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La movilidad de miles de trabajadores y habitantes del sur de la Región Metropolitana —y por extensión, la promesa de un transporte público integrado para Chile— vuelve a sufrir un revés. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) declaró desierta la licitación para construir el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda, lo que significa que el Tren Melipilla no iniciará su recorrido en Estación Central cuando entre en funcionamiento, según informó la propia estatal.

Esta decisión impacta directamente el bolsillo y el tiempo de la gente. Al no llegar a Alameda, los usuarios de Melipilla y comunas aledañas pierden la conexión directa con el centro de Santiago, viéndose obligados a depender de transbordos que alargan sus jornadas de tránsito diarias. La promesa de un tren rápido y directo se dilata, obligando a las familias a seguir gastando horas y dinero en un sistema fragmentado que no resuelve sus necesidades reales de desplazamiento.

La responsabilidad recae en la planificación de EFE, que resolvió aplazar esta parte del proyecto para concentrar los recursos en las obras que actualmente se encuentran en desarrollo. Si bien la empresa argumenta una reasignación de fondos, la realidad es que la declaración de desierta de la licitación evidencia problemas de fondo en la ejecución de un proyecto vital para la conectividad territorial del país, donde las decisiones administrativas terminan castigando a los usuarios.

La primera etapa, que se mantiene en pie, contempla que el servicio se conecte con la futura estación Lo Errázuriz de Metro. Desde este punto, se permitirá trasladarse entre Melipilla y el centro de Santiago, pero bajo la lógica del transbordo y no de un viaje directo, lo que representa una integración a medias para quienes provienen de zonas periféricas y exigen un servicio digno y eficiente, según se mencionó en El Dínamo.

Lo que queda en el tintero es la definición de cuándo y cómo se concretará el soterramiento hacia Alameda. Mientras EFE concentra recursos en otras obras, la deuda con el territorio y con el derecho a un transporte público que una verdaderamente las comunas con el centro de la capital sigue pendiente, y la incertidumbre sobre la conectividad del sur de Santiago se mantiene.

El 6 de octubre de 1975, Bernardo Leighton Guzmán, histórico dirigente de la Democracia Cristiana, y su esposa Anita Fresno, fueron baleados cuando regresaban a su casa en Roma.

No eran combatientes.

No encabezaban una organización armada.
Leighton era un dirigente político exiliado que trabajaba por articular a distintos sectores opositores a la dictadura chilena.
Los disparos casi los mataron.

Leighton recibió un proyectil en la sien; Anita Fresno fue también gravemente herida. Ambos sobrevivieron, pero las secuelas los acompañaron para siempre.

Y aquí termina cualquier intento serio de presentar el hecho como una simple “versión política”.

La investigación italiana reconstruyó la participación de la DINA, el aparato de inteligencia de la dictadura.

Michael Townley fue condenado a 15 años de prisión y el proceso estableció que recibió desde la estructura exterior de la DINA la orden de matar a Leighton.

Los antecedentes apuntaron posteriormente a Manuel Contreras, director de la DINA, y a Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de sus operaciones exteriores.

La investigación sostuvo además que el objetivo político era impedir que Leighton contribuyera a unificar a los grupos de oposición al régimen militar.
Roma estaba a miles de kilómetros de Santiago.

Pero el exilio no fue suficiente.

La persecución política de la dictadura chilena cruzó fronteras, utilizó agentes clandestinos y estableció vínculos con sectores de la extrema derecha italiana para alcanzar a sus adversarios en Europa.

Cincuenta años después, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, volvió a recordar oficialmente el atentado y señaló que detrás de aquel ataque estuvieron los servicios secretos de la dictadura chilena, con complicidades provenientes de ambientes de la extrema derecha italiana.

Hay una precisión histórica necesaria: la justicia italiana acreditó responsabilidades dentro de la DINA, pero no estableció judicialmente que Augusto Pinochet hubiera impartido personalmente la orden concreta contra Leighton.

Eso no disminuye la gravedad del hecho acreditado:
un dirigente democrático chileno fue perseguido hasta Roma y estuvo a punto de ser asesinado por una operación vinculada al aparato represivo de la dictadura de su propio país.
La historia puede discutirse.

Las sentencias, los expedientes y los disparos del 6 de octubre de 1975 no desaparecen porque incomoden.

Puedo hacerte también una bajada de tres o cuatro líneas, más punzante, para colocar inmediatamente debajo del titular.

El Gobierno de José Antonio Kast suma otra baja. Esta vez fue el seremi de Energía de Coquimbo, Fabián Páez, a quien se le solicitó la renuncia después de que no lograra acreditar los requisitos académicos exigidos para desempeñar el cargo. Había asumido recién el 30 de marzo.

Y aquí los números hablan solos: 38 seremis han dejado sus puestos y las bajas totales del Gobierno ya llegan a 48 en poco más de seis meses.
La pregunta política queda instalada: si los problemas con los requisitos aparecen meses después del nombramiento, ¿quién revisó los antecedentes antes de designar a las autoridades?

A este ritmo, en La Moneda el problema ya no parece ser solamente a quién nombrar, sino cuánto alcanzará a durar el próximo nombramiento.

Iniciamos septiembre y con él las celebraciones más queridas para el país, pero la realidad de nuestra Región de Aysén nos golpea con una verdad incómoda: la ley no ha sido suficiente para frenar la tragedia. De acuerdo con lo informado por El Divisadero, a más de diez años de la norma que sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a quienes manejan ebrios y causan lesiones gravísimas o muerte, los delitos no han disminuido ni en Chile ni en nuestro territorio.

Las cifras en Aysén son alarmantes y reflejan cómo esta problemática afecta directamente nuestra seguridad vial y la vida cotidiana. En la Defensoría Regional de Aysén, el casi 17% de las causas atendidas este año se relaciona con delitos de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Esto contrasta fuertemente con el promedio nacional, donde la incidencia llega solo a un 10%, demostrando que en nuestra región el flagelo golpea con mucha más fuerza.

Las consecuencias de esta irresponsabilidad son devastadoras y las penas son severas. La ley establece que un conductor ebrio que provoque lesiones gravísimas arriesga de 3 años y 1 día a 5 años de cárcel; si el resultado es la muerte, la pena puede llegar a los 10 años de presidio. Sin embargo, la amenaza de estos castigos no ha sido un disuasorio real para los habitantes de nuestra zona.

Más allá del castigo, existe una obligación legal y moral que a menudo se olvida. En todo accidente vial con lesiones o muerte, el conductor está obligado a detenerse, prestar ayuda y dar cuenta a Carabineros. La falta de esta responsabilidad agrava el daño a las víctimas y sus familias, quienes sufren las consecuencias de una combinación fatal que parece repetirse sin freno en nuestras carreteras.

Es fácil creer que a uno no le pasará, que estamos lejos del mundo de la delincuencia, pero la realidad de nuestras cifras demuestra lo contrario. Mientras la conciencia individual no sea el verdadero límite y las modificaciones legales sigan siendo insuficientes, las Fiestas Patrias seguirán empañadas por tragedias evitables. Falta mucho por hacer en educación y prevención territorial para que la combinación de alcohol y volante deje de ser la protagonista de nuestras festividades.

Con la llegada de las Fiestas Patrias, las familias de la Región de Aysén se preparan para celebrar, pero también para enfrentar los habituales riesgos de estas fechas. Según informó Carabineros de Chile, la institución ha diseñado un amplio operativo de seguridad que busca resguardar la integridad de la comunidad durante las festividades, enfocándose en los desplazamientos por rutas y en las fondas y ramadas oficiales.

El jefe de Zona de Carabineros Aysén, general Eduardo Palma Fuentes, justificó el despliegue argumentando que el objetivo es que la comunidad celebre en un ambiente “seguro, familiar y responsable”. Para esto, se dispondrán contenedores de coordinación y vigilancia aérea con drones, especialmente en el Parque Urbano de Coyhaique, donde se concentrarán las actividades oficiales.

Sin embargo, más allá del resguardo policial, el llamado de la institución pone el foco en la responsabilidad individual, evidenciando los peligros concretos que acechan a la población. Carabineros fue enfático en prohibir el uso de hilo curado para encumbrar volantines, una práctica que pone en riesgo la vida de niños, ciclistas y motociclistas, exigiendo que esta actividad se realice solo en lugares despejados y alejados del tendido eléctrico.

En materia de seguridad vial, el mensaje es claro: no conducir bajo los efectos del alcohol y recurrir a un conductor designado con licencia vigente. Un llamado que busca prevenir los accidentes que, históricamente, cobran vidas en estas fechas y que depende exclusivamente de la conducta de quienes se trasladan por la región, según se mencionó en El Divisadero.

A pesar de la presencia de drones y el refuerzo en el Parque Urbano, el plan deja interrogantes sobre la cobertura en las comunas más alejadas de la región, donde las celebraciones también ocurren y los tiempos de respuesta ante emergencias pueden ser mayores. Queda por ver si este operativo de “celebración responsable” se traduce en una disminución real de incidentes o si, una vez más, la seguridad queda solo en manos del autocuidado.

No lo consiguieron”. Añadió que su música continúa recordando que la cultura puede ser también una forma de resistencia frente a quienes buscan terminar con la democracia.

No se trata solamente de recordar a un músico. Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado después del golpe militar de septiembre de 1973 y trasladado al Estadio Chile, convertido entonces en centro de detención. Allí fue torturado y posteriormente ejecutado por agentes del Estado. Los antecedentes judiciales establecieron que recibió al menos 44 impactos de bala.

Hay un detalle histórico que conviene precisar: su cuerpo no fue arrojado a la ribera de un río. Durante la madrugada del 16 de septiembre fue encontrado junto a otros cadáveres en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano de Santiago, entre ellos el del director de Prisiones Littré Quiroga. Posteriormente, Joan Jara debió reconocer el cuerpo de su esposo en la morgue.

La justicia tardó décadas. En 2023 la Corte Suprema dejó firmes las condenas contra varios exmilitares por los secuestros y homicidios de Jara y Quiroga. Y en julio de este año fue detenido Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo, quien debe cumplir penas de 15 años y un día por los homicidios y 10 años y un día por los secuestros calificados.

También está el caso del exteniente Pedro Pablo Barrientos. Aquí es importante hacer otra precisión: no corresponde presentarlo hoy simplemente como “el asesino extraditado”, porque su proceso chileno aún tiene una situación jurídica propia. Barrientos fue deportado desde Estados Unidos a Chile a fines de 2023, después de perder su ciudadanía estadounidense, y en diciembre de 2025 la ministra en visita Paola Plaza formuló acusación en su contra como autor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara y Littré Quiroga.

En 2016, además, un jurado estadounidense ya lo había declarado responsable civilmente por tortura y ejecución extrajudicial.

Por eso adquiere una fuerza especial que el homenaje llegue hoy desde España. Cinco décadas después, un presidente extranjero recuerda oficialmente el nombre de un artista chileno al que una dictadura intentó borrar.
Víctor Jara murió. Su guitarra dejó de sonar entre sus manos. Pero ocurrió precisamente lo contrario de lo que buscaban quienes lo hicieron desaparecer del escenario: sus canciones atravesaron generaciones, idiomas y fronteras.

Intentaron silenciar al hombre. No pudieron silenciar su obra.

Y quizá esa sea una de las derrotas más profundas que puede sufrir una dictadura: descubrir, medio siglo después, que aquel hombre al que quiso convertir en silencio todavía es escuchado en el mundo entero. �

No se casó ni tuvo hijos y pasó buena parte de su vida cultivando una existencia solitaria.

Aunque alcanzó cierto reconocimiento tardío, durante décadas escribió y pensó lejos del éxito que esperaba.

Su soledad tenía un propósito: alejarse del ruido para pensar, desconfiar de las apariencias y buscar una verdad que no dependiera de la aprobación de los demás.

Más de 160 años después, vivimos otra forma de soledad.

Schopenhauer habló alguna vez de los erizos: cuando sienten frío necesitan acercarse para darse calor, pero al aproximarse demasiado se hieren con sus púas.

Entonces se separan, vuelven a sentir frío y nuevamente intentan acercarse.

Así somos también los seres humanos: necesitamos a los demás, pero convivir exige aprender a soportar diferencias, límites y frustraciones.

Hoy podríamos hablar de “erizos digitales”.

Nunca habíamos estado tan conectados y, paradójicamente, nunca había sido tan fácil estar juntos sin encontrarnos realmente. Una mesa llena de personas puede convertirse en un conjunto de individuos mirando pantallas distintas.

La conversación es reemplazada por una notificación; el silencio, por el desplazamiento infinito del dedo; y el reconocimiento personal, por la búsqueda constante de likes, seguidores y aprobación.

La diferencia es profunda: Schopenhauer buscaba la verdad en la soledad; la era digital corre el riesgo de buscar una ficción en ella.

Filtros que modifican rostros, fotografías cuidadosamente preparadas, comidas convertidas en escenarios, viajes que parecen perfectos y vidas editadas antes de ser publicadas.

No siempre mostramos lo que somos: mostramos aquello que esperamos que los demás aprueben.

Y así puede aparecer una extraña contradicción: aparentar felicidad hacia afuera mientras la soledad continúa creciendo por dentro.

La imagen de Schopenhauer frente a una sala llena de estudiantes mirando sus teléfonos contiene precisamente esa ironía.

El filósofo habla, pero nadie escucha. Todos están físicamente presentes y, al mismo tiempo, cada uno habita otro mundo.

Es una escena imposible históricamente, pero inquietantemente actual.

También ocurre hoy en muchas aulas: el profesor está delante, los compañeros están al lado y el mundo real sucede alrededor, mientras una pantalla compite permanentemente por la atención.

El problema no es simplemente el teléfono.
El verdadero problema comienza cuando dejamos de mirar, escuchar, preguntar, discutir y pensar por nosotros mismos.

Quizás Schopenhauer nos haría hoy una pregunta incómoda:
¿Para qué queremos estar permanentemente conectados con miles de personas si cada vez nos cuesta más encontrarnos con quienes tenemos delante?

Tal vez la gran pobreza de nuestra época no sea estar solos.

Tal vez sea no saber estar solos sin una pantalla y no saber estar juntos sin mirar una.

En la Región de Aysén, donde cada recurso público destinado a proyectos impacta directamente en la calidad de vida y el desarrollo del territorio, fiscalizar no es atacar y preguntar no es ignorar. Exigir explicaciones por la tardanza en la ejecución de un proyecto aprobado por el Concejo Municipal y financiado con fondos públicos no es una ofensa: es parte esencial del mandato que la ciudadanía entrega a sus representantes. Sin embargo, la respuesta de la administración municipal ante estos cuestionamientos ha dejado en evidencia una deuda grave con la transparencia.

El concejal Sebastián Vera, de Renovación Nacional y uno de los concejales electos más joven de Chile, planteó una crítica concreta respecto de la demora en la ejecución de este proyecto. En lugar de recibir información clara sobre el estado de la iniciativa, la respuesta derivó en una descalificación política y personal formulada por la directiva Paz Foitzik en representación del alcalde de izquierda. Se le pretende enseñar al concejal que tras la firma de un convenio existen trámites administrativos, oficios, autorizaciones y controles previos a la ejecución. Puede ser cierto, pero eso no responde a lo esencial de su planteamiento.

Según lo informado por El Divisadero, la ciudadanía tiene derecho a saber qué etapa está cumplida, qué trámite falta, quién es responsable, cuánto tiempo tomará y cuándo comenzará a ejecutarse el proyecto. La burocracia puede explicar una demora; jamás puede convertirse en una excusa en sí misma para no informar en sustancia. Y aquí aparece un problema político mayor para nuestra región: una autoridad, en lugar de responder con información objetiva, recurre a la descalificación de quien pregunta, intentando neutralizar al mensajero en lugar de responder el mensaje. Es una vieja práctica política: si no se puede ganar el debate con argumentos, se intenta amedrentar al que lo plantea.

La comunidad de Aysén no necesita eso. Necesita municipalidades eficientes, austeras, productivas, transparentes, honestas y probas. Administraciones capaces de transformar los recursos públicos en resultados concretos y en soluciones que tengan verdadera potencia social para el territorio. Y también necesita una oposición que no tenga miedo de ejercer su rol fiscalizador. Ser de derecha, ser joven o plantear una crítica incómoda no disminuye el derecho a preguntar. Al contrario: una democracia saludable necesita concejales que fiscalicen y autoridades que respondan.

Pero hay también una tarea pendiente para el sector de derecha u oficialista. Las autoridades de derecha no pueden ser espectadoras silenciosas de su propia gestión. Gobernar también significa comunicar, explicar y defender ante la ciudadanía lo que se está haciendo. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast debe entender que no basta con gestionar: hay que comunicar los resultados, explicar las decisiones y disputar democráticamente el relato público. Porque si quienes gobiernan guardan silencio, otros ocuparán ese espacio para contar la historia a su manera.

Menos soberbia. Menos excusas. Menos silencio. Más gestión, más transparencia, más fiscalización y más comunicación con la ciudadanía. Porque la mejor respuesta frente a una crítica no es descalificar al que pregunta. Es mostrar e informar resultados.

En la vida cotidiana de nuestra región y del país, la ejecución de grandes obras públicas —como un puente— o proyectos habitacionales impacta directamente el territorio, la seguridad y el bolsillo de los vecinos. Es comprensible y legítimo que la comunidad, desde su experiencia constructiva doméstica, adopte una actitud vigilante y critique el proyecto o aconseje soluciones estructurales, buscando colaborar en el desarrollo de la obra.

Sin embargo, esta dinámica se agrava en el ámbito político. A diferencia de los vecinos que aportan su experiencia práctica en la construcción de sus hogares, quienes encuentran errores en el trabajo del gobierno no pueden exhibir ni remotamente una experiencia previa, ni siquiera del tipo doméstico, para respaldar sus observaciones.

Un caso cercano y comprobable es el del anterior presidente de nuestro país, quien nunca trabajó ni experimentó la condición de trabajador, pero hablaba diariamente de las condiciones laborales. A esto se suma que los ministros de Estado y la gran mayoría de las autoridades progresistas nunca estuvieron preparados para los cargos que se les asignaron, lo que derivó en un desastre que afecta los servicios y derechos de la ciudadanía, y cuya responsabilidad de reparar recae en el actual gobierno.

Hoy, son cientos las voces de exdirigentes y autoridades cesantes que vociferan contra la gestión actual. Esta situación, lejos de ser un obstáculo, demuestra que el camino elegido por el gobierno es el correcto, aunque deban cargar con las fallas de quienes no supieron gobernar.

Según lo expuesto en El Divisadero, ante esta lamentable situación solo queda enunciar las palabras “Perdónalos, Señor, porque no saben lo que dicen”. Lo que falta por resolver es cómo la clase política adquirirá la experiencia real que le ha sido esquiva, evitando que la falta de preparación siga afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.

Hay historias que ocurren a miles de kilómetros de Chile, pero que deberían obligarnos a mirar cuidadosamente lo que hacemos en nuestra propia casa.
Juan Orlando Hernández no era un delincuente cualquiera. Había sido presidente de Honduras. En marzo de 2024, un jurado federal estadounidense lo declaró culpable y posteriormente fue condenado a 45 años de prisión por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Hernández abusó de su poder para facilitar el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína y estuvo en el centro de una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo.
La justicia habló. Hubo investigación, fiscales, juicio, jurado y condena.
Pero después apareció otro poder.
El 1 de diciembre de 2025, Donald Trump concedió a Juan Orlando Hernández un indulto total e incondicional. La condena era de 540 meses —45 años—, pero el documento oficial del Departamento de Justicia confirma el perdón presidencial.

Y ahora aparece una investigación de 60 Minutes que obliga a mirar el sistema de indultos estadounidense con nuevas preguntas.
Periodistas de CBS utilizaron cámaras ocultas y registraron a los lobistas Jack Burkman y Jacob Wohl ofreciendo a un potencial cliente gestionar políticamente un indulto de Trump por US$300.000. Según la investigación, describieron una estrategia que contemplaba asistir a eventos, contratar personas influyentes y utilizar contactos para intentar llevar la petición hasta el entorno presidencial.
Hay que decirlo con precisión: 60 Minutes no demostró que Trump recibiera esos US$300.000 ni que Juan Orlando Hernández pagara por su indulto. Lo que sí documentó es la existencia de un lucrativo mercado de intermediarios que cobra grandes sumas para intentar conseguir influencia y acceso en torno a la facultad presidencial de perdonar. CBS lo ha denominado una verdadera “economía de los indultos”.
Y entonces la pregunta inevitable cruza el continente y llega hasta Chile.
Hoy existen más de 100 solicitudes de indulto presidencial en tramitación ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El ministro Fernando Rabat confirmó que corresponden mayoritariamente a hechos ocurridos en 1973 y que varias están relacionadas con condenados por graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. El Gobierno ha señalado que serán estudiadas individualmente y que, hasta ahora, no existe una decisión final.
El presidente José Antonio Kast ha dicho que las peticiones serán analizadas caso a caso y ha defendido que el indulto no modifica la sentencia judicial, sino que corresponde al ejercicio de una facultad presidencial.

Y precisamente allí está el debate que Chile debería tener.
¿Qué ocurre cuando, después de años de investigación, procesos judiciales, pruebas, testimonios, condenas y recursos, la libertad efectiva de una persona puede terminar dependiendo de una decisión política?
La experiencia estadounidense muestra además otro riesgo: alrededor de una facultad presidencial extraordinaria pueden aparecer lobistas, intermediarios, personas influyentes, contactos políticos y grandes cantidades de dinero tratando de acercarse al centro donde se adopta la decisión. Eso es precisamente lo que 60 Minutes acaba de documentar en Estados Unidos.

No significa que eso esté ocurriendo en Chile. No existe evidencia presentada aquí de pagos o intermediación económica vinculada a las más de 100 solicitudes chilenas.
Pero justamente por eso la transparencia importa.
Cuando quienes solicitan el beneficio han sido condenados por homicidios, desapariciones, torturas u otros crímenes vinculados a violaciones de derechos humanos, la decisión trasciende al condenado y al presidente de turno. Involucra a las víctimas, sus familias, las obligaciones internacionales del Estado y la confianza ciudadana en que las sentencias judiciales tengan consecuencias reales. El exministro Luis Cordero ha advertido, además, sobre las obligaciones internacionales de Chile respecto de crímenes de lesa humanidad.

Estados Unidos acaba de encender una señal de alarma.
Un expresidente hondureño condenado a 45 años por una gigantesca conspiración para traficar cocaína terminó beneficiado por un indulto presidencial. Meses después, una cámara oculta muestra a intermediarios ofreciendo por US$300.000 una estrategia para intentar conseguir otro perdón presidencial.
Chile tiene ahora más de cien solicitudes esperando ser examinadas.
No son situaciones idénticas y no corresponde afirmar que exista aquí el mecanismo denunciado en Washington.
Pero queda una pregunta democrática que vale la pena hacerse antes —y no después— de que se firme cualquier decreto:
¿Qué controles, transparencia y límites debe tener el poder político cuando posee la facultad de intervenir, mediante un indulto, después de que los tribunales ya juzgaron y condenaron?
Porque una cosa es la justicia.
Otra es la clemencia.
Y otra, muy distinta y mucho más peligrosa, sería que alrededor de la clemencia pudiera construirse un mercado de influencias capaz de acercar a quien tiene dinero o conexiones hasta el poder que sostiene la última llave de la prisión.

Registro oficial del indulto a Juan Orlando Hernández — Departamento de Justicia de EE.UU.
Antecedentes de las más de 100 solicitudes de indulto en Chile