de gastos reservados. Otras fuentes indicaron que el monto alcanzaba las 100 UF mensuales (unos $4 millones), y que se entregaba en efectivo o a través de cheques.

La influencia de la dupla Donoso-Hermosilla para empujar la llegada de ciertos jueces a las cortes la ejercían a través de los asesores más cercanos al entonces Presidente de la República, como Benjamín Salas y Andrés Sotomayor. Los mismos asesores que, en paralelo, entregaban sobres con dinero en efectivo a ambos abogados, algo que también destapan los chats por WhatsApp.

Samuel Donoso fue clave, por ejemplo, para el arribo de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema. Sus chats con Hermosilla dan cuenta de las maniobras que ejecutó en el Senado para apuntalarlo al máximo tribunal. Donoso también respaldó los nombramientos de los supremos Diego Simpértigue, Mario Carroza y María Cristina Gajardo. Cuando se le preguntó si había participado en nombramientos, respondió: "Personalmente no jugué ningún rol, en ninguna designación". Los chats dan cuenta de lo contrario.

Hermosilla y Donoso, en general, son escuetos en sus comunicaciones por WhatsApp. Las conversaciones más sensibles las tenían por Telegram. En una conversación de agosto de 2020, un asesor de palacio se refirió a la ausencia de registros de los honorarios: Hermosilla se describió a sí mismo como un "fantasma". En enero de 2021 coordinaron los pagos: "Soy como las putas: me gusta que me paguen", escribió Hermosilla.

Consultado por Reportea, Donoso respondió: "Mi conducta en el ejercicio profesional se ha apegado siempre a la ley y a los deberes éticos que me obligan con mis clientes y con el sistema de justicia. Precisamente son esos deberes los que me impiden responder sus preguntas".

La propuesta de reforma en seguridad del Ejecutivo se ha convertido en foco de un amplio debate y controversia, con voces que han cuestionado las modificaciones que pretende hacer el Presidente José Antonio Kast a la Carta Magna.

En la oposición, las críticas han ido en la línea de que Kast encarna un gobierno "iliberal", que coarta libertades y concentra el poder en el Presidente. Algunos de los cuestionamientos han apuntado a que el estado de excepción pueda extenderse hasta 120 días y otros 120 días de prórroga sin autorización del Congreso.

En su última reunión como presidenta del FA, Constanza Martínez acusó que "lo único que logra es darle atribuciones del emperador a un Presidente de la República. Es un proyecto que retrocede en los principios de separación de los poderes". Por su parte, el timonel del PPD, Raúl Soto, dijo: "Presidente Kast si no es iliberal sino es autoritario, demuéstrelo con hechos".

Consultado por Emol, el doctor en Filosofía y analista político Max Colodro apunta a una "poca autoridad moral" de la izquierda en torno a los argumentos que han esgrimido para cuestionar la propuesta de reforma constitucional en seguridad del Ejecutivo, que de todos modos plantea que tiene ribetes de "iliberal".

"Es cierto que la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo, y sobre todo el nuevo estado de excepción que incluye, tiene riesgos de una deriva iliberal. Pero la izquierda y la centroizquierda tienen poca autoridad moral para cuestionarla luego de haber redactado y votado Apruebo una propuesta de nueva Constitución mucho más iliberal y autoritaria que esta reforma", sostuvo.

El experto precisó que "al calor de este debate no se puede olvidar que, entre otras cosas, la propuesta constitucional de la Convención socavaba la igualdad ante la ley, al instaurar once sistemas judiciales distintos de raíz indígena". "La izquierda y la centroizquierda no tienen entonces mucha legitimidad para salir ahora a denunciar los riesgos iliberales o autoritarios de la propuesta del Ejecutivo", subrayó.

Columna de Fernando Atria, abogado, profesor de Derecho de la Universidad de Chile y exconvencional constituyente, publicada en El Mostrador.

"¿Qué decir de un Presidente que puede, por su sola voluntad unilateral y por hasta 240 días, suspender la libertad personal de las personas e interceptar sus comunicaciones, suspender el derecho de asociación y de reunión? La palabra habitual para describir esto es 'dictadura'", plantea Atria al comentar la reforma constitucional de seguridad presentada por el gobierno de José Antonio Kast.

Para el académico, la iniciativa presentada "busca crear una dictadura constitucional". Sostiene que la agenda de seguridad del gobierno, en su conjunto, "es una agenda improvisada": el nombramiento y la remoción de la ministra Steinert dejaron en claro que el gobierno asumió el poder sin un diseño pensado al respecto, y ve en el proyecto "las manifestaciones de un plan improvisado que busca espectáculo antes que eficacia", como lo muestra el llamado "Plan cancerbero".

En su análisis del contenido de la propuesta, Atria aborda cuatro ejes: la modificación del artículo 1 de la Constitución, que califica de "enteramente redundante" y que lee como una forma de "ocultar el evidente desconocimiento del texto constitucional que el Presidente mostró" al anunciar su agenda; el nuevo artículo 9bis sobre régimen especial para condenados por crimen organizado y terrorismo, que fijaría constitucionalmente "una pena penal adicional" de inhabilidad de prestaciones sociales por quince años, algo que "repugna al constitucionalismo" y que recuerda el infame artículo 8 del texto constitucional original de 1980.

También critica el registro de organizaciones criminales — un "cheque en blanco constitucional", pues "no dice nada de las consecuencias del registro" — y, sobre todo, el nuevo estado de excepción "de seguridad pública", que podría declararse unilateralmente por el Presidente hasta por 120 días prorrogables por otros 120, sin aprobación del Congreso: "Se trata de un estado de excepción que no requiere nada más que la sola voluntad del Presidente para regir por hasta 240 días", en contraste con los cinco días del estado de sitio vigente o los 30 días del estado de emergencia.

"Las facultades que el gobierno busca para sí solo son comparables con las facultades que la disposición 24 transitoria del texto original de la Constitución de 1980 (probablemente la más vergonzosa de la tradición constitucional chilena) daban a Pinochet", concluye, y pregunta si quienes impulsan estas facultades estarían dispuestos a que un Presidente políticamente distinto disponga mañana de las mismas atribuciones.

Columna de Fernando Belzunce, director general editorial de Vocento y autor del libro "Periodistas en tiempos de oscuridad", publicada en CIPER Chile.

El autor advierte que la inteligencia artificial ha industrializado la desinformación y que las plataformas digitales privilegian la emoción y la viralización por sobre el rigor. Frente a este escenario, sostiene que el desafío del periodismo ya no es solo contar lo que ocurre, sino conseguir que la verdad vuelva a importar.

"El valor siempre estará en la obtención de información propia, en la investigación, en el criterio, la responsabilidad, el contraste de la información, la verificación, el contexto, la credibilidad o la confianza. Una sociedad puede sobrevivir a la incertidumbre, a la crisis o al conflicto, pero difícilmente puede soportar que desaparezca la verdad como referencia compartida", sostiene.

Durante cuatro años mantuvo largas conversaciones con unos 140 periodistas de distintos países, entre ellos la propia Maria Ressa, para analizar la transformación del oficio. Sus testimonios cruzados dibujan una radiografía de una profesión en un momento crítico: profesionales de países acomodados junto a otros que se juegan la vida por informar, reporteros de grandes medios e independientes en solitario.

Pese a las diferencias, sus voces revelan un diagnóstico común provocado por las tecnológicas, en un contexto marcado por la desinformación como una disfunción del sistema que se ha convertido en parte de su lógica, tal como advierte también el Informe sobre Riesgos Globales del Foro Económico Mundial.