Categoría: Política

La senadora Yasna Provoste, presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, adelvirtió que la oposición no aceptará los recortes presupuestarios del Ejecutivo mientras este solicita autorizar una deuda histórica de hasta US$25.000 millones para 2027. En su intervención ante la Comisión Especial Mixta, Provoste acusó al gobierno de aplicar reducciones por razones “ideológicas”, señalando que más de 27 partidas sufren recortes significativos, entre ellas Prodemu, “Yo Elijo mi PC” y Calles sin Violencia. La crítica apunta a una contradicción: mientras el Ejecutivo pide recursos para enfrentar necesidades sociales, su plan incluye recortes que afectan directamente a programas destinados a familias y empleo.

La senadora destacó que parte de los problemas no responde a una falta de recursos, sino a una mala gestión del gasto ya aprobado en 2026, acusando a La Moneda de no haber ejecutado presupuestos aprobados y dejando proyectos rezagados. “Lo que no hubo fue capacidad para gestionar correctamente”, afirmó, señalando que la demora en la publicación de antecedentes detallados y la falta de transparencia en la tramitación del presupuesto generan incertidumbre.

Provoste anunció que la oposición buscará reponer recursos en áreas clave como educación, vivienda, interior y gobiernos regionales, especialmente en zonas afectadas por temporales en Atacama, donde propuso incluir la reconstrucción en la agenda. Su posición resalta la tensión entre la necesidad de inversión pública y las restricciones impuestas por el Ejecutivo, que, según la senadora, priorizan la reducción de gasto social sobre la reactivación económica.

La discusión del Presupuesto 2027, según se mencionó en El Mostrador, comenzará una etapa de confrontación entre la oposición y el gobierno, con la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos como epicentro de los debates. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defiende la autorización de deuda como necesaria para cubrir vencimientos y déficit, Provoste advierte que la oposición no permitirá que se prioricen recortes sociales sin justificación clara. La falta de propuestas concretas del Ejecutivo y la demora en la rendición de cuentas generan críticas sostenidas por parte de la senadora, quien exige una revisión rigurosa de cada partida durante los 60 días de tramitación.

La imagen muestra a Yasna Provoste durante su intervención en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, contexto en el que cuestionó los recortes y el endeudamiento del gobierno.

El duro informe de la Contraloría sobre el programa ‘Yo elijo mi PC’, encargado de entregar computadores a estudiantes de 7° básico con buen rendimiento académico, ha generado polémica en el oficialismo y en el debate sobre el Presupuesto 2027. Según el documento, se encontraron equipos guardados entre 2015 y 2022 que no fueron ocupados durante todos esos años, y la cantidad declarada en bodegas no coincidía con lo encontrado en el terreno. La ministra de Educación, María Paz Arzola, aparece en la imagen asociada al programa, cuya gestión fue criticada por la descoordinación en la distribución. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) asignó en 2022 9.227 equipos a estudiantes de establecimientos subvencionados, pero estos no estaban dentro de los alumnos priorizados, según el informe. Este hallazgo contrasta con la decisión del gobierno de Boric de reducir los recursos del plan en un 31,5% en el Presupuesto 2026, una medida que ahora enfrenta críticas del Frente Amplio (FA) contra el gobierno de Kast. La presión oficialista se intensificó tras la anuncio de la discontinuación del programa en el Presupuesto 2027, con sectores del oficialismo exigiendo al Ejecutivo que revise la medida. Sin embargo, fuentes cercanas a La Moneda, según lo informó Ex-Ante, aseguran que no están dispuestos a reponer la glosa en la ley de Presupuesto, argumentando que el proyecto fue mal evaluado desde 2022. La contradicción entre la promesa de equidad educativa y la gestión irregular del programa ha abierto una brecha en un gobierno ya dividido sobre el tema, mientras el FA lanza una ofensiva contra Kast, acusándolo de inacción frente a un caso que podría haber sido evitado con una planificación más rigurosa. La falta de transparencia en la gestión de recursos y la polarización política en torno al caso reflejan un escenario de incertidumbre para el futuro del programa y para la confianza ciudadana en las instituciones.

El Gobierno decretó tres días de duelo nacional tras el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Jaime Urrea Burgos, quien fue atacado con arma de fuego mientras atendía un procedimiento policial por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco, Región del Biobío. El uniformado, con 18 años de servicio, es el segundo carabinero asesinado en una semana, un dato que ha encendido críticas por la falta de gestión en seguridad. La senadora Paulina Vodanovic del Partido Socialista señaló que el Gobierno “no puede seguir disparando al córner” y criticó la estrategia legislativa, asegurando que “ingresan malos proyectos de ley, no hay un orden legislativo”. La diputada Gael Yeomans del Frente Amplio también cuestionó el enfoque del Ejecutivo, preguntando: “¿Qué pasa con el reglamento de seguridad privada? ¿Qué pasa con el reglamento de seguridad municipal?”, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar el financiamiento del programa ‘Yo Elijo Mi PC’ para 2027 ha sido recibida con críticas por parte de la ex ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar, quien la califica de ‘retroceso’ sin justificación técnica. A través de su cuenta en X, Rubilar exige transparencia sobre los antecedentes que respaldan la medida, recordando que la promesa de campaña fue clara: ‘NO se recortarían beneficios sociales’. La ex funcionaria destacó que la protección social adquiere mayor relevancia en tiempos de dificultades económicas, y emplazó al Ejecutivo a cumplir su palabra, señalando que ‘la única lealtad posible frente a esto es con Chile’. Según se mencionó en Alerta Noticias Temuco.cl, la eliminación del programa no solo representa un ajuste presupuestario para familias con recursos, sino una barrera para estudiantes vulnerables que dependen de dispositivos para acceder a educación híbrida, plataformas digitales e investigaciones. Rubilar subrayó que la brecha digital involucra más que el acceso a internet: implica la posibilidad real de utilizar herramientas tecnológicas para aprender y desarrollar capacidades. Su crítica se enfoca en la falta de una alternativa que garantice el acceso tecnológico a los estudiantes más vulnerables, cuestionando si la eliminación del programa está respaldada por una evaluación técnica reciente o si simplemente se trata de una decisión presupuestaria sin proyección social. ‘Si existe una evaluación técnica reciente que se transparente y justifique. Corregir un programa es GESTIÓN. ELIMINARLO sin una alternativa que cierre la brecha digital es RETROCEDER’, afirmó Rubilar, quien también llamó al Congreso a intervenir durante la tramitación del Presupuesto 2027 para revertir estos ‘retrocesos’. La ex secretaria de Estado concluyó que ‘aunque nos critiquen, no nos vamos a quedar callados. Lealtades malentendidas tienen a este gobierno perdiendo la confianza ciudadana’, en un contexto donde la falta de propuestas concretas y la contradicción entre promesas y acciones generan dudas sobre el rumbo de la política pública.

Organizaciones campesinas y sindicales chilenas presentaron un informe complementario ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, denunciando el cierre del programa Mujeres Rurales, una iniciativa que llevaba 34 años en marcha y que fue impulsada desde el convenio INDAP-PRODEMU. La acción fue llevada a cabo por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación PRODEMU, quienes consideran que el cierre del programa constituye un retroceso en los derechos de las trabajadoras agrícolas. Según se mencionó en Radio Universidad de Chile, la presidenta de Anamuri, Isabel Armijo Huala, explicó que esta decisión se tomó tras agotar todas las vías de diálogo a nivel nacional, incluyendo reuniones con el ministro de Agricultura y conversaciones con la subsecretaria del Ministerio de la Mujer. La presentación ante el organismo internacional apela a las obligaciones normativas suscritas por Chile en 1989, recordando que durante la evaluación realizada al país en 2024, el comité de la CEDAW instruyó explícitamente —en sus párrafos 41 y 42— sobre la necesidad de desarrollar políticas en apoyo a las mujeres rurales, campesinas e indígenas. Las organizaciones acusan que la eliminación del programa constituye un incumplimiento directo de las recomendaciones emitidas por la convención, lo que refleja una postura del Estado que prioriza decisiones unilaterales sobre el cumplimiento de compromisos internacionales. El reclamo del mundo campesino logró aglutinar un transversal apoyo institucional y político, con la adhesión formal de figuras como la expresidenta Michelle Bachelet, el presidente del INDH Yerko Colodro, y diversas senadoras, quienes respaldaron la exigencia de revertir el cierre del programa. Frente a la postura gubernamental, Anamuri y las trabajadoras de PRODEMU, articuladas en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, anunciaron que mantendrán el estado de movilización, reafirmando que este escenario no solo representa un retroceso interno para el Estado chileno, sino que se inscribe en una ofensiva internacional contra los avances logrados por la igualdad de género.

La Contraloría General de la República publicó el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, en el que detalla que más de 200 funcionarios públicos de la Región de Coquimbo viajaron al extranjero durante 2025 mientras se encontraban en reposo médico. Este hallazgo, confirmado cruzando bases de datos de reposos de salud con registros de la Policía de Investigaciones (PDI), cubre desde hospitales y municipios hasta el propio Gobierno Regional, con casos concentrados en el Hospital de Ovalle (10), la Municipalidad de Monte Patria (7) y la Universidad de La Serena (5). La Contraloría notificará formalmente a las jefaturas de cada institución para instruyan procedimientos disciplinarios, mientras los antecedentes serán remitidos a la COMPIN, SUSESO, el Ministerio Público y el CDE para evaluar posibles delitos o restitución de fondos. En contraste con la reducción nacional de 63% en el número de casos —de 20.000 en 2023-2024 a 7.207 en 2025—, la región muestra una concentración significativa de irregulares, evidenciando que ciertos sectores no han ajustado sus prácticas pese al escrutinio público. La Contraloría advirtió que 4.522 funcionarios incurrieron en esta práctica en dos de los tres años analizados, y 566 personas la realizaron en los tres años consecutivos, lo que plantea cuestiones sobre la efectividad de las sanciones y la fiscalización en el ámbito público. Según informes de radioriquelme, esta tendencia se produce pese a la difusión del primer informe masivo de Contraloría en mayo de 2025, que llevó a una caída de más del 90% en los viajes al extranjero durante licencias médicas a nivel nacional, pero no ha logrado erradicar prácticas arraigadas en instituciones clave. La falta de transparencia y la posible utilización de fondos públicos para viajes no justificados exigen una acción inmediata por parte de las autoridades regionales y parlamentarios, quienes deben explicar los mecanismos de control que han fallado en permitir este tipo de irregularidades.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se pronunció sobre la polémica generada por nuevas medidas para ciclistas en el Cerro San Cristóbal, donde exigió inscripción previa y uso de chaleco reflectante con código identificatorio. Según informó El Mostrador, estas normas buscan regular las rutas de descenso rápido, que el ministro calificó de ‘peligro público’ y que, según su estimación, provocan 100 accidentes anuales. Sin embargo, su enfoque ha sido recibido con críticas por su aparente contradicción: mientras defiende que las carreras clandestinas en auto son problemáticas, en bicicleta ‘pareciera ser que mucha gente salta’, según su propia frase. Desde sectores deportivos y parlamentarios, como el senador Sebastián Keitel, la medida fue calificada de ‘vergonzosa’ por limitar espacios de deporte. Poduje, por su parte, justificó que la regulación no afecta a los ciclistas sino a quienes realizan descensos no autorizados, aunque no ofreció datos concretos sobre costos ni alternativas viables para quienes usan estas rutas. El anuncio de sanciones para infractores contrasta con la falta de inversión en infraestructura ciclista segura, un vacío que podría explicar la proliferación de caminos ilegales y la necesidad de estas medidas. A pesar de su defensa, el ministro no abordó críticamente el costo social de su propuesta ni las posibles consecuencias para usuarios informales del espacio público.

El Presidente José Antonio Kast respondió a las críticas por su intervención en inglés durante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde fue cuestionado por su forma de hablar. Según se mencionó en El Mostrador, Kast aseguró que ‘no era un inglés perfecto’, pero sostuvo que logró comunicarse. Esta defensa contrasta con las observaciones del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien calificó su intervención como ‘champurreada’ y ‘confusa’, señalando que su nivel de inglés no corresponde con su formación académica. Aguilar, quien proviene de un colegio particular, cuestionó la representación del país en el extranjero, destacando que ‘ni Tarzán hablaba así’. Kast, por su parte, respondió directamente a las críticas, emplazando a Aguilar y destacando las reuniones internacionales que sostuvo, incluyendo con el Primer Ministro de Canadá y la Presidenta del Banco Mundial. Aunque defendió su agenda global, su enfoque en temas internacionales lejos de la región de Aysén ha generado cuestionamientos sobre prioridades y el costo de su gira diplomática. La postura del Mandatario refleja una tendencia a desviar la atención hacia logros simbólicos, sin abordar las necesidades concretas de las comunidades locales, como la falta de infraestructura o el bajo acceso a servicios básicos en la región.

El jueves, el Presidente José Antonio Kast calificó como “inaceptables” los ataques a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica durante una movilización de la Confech, aunque su reacción llegó después de que registros mostraran confrontaciones, golpes, objetos lanzados y presuntas aplicaciones de bencina. Según se mencionó en El Mostrador, los agresores pertenecían a sectores que se opusieron al paro convocado por la Confech, mientras los denunciados, afiliados a Solidaridad UC y el Movimiento Gremial, exhibían un cartel con el mensaje “No queremos un Chile paralizado, queremos un Chile que prospere”. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, emplazó a los convocantes de la marcha a “hacerse cargo” de la situación, pero su discurso contradició el retraso en la respuesta institucional, dado que los incidentes ocurrieron durante la marcha y no horas después. Kast afirmó que “las diferencias políticas no pueden traducirse en violencia”, aunque su gobierno no presentó medidas inmediatas para garantizar la seguridad en la Casa Central, donde los estudiantes terminaron refugiándose. La falta de un plan claro para evitar repeticiones de estos episodios contrasta con la condena pública del Ejecutivo, que además no precisó sanciones ni investigaciones concretas para los agresores. Mientras 12 personas fueron detenidas durante la jornada, autoridades de la Región de Aysén, donde el gobierno regional carece de protocolos específicos para manejar conflictos en manifestaciones, no han emitido declaraciones al respecto. La crítica se suma a un patrón de doble estándar: por un lado, se exige respeto a la movilidad ciudadana, y por otro, se permite la impunidad en actos de violencia que ponen en riesgo a quienes expresan opiniones contrarias.