Categoría: Política

Llegar al poder pasó la cuenta al Partido Republicano. Mientras José Antonio Kast gobierna desde La Moneda ajeno a la militancia, las fracturas internas exponen las contradicciones de un proyecto que prometía ser distinto, pero reproduce las viejas lógicas del cálculo electoral y la concentración del poder, según se mencionó en El Mostrador.

El estallido más claro ocurre en Ñuble, donde 40 dirigentes y militantes renuncian formalmente. Acusan un “centralismo asfixiante” y la pérdida de espacio para disentir. La estructura partidaria, lejos de encarnar los principios fundacionales, privilegió las dinámicas internas y el reparto de cargos, marginando las voces críticas y traicionando su propio relato de “hacer política distinta”.

La crisis no es aislada. En Antofagasta, dos concejales relevantes se van. Patricio Aguirre, fundador de Acción Republicana, sintetiza el descontento: “El dedismo político a veces pasa la cuenta”. Su reproche apunta a designaciones a dedo y la falta de estructuras democráticas. En Coquimbo, la pelea fue tal que se disolvió la mesa regional, obligando a la cúpula a nombrar un interventor. Loreto Ibarra ganó la interna con 54,5% prometiendo orden, lo que revela el desastre administrativo previo.

Los Ríos y Los Lagos suman más síntomas de descomposición, con reclamos ante el Ter y forcejeos que terminaron a gritos. A pesar de esto, el partido supera los 23 mil afiliados y sigue creciendo en 2026. La paradoja es evidente: aumentan los militantes, pero los históricos dirigentes cuestionan cómo se administra el poder interno, mostrando una desconexión total entre la base y la cúpula.

La tensión también alcanza a la directiva. Arturo Squella intenta fijar una línea de lealtad al Gobierno pero conservando identidad, dispuesto a decirle que no al Ejecutivo. Sin embargo, contrasta con el propio Presidente, quien en el Foro Madrid pidió abrirse a quienes intentaron impedir su elección, advirtiendo que “ampliarse no es renunciar”. Una advertencia que suena a justificación para acomodarse en el poder y reproducir el reparto del Estado que tanto criticaron.

En este escenario de purga interna y contradicciones, el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser acecha, disputando las mismas banderas de seguridad y libertad. Republicanos se desangran sin dejar de ser kastistas, pero dejando en evidencia que el poder desnuda las promesas de probidad y urgencia social que alguna vez enarbolaron.

En un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, resulta imperioso recordar —como se mencionó en El Divisadero— que la historia reciente de Chile tiene en septiembre un camino de dos extremos: la flor de la primavera popular y el fuego de la traición militar. El 04 de septiembre de 1970, Salvador Allende ganó los comicios presidenciales iniciando una primavera que benefició al pueblo. Pero tanto beneficio para las mayorías molestó a quienes se creían dueños de Chile, y la maquinación para destruirlo todo culminó cinco décadas atrás.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile pusieron en acción un plan perfectamente armado y sincronizado. En palabras del propio Allende, aquella jornada demostró “la felonía, la cobardía y la traición” de sus perpetradores. Comenzaron controlando el puerto de Valparaíso y, con la Operación Silencio, acallaron las radiodifusoras afines a la Unidad Popular que unían el puerto con la capital. Más tarde bombardearon antenas radiales en distintos rincones del país. Vehículos blindados cargados de armamento rodearon La Moneda.

El ministro de Defensa, Orlando Letelier, fue detenido en su oficina por el general Sergio Arellano —el mismo de la fatídica Caravana de la Muerte— y dispuso su traslado al Regimiento Tacna, convirtiéndose así en el primer detenido del 11 de septiembre del ’73. Antes de ser acallada radio Corporación, se escuchó la firme voz de Allende: “¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”.

El Presidente fue conminado a renunciar y abandonar el Palacio, pero su respuesta fue la de un hombre digno, justo, leal a la Constitución y las leyes, que siempre actuó en beneficio de los trabajadores. Su último discurso, transmitido por radio Magallanes, se constituyó en un legado ético pronunciado en medio de un cruento golpe de State: “Mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

Minutos después, La Moneda fue bombardeada, destruida e incendiada. A las 14:00 horas, el general Palacios anunció: “Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto”. Pero se equivocó ese general: Allende no ha muerto. “Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria”, había dicho en su despedida.

El legado de Allende está presente en Chile y en más de 40 países donde avenidas, hospitales, plazas, parques y escuelas llevan su nombre. Con legítimo orgullo y renovado optimismo, la memoria popular sigue diciendo: Presidente Salvador Allende: ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!

El gobierno de José Antonio Kast sufrió una dura derrota legislativa en el Senado. De acuerdo con lo informado por El Mostrador, la falta de votos obligó al oficialismo a recortar de ocho a tres puntos la reforma de seguridad del Presidente, eliminando sus propuestas más controvertidas. Para varios legisladores, esta “mutilación” de cinco de los ocho puntos, más que una reorganización técnica, es una fuerte derrota política generada por la aritmética del Congreso.

El problema de fondo fue la falta de quórum: se necesitaban 29 votos en el Senado para aprobar la idea de legislar, pero el oficialismo solo sumaba 26. Peor aún, ni siquiera sus propios aliados en Renovación Nacional, Evópoli o la UDI estaban dispuestos a darle luz verde al Mandatario, prefiriendo exponerlo a una derrota legislativa en sus primeros seis meses en el Palacio. Mientras Kast defendía públicamente que el Estado de Excepción era “irrenunciable”, en privado la realidad le pasaba la cuenta.

Entre los componentes excluidos del texto constitucional figura la creación del “quinto estado” de excepción Constitucional de Seguridad Pública, descartado por completo para optar únicamente por reforzar el Estado de Excepción de Emergencia vigente. Asimismo, se suprimió la facultad presidencial unilateral para catalogar organizaciones como terroristas o criminales, la interceptación de telecomunicaciones privadas, la restricción de derechos fundamentales, la inclusión de la seguridad pública como deber del Estado y la suspensión de derechos sociales para condenados por crimen organizado. El rechazo a un exceso de atribuciones presidenciales y a la reducción de contrapesos democráticos se impuso.

La trastienda de este giro tuvo su punto de quiebre entre el 28 de agosto y los primeros días de septiembre, cuando los ministros Claudio Alvarado, José García Ruminot y Martín Arrau le hicieron entender al Mandatario que no tenía los votos. Este cambio de opinión refleja el poder parlamentario para enmendar el traspié del Ejecutivo, demostrando que el presidencialismo no elimina la necesidad de construir pactos, especialmente cuando se modifica la Constitución.

Pese a los reparos, la oposición considera “cosmética” la medida que busca reformular la reforma de Longton y Squella. Parlamentarios del sector afirman que el proyecto original está “muerto” y que el recorte solo busca “salvar los muebles”. Aunque algunos senadores opositores apoyarían dos de los tres ejes sobrevivientes —dar respaldo constitucional a Gendarmería para fijar regímenes de segregación y cárceles de alta seguridad, y la constitucionalización del crimen organizado—, estos últimos los consideran una “declaración de principios” inútil en la práctica y sin efectos operativos.

Lo ocurrido revela las contradicciones de los primeros meses de Kast con el Congreso. El Presidente lanzó una reforma muy identificada con su programa y comenzó defendiéndola en sus propios términos, solo para chocar con la realidad de que sus propios aliados no lo seguirían ciegamente. El Senado demostró que el costo de gobernar sin construir mayorías y prometiendo atribuciones excepcionales se paga con la humillación pública de ver mutiladas sus iniciativas.

Hace semanas que el nombre de Vinko Fodich, exfiscal y actual abogado defensor, está en el ojo del huracán. Según lo informado por El Mostrador, Fodich está siendo investigado por lavado de activos, pero su caso no es aislado: se conecta directamente con el clan Chen y una trama de presunta corrupción policial que ya cobró su primera víctima política en el gobierno.

La caída de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no fue casual. Todo comenzó cuando ella exigió información sobre cuatro detectives que investigaban al clan Chen en Iquique. Su intento de transparentar las acciones de la PDI resultó ser su sentencia de muerte política, demostrando que en esta institución pedir cuentas sale caro y se paga con el cargo.

La paradoja es grotesca. Esos cuatro oficiales estaban siendo investigados por la propia contrainteligencia de la PDI, que sospechaba que querían apoderarse del dinero que los extranjeros almacenaban en una vivienda allanada en enero. Sin embargo, la indagatoria interna se detuvo en seco, mostrando una vez más que la justicia aplica según quién esté involucrado.

El doble estándar es inaceptable. Tras asumir como ministra el 11 de marzo, Steinert exigió explicaciones sobre los traslados a la prefecta Peña y el director de la PDI cursó la baja de los detectives. Pero en lugar de justicia, estos pasaron a ser “los ratis más blindados del país”, como denunció una fuente policial. La investigación de contrainteligencia desapareció: nunca existió sumario ni denuncia penal.

Las sospechas de corrupción quedaron sepultadas en el cajón de las investigaciones archivadas por motivos extrajurídicos. ¿Actuaban en malos pasos o no? Esa pregunta se la llevó el viento, protegiendo a quienes deberían estar siendo investigados a fondo y no resguardados por la propia institución que debería combatirlos.

Y la crisis está lejos de terminar. Fuentes de +Política advierten que la Fiscalía Supraterritorial tiene más nombres de funcionarios públicos con placa y pistola involucrados en esta trama. El Ministerio Público no agota su investigación en los detectives detenidos esta semana, lo que sugiere que la podredumbre es más profunda de lo que las autoridades quieren admitir.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que su cartera tiene más de 100 solicitudes de indulto presidencial pendientes de estudio, las cuales están siendo sometidas a un lento proceso de ordenamiento y evaluación técnica antes de llegar al Presidente José Antonio Kast, según se mencionó en El Mostrador.

La contradicción del Ejecutivo es evidente: mientras se jacta de tener como prioridad la agenda de seguridad y el combate al crimen organizado, arrastra los pies con las peticiones de indulto. Rabat reconoció que varias de estas solicitudes están pendientes desde antes del inicio de su administración, lo que evidencia una despreocupación histórica por resolver estos casos y una falta de propuestas concretas para sacarlos del limbo.

Para los indultos, el ministro asegura que no hay plazos legales ni autoimpuestos, definiendo el examen como un proceso “intrínsecamente lento”. Sin embargo, esta lentitud contrasta con la premura para anunciar la creación de la Agencia de Bienes Decomisados, una nueva entidad burocrática diseñada para administrar y rematar con “mecanismo expedito” los bienes incautados a la delincuencia.

Al desglosar los orígenes de las peticiones, Rabat precisó que la mayoría corresponden a hechos de 1973 vinculados a violaciones a los derechos humanos, mientras que las del estallido social del 18-O son un número “muy reducido”. Esta categorización revela una doble estándar: se apura en perseguir y decomisar, pero se dilata la justicia y las resoluciones fundadas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Aunque Rabat descartó de manera categórica impulsar leyes de indulto general o amnistía, la falta de acción concreta y la ausencia de plazos claros dejan en la más absoluta incertidumbre a más de 100 solicitantes. El secretario de Estado solo se limitó a decir que acordaron con el Mandatario revisar caso por caso, sin ofrecer plazos ni soluciones reales para el rezago.

Mientras tanto, el proyecto de la Agencia de Bienes Decomisados promete afectar la estructura financiera del crimen, destinar fondos a tecnología policial y crear un fondo de reparación para víctimas. Una medida que, si bien suena bien en el discurso oficial, no tapa el hecho de que el Ejecutivo prefiere crear nuevas instituciones antes que resolver el atraso de más de cien casos de indulto que se acumulan en el escritorio del ministro.

Un informe del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado revela el fracaso estrepitoso del proceso legislativo posconstituyente: de 270 proyectos de reforma constitucional ingresados desde diciembre de 2023, apenas cuatro se convirtieron en ley. El resto —260 en tramitación, tres archivados y tres retirados— configura un panorama de ineficiencia y oportunismo que cuestiona seriamente la labor parlamentaria y la conducción gubernamental en materia institucional.

El director del Núcleo Constitucional, Gonzalo García, no ahorra críticas: califica las iniciativas como “oportunistas, intrascendentes normativamente”, con una “tendencia a un discurso político-moral para debilitar al adversario”. No son palabras menores. Revelan una clase política más preocupada de la guerra ideológica que de las necesidades reales de la población, que en regiones como Aysén observa cómo el Congreso gasta tiempo y recursos en batallas ficticias mientras las urgencias territoriales siguen desatendidas.

La radiografía es elocuente: 68 proyectos sobre sistema político, 59 de economía y tributos, 52 de seguridad, 46 de derechos sociales y 29 de nacionalidad. Pero el detalle importa más que el número. Entre las propuestas figuran feriados constitucionales, exenciones de IVA, estabilidad de precios de combustibles, royalties portuarios y acuícolas, e incluso plebiscitos ad hoc contra la pena de muerte o para eliminar las AFP. Temas que, como señala el propio informe, “en estricto rigor no se pueden hacer” por vía constitucional. El Congreso legisla sobre la nada, mientras las leyes que sí podrían cambiar la vida de las personas duermen en los cajones.

En materia de seguridad, el Gobierno no escapa a la crítica. García advierte que “los mecanismos constitucionales son hoy relativamente irrelevantes para enfrentar la cuestión del crimen”, cuestionando la estrategia ejecutiva de depender de reformas constitucionales para una agenda que requiere políticas públicas efectivas. La confusión entre planos —lo constitucional y lo legal— “debilita al propio Gobierno hasta sus éxitos”, transformando victorias políticas en dependencias legislativas innecesarias.

El fenómeno bautizado como “posconstitucionalismo” por los investigadores revela un orden constitucional después de dos fracasos constituyentes donde “lo que queda es una perspectiva central en las reformas”. Pero esa perspectiva es estrecha: una “polarización de bajo alcance sobre asuntos menores” que “termina agotándose en sí misma” y “deteriora indirectamente la convivencia” al erosionar las reglas del juego. La Constitución, lejos de ser norma de principios y derechos fundamentales, se ha vuelto “instrumento de uso contra el adversario”.

Las recomendaciones del informe son un llamado de atención al poder: reexaminar los quórums de aprobación —que están “por debajo de las reglas generales del derecho constitucional comparado”—, establecer filtros para evitar la “constitucionalización contingente” y valorar la Constitución como norma. El propio Congreso tiene instrumentos para evaluar pesos y contrapesos, pero prefiere destinar su tiempo a “cuestiones inconducentes” que “normativamente deterioran el ambiente político”.

Mientras en Santiago se libra esta batalla de enmiendas y subenmendas, en la Región de Aysén la deuda en infraestructura, conectividad, desarrollo productivo y protección territorial sigue esperando. El circo constitucional tiene 270 propuestas, cuatro leyes y cero respuestas para las urgencias de la Patagonia, según se mencionó en El Mostrador.

El primer 11 de septiembre bajo el gobierno de José Antonio Kast dejó al descubierto una profunda contradicción en la gestión del Ejecutivo: la omisión total de una ceremonia oficial por los 53 años del golpe de Estado contrastó con un fuerte despliegue de fuerzas policiales que terminó con decenas de detenidos, enfrentamientos y graves alteraciones del orden público en las calles.

La ausencia del Gobierno no impidió que la memoria se tomara las calles. Organizaciones políticas, sociales de derechos humanos y la oposición —incluido el expresidente Gabriel Boric— desplegaron una amplia agenda ciudadana con homenajes en el Cementerio General, una caminada por el centro de Santiago con ofrendas en Morandé 80 y la Plaza de la Constitución, y una masiva velatón en el Estadio Nacional, antiguo centro de detención y tortura. Una jornada de recuerdo que el Estado se negó a liderar, pero que la ciudadanía exigió con fuerza.

Sin embargo, la respuesta del poder ante la movilización popular fue la securitización. Cerca del mediodía, una movilización en la Alameda terminó con un despliegue desproporcionado de Control de Orden Público, que utilizó carros lanzaaguas y lanzagases contra los manifestantes. El tránsito estuvo interrumpido por casi una hora entre Vicuña Mackenna y Manuel Rodríguez, siendo restablecido recién a las 14:19 horas, evidenciando cómo el costo de la omisión gubernamental lo pagó la ciudadana con represión y cortes.

La criminalización de la protesta se profundizó durante la tarde. Un grupo de encapuchados ingresó al Instituto Nacional, lo que obligó a evacuar el establecimiento y suspender las clases. Carabineros detuvo a siete personas, de las cuales cinco eran estudiantes del propio liceo, según informó el SLEP Santiago Centro. Una vez más, las autoridades optaron por la fuerza bruta en lugar de abordar el fondo de las demandas sociales y de memoria.

Ya entrada la noche, la política de “mano dura” se hizo sentir con fuerza en Cerro Navia, donde Carabineros informó la detención de cinco personas —tres de ellas menores de edad— en procedimientos donde se incautaron fuegos artificiales y materiales para fabricar artefactos incendiarios. Resulta revelador que la propia policía precisara que no se encontraron panfletos que vincularan a los detenidos con alguna reivindicación específica, desmintiendo así el relato de una “organización terrorista” y exponiendo la detención arbitraria de jóvenes y menores en el marco de una conmemoración histórica.

Fuera de Santiago, la historia no fue distinta. En Valparaíso, una marcha por la avenida Brasil terminó con enfrentamientos contra Carabineros e interrupciones del tránsito, demostrando que la tensión entre la omisión del Gobierno y la respuesta represiva del Estado es un problema nacional. Hasta la mañana de este sábado, el Ejecutivo no había difundido un balance nacional consolidado de detenidos, lesionados e incidentes, ocultando el costo real de su política de orden público.

Así transcurrió el primer 11 de septiembre bajo el gobierno de Kast: sin una propuesta concreta desde La Moneda para abordar la memoria y los derechos humanos, pero con un Estado que despliega todo su aparato represivo —gases, carros policiales y detenciones de estudiantes y menores— para silenciar las justas demandas de verdad y justicia en las calles, según se mencionó en El Mostrador.

Una vez más, la muerte de los más vulnerables golpea a las regiones abandonadas por el centralismo. El incendio en el hogar de adultos mayores Comuy, en Pitrufquén, que acabó con la vida de 16 personas cerca de las 22:00 horas, dejó al descubierto un sistema de protección que falló estrepitosamente. De los diez sobrevivientes, solo tres pudieron regresar con sus familias, evidenciando el costo humano de la negligencia estatal.

Frente a la magnitud de la tragedia, el Presidente José Antonio Kast calificó lo ocurrido como “devastador” e instruyó revisar las condiciones de estos recintos en todo el país. Sin embargo, la medida resulta reactiva y tardía: ¿dónde estaba la revisión antes de que 16 personas perdieran la vida? El propio Mandatario se vio obligado a reconocer que existen graves deficiencias en el sistema.

En una muestra de contradicción, Kast comprometió colaboración con la justicia para determinar “dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención”. Esta declaración es un reconocimiento implícito de que el Estado no cumplió su rol de garante, dejando a los adultos mayores en condiciones inseguras y sin la supervisión adecuada.

Pero las omisiones no terminan ahí. El Presidente también apuntó a esclarecer “qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”. La pregunta inevitable es si hubo advertencias previas que fueron desatendidas por las autoridades, priorizando la desidia o los costos sobre la vida de los residentes del hogar.

Como siempre ocurre tras las tragedias evitables, el Gobierno sale a prometer correcciones. Kast aseguró que “acelerará propuestas para mejorar la seguridad” y que se adoptarán las “correcciones necesarias” para evitar que se repita. Sin embargo, no hay anuncios concretos, ni plazos, ni responsabilidades claras, solo palabras que llegan demasiado tarde para las 16 víctimas de Pitrufquén y que dejan en la incertidumbre a los sobrevivientes y sus familias, demostrando que la prevención en los territorios no es prioridad para el poder central hasta que las tragedias estallan, según se mencionó en El Mostrador.

La estrategia del Gobierno por imponer su reforma constitucional de seguridad pública sigue sumando aguas turbulentas. El senador Matías Walker (Demócratas) no solo tomó distancia de la fórmula de sus pares Longton y Squella para ‘podar’ el proyecto, sino que fue tajante en cuestionar la falta de dirección de La Moneda: una reforma que, a su juicio, nadie entiende cuál es su propósito, quién la redactó y que no ha generado ningún tipo de acuerdo.

El intento de los senadores Longton (RN) y Squella (REP) por rescatar la iniciativa recortando cinco de los ocho componentes originales —manteniendo solo el crimen organizado, el régimen penitenciario diferenciado y el Estado de Excepción— no convence a Walker. La contradicción es evidente: reducir el texto no soluciona el fondo del problema, que es la insistencia en llevar al rango constitucional materias que, como la segregación carcelaria para el crimen organizado, son estrictamente materia de ley.

Mientras el Gobierno insiste en un camino constitucional sin consenso, el costo alternativo para la ciudadanía es altísimo. Walker recordó que esta semana se avanzó en proyectos de ley que llevaban años estancados en comisiones mixtas, como los incentivos al ingreso y permanencia de Carabineros y el aumento del plazo de flagrancia. A esto se suma el próximo despacho de la ley de responsabilidad penal adolescente. Avances reales que demuestran dónde debería estar la prioridad legislativa.

La doble estándar de las autoridades queda en evidencia: se gasta tiempo parlamentario en una reforma incomprensible mientras se posterga la discusión de proyectos eficaces y con consenso. Walker recordó que hace dos años, junto a Luciano Cruz-Coke y Ximena Rincón, presentaron una propuesta para abordar la segregación carcelaria mediante ley, una muestra de que las soluciones existen si hay voluntad de legislar en lugar de forzar reformas rechazadas.

La postura de Walker agrega una dificultad adicional a la estrategia de La Moneda. El problema de la reforma no es su extensión, sino la decisión política de imponer una modificación constitucional para abordar la seguridad, ignorando que las mayorías y los acuerdos se encuentran en la legislación ordinaria. Cada minuto que se destina a discutir esta reforma sin acuerdo es un minuto robado a las soluciones concretas que el país necesita, según se mencionó en El Mostrador.