Categoría: Actualidad

La muerte de Camilo Escalona no deja solamente una vacante en la Nueva Izquierda.
Cierra un ciclo de más de tres décadas y obliga al Partido Socialista a enfrentar nuevamente una pregunta que ya conoció al final de la dictadura:
¿quién hereda políticamente a un líder cuando su autoridad no puede heredarse por decreto?
Para entenderlo hay que volver a Clodomiro Almeyda.

En marzo de 1987, Almeyda ingresó clandestinamente a Chile y la dictadura lo relegó a Chile Chico, en plena Patagonia.
Allí permaneció varios meses mientras enfrentaba la persecución política del régimen.
Existe además un antecedente poco conocido, pero políticamente revelador.
Durante aquella relegación, Germán Correa visitó personalmente a Almeyda en Chile Chico. Según testimonio presencial de quienes estuvieron allí, Almeyda manifestó entonces una especial valoración por Correa como posible continuador de su legado político: veía en él un dirigente capaz de sostener sus convicciones ideológicas, pero con una personalidad más conciliadora y articuladora que otros dirigentes del entorno almeydista.

La historia posteriormente tomó otro camino.

Hacia fines de los años ochenta ya coexistían dentro del propio PS-Almeyda dos sensibilidades que terminarían separándose.

Por una parte, Germán Correa, Ricardo Solari y el Tercerismo, partidarios de una salida política negociada, de la inscripción electoral y de ampliar los acuerdos hacia el centro.

Por otra, Camilo Escalona y los sectores que posteriormente constituirían la Nueva Izquierda, más identificados inicialmente con la izquierda histórica y más críticos de una transición excesivamente pactada.
La investigación académica sobre el PS de esos años confirma esa bifurcación.
Existe incluso un testimonio extraordinariamente esclarecedor del propio Germán Correa.

Correa recordó que Ricardo Solari le anticipó que, una vez derrotados determinados sectores más radicalizados del almeydismo, Escalona terminaría convirtiéndose en el representante de la izquierda interna mientras ellos quedarían ubicados en el otro polo.

Eso fue exactamente lo que ocurrió.
En el Congreso de Unidad socialista de 1990, Germán Correa quedó asociado al bloque que reunía al Tercerismo y sectores renovados, mientras Escalona encabezó la lista “Democracia y Socialismo”, obtuvo la primera mayoría nacional y comenzó a construir la Nueva Izquierda como una poderosa corriente interna.
Dos años después, esa división ya estaba completamente institucionalizada: una alianza entre renovados y terceristas respaldaba a Germán Correa, mientras la Nueva Izquierda levantaba a Camilo Escalona.

Por eso hay una paradoja histórica extraordinaria.

Almeyda pudo haber visto en Germán Correa una continuidad política y conciliadora de su legado.
Pero quien terminó heredando mayor capacidad de organización, territorio, construcción de mayorías y poder interno fue Camilo Escalona.

Y ahora, casi cuarenta años después de Chile Chico, el Partido Socialista enfrenta nuevamente la misma disyuntiva.

¿QUIÉN HEREDA A ESCALONA?

Los nombres más directamente vinculados a su Nueva Izquierda son Karina Delfino y César Valenzuela.

Antes incluso de su fallecimiento, ambos eran identificados como sus principales discípulos. Delfino aparecía particularmente proyectada como sucesora de Escalona dentro de la corriente.
Pero reemplazar al jefe de un “lote” es bastante más sencillo que reemplazar a un dirigente capaz de hablarle al partido completo.
Y ahí comienza el verdadero problema del PS.

Porque hoy existen varios polos.
Paulina Vodanovic representa una conducción institucional, negociadora y pragmática, particularmente desde el Senado.
Karina Delfino puede representar la continuidad orgánica de la Nueva Izquierda.

César Valenzuela tiene espacio para convertirse en articulador parlamentario y generacional.
Y desde otro sector emerge con fuerza Daniel Manouchehri, acompañado políticamente por Daniella Cicardini, planteando una oposición mucho más frontal al gobierno de José Antonio Kast.

Manouchehri ha formulado incluso una consigna política bastante clara para reconstruir mayoría: “proyecto, calle y carácter”.

Su planteamiento es que el socialismo no puede limitarse a denunciar a Kast, sino que debe recuperar territorio, crecimiento económico, seguridad y una propuesta capaz de hablar nuevamente con trabajadores y sectores populares.

Las diferencias ya no son teóricas.
Durante 2026, Manouchehri y Cicardini han cuestionado
públicamente el estilo negociador de Vodanovic frente al gobierno, abriendo una disputa acerca de qué significa realmente ser oposición.
Y probablemente ahí estará una de las grandes batallas socialistas de 2027.

Pero sería un error reducirla a:
Vodanovic versus Manouchehri.
O a:
Tercerismo versus Nueva Izquierda.
El desafío histórico es bastante mayor.

EL PS DEBE DECIDIR SI QUIERE ADMINISTRAR SU PROPIA SOBREVIVENCIA O VOLVER A DISPUTAR LA CONDUCCIÓN DE CHILE
Después de la muerte de Escalona, el Partido Socialista necesita recuperar tres cosas.
Primero: identidad.
Saber qué significa ser socialista en una sociedad donde seguridad, migración, costo de vida, inteligencia artificial, empleo y crecimiento económico preocupan tanto como las tradicionales demandas sociales.
Segundo: territorio.
Volver a poblaciones, sindicatos, regiones, universidades y organizaciones sociales, porque ningún partido recupera mayoría nacional solamente desde el Congreso o las redes sociales.
Tercero: vocación de mayoría.
El PS no puede limitarse a disputar con el Frente Amplio y el Partido Comunista quién representa mejor a la izquierda.
Su desafío es convertirse nuevamente en un partido capaz de articular toda una oposición democrática frente al gobierno de Kast, conversar con la centroizquierda y recuperar sectores populares que en las últimas elecciones terminaron votando por la derecha.
Eso fue probablemente lo que Escalona comprendió mejor que muchos:
un partido puede ser muy poderoso hacia adentro y completamente irrelevante hacia afuera.
Por eso la verdadera herencia de Escalona no será la secretaría general ni el control de la Nueva Izquierda.
Será la capacidad de alguno de estos nuevos dirigentes para construir nuevamente poder social, poder electoral y mayoría nacional.
Hace casi cuarenta años, en Chile Chico, el socialismo discutía silenciosamente quién podía continuar el legado de Clodomiro Almeyda.
Germán Correa representaba una alternativa.
Camilo Escalona terminó construyendo otra.
Hoy la historia vuelve a colocar al PS frente a la misma encrucijada.
Delfino puede heredar la corriente.
Manouchehri puede disputar el relato.
Vodanovic conserva la estructura.
Otros liderazgos todavía pueden emerger.
Pero ninguno habrá heredado realmente a Escalona hasta demostrar algo mucho más difícil:
que puede sacar al Partido Socialista de sus lotes internos y volver a convertirlo en una fuerza capaz de disputar la conducción política de Chile.

José Antonio Kast llegó a La Moneda en marzo con una ventaja política importante: 46% aprobaba su gestión y solo 30% la desaprobaba. Seis meses después, la fotografía de Criteria se invirtió: 30% aprueba y 58% desaprueba.

La caída tampoco apareció de un día para otro. A fines de marzo la aprobación ya había retrocedido al 43%; en abril llegó a 37%; en mayo rondó el 38%; en junio tuvo un breve repunte hasta el 40% después de la Cuenta Pública; en julio llegó a caer al 32%; terminó agosto en 33% y ahora toca el 30%.

¿Las razones? Una encuesta de aprobación no permite afirmar que exista una sola causa, pero otros indicadores permiten entender el desgaste.

Seguridad, precisamente la bandera con que Kast llegó al poder, sigue siendo una preocupación central.

Sería incorrecto decir que el Gobierno “no ha hecho nada”: en agosto anunció la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, impulsó reformas legales y constitucionales y ejecutó medidas penitenciarias como el llamado Plan Cancerbero.

Pero buena parte de la agenda todavía depende de legislación e implementación, por lo que sus efectos no son inmediatos.

Y ahí aparece el problema político: la gente evalúa resultados, no anuncios. En agosto Cadem registró que 73% tenía temor de ser víctima de un delito, 61% consideraba que el Estado estaba siendo sobrepasado por la delincuencia y 72% señalaba al crimen organizado como el principal problema de seguridad.

Además, solo 27% veía un cambio claro respecto de gobiernos anteriores; 33% observaba cambios, pero los consideraba insuficientes, y 38% no veía un cambio significativo.

Incluso una agenda de seguridad que inicialmente recibió respaldo comenzó a erosionarse: a fines de agosto 58% decía que el Gobierno debía retirar el proyecto, buscar acuerdos y modificarlo, mientras el apoyo general a esa agenda había caído al 41%.

Pero el desgaste no parece explicarse únicamente por delincuencia.

Está también el bolsillo.

El desempleo llegó a 9,5% en mayo-julio, 0,8 puntos más que un año antes; las personas ocupadas disminuyeron 0,2% y los desocupados aumentaron 10,4%.

El último dato económico tampoco ayudó: la actividad de julio mostró una contracción desestacionalizada mensual, y Cadem constató esta semana que 63% cree que Chile va por mal camino, mientras apenas 32% piensa lo contrario.

Más duro aún: 91% tenía expectativas negativas respecto del empleo, 82% evaluaba negativamente su capacidad económica para comprar bienes y servicios y solo 10% señalaba que su presupuesto le permitía llegar bien a fin de mes y ahorrar.

Y otra encuesta confirma que no se trata únicamente de Criteria: Cadem del 3 de septiembre colocó a Kast en 34% de aprobación y 61% de desaprobación, su peor resultado en esa medición desde que asumió.

La paradoja política es evidente: Kast llegó prometiendo que cambiaría la mano en seguridad, crecimiento y orden.

A seis meses, una parte creciente de la ciudadanía parece preguntarse cuándo esas promesas comenzarán a sentirse en la calle, en el empleo y en el bolsillo.

Porque las elecciones pueden ganarse con expectativas. Los gobiernos, en cambio, terminan siendo evaluados por resultados.

MARZO: 46% aprueba | 30% desaprueba

SEPTIEMBRE: 30% aprueba | 58% desaprueba

En seis meses: –16 puntos de aprobación y 28% de desaprobación.

DATO MATA RELATO: cuando la promesa de “cambiar la mano” choca con la percepción cotidiana, las encuestas pasan la cuenta

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decretó dos días de duelo oficial por el fallecimiento de Camilo Escalona, histórico dirigente del socialismo chileno.

Más allá de las legítimas y profundas diferencias políticas, corresponde reconocer una decisión que honra la trayectoria de quien dedicó décadas de su vida al servicio público y a la política nacional.

La democracia también se construye de estos gestos: respetar al adversario, reconocer su historia y entender que las diferencias ideológicas no pueden estar por encima de la convivencia republicana.
Un gesto institucional que merece ser valorado.

Cuando la gente está cansada de la delincuencia, la incertidumbre y las promesas incumplidas, aparece la receta de siempre: mano firme, autoridad y orden.

Thomas Mann conoció bien ese clima político.

Su advertencia sigue vigente: las democracias no siempre se debilitan de golpe; a veces empiezan a ceder terreno cuando el miedo hace que cualquier promesa de orden parezca suficiente.

Chile eligió un cambio de rumbo y la derecha volvió al poder con ese discurso en primera fila.

El problema empieza cuando el remedio viene con letra chica.

Porque pedir orden es fácil.

Lo difícil es darse cuenta, cuando ya es tarde, de que uno pidió que ordenaran la casa… y terminaron ordenándole hasta cómo pensar.

En 1971, Fidel Castro visitó el Chile de Salvador Allende. Su presencia no fue solo diplomática: representaba una corriente política internacional que influyó en el clima ideológico de la época.
Hoy, en otro contexto y desde el extremo contrario, Javier Milei llega al Chile de José Antonio Kast como referente de una nueva derecha latinoamericana, junto a figuras como Bukele y sectores agrupados en torno al Foro Madrid.
No se trata de decir que Castro y Milei sean iguales, ni que Allende y Kast lo sean. La comparación está en otra parte: ambos líderes extranjeros simbolizan proyectos políticos capaces de reforzar, legitimar y tensionar procesos internos en Chile.
Milei lo hace con estridencia, confrontación y espectáculo. Kast, en cambio, parece avanzar con un estilo más silencioso, institucional y gradual.
Y ahí está el verdadero debate.
Porque los cambios profundos no siempre llegan con gritos. A veces llegan lentamente, por leyes, presupuestos, nombramientos y decisiones que van cambiando el sentido del Estado.
La pregunta para Chile no es cuánto tiempo estará Milei, sino qué ideas, alianzas y formas de poder puede ayudar a consolidar su presencia.

Chile vuelve a escuchar una vieja promesa: bajar impuestos a quienes tienen más capital para que ese dinero se reinvierta, genere empleo y finalmente beneficie a todos.
El problema es que esa historia ya la conocemos.
Durante las “vacas gordas” del cobre, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Chile recibió enormes recursos.
El país creció y acumuló riqueza, pero para millones de familias la vida siguió prácticamente igual: trabajar décadas para pagar una casa, endeudarse para consumir y llegar a una jubilación insuficiente.

Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo y defensor del capitalismo, ha sostenido algo muy simple: los que más tienen deben contribuir más al sistema que les permitió acumular esa riqueza.

Thorstein Veblen explicaba otra parte del problema: muchas personas terminan identificándose con el estilo de vida y los intereses de los ricos, aunque económicamente estén muy lejos de ellos.

En Chile ocurre algo parecido.
Tener una camioneta, una casa a 30 años o un buen celular puede hacernos sentir que estamos progresando.
Pero consumo no es riqueza y deuda no es patrimonio.
Por eso, frente a la rebaja del impuesto a las empresas impulsada por el gobierno de Kast, la pregunta es legítima:
¿qué asegura que esos millones que dejará de recibir el Estado serán realmente reinvertidos en mejores empleos, salarios e inversión productiva?

Chile necesita inversión privada y empresarios.
Pero también necesita reglas que permitan que el crecimiento llegue efectivamente a quienes trabajan.
Porque no basta con que crezca la economía.
Tiene que crecer también la vida de la gente.
Ya vimos pasar una vez las vacas gordas.
No cometamos nuevamente el error de mirar cómo pasa la riqueza mientras la mayoría sigue esperando que algún día le toque.

Otra autoridad que cae. Esta vez, el Gobierno pidió la renuncia al seremi de Transportes de Arica y Parinacota, Patricio Löhr, tras una denuncia por presuntas presiones para favorecer a trabajadores vinculados a una empresa creada por él.
Ya son 44 autoridades fuera del Gobierno de Kast, 34 de ellas seremis. Ministros, subsecretarios y autoridades regionales han ido abandonando sus cargos entre polémicas, cuestionamientos, denuncias y errores políticos.

El Gobierno que llegó prometiendo orden, probidad y una forma distinta de hacer política comienza a enfrentarse a su propia realidad. Una cosa era fiscalizar desde la oposición y otra muy distinta administrar el Estado.
“Un país mejora cuando avanzamos juntos”, decía Löhr. Al parecer, varios avanzaron… pero hacia la puerta de salida.
44 salidas en menos de seis meses no parecen una anécdota: empiezan a parecer un problema político.

#GobiernoDeKast #Renuncias #Probidad #Chile #Arica #PolíticaChilena

Cuando fiscalizar incomoda: el oficialismo cierra filas frente al caso Cerimedo
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la creación de una Comisión Especial Investigadora destinada a esclarecer el denominado caso Cerimedo, una trama que ha abierto interrogantes sobre el uso de bots, cuentas automatizadas, desinformación y eventual manipulación algorítmica en procesos electorales chilenos.
La iniciativa obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, quedando apenas a dos votos de los 62 necesarios. Los 41 votos en contra correspondieron al oficialismo, mientras la sesión estuvo marcada además por una elevada ausencia parlamentaria: solo participaron 103 de los 155 diputados.
Y ahí aparece la pregunta política inevitable: ¿por qué quienes gobiernan rechazan investigar?

La comisión no estaba llamada a condenar anticipadamente a nadie.
Su propósito era fiscalizar qué conocimiento tuvieron organismos públicos sobre el eventual uso de bots, trolls, redes coordinadas de amplificación, inteligencia artificial y manipulación de algoritmos en elecciones y plebiscitos desarrollados desde 2020.

El asunto adquirió mayor relevancia después de conocerse antecedentes sobre el asesor argentino Fernando Cerimedo y una presunta “granja de bots”. Paralelamente, la excandidata presidencial Evelyn Matthei recordó públicamente la existencia de una fotografía de Cerimedo con personas vinculadas al equipo de José Antonio Kast. El propio Presidente ha reconocido conocerlo, aunque ha negado una relación laboral con él.

Por eso, rechazar una instancia fiscalizadora no despeja las dudas: las multiplica.
Si no existió utilización irregular de redes digitales, financiamiento indebido, intervención electoral ni coordinación con funcionarios o asesores políticos, una investigación parlamentaria podría precisamente contribuir a establecerlo. Cuando se bloquea esa posibilidad, el debate deja de centrarse solamente en Cerimedo y comienza inevitablemente a preguntarse qué se quiere evitar que se investigue.
También corresponde mirar hacia la propia oposición. La comisión quedó a solo dos votos de aprobarse y uno de sus impulsores, José Montalva, reconoció públicamente que quienes promovían la iniciativa debían “hacer la pega” y presentarse a votar. La fiscalización no puede sostenerse solamente con declaraciones: requiere presencia y votos en el hemiciclo.
Pero políticamente queda una fotografía difícil de ignorar: 41 parlamentarios oficialistas votaron contra abrir una investigación sobre eventuales mecanismos de manipulación digital electoral.

En democracia, fiscalizar no debería entenderse como persecución.

Es precisamente el mecanismo mediante el cual las sospechas pueden transformarse en hechos comprobados o ser descartadas.
Y cuando el poder prefiere cerrar una puerta antes que abrir los antecedentes, la pregunta ciudadana surge sola:
¿qué habría mostrado esa investigación si la hubieran dejado comenzar?

La oposición anunció que volverá a presentar la solicitud para intentar constituir nuevamente la comisión.

Puedo seguir este caso y avisarte si finalmente se aprueba la comisión o aparecen nuevos antecedentes relevantes.

Durante la campaña se prometió un cambio de rumbo, más crecimiento, inversión y una economía que volvería a moverse. Pero las cifras empiezan a contar una historia bastante menos épica.
El Banco Central informó que el Imacec de julio de 2026 cayó 1,5% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la actividad desestacionalizada retrocedió 1,7% respecto de junio.
Es la mayor caída anual registrada desde marzo de 2023.
Y esto ocurre después de que junio había mostrado un crecimiento anual de 2,4%, por lo que el retroceso de julio representa un brusco cambio respecto del mes anterior.

Según el propio Banco Central, la caída estuvo explicada principalmente por la minería, y en menor medida por los servicios y la industria.
La producción de bienes disminuyó 3,2% anual, afectada especialmente por el cobre, debido a menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas. Los servicios, por su parte, retrocedieron 0,7%. El comercio fue una de las pocas áreas que logró crecer, con un 0,7%.

Aquí aparece la inevitable ironía política.
Durante años, desde la oposición, resultaba fácil responsabilizar al gobierno de turno por cada cifra negativa: si bajaba la inversión, era responsabilidad del Presidente; si caía el Imacec, era consecuencia de la incertidumbre; si aumentaba el desempleo, era falta de conducción económica.
Ahora que la mano cambió, también cambió el lugar desde donde se observan las cifras.

Porque gobernar significa descubrir que la economía no funciona mediante consignas electorales, que los inversionistas no reaccionan simplemente a un discurso presidencial y que el crecimiento depende de múltiples factores internos y externos.

Sin embargo, tampoco corresponde caer en la misma simplificación utilizada tantas veces en campaña: un solo Imacec negativo no permite afirmar por sí mismo que toda la estrategia económica del Gobierno haya fracasado.

El Banco Central señala expresamente factores mineros y climáticos que incidieron en julio.
Pero políticamente la cifra sí plantea una pregunta incómoda:
¿Dónde quedó aquel crecimiento que parecía estar esperando únicamente un cambio de Presidente para aparecer?
La realidad comienza a cobrar las promesas.
Y cuando las expectativas electorales chocan con los números del Banco Central, ya no basta con repetir que “la mano cambió”.
Porque aparentemente…

LA MANO CAMBIÓ.
Y EL IMACEC TAMBIÉN.
Ahora toca gobernar.
Y gobernar es bastante más difícil que hacer campaña.

Hay algo que comienza a repetirse en la relación del presidente José Antonio Kast con la prensa: cuando una afirmación de campaña es confrontada con la realidad, la respuesta cambia, se relativiza o se redefine.
Durante la campaña presidencial fue categórico con la inmigración irregular.
En el debate de Anatel advirtió que a los migrantes les quedaban 92 días para abandonar voluntariamente Chile y afirmó que después vendrían las consecuencias.

Pero ya instalado en La Moneda, cuando los periodistas comenzaron a preguntarle por qué aquello no había ocurrido, la promesa adquirió un significado diferente.
Primero reconoció que era evidente que no podía sacar a 300 mil personas en el “día uno”.
Después fue todavía más lejos: sostuvo que aquello había sido “una metáfora” y que quien hubiera entendido literalmente el mensaje lo había interpretado mal.

Cuando Daniel Matamala lo entrevistó a los 80 días de gobierno, volvió a enfrentar preguntas precisamente por el retraso de las expulsiones, la seguridad y otras medidas centrales de su programa. Su respuesta fue que se avanzaba “paso a paso”.

Y no ha sido el único cambio.
Se prometió una auditoría externa internacional al Estado.
En abril el propio Gobierno descartó realizarla por razones presupuestarias y la sustituyó por una revisión interna.

Durante la campaña se habló de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Meses después, el Ejecutivo comenzó a hablar de reformarlo, mientras también permanecían pendientes otros compromisos anunciados durante la campaña.

Incluso un estudio elaborado por doce centros de pensamiento de oposición sostuvo, al cumplirse los primeros 90 días, que cerca del 80% de las medidas que ellos contabilizaron no registraba avances. Naturalmente, por provenir de organizaciones opositoras, ese informe debe leerse considerando su origen político; pero demuestra que la discusión sobre la distancia entre campaña y gobierno ya está instalada.

Y ahora aparece Fernando Cerimedo.
El hombre conocido por su trabajo político digital y relacionado con operaciones de redes sociales permanece en prisión preventiva en Bolivia mientras se investiga su presunta responsabilidad en el ataque contra su expareja, acusación que él niega.

En el allanamiento realizado por las autoridades bolivianas se informó además del hallazgo de una denominada “mini granja de bots”.

Su expareja, Nadia Beller, ha entregado un testimonio todavía más delicado: afirma que Cerimedo decía haber trabajado con el “equipo de K”, que se atribuía participación en el triunfo presidencial chileno y que mantenía contactos permanentes con Chile durante el proceso electoral.
Son afirmaciones que requieren investigación y corroboración independiente.

Además, investigaciones periodísticas han establecido cruces anteriores entre Cerimedo y personas que posteriormente quedaron ubicadas en el entorno gubernamental o comunicacional de Kast, particularmente a propósito de campañas políticas anteriores.

¿Qué respondió hoy el Presidente?
Que sí conoce a Cerimedo, pero que jamás trabajó con él en ninguna de sus campañas.
Según Kast, simplemente coincidieron porque Cerimedo acompañaba delegaciones de otros dirigentes y presidentes.

Y aquí aparece una pregunta legítima.
¿Cuántas veces puede uno “coincidir” con un operador político internacional que trabaja precisamente en campañas electorales antes de que la coincidencia merezca una explicación más detallada?

Porque Cerimedo no era un turista perdido entre la multitud.

Era un consultor político vinculado a campañas latinoamericanas, especializado justamente en comunicación digital, redes y generación de tendencias.
Y hoy existen testimonios y antecedentes periodísticos que lo sitúan orbitando espacios donde también aparecen personas vinculadas al mundo político de Kast.

Nada de esto demuestra, por sí solo, que José Antonio Kast lo haya contratado.
Y sería irresponsable afirmarlo mientras no exista evidencia que lo acredite.
Pero tampoco parece razonable pretender cerrar la discusión simplemente diciendo: “lo conozco, coincidimos varias veces, pero nunca trabajó conmigo”.

Sobre todo cuando venimos de una campaña en que afirmaciones categóricas posteriormente terminaron convertidas en explicaciones, reinterpretaciones, plazos abiertos y hasta “metáforas”.
Por eso el problema ya no es solamente Cerimedo.
El problema comienza a ser la credibilidad de la palabra presidencial.
Cuando aquello que ayer parecía una promesa literal hoy era una metáfora; cuando aquello que se iba a hacer cambia una vez instalado el Gobierno; y cuando alguien que aparece repetidamente cerca del ecosistema político termina convertido simplemente en una serie de coincidencias, entonces la prensa tiene no sólo el derecho sino la obligación de seguir preguntando.

Quizás Kast efectivamente nunca contrató a Fernando Cerimedo.

Quizás todas fueron coincidencias.
Quizás.

Pero en democracia las dudas no se despejan pidiendo que dejemos de preguntar.

Se despejan con antecedentes.
Y por ahora, en el caso Cerimedo, todavía faltan demasiados.