Categoría: Actualidad

Una agresión ocurrida durante la jornada del lunes al interior del Colegio Sagrada Familia de Puerto Aysén ha sacudido a la comunidad educativa y puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad del establecimiento. Una estudiante de 14 años habría atacado con un elemento cortante a otra adolescente de 15, quien resultó con lesiones de carácter menos grave, según informó la administradora del colegio, María Livia Rueda, en entrevista con Radio Las Nieves de Puerto Aysén. El hecho derivó en la detención de la estudiante involucrada, su posterior formalización, y la imposición de medidas de alejamiento respecto de la afectada, además de la prohibición de asistir al establecimiento mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

La administradora María Livia Rueda reconoció que la situación provocó una fuerte preocupación dentro de la comunidad educativa y, al mismo tiempo, intentó enmarcar el incidente como un hecho aislado. Sin embargo, la propia autoridad del colegio admitió que “lamentablemente vivimos una escalada muy transversal de violencia a nivel internacional, nacional y regional, que también nos llega a nuestra comuna de Aysén y a nuestros colegios”, lo que abre una contradicción entre la idea de singularidad del hecho y la realidad de una violencia que, según ella misma, atraviesa la región. Desde el establecimiento se comprometió a reforzar sus protocolos de seguridad y convivencia al interior del recinto.

El colegio cuenta, según indicó Rueda, con más de 64 cámaras distribuidas en distintos sectores, cuyo objetivo es contribuir al resguardo de la seguridad de los estudiantes y detectar eventuales situaciones que puedan vulnerarlos. No obstante, la presencia de ese sistema de vigilancia no evitó que ocurriera la agresión con un elemento cortante, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas preventivas. La administradora señaló que los protocolos del colegio son “muy claros y mandatados por la propia autoridad de educación” y que son conocidos por todos los trabajadores del establecimiento.

Tras conocerse el incidente, el colegio activó los protocolos establecidos, realizando en primera instancia el llamado al SAMU y a Carabineros, considerando la utilización de un elemento cortante durante el hecho. Desde el establecimiento también se tomó contacto oportunamente con los apoderados de los estudiantes involucrados, con el objetivo de informarles directamente de lo ocurrido y permitir que acompañaran a sus hijos y pupilos en las instancias correspondientes. La autoridad del colegio indicó que el equipo psicosocial se encuentra trabajando con los niños de los cursos a los que pertenecen las estudiantes involucradas en los hechos, según se mencionó en El Divisadero.

Lo que queda pendiente, más allá de los protocolos activados, es el desarrollo del proceso judicial en curso y la efectividad de las medidas de alejamiento dictadas. La administradora no precisó plazos para la resolución del caso ni detalles sobre el acompañamiento psicológico que recibirán las estudiantes afectadas más allá de la intervención del equipo psicosocial. La comunidad educativa de Puerto Aysén aguarda que el proceso concluya y que el colegio demuestre, con hechos, que los protocolos de seguridad y convivencia serán realmente reforzados.

Cuatro jóvenes de la Región de Aysén volvieron a Chile con nueve medallas —una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce— tras representar al país en la XVIII International Earth Science Olympiad (IESO) desarrollada en Turín, Italia, a finales de agosto. La gesta, que pone a la región en el mapa de las competencias científicas internacionales, fue posible gracias a un proceso de selección que partió en territorio: el Primer Interescolar Regional de Ciencias de la Tierra, instancia que reunió a seis establecimientos —Colegio Alborada, Altos del Mackay, Liceo Bicentenario Patagonia, Colegio Alianza Austral, Colegio Mater Dei y Liceo San Felipe Benicio— y que fue impulsada por INACAP, la Universidad de Aysén y el Colegio Alianza Austral. Según la información publicada sobre la delegación, este fue el primer paso formal de Chile en la IESO, tras la participación histórica de 2025 en Jining, China.

Los estudiantes seleccionados —Tomás Peña Gutiérrez y Florencia Aguirre Soto, del Colegio Alianza Austral, y Santiago Pérez Espinosa y Nicolás Elgueta Silva, del Liceo San Felipe Benicio— enfrentaron una semana intensa en Italia. Durante esa jornada, visitaron locaciones como Skyway Monte Bianco, Sacra di San Michele, La Bessa Gold Mine en Biella y Val Sesia, donde desarrollaron el International Field Team Investigation y el Earth Science Project, ambas pruebas presentadas en inglés ante una comisión evaluadora con un tiempo máximo de 15 minutos por equipo. Además, rindieron evaluaciones teóricas y prácticas en las dependencias de la Universidad de Turín.

El financiamiento del viaje fue una pieza clave para que la delegación pudiera llegar a Italia. Según lo informado, el viaje se concretó en gran medida gracias al Gobierno Regional de Aysén y su consejo, a través de la Asignación Directa Fondo Aysén Crece en Comunidad (FNDR) 8%, sumado al apoyo de las corporaciones educacionales de los estudiantes, sus familias y las instituciones involucradas. La dependencia de fondos públicos regionales pone en evidencia el rol del Estado territorial en la apertura de estas oportunidades para estudiantes que, de otra forma, difícilmente podrían costear un viaje de esas características.

Los resultados obtenidos en la ceremonia de clausura fueron destacados: cada integrante de la delegación alcanzó al menos dos preseas, y el equipo chileno sumó nueve medallas en total. El profesor Paul Palma Gálvez, de Física e integrante del programa Growth of Leadership in the Earth Science Education (GLESE), encabezó la dirección académica del Colegio Alianza Austral, mientras que la docente Vanessa Martinez Mansilla acompañó al equipo del Liceo San Felipe Benicio, según se mencionó en El Divisadero.

Lo que queda pendiente, más allá del éxito inmediato, es la sostenibilidad de estas instancias. La participación chilena en la IESO sigue siendo incipiente —apenas dos ediciones consecutivas— y depende de la voluntad política regional y de la articulación entre universidades, centros de formación técnica y colegios. La Región de Aysén ha demostrado que puede competir a nivel mundial en Ciencias de la Tierra, pero la pregunta que queda es si habrá continuidad en el respaldo institucional, en la participación de nuevos establecimientos y en la inversión pública para que más estudiantes puedan repetir esta experiencia.

La salmonicultura es clave para las familias, trabajadores y pequeños proveedores de Aysén. Sin embargo, una mirada territorial obliga a preguntarse cuánto de la riqueza generada en nuestros fiordos y canales se queda realmente en la región y cómo mejora la vida cotidiana de sus habitantes.

Noruega dispone de mecanismos para distribuir parte de los ingresos de la acuicultura entre los municipios y territorios productores. Esos recursos contribuyen a financiar servicios e inversiones locales, sin depender de la voluntad de las empresas. En salud y educación, esa diferencia es crucial para el desarrollo local.

En Chile también se pagan impuestos y patentes, pero el aporte territorial de la patente acuícola depende principalmente de la superficie concesionada y no aumenta automáticamente con la producción o las ganancias. Esto limita el impacto en el bolsillo y los servicios de las comunidades.

En Noruega, además, existe un impuesto específico para compartir con la sociedad parte de la renta obtenida del uso de recursos naturales comunes, una obligación que forma parte de sus reglas para invertir y que garantiza un retorno estable al territorio.

La seguridad laboral debe estar en esta conversación. Las muertes de buzos vinculados a la salmonicultura en Chile nos obligan a revisar cómo se protege a quienes trabajan bajo el agua. Si miramos a Noruega, debemos comparar también las exigencias de formación, prevención y respuesta ante emergencias; cada empleo debe ofrecer la certeza de volver a casa.

Tomar a Noruega como referencia exige discutir el conjunto: inversión, contribución territorial, protección ambiental y condiciones de trabajo. Esa comparación completa es la que puede ayudarnos a construir una mejor relación entre la salmonicultura y Aysén, según se mencionó en El Divisadero. Falta discutir cómo fortalecer esa relación para que la riqueza producida aquí contribuya de manera estable a mejorar los servicios y ampliar las oportunidades de nuestros jóvenes.

En Puerto Aysén, la rutina de los comerciantes se vio golpeada por un procedimiento policial que involucró a la dueña del minimarket Bejanko. Inicialmente acusada de un presunto delito de contrabando de cigarrillos, la comerciante tuvo que demostrar la legalidad de sus productos, evidenciando el impacto que tienen las actuaciones de las fuerzas de orden en el tejido comercial y los derechos de los trabajadores de nuestra región.

Para defender su negocio, la propietaria presentó ante la justicia documentación que acredita el origen y la comercialización legal de las especies. Facturas, documentos físicos y respaldos electrónicos de cigarrillos nacionales, además de los permisos de comercialización, fueron las pruebas que descartaron el delito que se le imputaba inicialmente.

A raíz de este caso, el Ministerio Público lleva adelante una investigación para esclarecer los hechos, mientras que Carabineros inició un proceso interno para establecer eventuales responsabilidades administrativas por el procedimiento. Así lo informó El Divisadero.

Consultado por la situación, el general de Carabineros de la Zona de Aysén, Eduardo Palma, evadió pronunciarse sobre los cuestionamientos al operativo. “No me puedo pronunciar porque es un tema de Fiscalía. Nosotros incluso denunciamos a la Fiscalía, está todo en materia de investigación”, señaló la autoridad, asegurando que el proceso se está haciendo de forma transparente.

Pese a su negativa a opinar, el general reconoció que la institución cuenta con una normativa para sancionar cualquier error o vicio en el procedimiento. “Si hay alguna anomalía, como ustedes bien lo señalan, obviamente tiene que ser corregida y sancionada como corresponde”, fue categórico el alto oficial, quien además admitió que él mismo será parte de las instancias que deberán determinar las sanciones.

En un intento por recomponer el vínculo con el comercio establecido, la autoridad policial destacó la necesidad de trabajar coordinadamente con la Cámara de Comercio para entregar seguridad a la comunidad. “Tenemos que trabajar en forma coordinada y conjunta; no podemos estar con este revés”, afirmó.

Mientras tanto, el caso sigue abierto en dos ámbitos: la investigación del Ministerio Público y el sumario administrativo de Carabineros. Lo que aún está por resolverse es si existieron irregularidades en el procedimiento que afectó al comercio de Puerto Aysén y cuáles serán las consecuencias concretas para los funcionarios involucrados.

A pocas horas de las Fiestas Patrias, el llamado a disfrutar con responsabilidad vuelve a ocupar un lugar central en la conversación. Y en la Región de Aysén, donde las distancias importan, ese llamado no es un formalismo: un accidente en una ruta o una emergencia en una localidad apartada puede tener consecuencias distintas a las que tendría en una ciudad con servicios a pocos minutos, como se recordó desde El Divisadero.

El llamado no se limita a prevenir accidentes de tránsito o moderar el consumo de alcohol. Cuidarnos también significa tener conductas que no pongan en riesgo la integridad de quienes nos rodean. Las Fiestas Patrias son una oportunidad para encontrarnos, compartir en familia y recuperar tradiciones que forman parte de nuestra identidad: los juegos criollos, elevar volantines, jugar al trompo o simplemente conversar alrededor de la mesa, actividades que a veces quedan relegadas frente al protagonismo del asado y del alcohol.

Hay decisiones sencillas que pueden marcar la diferencia: moderar el consumo de alcohol, evitar conducir después de beber, cuidar la alimentación y estar atentos a quienes puedan necesitar ayuda. El llamado no busca decirle a nadie cómo debe festejar ni qué decisiones tomar con su familia, sino recordar que nuestras acciones pueden afectar a otros y que la responsabilidad también es una forma de celebrar.

La seguridad en estos días es tarea de todos: cuidar a niños, niñas y adolescentes, estar atentos a los adultos mayores, respetar a las mujeres y prevenir cualquier forma de acoso o violencia son responsabilidades compartidas. Las fiestas no pueden ser una excusa para normalizar conductas que en cualquier otro momento consideraríamos inaceptables.

En Aysén, la prevención no es un concepto abstracto: en nuestra región puede ser determinante. Somos una comunidad pequeña que se encuentra en las calles, en las actividades, en las ramadas y en las propias familias, y esa cercanía obliga a ser más conscientes de cómo nos comportamos y de cómo protegemos a quienes tenemos al lado.

Lo que queda pendiente se juega en cada decisión: cada accidente que se puede evitar y cada situación de violencia que se previene habla de la comunidad que queremos construir. La meta es celebrar las tradiciones, disfrutar con quienes queremos y volver a casa sin tener que lamentar situaciones que pudieron evitarse, porque cuidarnos entre todos también es una manera de celebrar Chile.

El siglo XXI se configura como la era de la hiperconectividad tecnológica y, paradójicamente, del aislamiento más profundo del ser humano. En la Región de Aysén, donde las distancias son enormes y las redes comunitarias son un sostén vital, la sustitución del rostro humano por interfaces automatizadas en bancos, supermercados y servicios de atención al cliente no es solo un avance, sino un muro que nos deja frente a una burocracia digital invisible e impenetrable, según se mencionó en El Divisadero.

El texto original advierte que el neoliberalismo de consumo ha mercantilizado cada aspecto de la existencia, transformando las relaciones en transacciones efímeras. Bajo la lógica del “individuo hecho a sí mismo”, los tejidos comunitarios y las redes de apoyo mutuo se desmantelan. En nuestro territorio, donde la solidaridad vecinal suele ser la primera red de seguridad, esta atomización nos convierte en competidores o recursos explotables, erosionando nuestra capacidad de respuesta colectiva ante las crisis.

El consumo se presenta entonces como el gran analgésico para el vacío existencial que genera esta competencia. Compramos para pertenecer, pero el objeto adquirido nos devuelve de inmediato a la soledad, atrapados en un bucle infinito de aislamiento hedonista que afecta directamente el bolsillo y la salud mental de los ciudadanos.

En este escenario, la Inteligencia Artificial no es un fenómeno aislado, sino la culminación de una lógica que prioriza la optimización por sobre el encuentro cara a cara. Los algoritmos de recomendación nos encierran en burbujas de filtro que simulan un mundo a nuestra medida, pero que nos aíslan de la alteridad, estandarizando la experiencia humana y eliminando la necesidad de negociar el espacio común con otros seres reales.

La impersonalidad se vuelve dramática cuando la IA se ofrece como sustituto afectivo. El auge de acompañantes virtuales demuestra la desesperación de una sociedad que ya no sabe cómo lidiar con otros; ofrecen una simulación de empatía sin los riesgos del compromiso real. Al preferir la docilidad de un algoritmo a la complejidad de un lazo humano, atrofiamos nuestra capacidad de amar y nos volvemos invisibles para corporaciones que nos procesan como simples flujos de datos.

La soledad contemporánea no es la ausencia de personas, sino la ausencia de significado en los vínculos. El sistema nos quiere productivos y solitarios, porque el sujeto aislado consume más y protesta menos. Lo que falta resolver es cómo recuperamos la radicalidad del encuentro físico y la solidaridad comunitaria en nuestros barrios y territorios; de lo contrario, terminaremos habitando una Patagonia llena de fantasmas digitales, conectados a redes infinitas, pero irremediablemente solos frente a nuestras pantallas.

Y el documento conjunto conocido el mismo 22 de septiembre va todavía más lejos: habla de intercambio reforzado de inteligencia, acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, formación de personal, coordinación económica, sanciones y acciones multilaterales contra organizaciones criminales. Por eso resulta razonable preguntar qué información chilena será compartida, quién podrá acceder a ella, bajo qué protocolos, qué costos tendrá y qué mecanismos de control existirán.

El diputado del Frente Amplio Ignacio Achurra cuestionó precisamente que una decisión de esta naturaleza no hubiese sido previamente debatida con el Congreso. Y desde el Partido de la Gente, Zandra Parisi planteó un punto similar: cooperación contra el narcotráfico, sí, pero “con las cosas claras”, preguntando incluso por eventuales tropas y costos para Chile.

La historia latinoamericana obliga, además, a mirar con atención cualquier esquema de capacitación y cooperación internacional en seguridad.

No es correcto decir que el Escudo de las Américas sea una nueva Escuela de las Américas, pero aquella experiencia histórica —un centro estadounidense donde fueron entrenados numerosos militares latinoamericanos y cuyos programas quedaron asociados a fuertes controversias de derechos humanos— explica por qué la transparencia y el control institucional no son detalles menores.

Colombia, integrante de esta nueva coordinación, demuestra además que décadas de cooperación internacional no eliminan por sí solas el problema: continúa siendo uno de los principales países de cultivo de coca monitoreados por Naciones Unidas. Eso no permite afirmar que sus fuerzas policiales, como conjunto, sean responsables del fracaso, pero sí recuerda que ninguna alianza internacional sustituye instituciones nacionales sólidas, fiscalización y control democrático.

El punto de fondo, entonces, no es solamente repetir que “no es un tratado”. La pregunta pública es otra: ¿qué comprometió exactamente Chile, qué información se compartirá, con quién, bajo qué controles y por qué el 14 de septiembre éramos observadores y apenas ocho días después aparecíamos formalmente adheridos?

Calificar este episodio como propio de una “dictadura” sería una valoración política, no un hecho demostrado.

Lo que sí está documentado es el cambio de posición del Ejecutivo y que parlamentarios de distintos sectores están exigiendo mayor información y debate sobre una decisión que involucra seguridad, inteligencia y cooperación internacional.

La diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón volvió a marcar distancia con la decisión del Gobierno de retirar el respaldo chileno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Tras el retiro definitivo de la postulación, la parlamentaria planteó que, para su propio sector, habría sido preferible que la expresidenta continuara desarrollando su actividad política en la ONU antes que regresar a instalarse en Chile.

Ossandón fue explícita: considera que Bachelet sigue siendo una figura relevante dentro de la oposición y que podría transformarse en un elemento de articulación para un sector que actualmente tiene dificultades para coordinarse. “Puede ser un pilar fundamental reorganizando la oposición”, señaló, agregando que para su sector “hubiera sido mejor Bachelet trabajando en la ONU que tenerla instalada en Chile”.

La diputada también recordó que desde un comienzo discrepó de la decisión de retirar el apoyo chileno y sostuvo que, aun cuando veía difícil que Bachelet alcanzara la Secretaría General, quitarle el respaldo de su propio país debilitaba políticamente su candidatura.

La incógnita ahora es qué papel decidirá asumir la expresidenta. Bachelet afirmó al retirar su candidatura que continuará activa en el ámbito internacional, por lo que cualquier eventual participación más intensa en la política interna chilena sigue siendo, por ahora, una posibilidad planteada por Ossandón y no una decisión anunciada por la exmandataria.

Durante décadas, las regiones australes de Chile han demostrado que es posible construir desarrollo productivo lejos de Santiago. En medio de fiordos, canales y territorios extremos, miles de familias han levantado comunidades, emprendido negocios y forjado proyectos de vida gracias a actividades económicas que generaron empleo e inversión donde antes solo había aislamiento. La salmonicultura ha sido parte central de esa transformación: gracias al trabajo de generaciones de trabajadores, emprendedores, proveedores y empresas, Chile se convirtió en el segundo productor mundial de salmón, según se mencionó en El Divisadero. No es un dato menor: es el resultado de años de esfuerzo, innovación y adaptación en territorios donde producir siempre ha sido más difícil y costoso que en el centro del país.

Es legítimo y necesario discutir sobre las dificultades y errores que marcaron algunas etapas de la historia de la salmonicultura. Toda actividad productiva debe aprender y mejorar continuamente. Pero también es cierto que la industria actual es muy distinta a la de hace treinta años. Hoy existe una extensa normativa ambiental, sanitaria y sectorial, junto con múltiples organismos encargados de supervisar su cumplimiento. La exigencia es alta y debe seguir siéndolo. El problema no está en que existan regulaciones, sino en que las reglas se vuelven inciertas, los procesos excesivamente lentos y las decisiones de las autoridades difíciles de anticipar.

Cuando una inversión demora años en obtener respuesta, cuando distintos organismos interpretan de manera diferente una misma normativa o cuando no existe claridad sobre cómo avanzar un proyecto, el resultado siempre es el mismo: menos inversión y menos empleo. Y cuando eso ocurre, quienes más lo resienten no son las grandes compañías, sino las regiones y sus habitantes. El desafío de fondo no es si queremos más o menos regulación, sino construir una institucionalidad que entregue certezas. Las regiones australes necesitan un Estado que fiscalice con rigor, pero también que sea capaz de promover el desarrollo. Un Estado que proteja el patrimonio natural que distingue a Aysén, pero que al mismo tiempo comprenda que el empleo y las oportunidades también son parte de la sostenibilidad.

En este aspecto, resulta interesante observar la experiencia de Noruega, donde existe una convicción transversal: el crecimiento económico y la protección ambiental deben avanzar juntos. Allí las autoridades, comunidades, academia e industria han construido una visión compartida de largo plazo sobre el papel estratégico de la acuicultura. Noruega no es exitosa porque tenga menos exigencias ambientales, sino porque posee reglas claras, estabilidad regulatoria y una política de Estado que entrega señales consistentes a quienes invierten, innovan y generan empleo.

Chile tiene todas las condiciones para seguir siendo un líder mundial en la producción sustentable de alimentos: cuenta con conocimiento técnico, empresas de nivel internacional, trabajadores altamente capacitados y regiones que han demostrado una enorme capacidad de desarrollo. Lo que falta es una señal clara. La discusión pública sobre el futuro de las regiones australes debería dejar atrás las falsas dicotomías: no se trata de elegir entre conservación o desarrollo, ni entre comunidades o inversión. El verdadero desafío consiste en construir un modelo que permita proteger aquello que nos hace únicos mientras generamos oportunidades para quienes viven aquí.

Aysén necesita más empleo, más innovación, más emprendimiento y más oportunidades para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro sin verse obligadas a migrar. Para lograrlo, se requiere un Estado moderno, capaz de establecer reglas claras, procesos eficientes y una visión de desarrollo de largo plazo. Nuestras políticas públicas deben regular sin bajar estándares ambientales y sanitarios, pero mejorando el marco para dar el salto al desarrollo. Con Noruega competimos en los mercados mundiales, pero la gran diferencia es que en ese país el Estado asumió un papel relevante y fijó una ruta de crecimiento para la industria del salmón. Si en Chile ocurriera algo así, el resultado solo hablaría de crecimiento, porque si somos capaces de transformarnos en una potencia mundial del salmón desde la zona más austral del planeta, también podemos convertirnos en un ejemplo de cómo el desarrollo sostenible y el progreso regional pueden avanzar de la mano. El Estado debe asumir un rol conductor de futuro en la industria del salmón, porque el futuro de Aysén depende, en buena medida, de que entendamos una verdad simple: cuando las regiones crecen, Chile crece con ellas.

La imagen desde las alturas es impactante: una alfombra verde interminable surcada por ríos que parecen culebras amarillas. Pero esa inmensidad esconde una fragilidad extrema. La selva amazónica, hogar de más de 35 millones de personas, se acerca a un umbral crítico que la ciencia ya definió como “punto de no retorno”.

Según se mencionó en El Divisadero, si la deforestación alcanza el 20%, la selva perderá la capacidad de generar sus propias lluvias y comenzará un proceso de sabanización. Al día de hoy ya hemos destruido cerca del 17%. El margen que resta no se mide en décadas, sino en un puñado de hectáreas.

El Amazonas no es un problema lejano. Actúa como el órgano vital regulador del clima y la vida en toda la Tierra. Si ese motor se apaga, el mayor sumidero de carbono se convierte en una chimenea masiva, devolviendo toneladas de los desechos acumulados por siglos. Para la Región de Aysén, donde el agua, el bosque nativo y el clima son la base de la vida cotidiana, el colapso amazónico significaría alteraciones profundas en el régimen hídrico, la agricultura y la seguridad territorial de las comunidades.

La responsabilidad es política. El medio ambiente se ha transformado en un campo de batalla ideológico. Un partido adopta la bandera verde —a veces de forma muy superficial— y el opositor, con el puro afán de discrepar, adopta posturas negacionistas o prioriza el extractivismo inmediato para generar empleo a corto plazo. Lo que debería ser un consenso científico universal se fragmenta.

Mientras tanto, cada inicio de primavera o verano se transforma en una sentencia de muerte para las áreas verdes del planeta. Las estaciones que antes daban inicio al florecimiento de la vida han pasado a ser temporada de incendios y sequías extremas que acaban con todo tipo de vida a su paso.

El destino del planeta está en manos de unos pocos, y las decisiones que tomen —o dejen de tomar— en el corto plazo definirán si el colapso global se detiene o se acelera. El margen para evitar el punto de no retorno se reduce a un puñado de hectáreas. Hasta el momento todos vamos en el mismo barco: si se hunde, nos ahogamos todos. O nos salvamos o irremediablemente desaparecemos.