La discusión sobre posibles indultos a criminales de lesa humanidad, impulsada por sectores libertarios y republicanos para reos de Punta Peuco, no es un debate lejano para las familias de la Región de Aysén. En nuestro territorio, como en todo Chile, las heridas de la dictadura siguen abiertas, y la posibilidad de beneficiar a quienes cometieron atropellos sin justicia plena golpea directamente los derechos de quienes aún esperan verdad y reparación.
En este escenario, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, se sumó a la polémica fijando una postura clara: la entrega de este beneficio debe estar supeditada a condiciones estrictas. Según consignó la prensa nacional, el cardenal indicó que es imperativo el arrepentimiento real por los hechos cometidos.
Pero la exigencia de Chomali va más allá de una muestra de contrición. El religioso fue enfático en que se debe exigir la entrega de información para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Para las familias de las víctimas, esta es la condición sin la cual cualquier beneficio pierde sentido; la verdad es el pilar de la justicia.
El debate revela una tensión profunda: mientras algunos sectores políticos presionan por indultos, las víctimas y sus comunidades exigen que se cumplan las condiciones mínimas de justicia. La responsabilidad de quienes abogan por estos perdones es enorme, ya que no pueden ignorar el daño que la impunidad causa en el tejido social del país y de regiones como la nuestra, donde el Estado aún debe garantizar el acceso a la verdad como un derecho fundamental, según se mencionó en El Dínamo.
Lo que sigue sin resolverse es si los sectores políticos que impulsan estos indultos estarán a la altura de las exigencias de Chomali. Mientras no haya arrepentimiento y, sobre todo, mientras no se entregue la información sobre el paradero de los desaparecidos, la deuda con las familias de Aysén y de Chile seguirá impaga, y la sombra de la impunidad seguirá afectando la vida cotidiana de un país que exige memoria.
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