Categoría: Actualidad

El escenario judicial del senador por Aysén Miguel Ángel Calisto sumó nuevos movimientos, aunque hasta la mañana de este lunes 28 de septiembre todavía no se conoce públicamente una resolución definitiva de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt respecto de su nuevo desafuero.

El 14 de septiembre, la Corte de Puerto Montt escuchó los alegatos del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y de la defensa del parlamentario.

Terminada esa audiencia, el desafuero quedó “en acuerdo”, es decir, pendiente de que los ministros adopten y publiquen su resolución.

La solicitud se produce después de que la Fiscalía Regional de Aysén cerrara nuevamente la investigación el 4 de septiembre y presentara acusación contra ocho imputados.

Entre ellos se encuentra Calisto, a quien el Ministerio Público acusa por fraude al Fisco.

La Fiscalía sostiene que el perjuicio investigado supera los $100 millones y, respecto del senador, ha solicitado una pena de 12 años de presidio.

Esa petición corresponde a la acusación del Ministerio Público y no constituye una sentencia de culpabilidad.

Pero mientras Puerto Montt estudia el desafuero, se abrió paralelamente otra controversia judicial.

La defensa de Calisto había pedido que la investigación se extendiera por otros 120 días y reclamó acceso a determinados soportes digitales entregados por otro imputado, argumentando que necesitaba conocer la totalidad de esos antecedentes para ejercer adecuadamente la defensa.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó esa solicitud el 4 de septiembre.

La defensa recurrió entonces de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Sin embargo, el 16 de septiembre, la Primera Sala rechazó el recurso por unanimidad.

La Corte sostuvo que las controversias planteadas —acceso a antecedentes y tiempo para examinarlos— se relacionaban con el ejercicio del derecho a defensa, pero que no constituían, en las circunstancias analizadas, una amenaza directa, cierta e ilegal contra la libertad personal o seguridad individual del senador.

El tribunal agregó un elemento relevante: determinados soportes digitales reclamados por la defensa no fueron incluidos por el Ministerio Público entre las pruebas ofrecidas en su acusación y, por lo tanto, según lo señalado por la Corte, no podrían utilizarse en contra de Calisto en ese juicio.

Pero el asunto no terminó ahí.

El 23 de septiembre, el abogado Nelson Salas, en representación de Calisto, presentó una apelación ante la Corte Suprema contra el rechazo del amparo.

La defensa solicita que el máximo tribunal revierta lo resuelto en Coyhaique, ordene entregar copia de la totalidad de los antecedentes reclamados y permita ampliar la investigación durante otros 120 días.

Así, actualmente existen dos decisiones relevantes pendientes:
Por una parte, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt debe resolver la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía.

Por otra parte, la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la apelación relacionada con el rechazo del amparo y la petición de la defensa de acceder a los antecedentes y obtener más plazo investigativo.

Hasta este lunes 28 de septiembre, no aparece publicada una nueva sentencia que resuelva el desafuero en Puerto Montt.

El caso, por lo tanto, continúa abierto en distintos frentes judiciales.
Y una precisión indispensable: Calisto se encuentra acusado por el Ministerio Público, pero estas actuaciones procesales no equivalen a una condena; la responsabilidad penal deberá determinarse judicialmente en las etapas correspondientes.

Los antecedentes sobre el cierre y nueva acusación del 4 de septiembre están confirmados por el Ministerio Público.

El rechazo unánime del amparo y sus fundamentos constan también en información oficial de Fiscalía y en la cobertura del fallo.

La apelación ante la Suprema fue presentada el 23 de septiembre y solicita expresamente los antecedentes y 120 días adicionales.
En la imagen el Senador CALISTO pide al Ministro Arrau, reforzar las fronteras cuando él mismo tiene una medida cautelar del tribunal judicial, cuya orden que le prohíbe salir del país

La seguridad pública en la Provincia de Aysén no depende de una sola institución, sino del trabajo articulado de tres unidades del Complejo Policial Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile, que desde hace meses llevan a cabo investigaciones, fiscalizaciones y controles con el fin de proteger a la comunidad. Según se mencionó en El Divisadero, esta estructura policial reúne a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM), a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) y a la Sección de Migraciones y Policía Internacional, cada una con un rol específico pero orientado a un mismo objetivo: que la seguridad sea integral y no solo visible.

La BICRIM Aysén se dedica a investigar delitos que afectan a las personas y a su patrimonio. Sus detectives realizan diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y reunir antecedentes que sirvan a las investigaciones que dirige el Ministerio Público. Tras cada procedimiento, se ejecuta un trabajo de análisis de información, entrevistas y empadronamientos que permite esclarecer los casos y aportar pruebas al proceso judicial.

Por su parte, la BIDEMA Aysén investiga hechos que pueden afectar la fauna, el medio ambiente y el patrimonio cultural de la región. Esta especialidad combina investigación criminal con conocimientos técnicos y coordinación con organismos especializados, lo que resulta fundamental en una provincia donde los recursos naturales y el patrimonio son parte central de la identidad y la vida de sus habitantes. La protección de estos bienes no es solo una tarea ambiental, sino una cuestión que afecta directamente el territorio donde la comunidad vive y desarrolla su actividad económica y cultural.

La tercera pata de este trabajo la cumple la Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén, encargada de verificar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente. Entre julio y septiembre se efectuaron cinco fiscalizaciones de extranjeros en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, donde se fiscalizó a más de 121 personas. De ese total, 12 fueron detectadas vulnerando disposiciones de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería, por lo que fueron denunciadas ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Los resultados concretos de estas unidades durante el período mencionado reflejan el esfuerzo institucional: se concretó la detención de ocho personas y el arresto de otras nueve, como resultado de diligencias investigativas y requerimientos de los tribunales de justicia. Estas cifras, sin embargo, deben leerse en el contexto de una provincia geográficamente extensa y desafiante, donde la presencia policial y la cobertura territorial enfrentan limitaciones que hacen que cada procedimiento cobre un valor estratégico para la seguridad ciudadana.

La crítica que se puede construir a partir de estos datos es clara: la seguridad en Aysén depende de un trabajo que la comunidad no siempre puede ver. La investigación criminal, la protección del medio ambiente y la fiscalización de extranjeros son ámbitos distintos que convergen en una misma idea, pero también revelan una realidad: la provincia necesita más presencia, más recursos y mayor coordinación institucional para cubrir un territorio donde las distancias y las condiciones geográficas complican el acceso. El trabajo silencioso de los detectives y fiscales es necesario, pero no basta si no se acompaña de una política de Estado que fortalezca las capacidades operativas de estas unidades.

Porque la seguridad no se construye solamente con aquello que la comunidad alcanza a ver, sino también con el trabajo profesional y permanente de quienes, cada día, investigan, fiscalizan y sirven a Aysén. Lo que queda pendiente es que ese esfuerzo invisible reciba el respaldo institucional, los recursos y el reconocimiento que merece, para que la confianza de quienes habitan este territorio no dependa solo del compromiso individual de los policías, sino de un sistema que garantice la seguridad como un derecho concreto y no como una promesa.

La semana ha estado marcada por el debate en torno al llamado ‘Escudo de las Américas’, tras la firma en Estados Unidos de un documento por parte del presidente Kast. Según se mencionó en el Departamento de Estado de EE.UU., los compromisos asumidos van mucho más allá de la coordinación contra el crimen organizado que Kast ha señalado públicamente. El comunicado, titulado ‘Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica’, establece obligaciones en áreas militar, diplomática y económica para los países firmantes, y Chile no se sustrajo a ellas. Chile se compromete a salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos como litio, cobre y tierras raras, entregando acceso privilegiado a Estados Unidos, lo que implica que la decisión de a quién se venden estos recursos no será chilena, ni siquiera pensar en hacer negocios comerciales con China u otros países. Además, el acuerdo obliga a Chile a invertir recursos en defensa, como la compra de aviones, directamente a empresas estadounidenses, afectando el presupuesto destinado a otras necesidades nacionales. Según la RAE, la soberanía otorga a un Estado la capacidad de gobernarse a sí mismo, crear sus propias leyes y tomar decisiones libres en su territorio, sin poder ser cedida o transferida. Con este acuerdo, las prioridades de Chile pasan a un segundo plano frente a los intereses del imperio del norte, en lo que se describe como un descenso del patriotismo al entreguismo. Resta por ver cómo se materializarán estos compromisos en políticas concretas y qué impacto tendrán en la economía y los derechos de los ciudadanos chilenos., según se mencionó en El Divisadero.

La evolución de la criminalidad en Chile ha exigido a las instituciones adaptarse a nuevas realidades, y en la Región de Aysén, el crecimiento de denuncias supera el 8% anual según datos informados por Viento Patagón. Este escenario ha impulsado la adopción de la inteligencia artificial en la Unidad de Análisis Criminal SAC y las Fiscalías Locales, mediante el ecosistema tecnológico ‘Fiscal HeredIA’. La herramienta, desarrollada en colaboración con universidades y financiada por el FONDEF, ha procesado más de un millón de páginas de documentos judiciales y tres millones de audios, reduciendo en un 90% el tiempo de análisis. Sin embargo, su enfoque en la optimización de procesos internos plantea preguntas sobre su efectividad real en la prevención de delitos y en la atención prioritaria de casos en comunidades alejadas. Mientras la IA fortalece la capacidad de detección de redes delictuales complejas, su dependencia tecnológica podría generar desigualdades en la acceso a la justicia, especialmente en zonas con menor infraestructura. El reconocimiento internacional del sistema, incluido el segundo lugar del IFORS Prize for OR in Development 2026, destaca su potencial, pero no resuelve el problema central: cómo garantizar que la seguridad en Aysén no se limite a algoritmos, sino que aborde las causas estructurales de la criminalidad. La falta de transparencia sobre los costos y la distribución equitativa de los recursos tecnológicos entre las Fiscalías Regionales sigue siendo un tema pendiente para evaluar su impacto real en la población., según se mencionó en El Divisadero.

Los usuarios y usuarias del ELEAM de Coyhaique enfrentan una realidad que ha generado profunda preocupación entre la ciudadanía de la Región de Aysén. Las denuncias sobre las condiciones del establecimiento han sido planteadas públicamente por distintos parlamentarios de la región, incluso a nivel del Congreso Nacional, según lo informado por Viento Patagón. Lo más preocupante es que, hasta ahora, no se conozca una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes frente a una situación que demanda explicaciones y acciones concretas. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué están haciendo las instituciones públicas que tienen competencia en esta materia, y también a conocer qué medidas se están adoptando y cuáles son las condiciones actuales del establecimiento.

Los adultos y adultas mayores siempre han sido presentados como una prioridad por este y por anteriores gobiernos. Sin embargo, cuando se solicitan señales concretas que permitan demostrar que esa prioridad existe, las respuestas no aparecen con la rapidez que la situación demanda. Un ELEAM fue concebido precisamente para entregar cuidados, bienestar y condiciones adecuadas a personas que requieren apoyo permanente. Por eso, cualquier denuncia sobre eventuales deficiencias debe ser investigada con seriedad y, si corresponde, corregida con rapidez, sin buscar culpables antes de tiempo, sino garantizando que quienes viven allí reciban el trato y los cuidados que merecen.

Lo que está en juego no es solo un tema presupuestario. También existe una dimensión de gestión, de voluntad y de actitud frente a una realidad que afecta a personas especialmente vulnerables. Los adultos mayores no pueden convertirse en una prioridad solamente en los discursos, en las ceremonias o en los programas de gobierno. Las prioridades se demuestran cuando existen problemas concretos y se toman decisiones para resolverlos. La dignidad no puede ser una promesa para el futuro; es una obligación del presente, según se mencionó en El Divisadero.

La ciudadanía no necesita más declaraciones sobre cuánto se les importa a los adultos mayores: necesita ver que las instituciones están haciendo lo necesario para protegerlos y asegurarles una vida digna. La pregunta que queda abierta es qué se hará, concretamente, para resolver las situaciones que sean efectivamente constatadas en el ELEAM de Coyhaique. Ojalá no tengamos que esperar a que ocurra un hecho todavía más grave para reaccionar.

A veces la ironía política necesita pocas palabras. Y esta vez llegaron… en inglés.
Durante su paso por la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente José Antonio Kast leyó un pasaje en inglés durante cerca de un minuto.

El registro se viralizó rápidamente y abrió una discusión en redes sobre su pronunciación y fluidez: hubo críticas, memes, referencias a cursos de inglés, pero también personas que defendieron que el mandatario consiguió transmitir su mensaje.

El episodio incluso hizo reaparecer antiguos registros de Gabriel Boric hablando en inglés, con los que usuarios comenzaron a hacer comparaciones. Hay, por ejemplo, una intervención documentada en UCLA en que Boric intenta responder preguntas directamente en inglés.
Y Michelle Bachelet también tiene intervenciones públicas en ese idioma: Naciones Unidas conserva, entre otros registros, una entrevista suya realizada íntegramente en inglés cuando dirigía ONU Mujeres.

Y entonces apareció Evelyn Matthei.
Un usuario le preguntó en Instagram: “Tía Evelyn, ¿usted sabe hablar inglés?” Matthei no respondió con un certificado ni con una explicación sobre sus estudios: contestó directamente en inglés y recomendó practicar conversaciones con inteligencia artificial, utilizarla para recibir retroalimentación sobre la pronunciación y complementar el aprendizaje con videos y pódcasts. Es decir, al menos en el registro publicado, Matthei dejó bastante claro que puede desenvolverse en el idioma.

Lo más interesante es que Matthei no mencionó a Kast ni dijo que su publicación estuviera dirigida a él. Fueron usuarios quienes hicieron inmediatamente la asociación con el episodio de Naciones Unidas.

Y ahí está quizás la mejor ironía de todas: nadie necesitó traducción simultánea para entender la coincidencia.

La intervención de Serguéi Lavrov en la ONU coloca a Estados Unidos en el centro de las acusaciones rusas: Moscú exige terminar con las sanciones y el cerco económico sobre Cuba, cuestiona la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y reclama avanzar hacia un Estado palestino, mientras Washington mantiene una estrecha cooperación militar con Israel.

La administración Trump ha endurecido las sanciones contra Cuba y el propio Trump afirmó esta semana que ejerce sobre La Habana una presión sin precedentes.

En Venezuela, Estados Unidos capturó a Maduro mediante una operación militar en enero y Delcy Rodríguez gobierna interinamente mientras negocia directamente con Washington asuntos petroleros, financieros y políticos.

La legalidad internacional de la captura de Maduro sigue siendo discutida: Rusia la considera inadmisible, mientras especialistas señalan que existen argumentos jurídicos contrapuestos sobre su inmunidad y el reconocimiento de su gobierno.

Y aparece un elemento que aumenta la tensión: informes recientes atribuidos a la inteligencia estadounidense advierten de posibles operaciones rusas híbridas o con drones contra intereses europeos.

Pero no existe evidencia pública que permita afirmar que esas advertencias sean una maniobra de la CIA destinada a distraer de la confrontación política entre Moscú y Washington; esa sería una interpretación, no un hecho probado.

De hecho, la propia OTAN ha señalado recientemente que no observa una amenaza inminente de un ataque militar ruso directo, aunque sí mantiene preocupación por operaciones híbridas.

El escenario muestra una relación mucho más contradictoria que una simple lógica de enemigos: Trump amenaza y presiona, pero al mismo tiempo mantiene canales de diálogo con Putin y prepara encuentros diplomáticos con China. La disputa entre las grandes potencias se desarrolla simultáneamente mediante presión militar, sanciones, inteligencia y negociación.

Según lo informado por El Divisadero, en los próximos días dará inicio el curso de Panadería Básica en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, donde trece personas privadas de libertad se capacitarán dentro del Programa CET (Centro de Educación y Trabajo) de esa unidad penal.

El despliegue territorial abarcará tres espacios penitenciarios de la región: el CET Semiabierto Valle Verde ofrecerá Soldadura Básica a siete usuarios; el CET Cerrado de Chile Chico impartirá Panadería Básica para cinco personas; mientras que el CET Cerrado de Coyhaique mantiene en proceso de publicación la propuesta “Emprendimiento y Gestión de Microemprendimientos para la Reinserción Social y Laboral”, dirigida a doce usuarios.

Desde una mirada territorial, estas acciones buscan reducir los efectos del encarcelamiento en el tejido social de Aysén, fortaleciendo competencias laborales que faciliten la reinserción de las personas privadas de libertad y, según los organizadores, contribuyendo a disminuir la reincidencia delictiva en una región donde la seguridad ciudadana y la reconstrucción de vínculos familiares son demandas cotidianas de la comunidad.

La inversión proyectada supera los nueve millones de pesos, financiados íntegramente con fondos autogenerados por los propios CET mediante la venta de sus productos, lo que coloca la sostenibilidad del programa en dependencia directa del mercado de bienes producidos en el interior de las cárceles y abre interrogantes sobre la estabilidad de estas políticas.

Pese a que la normativa del Ministerio de Justicia y DDHH enmarca estas actividades como “Prestaciones de Garantía de Derechos” orientadas a ejercer derechos ciudadanos, la demora en la publicación de la propuesta para Coyhaique y la limitada cobertura de 37 usuarios en toda la región evidencian brechas de acceso que impiden que la formación laboral penitenciaria alcance a la totalidad de personas privadas de libertad que podrían beneficiarse de estas oportunidades.

La artista Ximena Castillo, oriunda de Chile Chico y radicada en Puerto Aysén, presenta su serie Ethos de Melancolía, un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que busca llevar la producción artística más allá de los grandes centros. La iniciativa, que incluye pinturas al óleo y dibujos en punta de plata con técnicas inspiradas en el arte renacentista y barroco, llega a una región donde el acceso a cultura suele estar limitado por la distancia y la infraestructura, y donde la descentralización se convierte en una necesidad real para las comunidades.

Puerto Aysén, enclavado en la Patagonia chilena, vive bajo un clima lluvioso, una luz difusa y un ritmo vital pausado que, según el propio proyecto, imprime en sus habitantes un carácter introspectivo. Esa sensibilidad territorial —cielos nublados, abundantes lluvias, largos inviernos y una relación estrecha con la naturaleza— configura el imaginario colectivo que Castillo busca retratar: la melancolía no como carencia, sino como forma de contemplación y vínculo profundo con el entorno.

La artista tomó como fuente directa a los propios habitantes de Puerto Aysén, mediante observación, entrevistas y registro fotográfico. Los vecinos se transforman así en protagonistas de la propuesta, no solo como referentes visuales, sino como portadores de un ethos que dialoga con tradiciones artísticas universales. La elección de este territorio como lugar de investigación fue, según se indica, altamente pertinente precisamente porque la comunidad local alimentó cada etapa del proceso creativo.

Durante las muestras se realizarán conversatorios comunitarios con la artista, instancias que permiten compartir los procesos artísticos involucrados y acompañar los relatos incluidos en la bitácora de la artista, que estará disponible en la exhibición. Estas jornadas amplían el alcance de la muestra más allá de la pintura: convierten el encuentro artístico en un espacio de diálogo vecinal, algo que en territorios alejados de las capitales regionales suele ser una oportunidad escasa.

La exhibición se realizará en dos localidades de la Región de Aysén: la Casa de la Cultura de Chile Chico entre el 26 y el 30 de octubre, y la Biblioteca Municipal de Puerto Aysén entre el 13 y el 25 de noviembre. El calendario favorece la descentralización de la producción y la circulación artística, llevando cultura a comunas que no cuentan con las mismas infraestructuras que la capital regional. Después de estas fechas, la artista busca la exhibición nacional e internacional, aunque los detalles de esas instancias aún no están definidos.

La pregunta que guía el proyecto —«¿Es el hombre un elemento que contempla el paisaje o bien es el paisaje el que se constituye en parte del hombre?»— refleja la tensión central de una obra que nace de un territorio específico pero aspira a conversar con tradiciones artísticas universales. La artista señaló que este viaje creativo la acompañará toda la vida, y que el arraigo en la identidad local es lo que da sentido a la colección, según se mencionó en El Divisadero.

La exposición Ethos de Melancolía representa un caso más de cómo recursos públicos, como los del Ministerio de las Culturas, pueden impulsar proyectos artísticos en la periferia, aunque la proyección nacional e internacional sigue siendo una meta por concretar. Queda pendiente, de acuerdo con lo informado sobre la artista, confirmar los espacios y fechas de esas exhibiciones futuras, así como el alcance concreto que tendrán los conversatorios comunitarios más allá de las dos localidades iniciales.

No estamos hablando solamente del precio que aparece en una estación de servicio.
Chile depende fuertemente del diésel importado y Estados Unidos es, por lejos, nuestro principal proveedor externo.

Si Washington finalmente restringe sus exportaciones, Chile tendría que buscar rápidamente combustible en mercados como Corea del Sur, Japón u otros proveedores, justamente cuando el mercado mundial del diésel ya está extremadamente estrecho.

Eso significa más competencia por el combustible, mayores costos de transporte y presión sobre los precios.

¿Dónde se sentiría primero?

En los camiones que transportan alimentos y mercaderías, en la maquinaria pesada, en la construcción y especialmente en la gran minería, donde enormes camiones, equipos y generadores funcionan con diésel. La propia CNE proyecta que la demanda nacional seguirá creciendo por el transporte carretero y la minería.

Y ahí comienza el efecto dominó: sube el costo del camión que lleva frutas, verduras, carne, materiales de construcción o productos al supermercado; aumenta el costo de producir y transportar, y parte de ese mayor gasto termina trasladándose al precio final.

En palabras simples: no se trata de que mañana Chile se quede sin diésel, porque existen inventarios, producción nacional y proveedores alternativos. Pero reemplazar rápidamente al principal proveedor sería más caro y difícil, especialmente en un mercado mundial con escasez. El riesgo es una nueva presión inflacionaria que terminaría llegando al bolsillo de las familias.

Chile mantiene además el MEPCO, que puede amortiguar parte de las variaciones del precio de los combustibles, incluido el diésel, pero ese mecanismo puede suavizar el impacto en precios: no puede fabricar el combustible que falte en el mercado internacional.

Cuando una potencia decide proteger su mercado interno cerrando sus exportaciones, el costo puede terminar pagándose a miles de kilómetros de distancia.

Y Chile, por su alta dependencia del diésel estadounidense, estaría entre los países directamente expuestos.