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Hay momentos en que una democracia no empieza a perderse con tanques recorriendo las calles, soldados entrando a las universidades ni generales leyendo bandos militares por televisión.
En el siglo XXI, el deterioro democrático también puede comenzar de una manera mucho más silenciosa: con reformas constitucionales, artículos transitorios, estados de excepción y facultades extraordinarias entregadas al Poder Ejecutivo.
Ese es el debate que Chile debe mirar con enorme atención.
El Gobierno de José Antonio Kast ha presentado una reforma constitucional destinada a crear un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves contra la seguridad pública.
Según la propuesta conocida públicamente, el Presidente podría decretarlo por 120 días y prorrogarlo por otros 120, mientras que las extensiones posteriores requerirían la autorización del Congreso.
No estamos hablando solamente de aumentar patrullajes o desplegar mayores recursos policiales.
Estamos hablando de facultades que permitirían restringir la libertad de desplazamiento, limitar el derecho de reunión y asociación, intervenir o registrar comunicaciones y requisar bienes.
Y ahí comienza el problema político de fondo.
Porque las constituciones no se escriben pensando exclusivamente en el gobernante que ocupa hoy La Moneda. Se escriben pensando también en quien pudiera ocuparla mañana.
Una democracia responsable jamás debería preguntarse solamente: ¿confiamos en este Presidente?
La pregunta correcta es mucho más inquietante:
¿Estaríamos dispuestos a entregar estas mismas facultades extraordinarias al peor Presidente que pudiéramos imaginar?
Porque una vez incorporadas determinadas herramientas en la Constitución, dejan de pertenecer políticamente a quien las creó. Quedan disponibles para cualquier Gobierno futuro.
La historia demuestra que el autoritarismo moderno rara vez se presenta anunciándose como autoritarismo. Generalmente llega invocando una emergencia: seguridad, terrorismo, orden público, estabilidad nacional, enemigos internos.
Después vienen las restricciones.
Después aparece la vigilancia.
Después comienza a confundirse al delincuente con el opositor, al manifestante con el agitador y al descontento social con una amenaza contra el Estado.
No es necesario imaginar nuevamente las viejas dictaduras militares latinoamericanas para comprender el peligro.
Existen otras formas de concentración del poder.
El estalinismo enseñó precisamente hasta dónde puede llegar un Estado cuando convierte la seguridad, la sospecha y la defensa del orden en argumentos para penetrar progresivamente la vida privada y política de sus ciudadanos.
Chile naturalmente está muy lejos de aquella realidad y sería irresponsable afirmar que esta reforma convierte automáticamente al país en una dictadura. Pero precisamente porque seguimos viviendo en democracia debemos discutir los límites antes de que las facultades excepcionales se normalicen.
La delincuencia organizada debe enfrentarse con toda la fuerza de la ley.
El terrorismo debe perseguirse.
Las policías necesitan herramientas modernas.
Pero ninguna de esas necesidades obliga a entregar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo.
La seguridad democrática exige controles judiciales efectivos, fiscalización parlamentaria, proporcionalidad, límites temporales estrictos y garantías suficientes para impedir que mecanismos creados contra organizaciones criminales terminen algún día utilizándose contra sindicatos, estudiantes, dirigentes sociales, periodistas, organizaciones territoriales o ciudadanos movilizados.
Ese es el punto que plantea la imagen de Manouchehri cuando pregunta qué ocurriría si mañana existieran protestas masivas contra el Gobierno.
La discusión importante no es si Kast utilizaría o no esas facultades contra sus adversarios.
La discusión verdaderamente democrática consiste en impedir constitucionalmente que cualquier Presidente pueda hacerlo.
Porque los derechos fundamentales no existen para protegernos solamente cuando todo marcha bien.
Existen, sobre todo, para protegernos cuando el poder considera incómoda nuestra voz.
Una Constitución democrática debe ser el muro que contiene al poder.
Nunca el arma que el poder pueda volver contra sus ciudadanos.
