Categoría: Actualidad

El Ministerio de Salud confirmó la salida de la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, luego de semanas marcadas por crecientes denuncias y acciones judiciales en su contra.
La autoridad regional llegó a enfrentar nueve denuncias bajo la Ley Karin, dos querellas y seis acciones de tutela laboral, situación que había provocado fuertes cuestionamientos de funcionarios y organizaciones gremiales.

Finalmente, este lunes el Ministerio de Salud resolvió solicitar su renuncia y confirmó públicamente su salida, señalando que próximamente informará quién asumirá la subrogancia. �
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La decisión vuelve a poner sobre la mesa una cuestión elemental: la Ley Karin no distingue jerarquías. Cuando las denuncias comprometen a una autoridad, el deber del Estado no puede ser mirar hacia el costado, sino investigar y actuar.
www.vientopatagon.com — ponemos el foco donde otros prefieren no mirar.

Hay mujeres que no nacieron para encajar en el molde de su época, sino para romperlo.

En las primeras décadas del siglo XX —cuando la política seguía siendo un espacio dominado casi por completo por los hombres—, Rosa Luxemburgo (1871–1919) irrumpió en la escena europea no como espectadora, sino como una de las intelectuales y dirigentes políticas más brillantes, audaces e incómodas de su generación.

En tiempos en que a muchas mujeres se les exigía silencio, obediencia o abnegación, Rosa eligió la inteligencia, la palabra, la organización política y la confrontación de ideas. Coincidió históricamente con el auge de los movimientos por el sufragio femenino, pero su pensamiento fue todavía más profundo: sostuvo que la emancipación de las mujeres debía ir unida a una transformación radical de las estructuras económicas y sociales que producían desigualdad y explotación.

Su trayectoria dejó lecciones que siguen interpelando hasta hoy:

La inteligencia también incomoda. Luxemburgo discutió con adversarios y compañeros de partido por igual. No aceptó el dogma ni siquiera cuando provenía de su propio sector político.

La coherencia tuvo un precio. Se opuso al militarismo y a la Primera Guerra Mundial cuando gran parte de la socialdemocracia alemana terminó respaldando los créditos de guerra. Por su actividad política conoció la persecución y la cárcel, pero continuó escribiendo, reflexionando y defendiendo sus convicciones.

Ser vanguardia nunca fue gratuito. El 15 de enero de 1919, en medio de la convulsión política alemana, Rosa Luxemburgo fue asesinada por integrantes de los Freikorps tras ser detenida en Berlín.

A las mujeres que hoy hacen política, lideran organizaciones, defienden causas sociales o simplemente se atreven a pensar distinto frente al poder, la historia de Rosa Luxemburgo les recuerda algo fundamental: la firmeza intelectual, la rebeldía y el derecho a tener una voz propia jamás han sido patrimonio masculino.

Se puede asesinar a una dirigente. Se puede intentar borrar una voz. Pero las ideas capaces de sobrevivir a su tiempo son mucho más difíciles de sepultar.

Rosa Luxemburgo murió en 1919. Su pensamiento continúa incomodando más de un siglo después.

«Quien no se mueve, no siente sus cadenas.»
— atribuida a Rosa Luxemburgo

Primero fue la megarreforma económica. Ahora viene la Constitución.
José Antonio Kast llegó democráticamente a La Moneda y hoy propone una reforma constitucional que busca colocar la seguridad pública como principio rector del Estado, crear mecanismos especiales contra organizaciones criminales y habilitar una nueva herramienta para intervenir territorios bajo control de bandas, incluso con colaboración de las Fuerzas Armadas.
La ironía es evidente: durante años escuchamos hablar de la antigua “democracia protegida”. Ahora pareciera abrirse paso otra fórmula: ser elegido democráticamente para acumular cada vez más herramientas excepcionales de poder.
Y atención, porque no estamos hablando de una simple ley.
La Constitución actual ya permite un estado de sitio frente a guerra interna o grave conmoción interior, pero requiere intervención del Congreso. La nueva propuesta pretende construir además una herramienta específica para aquellos territorios que el Gobierno considere capturados por organizaciones criminales, con participación militar y reglas especiales.
La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, ya adelantó que espera “unidad” parlamentaria para tramitarla y ha defendido expresamente la reforma constitucional.
Y aquí aparece la pregunta incómoda:
¿Dónde termina una política de seguridad firme y dónde comienza la normalización de poderes excepcionales?
Kast no posee por sí solo mayoría en ambas cámaras, pero ya demostró con su megarreforma económica que puede conseguir los votos necesarios mediante acuerdos parlamentarios.
Hoy es economía.
Mañana, seguridad.
Después, la Constitución.
Kast avanza con acuerdo. Y cuando el acuerdo no alcanza, intenta ensanchar el terreno donde puede avanzar.
Porque una democracia no deja de ser democracia solamente cuando desaparecen las elecciones.
También puede comenzar a debilitarse cuando los contrapesos pasan a ser vistos como obstáculos.
El punto más fuerte, a mi juicio, es el cierre porque mantiene la crítica política dura sin afirmar como hecho que Chile ya sea una dictadura, algo que hoy no sería jurídicamente sostenible. La comparación con la “democracia protegida” queda planteada como advertencia e ironía política, no como una afirmación histórica falsa.

El Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado una reforma constitucional enmarcada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), solicitando al Congreso una tramitación “rápida y con altura de miras”. La propuesta busca consagrar expresamente la seguridad pública como deber del Estado y crear un nuevo estado de excepción constitucional frente a graves alteraciones provocadas por organizaciones criminales y terroristas.

La pregunta, sin embargo, es inevitable: ¿hasta dónde llega esa “altura de miras” cuando el combate al crimen organizado exige seguir su dinero?
Porque el narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, el lavado de activos y las organizaciones criminales pueden disponer de mercancías ilícitas, propiedades y estructuras operativas, pero detrás de buena parte de esas actividades existe un objetivo económico. El dinero debe ingresar, circular, ocultarse, transferirse o blanquearse. Por eso la inteligencia financiera constituye una herramienta central para reconstruir la denominada ruta del dinero.
No se trata simplemente de una opinión política.

El proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, actualmente en discusión legislativa, fue diseñado precisamente para identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. La propia Comisión para el Mercado Financiero ha explicado que uno de sus objetivos es perseguir el dinero procedente de delitos vinculados al crimen organizado.

Uno de sus aspectos más controvertidos ha sido permitir, en circunstancias delimitadas, que la Unidad de Análisis Financiero pueda solicitar directamente a los bancos información actualmente protegida por secreto bancario. No sería una facultad indiscriminada para revisar las cuentas de cualquier ciudadano: la disposición aprobada por la Cámara la restringió a determinados análisis de operaciones sospechosas previamente reportadas y estableció condiciones para su utilización.

La propia UAF ha sostenido ante el Congreso que, para seguir eficazmente fondos de origen ilícito, las instituciones competentes necesitan reconstruir con mayor rapidez la trazabilidad de las operaciones financieras sospechosas.
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Y es precisamente aquí donde aparece una contradicción política difícil de ignorar.
Mientras desde La Moneda se pide al Parlamento rapidez y “altura de miras” para aprobar nuevas atribuciones constitucionales contra el crimen organizado, desde sectores de la derecha se ha rechazado ampliar el acceso institucional a información bancaria. El entonces diputado y dirigente Johannes Kaiser llevó incluso esa discusión al terreno ideológico al afirmar públicamente: “No estoy dispuesto a que un comunista acceda a mi cuenta”.

El argumento merece una precisión fundamental: levantar o establecer excepciones al secreto bancario para investigaciones de inteligencia financiera no equivale a entregar las cuentas corrientes de los ciudadanos a un partido político. La UAF es un organismo público especializado y sus funcionarios están sometidos legalmente al deber de reserva; la divulgación indebida de antecedentes protegidos puede implicar incluso destitución y otras responsabilidades.
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Por eso el debate no debería reducirse a quién es comunista, quién es de derecha o quién gobierna circunstancialmente La Moneda.
La discusión verdaderamente seria es otra: qué controles democráticos, requisitos, trazabilidad y sanciones deben existir para que el Estado pueda seguir el dinero del crimen organizado sin vulnerar injustificadamente la privacidad de los ciudadanos.
Se pueden endurecer penas, ampliar estados de excepción, aumentar controles fronterizos y desplegar más policías. Pero si las instituciones encargadas de perseguir organizaciones criminales encuentran obstáculos precisamente cuando intentan reconstruir el recorrido de millones obtenidos ilícitamente, se estará golpeando una parte del problema mientras otra permanece protegida detrás de una muralla financiera.
Combatir al crimen organizado exige perseguir al delincuente, pero también su patrimonio. Porque una organización criminal puede reemplazar a un integrante detenido; lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir cuando el Estado logra detectar, congelar, incautar y quitarle el dinero que financia su estructura.
Y ahí queda planteada la paradoja: pedir “altura de miras” al Congreso también obliga al Gobierno y a sus aliados a demostrarla cuando seguir la ruta del dinero toca intereses y cuentas bancarias.

Magdalena Piñera declaró que no quiere un Congreso “lleno de Manouchehris” y aseguró que al diputado socialista “nadie lo admira, nadie lo sigue”.

Curiosa manera de contar seguidores: Daniel Manouchehri obtuvo cerca de 100 mil votos, la mayor votación parlamentaria registrada en la Región de Coquimbo. Parece que para ciertas élites el voto popular solo merece respeto cuando confirma sus preferencias; cuando elige a alguien incómodo, se transforma apenas en un montón de “likes”.

Manouchehri podrá gustar o no, y su estilo podrá parecer confrontacional, pero su labor fiscalizadora produjo resultados concretos.

Junto con Daniella Cicardini impulsó acciones contra magistrados vinculados con las revelaciones del caso Hermosilla, entre ellas la acusación constitucional que terminó con la destitución del juez Antonio Ulloa.
También ha denunciado posibles redes de influencia y eventuales ilícitos surgidos de los chats y audios investigados por la Fiscalía.

Mientras algunos pedían mejores modales, otros abrían expedientes.

Y cuando la fiscalización comenzó a rozar a quienes durante años se consideraron intocables, aparecieron ataques, descalificaciones e incluso antecedentes sobre intentos de desacreditar a los parlamentarios. Nada sorprendente: el poder suele amar el diálogo hasta que alguien le pregunta por sus cuentas, sus contactos o sus favores.

Magdalena Piñera tiene pleno derecho a criticar a Manouchehri. Lo que no puede pretender es reemplazar con su opinión el mandato ciudadano que lo llevó al Congreso. Los parlamentarios no están allí para agradar a una familia, cuidar apellidos ilustres ni recibir certificados de buena conducta de quienes siempre tuvieron acceso privilegiado al poder.

Porque la fiscalización que no incomoda es decoración institucional. Y la justicia que solo persigue a quienes carecen de apellido, dinero o contactos no es justicia: es protocolo para pobres.

FUERTES MAREJADAS INUNDAN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Una fuerte marejada golpeó la costa de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, superando las defensas costeras y haciendo ingresar el agua a calles del centro de la ciudad. El episodio obligó a realizar desvíos de tránsito en sectores como avenida Ducós y Mitre y dejó incluso vehículos afectados por el avance del mar.

Lo que ocurre en Comodoro no resulta lejano para quienes vivimos en la Región de Aysén. Coyhaique y Comodoro Rivadavia están separadas por apenas unos cientos de kilómetros, unidas históricamente por pasos fronterizos, rutas comerciales y, sobre todo, por vínculos familiares que atraviesan la cordillera.
Desde hace décadas, especialmente durante buena parte del siglo XX, numerosos chilenos emigraron hacia la Patagonia argentina en busca de mejores oportunidades laborales. Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y otras ciudades patagónicas recibieron importantes comunidades chilenas, muchas provenientes de Aysén y de otras zonas del sur de Chile. Los estudios históricos muestran que esta corriente migratoria se hizo particularmente significativa en la Patagonia argentina y dejó familias cuyos lazos permanecen hasta nuestros días.

Por eso, detrás de las imágenes de calles inundadas existen también familias, amigos y descendientes de chilenos que forman parte de la historia común de ambos territorios.
El temporal se produce además mientras El Niño se encuentra activo y fortaleciéndose en 2026. NOAA confirmó que este fenómeno continuará intensificándose durante el año y que existe una alta probabilidad de que persista hasta comienzos de 2027.

El Niño tiene su origen en un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Aunque nace en el Pacífico, sus efectos no quedan confinados allí: altera la circulación de la atmósfera a escala continental y planetaria, pudiendo modificar los sistemas de presión, vientos y precipitaciones sobre Sudamérica y, mediante esa circulación atmosférica, influir indirectamente también sobre condiciones meteorológicas asociadas al Atlántico.
Eso sí, científicamente sería incorrecto responsabilizar exclusivamente a El Niño de esta marejada en particular. Los temporales costeros dependen de varios factores locales y regionales. El fenómeno constituye parte del escenario climático general, pero no permite por sí solo atribuir la causa de un evento específico.

Una solidaridad que la Patagonia ya conoce
La historia demuestra que esa cercanía entre argentinos y chilenos no existe solamente en los mapas.
Cuando en 1991 el volcán Hudson protagonizó una de las mayores erupciones registradas en Chile, la ceniza no reconoció la línea fronteriza y golpeó severamente tanto a Aysén como a la Patagonia argentina.

En aquellos difíciles días hubo cooperación desde Argentina hacia Chile. Los antecedentes históricos señalan que, en coordinación con las autoridades chilenas, se abrieron las fronteras para ayudar a los habitantes de Chile Chico y facilitar su evacuación hacia Comodoro Rivadavia, desde donde podían continuar posteriormente hacia Coyhaique.

Fue una catástrofe compartida y también una muestra de solidaridad entre comunidades que, aunque pertenecen a dos países diferentes, han aprendido durante generaciones que vivir en la Patagonia significa muchas veces necesitar del vecino que está al otro lado de la cordillera.
Hoy las imágenes provienen de Comodoro Rivadavia. Calles cubiertas por el agua, un mar que supera las defensas costeras y familias observando con preocupación la fuerza de la naturaleza.
Y desde Aysén corresponde mirar hacia nuestros vecinos con la misma cercanía con que tantas veces ellos han mirado hacia este lado.
Porque el clima no tiene fronteras.
La cordillera podrá separar administrativamente dos países, pero no puede separar la historia, las familias ni la solidaridad.
Fuerza Comodoro Rivadavia. Desde Aysén, nuestra solidaridad con sus habitantes.
La Patagonia es una sola cuando sus pueblos se necesitan.

Cuando proteger al trabajador parece ser el verdadero problema
No deja de sorprender que, cada vez que una ley comienza a equilibrar la histórica desigualdad entre empleador y trabajador, aparezcan voces desde la derecha y la ultraderecha proponiendo frenarla, suspenderla o simplemente desmantelarla.

Ahora es el turno de la Ley Karin. Una normativa que nació tras años de denuncias, abusos, humillaciones y acoso laboral que, durante demasiado tiempo, fueron considerados parte de la “cultura organizacional”.
El viejo “si no le gusta, la puerta es bien ancha”; el grito, la amenaza, la descalificación pública y el abuso de poder eran, para muchos, herramientas de administración.

La Ley Karin vino precisamente a recordar algo elemental: dirigir no es maltratar; ejercer autoridad no es humillar; dar instrucciones no autoriza a degradar la dignidad de las personas.
¿Ha aumentado el número de denuncias? Sí. Pero eso no demuestra que la ley sea un fracaso. Demuestra que hoy existe un mecanismo para denunciar lo que antes se soportaba en silencio por miedo a perder el empleo. Antes el abuso quedaba oculto; hoy se investiga, se media y, cuando corresponde, son los tribunales laborales los que resuelven.
Sin embargo, algunos parlamentarios sostienen que la ley dificulta ejercer el mando. Curiosa interpretación.
Pareciera que para ciertos sectores el problema no es el abuso, sino que el trabajador ya no tenga que aceptarlo resignadamente.

Y este proyecto no aparece en el vacío. Se suma a una larga lista de iniciativas que, desde distintos sectores de la derecha, han buscado flexibilizar o reducir derechos laborales: propuestas para extender la edad de jubilación, cuestionamientos a la indemnización por años de servicio, intentos de ampliar la polifuncionalidad y planteamientos para flexibilizar la distribución de la jornada de 40 horas. Cada una de estas discusiones tiene sus propios argumentos y matices, pero vistas en conjunto alimentan la percepción de que la protección del trabajador suele considerarse un obstáculo antes que un avance.

La ironía es evidente. Durante décadas se pidió combatir el acoso laboral. Cuando finalmente existe una ley que obliga a prevenirlo, investigarlo y sancionarlo, la solución que algunos proponen es… suspender la ley.

Es como si, porque aumentaron las denuncias de violencia intrafamiliar después de crear mejores canales de protección, alguien concluyera que el problema son los canales y no la violencia.
La verdadera pregunta no es si la Ley Karin incomoda. Claro que incomoda. Toda norma que limita el abuso incomoda a quien estaba acostumbrado a ejercerlo sin consecuencias.
La pregunta es otra: ¿queremos volver a un mundo laboral donde el miedo sea una herramienta de gestión o avanzar hacia espacios donde el respeto deje de ser una concesión y pase a ser una obligación?

Porque, al final, lo que está en juego no es una ley. Es la idea de qué tipo de relaciones laborales queremos construir en Chile. Y eso dice mucho más de quienes buscan suspenderla que de la propia Ley Karin.

El Gobierno volvió a festejar el despacho de su megarreforma económica, pero la historia todavía no termina.

El Tribunal Constitucional declaró admisibles y admitió a tramitación los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición. No significa que los haya acogido en el fondo, pero sí que las objeciones serán examinadas y que parte de la reforma aún podría ser declarada inconstitucional.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a celebrar.
Lo hizo primero cuando la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el corazón de la denominada megarreforma económica y volvió a hacerlo después de que el Senado despachara el informe de la comisión mixta.
Fue una segunda celebración acompañada de abrazos, fotografías y declaraciones triunfales.

Sin embargo, al jefe de la billetera fiscal tal vez le convendría guardar por algunos días el champán y moderar el entusiasmo, porque —dicho con la ironía que permite la ocasión— podría terminar con los crespos hechos, aunque crespos precisamente no sean lo que más abunda sobre su cabeza.

La razón es sencilla: pese a que el proyecto terminó su tramitación en el Congreso, el contenido de la megarreforma todavía no está completamente zanjado. El Tribunal Constitucional declaró admisibles y admitió a tramitación los tres requerimientos ingresados por parlamentarios de oposición.

Esta precisión es fundamental. El TC no ha resuelto que los parlamentarios tengan razón, ni ha declarado todavía inconstitucionales las normas cuestionadas. Lo que determinó es que las presentaciones reúnen los requisitos necesarios para ser examinadas.

En otras palabras, abrió la puerta para discutir el fondo del conflicto constitucional.

Por lo tanto, una cosa es que la reforma haya sido despachada por el Congreso y otra muy distinta es que todas sus disposiciones estén definitivamente a salvo.

Los tres requerimientos que deberá revisar el TC
La oposición abrió tres frentes constitucionales: dos presentaciones fueron respaldadas por 21 senadores y una tercera por 62 diputados.

Las impugnaciones se concentran en la invariabilidad tributaria para grandes inversionistas, las compensaciones para empresas cuyas autorizaciones ambientales sean anuladas y diversas modificaciones vinculadas con la justicia y la evaluación ambiental.

Primer requerimiento: invariabilidad tributaria por hasta 20 años

La primera presentación de los senadores impugna los artículos 29 y 38 de la megarreforma, que crean un estatuto de invariabilidad tributaria para inversionistas nacionales y extranjeros.

El beneficio tendría una duración de diez años para proyectos de entre 50 y 100 millones de dólares; quince años para inversiones iguales o superiores a 100 millones e inferiores a 350 millones; y veinte años para inversiones desde los 350 millones de dólares.

La oposición sostiene que una mayoría parlamentaria circunstancial no puede dejar prácticamente inmovilizada la legislación tributaria durante una o dos décadas.
El argumento es que esa fórmula limitaría las atribuciones de futuros gobiernos y congresos, afectando el principio democrático, la alternancia en el poder y la facultad de las nuevas mayorías para modificar las leyes.

Dicho de manera sencilla: los parlamentarios cuestionan que el Gobierno actual pueda dejar amarradas las reglas tributarias para las administraciones que vengan después.
Segundo requerimiento: indemnizaciones por autorizaciones ambientales anuladas.

La segunda presentación de los senadores cuestiona los artículos 12 y 13 y otras disposiciones relacionadas con el nuevo sistema de compensaciones para empresas.

La reforma permitiría que el Estado restituya ciertos gastos directos, efectivos y no recuperables cuando una sentencia firme anule la Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto.

Los requirentes sostienen que este mecanismo podría convertirse en una especie de seguro financiado por el Estado, porque permitiría compensar a una empresa cuya autorización fue anulada, sin que necesariamente deba demostrar una falta de servicio bajo las reglas generales de responsabilidad estatal.

También cuestionan la intervención de un tribunal arbitral y la imposibilidad de que el Estado persiga posteriormente la responsabilidad del funcionario que hubiese ocasionado el perjuicio.

Según esta presentación, se estaría creando un trato privilegiado para determinados titulares de proyectos, afectando la igualdad ante la ley, el debido proceso, la protección ambiental y las normas constitucionales sobre responsabilidad del Estado.

Tercer requerimiento: invariabilidad, indemnizaciones y restricciones ambientales

El tercer escrito, presentado por 62 diputados de oposición, recoge buena parte de los argumentos anteriores, pero amplía considerablemente las objeciones.

Además de cuestionar la invariabilidad tributaria y las compensaciones por resoluciones ambientales anuladas, los diputados sostienen que algunas disposiciones podrían limitar el efecto real del sufragio: los ciudadanos podrían elegir nuevas autoridades, pero estas quedarían impedidas durante años de modificar decisiones tributarias tomadas por una mayoría anterior.

El requerimiento también impugna modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura relacionadas con la relocalización de concesiones acuícolas y con la posibilidad de que las propias empresas financien estudios destinados a establecer la existencia de bancos naturales protegidos.

Asimismo, cuestiona una norma que restringe las reclamaciones de terceros contra una Resolución de Calificación Ambiental y el límite máximo de seis meses impuesto a determinadas medidas cautelares de los tribunales ambientales. Según los diputados, esas disposiciones podrían disminuir el acceso de las comunidades a la justicia y dejar ecosistemas sin protección efectiva mientras continúa un juicio.

Admitir a trámite no es aprobar el reclamo
Aquí es donde corresponde despejar cualquier confusión.

Cuando el Tribunal Constitucional declara admisible un requerimiento, no está diciendo que comparte sus argumentos.

Tampoco significa que la norma ya fue invalidada. Significa que la reclamación superó el examen inicial y que el TC estudiará su contenido antes de pronunciarse sobre el fondo.

Previamente, el organismo había solicitado corregir aspectos formales de dos presentaciones y había dejado pendiente el análisis de la tercera.

Después de subsanadas esas observaciones, los tres recursos pudieron continuar su tramitación.

El Tribunal deberá ahora escuchar los argumentos, examinar las normas cuestionadas y decidir si son compatibles o no con la Constitución.

Por eso, la expresión más correcta no es que la reforma esté terminada o definitivamente resuelta.

Lo adecuado es señalar que su tramitación legislativa concluyó, pero su destino jurídico todavía se encuentra pendiente.
Una celebración anticipada

El Gobierno consiguió aprobar rápidamente una de sus iniciativas más importantes.

El Senado despachó el último informe de la comisión mixta por 27 votos a favor y 22 en contra, después de negociaciones destinadas a asegurar los respaldos necesarios.

No obstante, la velocidad política no elimina los controles constitucionales.

El oficialismo puede celebrar que reunió los votos.
Puede destacar que venció las resistencias parlamentarias.
Puede incluso presentar el resultado como una victoria definitiva.

Pero las controversias sobre invariabilidad tributaria, indemnizaciones ambientales y acceso a la justicia ya no están únicamente en manos del Gobierno ni del Congreso.

Ahora están sobre la mesa del Tribunal Constitucional.

Así que el ministro de Hacienda celebró por segunda vez, pero tendrá que esperar antes de proclamar una victoria completa. Porque en política, como en la vida, una cosa es cruzar la meta parlamentaria y otra muy distinta superar el control constitucional.

Y mientras no exista una sentencia de fondo, la megarreforma no está totalmente zanjada.

El ministro Quiroz puede seguir sonriendo para la fotografía.
Pero, por ahora, sería prudente recordar que incluso quien tiene pocos cabellos puede terminar, políticamente hablando, con los crespos hechos.