Categoría: Política

El Gobierno suma una nueva contratación cuestionada. Se trata de Emilio Court Bengolea, un estudiante de derecho que trabajó en la Oficina del Presidente Electo y que ahora se integra al grupo de jóvenes con altos pagos en el Estado. Ya son cuatro los casos de estudiantes o recién egresados que acceden a estas condiciones, una situación que contradice cualquier discurso de austeridad o mérito profesional.

La incorporación de Court Bengolea, quien aún no culmina su carrera, pone en evidencia las contradicciones en la administración pública. ¿Qué justifica que un estudiante acceda a altas remuneraciones o cargos de importancia? Los antecedentes indican que estos jóvenes, sin la experiencia ni la titulación completa, son beneficiados con condiciones que difícilmente se justifican por criterios técnicos o de trayectoria.

Las cifras hablan por sí solas: cuatro casos en total, todos bajo la misma lógica de altas remuneraciones o cargos para quienes recién inician su vida laboral. Esta práctica no solo es cuestionable por el gasto que implica, sino por el mensaje que envía a la ciudadanía: el acceso a los recursos del Estado parece depender más de la cercanía con el poder que de la capacidad profesional.

Mientras desde el Gobierno se omite una explicación clara sobre estos criterios de selección, la lista de beneficiados sigue creciendo. La falta de transparencia en estas contrataciones deja más dudas que respuestas, especialmente cuando se trata de la Oficina del Presidente Electo, un espacio que debería ejemplificar la probidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Las cuestionadas contrataciones de jóvenes en el Gobierno dejan al descubierto una doble estándar. Se exige sacrificio a la ciudadanía, pero en las oficinas del poder se reparten altos pagos a estudiantes y recién egresados. Es imperativo que las autoridades rindan cuentas sobre estos cuatro casos y expliquen por qué se priorizan estas contrataciones por sobre las necesidades reales del país, según se mencionó en El Mostrador.

En el Memorial de los Derechos Humanos de Coyhaique se llevó a cabo un acto de reflexión y exigencia de justicia por las víctimas de la dictadura. Sin embargo, las intervenciones del diputado René Alinco acapararon la atención, dejando entrever más declaraciones que acciones concretas en la defensa de las instituciones. Si bien el parlamentario centró su discurso en rechazar el recorte presupuestario al INDH para 2027, su acción se limitó a revelar que ha sostenido conversaciones con el ministro de Hacienda y que prevé dialogar con el de Justicia, sin anunciar proyectos de ley o reservas de ley que aseguren el financiamiento de manera estructural.

Alinco defendió que el INDH “no es un instituto político ni partidista ni del gobierno de turno”, pero su propuesta para garantizar su operación se reduce a gestiones administrativas, evadiendo su rol legislativo para imponer condiciones al Ejecutivo. En un ejercicio de autocrítica, el diputado afirmó que “desde Elwin hasta la fecha estamos al debe respecto a los derechos humanos” y fustigó a sus propios compañeros de coalición. No obstante, el parlamentario no aterrizó esta dura acusación en responsabilidades concretas ni en mecanismos de reparación reales, quedando su reflexión en un mero comentario retórico que contrasta con la falta de iniciativas tangibles para saldar esta deuda histórica.

La brecha entre el diagnóstico y la acción también se observa en su advertencia sobre la situación económica como excusa para limitar el trabajo del INDH. En lugar de presentar una propuesta de financiamiento alternativa o un compromiso firme de votación en sala, el diputado solo insiste en la vía del diálogo con el gobierno, diluyendo su responsabilidad como representante popular en la región.

Mientras Alinco se enfocaba en las gestiones ministeriales, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María Vera, enfatizaba que son “53 años de búsqueda y de luchar por la verdad”, manifestando inquietud por el futuro del Plan de Búsqueda y alertando sobre el avance del negacionismo. Por su parte, el ex seremi Samuel Navarro reafirmó el compromiso de que la tortura y desaparición forzada “nunca más” se repitan, subrayando la necesidad pedagógica de mantener estos actos en recintos de memoria.

A la retórica de Alinco también se sumó la crítica de la diputada Andrea Macía, quien cuestionó la falta de cobertura mediática de la memoria y denunció que las mayorías de extrema derecha en el Congreso impidieron lograr un acuerdo de comité para rendir un minuto de silencio por las más de 40.000 víctimas registradas, instando a la juventud a defender la educación pública.

La actividad, que contó con agrupaciones de derechos humanos y representantes de los gobiernos de la Concertación, incluyó la exhibición de afiches, presentaciones musicales y la entrega de rosas y claveles. Queda la sensación de que, mientras las autoridades se limitan a advertir que están “al debe” y a gestionar diálogos, la deuda en derechos humanos sigue profundizándose sin respuestas estructurales desde el Parlamento, según se mencionó en El Divisadero.

El diputado Javier Olivares (PDG) quiso levantar la voz por la soberanía en el Estrecho de Magallanes, territorio clave para la Patagonia, pero terminó metiendo la pata a nivel internacional. Su intervención parlamentaria no solo causó rechazo al otro lado de la cordillera, sino que dejó en evidencia un desconocimiento absoluto de la política exterior chilena.

Durante una discusión en el Congreso, el legislador pidió oficiar al canciller Francisco Pérez Mackenna para exigir una defensa clara de la soberanía chilena sobre el Estrecho. Hasta ahí, todo parecía dentro del libreto de la defensa territorial. Sin embargo, el problema vino con el ejemplo que eligió para graficar su punto.

“Así como las Falklands son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”, sentenció Olivares en el hemiciclo. Una frase que cruzó la cordillera a la velocidad de la luz y que en Argentina no tardaron en responder con la crudeza que caracteriza a sus medios.

En el programa “Infobae al regreso”, el conductor Gonzalo Aziz no tuvo diplomacia alguna para retrucar al diputado chileno. “Che, tarado, sos chileno, ¿qué sos? ¿En qué momento decís Falklands, salame?”, disparó el comunicador trasandino, dejando al descubierto el papelón del parlamentario.

Ante el desastre diplomático, su compañera de pantalla, Malena de los Ríos, tuvo que salir a ordenar el mapa y recordar lo que en la Cancillería chilena conocen perfectamente: Argentina reconoce que el Estrecho es chileno y Chile, oficialmente, respalda el reclamo argentino sobre las Malvinas.

Así, en su intento por presionar al Ministerio de Relaciones Exteriores, el diputado del PDG terminó contradiciendo la propia posición del Estado chileno. Un papelón territorial que, lejos de fortalecer la soberanía en el Estrecho de Magallanes, solo sirvió para dejar en ridículo a la postura chilena y regalar argumentos en la vereda de enfrente, según se mencionó en El Mostrador.

Reportaje de Valentina de Marval y Nicolás Sepúlveda, publicado en Reportea.

$1.906 millones en donaciones ha recibido la Fundación Ciudadanos en Acción, fundada por el actual presidente de Codelco, Bernardo Fontaine. Se trata de aportes anónimos que le han permitido financiar campañas políticas en redes sociales. Un influencer que participó en esas campañas manejaba una cuenta troll que difundió fake news durante la pasada elección presidencial. El Servicio de Impuestos Internos se negó a entregar la nómina de donantes, arguyendo que eso vulneraría el secreto tributario.

En las campañas de la fundación participó el influencer Matías Lorca, uno de los trolls que difundió mentiras en las redes sociales durante la última campaña presidencial. Un informe de Chile Vamos apuntó a la cuenta que él manejaba, "Canal de Mati", como una de las que lideró el ataque contra la entonces candidata Evelyn Matthei, diciendo que sufría de alzheimer.

Reportea solicitó vía Ley de Transparencia las memorias de la fundación creada y liderada por Fontaine, quien el año pasado integró el comité estratégico y el equipo económico del comando de José Antonio Kast. Los mayores aportes se registraron en 2022 y 2024, periodos en que la FCEA desplegó campañas en redes para apuntalar la opción Rechazo en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, y en contra de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Gabriel Boric. En 2024, la fundación difundió una campaña contra la Estrategia Nacional del Litio, criticando el rol que se le daría a Codelco y apoyando la idea de que el negocio fuera manejado exclusivamente por privados.

La información que no se transparenta en los documentos de la fundación es el origen del dinero recibido, pues no se identifica a ningún donante. Los montos: en 2020 se registró el primer peak de donaciones; en 2021 se reportaron $285,6 millones; en 2022, $335,1 millones; en 2023, otros $318,4 millones; y la memoria de 2024 señala $344,2 millones, incluidos ingresos desde el extranjero. El financiamiento proveniente de la Asociación de AFP tampoco se transparenta en los documentos, aunque su origen fue confirmado por dos personas que han ocupado cargos directivos en esa agrupación gremial y por la agencia Artool.

Bernardo Fontaine no estuvo disponible para responder preguntas para este reportaje. Desde el área de comunicaciones de Codelco explicaron que no se pueden referir a asuntos personales de su presidente.

La discusión sobre el uso de campañas sucias en las redes se reactivó a partir de la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo. En la Cámara de Diputados acaba de aprobarse una comisión investigadora para indagar el uso de bots y trolls en campañas electorales en Chile desde 2020. La indagatoria podría llegar hasta Fontaine, cuya fundación realizó pagos a uno de esos trolls, y se ha negado a transparentar quiénes son los donantes. Si es citado a la comisión, Fontaine estará obligado a asistir, debido a su nuevo rol como presidente del directorio de Codelco, una empresa estatal.

La productora The Union Films, con apoyo de CIPER, revela 23 fotografías hasta ahora desconocidas del bombardeo a La Moneda. Las imágenes fueron tomadas por la cámara de uno de los aviones Hawker Hunter que participó en el ataque del 11 de septiembre de 1973. Proyectadas en secuencia, y en apenas algunos segundos, muestran la perspectiva que tuvieron los pilotos que dispararon al Palacio.

Estas fotos fueron proporcionadas por una anticuaria, quien las obtuvo de un comerciante que, a su vez, se las habría comprado a la viuda de un general de la FACH. Al parecer, estaban en una especie de álbum conmemorativo que después del golpe de Estado se entregó a algunos oficiales de esa institución. La productora decidió entregarlas al Museo de la Memoria para su conservación como patrimonio histórico del país. Además, serán incorporadas a la plataforma «Papeles de la Dictadura», una iniciativa conjunta de CIPER y el CIP.UDP.

El 24 de noviembre de 1973, el diario El Mercurio publicó en su portada una fotografía aérea del bombardeo tomada desde un Hawker Hunter, bajo el titular "Blanco: La Moneda. Pilotos de la FACH relatan el ataque". Nunca volvieron a aparecer imágenes del mismo tipo. Hasta hoy. En su momento, la Fuerza Aérea de Chile negó oficialmente contar con dicho material.

De los Hawker Hunter que Chile compró a partir de 1967, tres disponían de equipamiento para fotografiar y filmar objetivos: los modelos FR.MK.71A, identificados con las matrículas J-715, J-716 y J-717. Usaban el sistema de reconocimiento F.95, de la compañía inglesa W. Vinten Ltd., con cámaras laterales oblicuas F-12 y una cámara F-4 de nariz, con chasis de 100 pies de película de 70 mm (500 cuadros). Los operativos el 11 de septiembre de 1973 eran el J-715 y el J-717.

Las fotografías deben pertenecer al segundo avión que disparó los rockets, ya que el Palacio Presidencial está humeante por los primeros disparos. A las fundadas sospechas de que el Hawker Hunter J-731 disparó contra la casa de gobierno, se suma ahora la posibilidad de que tanto el J-715 como el J-717 hayan participado en el ataque. Ambos aviones se estrellaron en 1992 y 1985, respectivamente.

La historia de cómo se recuperaron las fotos es relatada por el director de The Union Films, productora que en 2023 estrenó el documental "Hawker Hunter. El ruido del silencio". La anticuaria María Luisa Parés, de Concepción, compró las fotografías en 2021 a un vendedor de Facebook por 50 mil pesos. El vendedor, Carlos Alberto Morales Martínez, las habría obtenido de la viuda de un general de la FACH en Las Condes. El último mensaje que el vendedor le dejó a la anticuaria fue: "Ojalá sean reproducidas y se conserve ese valor histórico".