Categoría: Actualidad

El hallazgo del cuerpo de una joven de 24 años en el sector Piedra del Indio, en Coyhaique, enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad y la falta de redes de apoyo en el territorio. Carla Santana, oriunda de Ancud y residente en Quellón, fue encontrada sin vida en un contexto de extrema fragilidad, según se mencionó en El Divisadero.

La víctima se encontraba en situación de calle, una realidad que expone las fallas estructurales en la protección social y el acceso a servicios básicos en la Región de Aysén. Su muerte no es solo un hecho aislado, sino un reflejo de cómo el abandono y la precariedad afectan la vida cotidiana de quienes habitan los márgenes de nuestras ciudades.

La PDI, a través del comisario Felipe Valdés, desplegó un operativo dividido en áreas técnicas y testimoniales en el sitio del suceso. Las primeras pericias buscan determinar las lesiones y la dinámica del hecho, complementándose con el servicio médico legal. Preliminarmente, se confirmó la ingesta de alcohol y que la joven estaba acompañada por alrededor de seis personas durante la jornada.

A pesar de la presencia de testigos y del contexto de vulnerabilidad, hasta el momento no hay personas detenidas. Esta situación plantea interrogantes sobre la celeridad de la justicia y la protección de las víctimas en situación de calle, quienes parecen invisibles para el sistema hasta que es demasiado tarde.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas investigativas, desde una intervención de terceros accidental o motivada por problemas personales, hasta causas psicológicas. Sin embargo, la falta de resultados concretos y la espera de las pericias dejan un vacío de respuestas para la comunidad.

Mientras se verifican los tiempos de la búsqueda iniciada por el propio grupo al notar su ausencia —cuyos antecedentes coinciden con el examen al cuerpo concluido cerca de las 20:00 horas—, la región queda a la espera de justicia. Lo que aún no está resuelto es cómo se garantizará la seguridad y los derechos de las poblaciones más vulnerables en el territorio, y si se tomarán medidas para evitar que historias como la de Carla se repitan.

En la Región de Aysén, las noticias sobre delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes nos golpean con fuerza, pero la indignación dura poco. Como se mencionó en El Divisadero, estos casos aparecen en los medios, generan preocupación y comentarios, pero al cabo de unos días desaparecen de nuestras conversaciones cotidianas, dejando en evidencia una realidad que afecta directamente la seguridad y los derechos de nuestras infancias en el territorio.

Hablar de esta violencia exige mucho más que referirnos a cifras o condenas; nos obliga a mirar lo que ocurre detrás de las puertas de nuestras propias familias. Con frecuencia, quien agrede pertenece al círculo cercano: un padre, un abuelo, un tío, un hermano o una pareja. Así, aquello que debiera ser una alarma se transforma en silencio, un silencio que se guarda para “proteger” a la familia y que hace casi imposible que una infancia pueda contar lo que está viviendo.

Cuando una familia enseña que determinados temas no pueden ser nombrados, o que mantener la apariencia de normalidad es más importante que escuchar a un niño o niña, se construye un escenario donde la violencia permanece invisible. Esta omisión adulta es una responsabilidad concreta que deja desprotegidos a los más vulnerables en nuestra propia casa, vulnerando su derecho a vivir sin miedo y a que su cuerpo les pertenezca.

Frente a esta realidad regional, la pregunta no debiera ser solo cuántos casos existen o cuántas condenas se han obtenido, sino cuántos niños y niñas están viviendo hoy situaciones que todavía nadie conoce. Y, sobre todo, qué estamos haciendo como actores de esta realidad para combatirlo. Es una pregunta incómoda que cuestiona nuestras propias acciones y la pasividad que permite que estos secretos sigan destruyendo vidas.

No podemos esperar que sean siempre las infancias quienes encuentren las palabras para denunciar lo que los adultos no hemos querido mirar. Es nuestro deber como cuidadores garantizar sus derechos: educar para que sepan que pueden hablar, que su cuerpo es suyo, que ningún adulto puede pedirles guardar secretos que les causen miedo o vergüenza, y que pedir ayuda no significa destruir una familia.

Sin embargo, hoy sigue faltando una responsabilidad activa de los adultos para aprender a escuchar y garantizar estos derechos. Mientras el silencio familiar siga siendo la norma y la apariencia valga más que la protección, la violencia sexual infantil seguirá siendo un secreto a voces en la Región de Aysén, sin que se concrete un compromiso real y efectivo para desarticularlo desde la raíz.

La última Agenda Criteria confirma una tendencia que se ha ido consolidando durante los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast.

La medición publicada este 20 de septiembre sitúa su aprobación en 29% y su desaprobación en 59%.

Es decir, existe actualmente una diferencia de 30 puntos porcentuales entre quienes aprueban y quienes desaprueban la conducción presidencial.

La comparación con marzo es significativa. El 22 de marzo, Criteria registraba un 50% de aprobación frente a un 37% de desaprobación. El 29 de marzo las curvas ya se habían invertido —43% versus 47%— y desde entonces la aprobación no ha vuelto a superar la desaprobación en esta serie.

En septiembre la secuencia también es clara: 30%-58% el día 6; 31%-55% el día 13; y 29%-59% el día 20. Son datos de una encuesta, no una elección ni una sentencia definitiva sobre el gobierno, pero muestran el estado de la evaluación presidencial captado por Criteria en este momento.

La encuesta fue levantada el 16 de septiembre mediante un panel online de 802 personas y utiliza una metodología no probabilística.

En la previa de la Parada Militar 2026, el presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, encabezó la entrega de Medallas al Valor a siete efectivos de la institución. Según se mencionó en El Dínamo, la ceremonia retoma una tradición iniciada en 1986 y busca reconocer el compromiso de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía.

La condecoración distingue a funcionarios que arriesgaron su vida para proteger o rescatar a otras personas. Para la vida cotidiana de la gente, especialmente en territorios como la Región de Aysén, donde la presencia del Estado y sus instituciones puede ser determinante en zonas aisladas, el reconocimiento a quienes ponen su vida en riesgo por la seguridad de otros resalta la importancia del resguardo territorial y la protección frente a emergencias.

No obstante, más allá del reconocimiento simbólico, la entrega de estas medallas plantea la responsabilidad del Estado de garantizar que las condiciones de servicio de estos efectivos y de toda la institución sean las adecuadas. El riesgo asumido para proteger a la ciudadanía no debe traducirse en una falta de recursos o apoyo logístico por parte de las autoridades.

Aunque el texto destaca las acciones extraordinarias de los siete condecorados, no se detallan las circunstancias específicas de estos rescates ni el impacto directo en las comunidades afectadas. Falta conocer cómo estas acciones se traducen en una mejora real en los protocolos de seguridad y rescate para los habitantes de zonas rurales y aisladas del país, donde la respuesta institucional suele ser más lenta.

La ceremonia de la Parada Militar 2026 se presenta así como un espacio de visibilidad para las labores de riesgo, pero el verdadero compromiso con la seguridad ciudadana y territorial requiere ir más allá de la condecoración: exige asegurar que quienes protegen la vida de otros cuenten con las herramientas y el respaldo necesario para hacerlo sin poner en riesgo su propia integridad por falencias del sistema.

El presidente José Antonio Kast partirá a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, que se realizará del 22 al 28 de septiembre. Para la Región de Aysén, la presencia del mandatario chileno en este espacio no es un dato menor: las decisiones que se tomen en ese foro sobre comercio, migración y política internacional terminan impactando directamente en el bolsillo de las familias patagónicas, en los precios de los combustibles y en las oportunidades de desarrollo territorial. Kast compartirá escenario con líderes como el estadounidense Donald Trump, la venezolana Delcy Rodríguez, el argentino Javier Milei y la peruana Keiko Fujimori, en una cita que reunirá a 81 jefes de Estado y 50 jefes de Gobierno.

La presencia de Delcy Rodríguez marca un hito: sería la primera visita de un jefe de Estado venezolano desde que Nicolás Maduro asistió en 2018, quien ahora se encuentra detenido a solo kilómetros de la sede de la ONU. Este contraste habla de una región en tensión permanente, donde las crisis políticas de países vecinos terminan generando efectos en cadena para Chile, especialmente en materia migratoria y seguridad fronteriza, temas sensibles para una región fronteriza como Aysén.

Sin embargo, las ausencias pesan tanto como las presencias. El ruso Vladímir Putin y el chino Xi Jinping no asistirán, aunque este último tiene previsto viajar a Washington para reunirse con Trump la misma semana. Esta contradicción —no ir a la ONU pero sí a la Casa Blanca— deja en evidencia que las decisiones que afectan a Chile y a Aysén se toman en bilaterales de las que la región queda excluida. La delegación china será encabezada por el vicepresidente Han Zheng, mientras que Rusia enviará al canciller Serguéi Lavrov.

Otra ausencia que golpea la credibilidad del foro es la del presidente palestino Mahmud Abás, a quien Estados Unidos —país anfitrión— le denegó el visado. Intervendrá por videoconferencia tras un acuerdo de la Asamblea General, una solución parche que evidencia cómo el país que organiza la cita también controla quién puede hablar en ella. Mientras tanto, Irán sí recibió autorización para ingresar, con su presidente Masud Pezeshkian al frente de la delegación.

La guerra en Ucrania y la escalada en Oriente Medio —iniciada en febrero entre Estados Unidos e Irán— dominarán el debate. El presidente francés Emmanuel Macron intervendrá por última vez antes de abandonar el cargo en 2027, mientras que el rey Abdalá II de Jordania, el emir de Catar y el líder de Yemen intentarán poner en la agenda una región en llamas. Para Aysén, estos conflictos no son lejanos: afectan el precio del petróleo, las cadenas de suministro y la estabilidad económica global que impacta en el turismo y la pesca local.

La Asamblea General arranca con Lula da Silva como primer orador, quien le pedirá a Trump que no se entrometa en las elecciones de Brasil. Kast, Fujimori, Milei y Noboa representan a una América Latina fragmentada que llega a Nueva York sin una posición común. Lo que falta es justamente eso: una voz regional articulada que defienda los intereses de territorios como Aysén en un mundo donde las grandes potencias siguen tomando decisiones sin consultar a los afectados, según se informó en El Mostrador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que vetará con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MSNOW, así como al diario digital Politico, a los que acusó de difundir “noticias falsas”, según se mencionó en El Mostrador. La medida, que sorprendió a los periodistas en la sala de prensa, no solo limita el derecho a la información de la ciudadanía estadounidense, sino que marca un precedente peligroso para la libertad de expresión global, incluido Chile, donde el acceso a información veraz es fundamental para defender nuestros territorios y derechos.

Para las comunidades de la Región de Aysén y de todo Chile, este tipo de acciones nos afectan directamente en nuestra vida cotidiana. Cuando un gobierno decide qué es verdad y qué es mentira, y castiga a quienes preguntan, se debilita el derecho de la ciudadanía a saber cómo se toman las decisiones que impactan nuestro bolsillo, nuestros servicios y nuestro territorio. La falta de prensa libre en el mundo facilita que se aprueben políticas que afectan a los pueblos sin que haya un contrapeso informativo.

Trump justificó su decisión acusando a las tres organizaciones de difundir “noticias falsas”, aunque no precisó qué coberturas motivaron la medida. Esta omisión es grave: el mandatario se arroga el poder de silenciar a la prensa sin entregar pruebas concretas, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura. Además, el mandatario adelantó que otros medios de comunicación “van después”, escalando en una ofensiva que ya había comenzado al inicio de su mandato cuando restringió el acceso de la agencia Associated Press (AP) por negarse a usar el nombre “golfo de América”.

La relación de Trump con la prensa es históricamente tensa; ha insultado públicamente a reporteros y ha presentado demandas millonarias contra medios de comunicación. Esta estrategia no es nueva, pero su aplicación desde el poder ejecutivo con efecto inmediato profundiza el riesgo de que la información sobre asuntos de Estado sea controlada exclusivamente por el gobierno de turno.

Lo que queda en evidencia es que no hay claridad sobre los límites de este veto ni sobre los criterios que se usarán para vetar a los próximos medios. La falta de transparencia en las acusaciones de “noticias falsas” sin especificar las coberturas deja a la ciudadanía en la incertidumbre de qué información les será ocultada a continuación, consolidando un modelo donde el poder decide qué se puede decir y qué no.

En una región como Aysén, donde las distancias y la dispersión poblacional hacen que cada minuto cuente, las denuncias por irregularidades en el SAMU no son un problema administrativo más: son una amenaza directa a la vida de las comunidades. Lo manifestado por Fenpruss contra este servicio de primera respuesta revela carencias que, de comprobarse, golpean el derecho más básico: el acceso oportuno a la salud.

Las afirmaciones son graves. Se plantea que en ocasiones no sería un médico regulador quien responde los llamados y que incluso habría personas fallecidas ante la eventual no concurrencia de una ambulancia. Esto contradice la esencia del SAMU, el servicio que se activa frente a un accidente de tránsito o una emergencia doméstica, y que no puede operar con carencias de insumos, equipamiento o funcionarios que comprometan su capacidad de respuesta.

Frente a esto, la responsabilidad recae directamente en el Servicio de Salud Aysén, que debe investigar de manera rigurosa estas situaciones. No se trata de dar por ciertas las denuncias antes de tiempo, pero tampoco de minimizar su gravedad. La verdad debe estar por delante y, si existen problemas, estos deben transparentarse y abordarse por la institucionalidad correspondiente.

Las comunidades de la patagonia demandan más y mejores prestaciones, y mayor presencia de profesionales, especialmente en los sectores rurales donde la llegada de una ambulancia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una denuncia de estas características debería provocar una reacción inmediata de las autoridades, no un silencio que deja a la población desprotegida.

Está en juego la reputación de un servicio que cuenta con alta credibilidad entre la población. Si existen problemas, deben ser corregidos para evitar que afecten la confianza en quienes responden cuando una emergencia pone en riesgo la vida. El SAMU no puede operar rodeado de dudas sin respuesta, según se mencionó en El Divisadero.

La comunidad tiene derecho a saber si las situaciones denunciadas ocurrieron, cuáles fueron sus causas y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelvan a suceder. Investigar, transparentar y corregir es la única manera de proteger a la ciudadanía y resguardar la confianza en un servicio fundamental. Mientras no haya claridad, la duda seguirá siendo un peso insoportable sobre la salud de Aysén.

La historia tiene un detalle que, por lo menos, merece una explicación convincente.

Carlos Swett, entonces presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, reconoció ante la Fiscalía que en septiembre u octubre de 2025 se reunió personalmente con Camila Flores frente a su edificio y le entregó un sobre. Su explicación fue que contenía “declaraciones juradas de presidentes de juntas de vecinos”.

Negó categóricamente que hubiera dinero.

Y ahí aparece inevitablemente la pregunta incómoda.

¿Era realmente necesario que una figura de ese nivel del gremio notarial acudiera personalmente, temprano en la mañana, hasta el domicilio de una parlamentaria para entregarle documentos de esa naturaleza?

¿No podían enviarse por correo electrónico, entregarse en su oficina parlamentaria o simplemente dejarse con un funcionario?

Puede haber una explicación perfectamente legítima.
Pero pedir que nadie se haga preguntas sería pedir demasiado.
Sobre todo porque el episodio ocurrió mientras estaba en discusión la reforma al sistema notarial, materia en cuya tramitación Flores participó como integrante de la Comisión de Constitución y posteriormente de la Comisión Mixta. La Fiscalía está precisamente investigando si existió alguna relación entre aquella entrega y esa tramitación legislativa.

Además, Julio Lillo declaró que Percy Marín le habría hablado de entregas de dinero a parlamentarios vinculadas al lobby por esa legislación. Eso es una declaración incorporada a una investigación, no un hecho judicialmente establecido. Swett y la defensa de Flores rechazan que ella haya recibido dinero.

Así que, por ahora, el famoso sobre contenía oficialmente declaraciones juradas de juntas de vecinos.

Nada más.

La Fiscalía tendrá que establecer si la explicación resiste las diligencias de la investigación.
Porque en este caso el problema no es que la ciudadanía sea desconfiada: es que la escena, por sí sola, deja preguntas bastante más grandes que el sobre.

Este 18 de septiembre, el Presidente José Antonio Kast llamó a los chilenos a “levantar la esperanza”.

Una frase bonita para Fiestas Patrias, pero políticamente incómoda para quien llegó a La Moneda prometiendo algo bastante distinto: resultados rápidos, orden, crecimiento, seguridad y eficiencia del Estado.

Porque seis meses después hay cosas que ya no se pueden esconder detrás de los discursos.
La economía: el propio Banco Central afirma que “la economía local se ha debilitado” y recortó brutalmente la proyección de crecimiento para 2026 hasta apenas 0,25%-0,75%.
El empleo: la cesantía nacional llegó al 9,5% y entre las mujeres alcanzó el 10,3%. Ese es el mercado laboral del gobierno que prometió reactivar.

Los nombramientos: Radio Bío Bío contabiliza ya 48 autoridades que han dejado el Gobierno, entre ellas 38 seremis.

El caso más reciente: al seremi de Energía de Coquimbo se le pidió la renuncia porque no logró acreditar los requisitos académicos exigidos para desempeñar el cargo.

Y quizás el episodio que mejor retrata las contradicciones del discurso de eficiencia sea el de Lucy Depablos.

Fue contratada como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Civil, con una remuneración que podía alcanzar $5,6 millones brutos.

Después, la Contraloría pidió al organismo sus antecedentes académicos y laborales en medio de dudas sobre sus credenciales. Antes de que esa revisión concluyera, renunció.

La ironía es difícil de evitar: un Gobierno que prometió poner orden en el Estado termina teniendo que explicar cómo seleccionó a sus propias autoridades.

Kast criticó durante años a Boric por la economía, la delincuencia, la inmigración, el empleo, los nombramientos y la supuesta improvisación del aparato público.

Hoy ya no está en la oposición.
Los ministros son suyos, los seremis son suyos, los nombramientos son suyos y las decisiones económicas también.
Por eso quizás el problema del llamado presidencial no sea la palabra esperanza.

El problema es que Kast llegó prometiendo certezas y, seis meses después, está pidiendo esperanza.

Chile puede esperar, por supuesto.

Pero también puede preguntar:
¿hasta cuándo hay que seguir esperando los resultados que, cuando era candidato, parecían tan fáciles de conseguir?

La discusión sobre posibles indultos a criminales de lesa humanidad, impulsada por sectores libertarios y republicanos para reos de Punta Peuco, no es un debate lejano para las familias de la Región de Aysén. En nuestro territorio, como en todo Chile, las heridas de la dictadura siguen abiertas, y la posibilidad de beneficiar a quienes cometieron atropellos sin justicia plena golpea directamente los derechos de quienes aún esperan verdad y reparación.

En este escenario, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, se sumó a la polémica fijando una postura clara: la entrega de este beneficio debe estar supeditada a condiciones estrictas. Según consignó la prensa nacional, el cardenal indicó que es imperativo el arrepentimiento real por los hechos cometidos.

Pero la exigencia de Chomali va más allá de una muestra de contrición. El religioso fue enfático en que se debe exigir la entrega de información para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Para las familias de las víctimas, esta es la condición sin la cual cualquier beneficio pierde sentido; la verdad es el pilar de la justicia.

El debate revela una tensión profunda: mientras algunos sectores políticos presionan por indultos, las víctimas y sus comunidades exigen que se cumplan las condiciones mínimas de justicia. La responsabilidad de quienes abogan por estos perdones es enorme, ya que no pueden ignorar el daño que la impunidad causa en el tejido social del país y de regiones como la nuestra, donde el Estado aún debe garantizar el acceso a la verdad como un derecho fundamental, según se mencionó en El Dínamo.

Lo que sigue sin resolverse es si los sectores políticos que impulsan estos indultos estarán a la altura de las exigencias de Chomali. Mientras no haya arrepentimiento y, sobre todo, mientras no se entregue la información sobre el paradero de los desaparecidos, la deuda con las familias de Aysén y de Chile seguirá impaga, y la sombra de la impunidad seguirá afectando la vida cotidiana de un país que exige memoria.