Categoría: Actualidad

Hay renuncias que responden a diferencias políticas. Otras, a errores de gestión. Y después están aquellas que obligan a preguntarse seriamente quién revisó los antecedentes, quién evaluó el criterio y quién decidió que esa persona estaba preparada para representar al Estado.

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El Ministerio de Salud solicitó la renuncia del seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo Burgos, después de sus declaraciones posteriores a la tragedia del Hogar El Edén de Pitrufquén, donde murieron 16 adultos mayores. Consultado por el eventual cierre de establecimientos irregulares, comparó la situación con cerrar un vertedero sin tener dónde depositar la basura.
El propio Minsal sostuvo que sus palabras no estuvieron a la altura de la responsabilidad, prudencia y sensibilidad exigibles a una autoridad sanitaria.

La comparación resulta especialmente grave por el contexto: 16 personas mayores habían perdido la vida y existían antecedentes previos de irregularidades y fiscalizaciones sobre el establecimiento.

Pero el episodio abre una pregunta política que va bastante más allá de José Bravo.
Porque ya van 37 seremis que han dejado sus cargos durante el gobierno de José Antonio Kast, según el recuento publicado hoy por BioBioChile. De hecho, la salida de Bravo fue la segunda en apenas 24 horas, después de la renuncia del seremi de Vivienda de Antofagasta.

Entonces cabe preguntar: ¿cómo se están seleccionando las autoridades regionales?
Uno supone que antes de entregar semejante responsabilidad existe revisión curricular, análisis de antecedentes, evaluación política y alguna ponderación sobre las capacidades necesarias para ejercer un cargo público. No es un concurso de belleza ni una fotografía para completar rápidamente el organigrama del Estado.

Y aquí aparece la ironía inevitable: el llamado “gobierno de emergencia” parece haber tenido bastante emergencia para encontrar a algunos de sus propios representantes.

Si una autoridad encargada precisamente de Salud puede utilizar semejante analogía para referirse a personas mayores institucionalizadas, la discusión no termina con pedirle la renuncia. También corresponde preguntarse por quienes participaron en su designación.

Porque los seremis no aparecen espontáneamente detrás de un escritorio. Alguien los propone, alguien revisa sus antecedentes y alguien finalmente los nombra.
Y cuando las salidas comienzan a acumularse, deja de ser razonable mirar únicamente cada episodio de manera aislada: también se vuelve pertinente examinar el procedimiento político y técnico mediante el cual esas autoridades llegaron allí.

Quizás antes de buscar el próximo rostro para la fotografía oficial convendría recordar algo bastante elemental:
para gobernar no basta con llenar cargos. Hay que encontrar personas capaces de ejercerlos.

Chile despide hoy a Patricio Guzmán Lozanes (1941-2026), uno de los documentalistas más importantes de nuestra historia y una figura fundamental del cine político latinoamericano. Falleció este martes 15 de septiembre, a los 85 años, en París, ciudad donde residía, producto de un paro cardiorrespiratorio.

Pero hablar de Patricio Guzmán es hablar mucho más que de cine. Es hablar de memoria.

Su cámara estuvo allí cuando Chile vivía uno de los momentos más decisivos de su historia. Registró el gobierno de Salvador Allende, la movilización popular, la polarización política, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y las heridas que la dictadura dejaría abiertas durante décadas.

De ese trabajo nació su obra monumental: La batalla de Chile: la lucha de un pueblo sin armas, trilogía integrada por La insurrección de la burguesía, El golpe de Estado y El poder popular. Guzmán comenzó a filmar aquel proceso en 1973 y, tras el golpe, fue detenido y permaneció aproximadamente dos semanas en el Estadio Nacional antes de partir al exilio. El material pudo salir de Chile y posteriormente fue trabajado en Cuba con el apoyo del ICAIC.

Hay además un nombre inseparable de aquella obra que merece ser recordado: Jorge Müller Silva, director de fotografía de La batalla de Chile, quien fue detenido durante la dictadura y permanece como detenido desaparecido.

Guzmán nunca abandonó esa búsqueda.

En películas como La memoria obstinada, El caso Pinochet, Salvador Allende, Nostalgia de la luz, El botón de nácar, La cordillera de los sueños y Mi país imaginario, volvió una y otra vez sobre Chile, sus desaparecidos, sus silencios, su geografía y la necesidad de impedir que el tiempo convirtiera la historia en olvido.

Su obra recibió reconocimiento mundial. El botón de nácar obtuvo el Oso de Plata al Mejor Guion en la Berlinale de 2015; La cordillera de los sueños recibió el L’Œil d’Or al Mejor Documental en Cannes en 2019; Nostalgia de la luz fue ampliamente premiada internacionalmente; y en 2023 Chile le otorgó el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

También recibió, entre otras distinciones, la Medalla Pablo Neruda al Mérito Artístico y el Prix Scam por el conjunto de su obra.

Patricio Guzmán hizo algo que pocos cineastas consiguen: transformó una cámara en un archivo histórico de un país. Filmó para que las generaciones que no habían nacido en 1973 pudieran mirar a los ojos a quienes sí estuvieron allí.

Hoy se apaga la cámara de Patricio Guzmán, pero quedan sus imágenes.

Y mientras La batalla de Chile continúe siendo vista; mientras alguien vuelva a preguntarse por Allende, por el golpe de Estado, por los detenidos desaparecidos y por las heridas de la dictadura; mientras una nueva generación se niegue a aceptar el olvido como versión de la historia, Patricio Guzmán seguirá hablando desde la pantalla.
Porque los pueblos que conservan su memoria pueden discutir su historia. Los pueblos que la pierden quedan condenados a que otros la escriban por ellos.

**Hasta siempre, Patricio Guzmán.
Tu cámara quedó encendida en la memoria de Chile.**

La frase se le escapó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, con el micrófono abierto en pleno Senado: “Qué desastre, hueón”.
Daniel Matamala tomó esas palabras para titular su última columna. Y probablemente pocas frases resumen mejor los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast.
Porque llegó la hora de comparar lo que se decía desde la oposición con lo que ocurre ahora desde La Moneda.
PRIMER DESASTRE: EL EMPLEO
Durante la campaña presidencial, Kast atacó duramente la gestión laboral del gobierno de Gabriel Boric y apuntó especialmente contra Jeannette Jara, exministra del Trabajo y posteriormente su contendora presidencial.
Cuando el desempleo era de 8,7%, Kast hablaba de una “ministra del desempleo” y denunciaba que Chile tenía más de un millón de personas desempleadas.
Hoy gobierna él.
Y el desempleo nacional llegó al 9,5%, con 981.044 personas sin trabajo, mientras entre las mujeres alcanza un preocupante 10,3%.
Más grave todavía: Kast prometió llevar el desempleo al 6%.
La realidad está caminando exactamente en la dirección contraria.
Y precisamente cuando Chile necesita instrumentos para aumentar la participación laboral femenina, la Sala Cuna Universal —una iniciativa fundamental para facilitar el acceso de miles de mujeres al empleo— sigue entrampada.
Fue en medio de esa discusión cuando al propio ministro Rau se le escapó:
“Qué desastre, hueón”.
Quizás sin querer terminó describiendo algo bastante más grande que una votación parlamentaria.
SEGUNDO DESASTRE: APROPIARSE DE LA PGU
Ahora el Partido Republicano celebra en sus redes:
“Kast no eliminó la PGU, ¡la aumentó!”
Pero hay un pequeño problema: Kast no aumentó la PGU.
El incremento gradual hasta los $250.000 quedó establecido en la reforma previsional aprobada por el Congreso en enero de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, y posteriormente promulgada por ese mismo gobierno.
Más aún: el Partido Republicano rechazó la reforma previsional.
Mientras el gobierno de Boric y buena parte de Chile Vamos llegaron al acuerdo que permitió sacar adelante la reforma, Republicanos votó en contra y posteriormente desarrolló una campaña criticándola.
Y ahora que una de sus medidas comienza a beneficiar a cientos de miles de adultos mayores, aparece el mismo partido intentando presentarla como logro del gobierno de Kast.
No.
La PGU de $250.000 no nació bajo Kast. Se está implementando bajo Kast porque fue aprobada y financiada durante el gobierno anterior.
Una cosa es administrar una ley heredada.
Otra muy distinta es adjudicarse su autoría.
TERCER DESASTRE: LA ECONOMÍA
Aquí aparece quizás la contradicción política más evidente.
Cuando Chile creció 2,5% en 2025, Kast hablaba de “emergencia económica”, acusaba incompetencia y prometía llevar el crecimiento al 4%.
Hoy el Banco Central proyecta para 2026 un crecimiento de apenas 0,25% a 0,75%.
El desempleo llegó al 9,5%.
El empleo femenino supera el 10%.
El mercado laboral se deteriora.
La demanda interna se ha debilitado.
Y aquellas cifras que ayer eran presentadas como evidencia de un gobierno económicamente incompetente, hoy parecen merecer silencio.
Ese es el problema de construir una campaña sobre la idea de que todos los problemas económicos dependen exclusivamente de quién ocupa La Moneda.
Gobernar demuestra que la economía es bastante más compleja que una consigna electoral.
Kast prometió crecimiento del 4%.
Prometió desempleo del 6%.
Prometió terminar con el déficit fiscal.
Y apenas seis meses después, las cifras empiezan a confrontar duramente esas promesas.
Mientras tanto, algunos de los avances que hoy celebra su gobierno —como el aumento de la PGU— fueron construidos precisamente por quienes antes calificaban de incompetentes.
Esa es la paradoja.
Lo bueno que heredaron, intentan presentarlo como propio.
Lo malo que antes atribuían exclusivamente al gobierno, ahora tiene explicaciones internacionales, estructurales o técnicas.
Cuando estaban en la oposición, todo era culpa de Boric.
Ahora que gobiernan, aparentemente nada es culpa de Kast.
Y quizás por eso aquella frase pronunciada accidentalmente frente a un micrófono abierto terminó convirtiéndose en una síntesis política involuntaria de estos primeros seis meses:
“Qué desastre, hueón”.
Los datos duros sostienen bien el argumento: el INE confirma 9,5% de desempleo nacional y 10,3% femenino; el Banco Central redujo fuertemente su expectativa de crecimiento; y los registros legislativos confirman que la reforma que aumentó la PGU fue despachada en enero de 2025, durante Boric.
Además, una verificación publicada hace pocos días calificó como falsa la atribución del aumento de la PGU a Kast y constató que 12 diputados republicanos rechazaron la reforma en su votación final.
Instituto Nacional de Estadísticas +3
Vergara 240
Leer la columna “Qué desastre, hueón” de Daniel Matamala en La Tercera

Cien familias de Villa Frei, organizadas en los comités “Ilusión”, “Tehuelche” y “Camino a un Sueño”, ven con esperanza pero también con preocupación el lento avance del proyecto habitacional que promete cambiarles la vida. De acuerdo con lo informado por El Divisadero, la obra apenas alcanza un 13% de progreso, una cifra que refleja la lentitud con la que el Estado y la empresa Constructora Xinta Limitada están respondiendo al derecho a la vivienda digna en la comuna.

La espera no es abstracta: se traduce en años de arriendo precario o hacinamiento para estos hogares. Aunque las autoridades destacan que ya se aprecian obras de alcantarillado, proyección de calles y las primeras estructuras, la realidad territorial marca que los sectores más postergados aún deben esperar para ver materializado el acceso a servicios básicos y un hogar seguro.

En cuanto al impacto económico local, el Seremi de Vivienda, Fabián Rojas Muñoz, y el jefe del Departamento Técnico de Serviu Aysén, Mauricio Castillo, inspeccionaron las faenas y defendieron el mandato de generar empleo. Actualmente, la empresa ha contratado a 35 personas, con una proyección de aumento en los próximos meses. Sin embargo, llama la atención que, de ese total, apenas un poco más del 10% son mujeres, lo que evidencia una deuda en la equidad de género en la construcción, a pesar de la incorporación de mano de obra local de Villa Frei, Valle Simpson y Ensenada.

El proyecto, enmarcado en el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S. N°49), representa una inversión que supera las 261.000 UF, más el aporte del Gobierno Regional para la planta de tratamiento que garantizará la factibilidad sanitaria. Esta millonaria cifra contrasta con el magro 13% de avance, obligando a la ciudadanía a exigir una rendición de cuentas clara sobre la administración de estos fondos públicos y el cumplimiento de los plazos.

Hoy, las faenas se concentran en la estabilización y rellenos de terreno, la habilitación de servicios básicos y el ensamblaje de la obra gruesa. Con una fecha estimada de término para el 17 de septiembre de 2027, quedan más de tres años de incertidumbre. Lo que aún no está resuelto es la garantía real de que la Constructora Xinta Limitada cumplirá con el cronograma sin más retrasos, asegurando que el derecho a la ciudad y a la vivienda no siga siendo una promesa postergada para las familias de Aysén.

Vivimos en la era de la hiperconexión, pero nunca habíamos estado tan ausentes. Si un arqueólogo del futuro excavara los restos de nuestra civilización, no encontraría herramientas de piedra ni vasijas ceremoniales, hallaría rectángulos de vidrio negro incrustados en las palmas de nuestras manos. El Homo sapiens ha mutado a un nuevo ser, una especie que habita el espacio físico por accidente y el entorno digital por diseño. Los teléfonos celulares y la inteligencia artificial ya no son simples herramientas, son el ecosistema que habitamos y, en el proceso, están devorando el recurso más democrático, escaso y finito que poseemos: el tiempo. Y con él, la vida misma.

En territorios como la Región de Aysén, donde las distancias son enormes y la conectividad aún es una promesa a medias, esta paradoja golpea con fuerza particular. Mientras las grandes empresas tecnológicas diseñan sistemas para capturar cada segundo de atención, las comunidades patagónicas enfrentan brechas digitales que las vuelven más vulnerables a un mercado que extrae datos y tiempo sin dejar nada a cambio. No somos los usuarios de la tecnología, somos su combustible. Pagamos las aplicaciones “gratuitas” con la única moneda que no tiene devaluación ni retorno: los minutos de nuestra existencia.

Antiguamente, los seres humanos nos reuníamos alrededor del fuego para mirarnos a los ojos, contar historias y dar sentido al caos del mundo. Hoy, la fogata es portátil y cabe en el bolsillo. Cada notificación es un destello de luz que reclama nuestra devoción. El ritual matutino ya no es agradecer al sol o estirar el cuerpo, sino la genuflexión ante la pantalla táctil: revisar mensajes sin importancia y deslizar el dedo por el muro infinito de las redes sociales en un bucle neurótico. Nos hemos convertido en los Sísifos modernos, pero en lugar de empujar una piedra colina arriba, arrastramos el pulgar hacia abajo de forma perpetua, esperando que el algoritmo nos regale una dosis de dopamina que justifique nuestra vigilia.

Desde una perspectiva social, la paradoja es brutal. La promesa de la tecnología siempre fue la liberación. La automatización y la inteligencia artificial venían a salvarnos de las tareas mundanas para devolvernos el tiempo libre, ese espacio sagrado donde florecen el arte, la filosofía y la contemplación. Sin embargo, el vacío que dejó la máquina no lo llenamos con ocio creativo o introspección; lo colonizó de inmediato el mercado de la atención. La IA analiza nuestros sesgos psicológicos más primitivos para retenernos un segundo más frente a la pantalla.

Esta succión del tiempo altera la estructura misma de nuestra experiencia humana. Al externalizar la memoria, el mapa de navegación y ahora hasta el pensamiento crítico a través de inteligencias artificiales generativas, estamos atrofiando los músculos antropológicos que nos definen. ¿Para qué aburrirse si hay un video de diez segundos esperando? ¿Para qué tolerar el silencio si una voz artificial puede rellenar el espacio? Al erradicar el aburrimiento, también estamos erradicando la incubadora de la creatividad y la autoconsciencia. El pensamiento profundo requiere lentitud, pero el algoritmo exige velocidad. Nos estamos volviendo planos, ciudadanos de un presente perpetuo y fragmentado donde la capacidad de sostener la mirada y la atención se ha transformado en un acto de resistencia contracultural.

La ironía final de nuestra sofisticada civilización actual es que, en el intento por optimizarlo todo, nos hemos automatizado a nosotros mismos. Buscamos respuestas existenciales en la barra de búsqueda de una IA mientras la vida real —aquella que sucede en la incomodidad del silencio, en el roce de los cuerpos y en el peso del tiempo no cuantificable— transcurre al otro lado de la pantalla. De acuerdo con lo planteado en El Divisadero, quizás sea hora de levantar la vista del oráculo de vidrio, apagar la falsa fogata digital y recordar qué se sentía estar vivos en el mundo real, antes de que el último porcentaje de batería se lleve también nuestra humanidad.

Lo que sigue sin resolverse es quién regula este mercado de la atención que opera sin transparencia ni rendición de cuentas, y cómo las comunidades —desde Coyhaique hasta las localidades más apartadas de la Patagonia— pueden defender su derecho al tiempo, al silencio y a la presencia compartida antes de que la colonización digital borre lo que queda de nuestra vida en común.

Por Sofía Varas Rojas; Socióloga, especialista en Salud mental, infancias y Derechos Humanos

Primera parte de una saga sobre memoria y dictadura cívico militar.

No viví aquellos años, pero cuando intento comprender qué significa que una persona sea detenida y nunca vuelva a casa, la historia deja de parecer una sucesión de fechas. Pienso en una puerta que se cierra, en una familia esperando pasos que no llegan, en una fotografía conservada durante décadas y en una pregunta que permanece sin respuesta.
Pienso en lo que significa despertar durante años sin saber dónde está un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano. La desaparición no termina cuando alguien es llevado, continúa en quienes esperan, buscan y preguntan.

No corresponde apropiarme de una experiencia que no viví. Sí corresponde, desde la sociología, aproximarme a ella mediante los testimonios, los archivos, los informes oficiales y las trayectorias de quienes fueron perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos durante la dictadura cívico militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet. Esta aproximación comienza por una cuestión fundamental: antes de las cifras existieron personas, familias y comunidades que debieron enfrentar la ausencia de quienes fueron detenidos por agentes del Estado.

Cuando una detención se convierte en desaparición

La desaparición forzada constituye una categoría específica de violación de los derechos humanos. No se trata simplemente de una persona cuyo paradero se desconoce, sino de una privación de libertad vinculada a agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer esa detención o de la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona.

Durante la dictadura cívico militar, numerosas personas fueron detenidas por organismos estatales y trasladadas a distintos recintos. Algunas fueron liberadas, otras permanecieron privadas de libertad, fueron torturadas, ejecutadas o desaparecieron. En determinados casos, la información sobre sus últimos momentos fue deliberadamente ocultada y sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familias.

El Estado reconoce actualmente 1.469 víctimas de desaparición forzada ocurrida durante la dictadura. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 307 personas habían sido encontradas, identificadas y restituidas a sus familiares, mientras que 1.162 permanecían pendientes de esclarecimiento respecto de su paradero y de las circunstancias de su desaparición o muerte (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2023).

La cifra requiere una precisión. El registro comprende tanto personas calificadas como detenidas desaparecidas como ejecutados políticos cuyos cuerpos no fueron entregados a sus familias. No corresponde confundir esta categoría con las personas reconocidas por prisión política y tortura, porque se trata de registros construidos mediante diferentes procesos de calificación estatal.

La prisión política y el cuerpo detenido

La prisión política fue una experiencia extendida durante la dictadura cívico militar. Miles de personas fueron privadas de libertad por razones políticas y trasladadas a recintos militares, policiales y otros lugares utilizados para la detención. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, recopiló los testimonios de quienes sobrevivieron a estas experiencias.

En su primer proceso de calificación fueron reconocidas 28.459 personas como víctimas de prisión política y tortura. Los procesos posteriores de reconocimiento ampliaron el universo hasta 38.254 personas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos conserva actualmente la documentación reunida por las comisiones Valech I y II, incluyendo los antecedentes de las personas reconocidas como víctimas.

La prisión política no tuvo un único desenlace. Para algunas personas terminó con la liberación, para otras con el exilio, mientras que determinadas detenciones fueron seguidas por desaparición o ejecución. Esta distinción permite comprender que la represión tuvo diferentes trayectorias y que no todas las experiencias pueden ser reunidas bajo una misma categoría.

Tortura y violencia sobre los cuerpos

El Informe Valech documentó testimonios sobre golpes, aplicación de electricidad, asfixia, simulacros de fusilamiento, posiciones forzadas, amenazas, violencia sexual y diferentes formas de violencia psicológica. Los testimonios permitieron establecer que estas prácticas se produjeron en numerosos lugares de detención y en distintas regiones del país (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005).

La tortura tampoco puede ser comprendida solamente como una sucesión de actos individuales. La reiteración de determinadas prácticas, la existencia de recintos de detención, agentes encargados de interrogatorios y procedimientos utilizados contra distintas personas permiten analizarla como parte de una estructura represiva.

Desde la sociología, esto resulta relevante porque permite conectar la experiencia individual con las instituciones y relaciones de poder que la hicieron posible. El cuerpo de la persona detenida fue convertido en un espacio de coerción, mientras el miedo producido por estas prácticas se proyectaba también hacia las familias y comunidades.

La Comisión Valech recogió además testimonios de mujeres y personas menores de edad. Esto permite observar que la represión política no correspondió a una experiencia uniforme, sino que afectó a personas con distintas edades, trayectorias sociales y circunstancias de detención.

Una ausencia que también afecta a quienes esperan

La desaparición forzada produce una experiencia familiar diferente de la muerte cuyo cuerpo ha sido entregado. Cuando existe un cuerpo puede realizarse un funeral, establecerse una sepultura y comenzar un proceso de duelo. En la desaparición, durante años puede no existir certeza sobre lo ocurrido.

Esta situación convirtió la búsqueda en una experiencia social. Familiares de detenidos desaparecidos recurrieron a tribunales, abogados, organismos religiosos y organizaciones de derechos humanos para obtener información. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo públicamente los nombres y rostros de quienes habían desaparecido.

Las fotografías adquirieron entonces un significado particular. Cada rostro permitía recordar que detrás de la categoría de “detenido desaparecido” existía una persona concreta. Había una vida anterior a la detención, una familia, un trabajo, amistades, proyectos y una historia que no comenzaba ni terminaba en el momento de su desaparición.

Elizabeth Jelin (2002) ha estudiado cómo las sociedades construyen memorias sobre experiencias de represión y cómo los familiares y otros actores sociales participan en la disputa por aquello que será recordado. En Chile, la persistencia de los nombres de los detenidos desaparecidos forma parte de ese proceso de construcción de memoria.

Buscar también es reconstruir la historia

En 2023, el Estado chileno estableció el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, destinado a esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y el destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar. El plan contempla la revisión de archivos, antecedentes judiciales, investigación forense, trabajo en terreno y reconstrucción de las trayectorias de las víctimas (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2023).

La existencia de esta política pública reconoce que todavía existen preguntas sin respuesta. Buscar no significa solamente encontrar restos humanos. También implica establecer dónde fue detenida una persona, por qué organismos, hacia qué lugares fue trasladada y qué ocurrió después.

La memoria de los detenidos desaparecidos comienza, entonces, por sus nombres. Las cifras permiten comprender la dimensión de la represión, pero no sustituyen las historias individuales. Cada registro corresponde a una persona y a una familia que tuvo que enfrentar una ausencia producida por la violencia política.

Recordarlos no significa convertirlos en una cifra del pasado. Significa reconocer que fueron personas detenidas durante la dictadura cívico militar, que algunas fueron torturadas, que muchas nunca regresaron a sus hogares y que, décadas después, todavía existen familias esperando respuestas.

La historia de los detenidos desaparecidos permanece abierta mientras existan personas cuyo destino no haya podido ser esclarecido. Por eso la memoria también es búsqueda, documentación y transmisión. Y por eso sus nombres siguen siendo parte de la historia contemporánea de Chile.

Referencias

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2005). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Gobierno de Chile.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI de España Editores.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2023). Plan Nacional de Búsqueda de verdad y justicia. Gobierno de Chile.

Instituto Nacional de Derechos Humanos. (2026). Comisión Valech.

La Ruta 7 volvió a ser escenario de un accidente que pone en vilo a las familias de la Región de Aysén. Durante la tarde de este martes, un vehículo particular se volcó en el kilómetro 506, en las cercanías de Villa Mañihuales, dejando a cuatro personas lesionadas, según lo informado por Carabineros.

Entre los afectados se encuentra una mujer adulta, quien conducía, y sus tres hijos de tan solo 3, 5 y 8 años. La gravedad de la situación no solo radica en el susto y las lesiones, sino en cómo un hecho como este golpea la tranquilidad y el bolsillo de las familias patagónicas que a diario transitan por una carretera que exige el máximo cuidado.

El llamado telefónico al Retén Villa Mañihuales movilizó al personal, que encontró el vehículo con serios daños. Los primeros auxilios se gestionaron en la posta rural de Villa Mañihuales, pero la determinación médica fue clara: la totalidad de los ocupantes debía ser trasladada al hospital local de Coyhaique para exámenes y descartar lesiones mayores, un desplazamiento que implica tiempo, logística y un costo para el sistema de salud y los propios familiares.

Afortunadamente, ninguno de los lesionados, incluidos los tres menores, presenta riesgo vital. Sin embargo, el impacto físico y psicológico de un volcamiento en una ruta caracterizada por sus condiciones es una deuda pendiente en materia de seguridad territorial.

El Comisario de Aysén, Mayor Patricio Parada, detalló que los antecedentes ya pasaron a la Fiscalía de turno, que instruyó a la SIAT de Carabineros para establecer la dinámica del accidente y determinar la causa basal del volcamiento, según se mencionó en El Divisadero. Aquí radica la principal interrogante: ¿falló el conductor, falló el estado de la ruta o falló la señalización?

Mientras se esperan los resultados de la investigación especializada, la comunidad sigue expuesta a los riesgos de una vía vital para la conectividad regional, donde la prevención y el mantenimiento parecen no ser suficientes para evitar que las familias terminen en un centro hospitalario.

La salida de Puerto Aysén hacia la Ruta Ch-240 se tiñó de luto este jueves tras una colisión frontal que dejó como saldo a una mujer adulta mayor fallecida y tres personas heridas, una de ellas de gravedad. El tránsito permanece cortado en el sector del Puente Dun, afectando la conectividad de la capital provincial y obligando a los vehículos de mayor tonelaje a esperar, según informó El Divisadero.

De acuerdo con el mayor de Carabineros, Patricio Parada, en el primer vehículo viajaban dos personas y en el segundo tres. La víctima fatal es la pasajera y copiloto del primer móvil. Los tres lesionados —todos hombres— corresponden al acompañante de un vehículo y a los dos conductores involucrados, uno de los cuales permanece grave.

Las primeras diligencias, lideradas por el fiscal Alex Olivero, apuntan a que un vehículo provenía de Coyhaique y el otro de otro sector, y que al parecer uno intentó ingresar a la carretera provocando el impacto. Será la SIAT de Carabineros quien determine la dinámica exacta y la responsabilidad del siniestro, un dato crucial para las familias afectadas y la justicia.

En cuanto a las causas, el fiscal Olivero detalló que uno de los conductores arrojó 0,0 gramos de alcohol en la sangre en el alcohotest. Sin embargo, el otro chofer fue trasladado de urgencia por sus lesiones graves, por lo que su alcoholemia aún está pendiente. Ambos conductores quedaron en calidad de imputados y detenidos.

Mientras los peritajes del Servicio Médico Legal y Carabineros se extienden hasta las 20:00 horas aproximadamente, la comunidad queda a la espera de respuestas. La suspensión de la ruta afecta la logística y el bolsillo de quienes dependen de esta vía, y la investigación deberá esclarecer si la imprudencia o el estado de uno de los conductores fue el detonante de esta tragedia que enluta a la región.

En la Escuela Litoral Austral de Puerto Aysén, un cambio de dirección marca una nueva etapa para la comunidad educativa del sector. Steffani Yubano San Martín asumió oficialmente la dirección del establecimiento, trayendo consigo 14 años de trayectoria interna que la posicionan como una líder que conoce desde dentro las dinámicas, fortalezas y necesidades del recinto, según se informó en El Divisadero.

La nueva directora ha recorrido prácticamente todos los cargos dentro de la escuela: comenzó como profesora, fue jefa de UTP e inspectora general. Esta experiencia le permite hablar con propiedad sobre el funcionamiento del establecimiento y, sobre todo, sobre las personas que lo integran. “Yo llevo 14 años trabajando aquí, he recorrido esta escuela por muchos cargos”, explicó Yubano, quien asume el cargo “con mucha alegría, con un compromiso enorme y con el gran cariño que le tengo a este establecimiento que me vio crecer”.

El desafío no es menor. Yubano llega a dirigir un establecimiento que durante 23 años estuvo bajo el liderazgo de Carlos Alarcón Carrillo, quien dejó una huella profunda tanto a nivel regional como fuera de la región. “Nos ha dejado un legado que tenemos que cuidar, proteger y avanzar”, sostuvo la directora, reconociendo que si bien Alarcón será recordado con cariño, “también tenemos que mirar hacia adelante y ver los nuevos desafíos que se nos van presentando día a día”.

Para Yubano, los logros de la escuela no son producto del azar ni de un solo esfuerzo individual, sino del trabajo colaborativo de toda la comunidad. “Estos logros que la escuela arrastra no se forman solos”, enfatizó, haciendo un llamado a funcionarios, estudiantes, padres y apoderados a continuar unidos. “Quiero, necesito y confío en que voy a tener ese apoyo de la comunidad”, expresó, precisando que cuando habla de comunidad se refiere a todos quienes forman parte de la escuela.

La Escuela Litoral Austral se ha caracterizado por desarrollar iniciativas más allá del ámbito curricular, con participación de estudiantes en proyectos vinculados al medioambiente y la tecnología, además de mantener vínculos con instituciones y empresas externas. Yubano confirmó que esta línea tendrá continuidad: “Vamos a continuar con eso y vamos a seguir avanzando”. El establecimiento cuenta con numerosas redes de apoyo que le han permitido hacerse conocido “no solamente a nivel regional, sino que también a nivel nacional e internacional”.

La nueva directora destacó además el respaldo del SLEP y su dirección ejecutiva, relevando el trabajo coordinado y el apoyo en las distintas iniciativas. Este respaldo institucional es clave para el fortalecimiento de un colegio que ha demostrado crecimiento tanto en lo académico como en lo extra escolar, en beneficio de toda la comunidad educativa de Puerto Aysén.

Con una historia de 23 años que resguardar y un futuro por construir, Steffani Yubano inicia su gestión con la convicción de que “esta escuela tiene un gran futuro”. El camino por recorrer incluye el desafío permanente de mantener el trabajo colaborativo, fortalecer las redes de apoyo y proyectar nuevas iniciativas que sigan beneficiando a las familias de Puerto Aysén, en un momento donde la continuidad del proyecto educativo depende del compromiso de toda la comunidad y del respaldo institucional del SLEP.

En la Región de Aysén, donde el acceso a salud especializada ya es un desafío territorial, amamantar se convierte en una batalla cuesta arriba para muchas familias. La lactancia materna es mucho más que alimentar: es desarrollo neurológico, vínculo y participación. Sin embargo, cuando un bebé nace prematuro o con condiciones complejas, la falta de equipos interdisciplinarios frena este derecho fundamental.

La evidencia científica es clara: amamantar exige una adecuada coordinación de funciones motoras, sensoriales, respiratorias y neurológicas. Pero en nuestro sistema de salud, la atención está fragmentada. Los avances en neonatología permiten la supervivencia de recién nacidos cada vez más prematuros, pero muchos presentan dificultades para coordinar succión, deglución y respiración. Aquí es donde la rehabilitación se vuelve indispensable, aunque hoy sea un eslabón perdido o insuficiente.

Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y kinesiólogos tienen herramientas clave para establecer y mantener la lactancia. Los primeros evalúan alteraciones de alimentación y deglución; los kinesiólogos protegen el neurodesarrollo con posicionamiento y regulación sensorial; los terapeutas ocupacionales abordan los factores del entorno y las necesidades sensoriales. Sin embargo, como señaló El Divisadero, el papel de estos equipos aún merece mayor reconocimiento.

Esta omisión tiene consecuencias concretas. En niños con prematuridad, síndrome de Down, fisuras labiopalatinas o parálisis cerebral, la falta de acompañamiento integral afecta su desarrollo y el bienestar de la madre. La responsabilidad recae en un modelo sanitario que no integra estas disciplinas desde las primeras etapas, obligando a las familias a sortear solas barreras que el sistema debería garantizar.

Fortalecer la lactancia requiere superar la fragmentación y avanzar hacia modelos colaborativos. No se trata de restar importancia a otras disciplinas, sino de comprender que el desarrollo infantil demanda una mirada integral. Mientras no existan políticas interdisciplinarias reales y accesibles en el territorio, amamantar seguirá siendo un privilegio para quienes puedan acceder a estos especialistas, y no un derecho garantizado desde los primeros días de vida.