Categoría: Actualidad

Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social de 2019 han dejado de ser simplemente una polémica comunicacional. El episodio comienza a adquirir ribetes que alcanzan directamente a nuestras relaciones exteriores, a la diplomacia y al principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado soberano.
Cuando un representante diplomático extranjero atribuye responsabilidades políticas sobre uno de los acontecimientos sociales más relevantes de nuestra historia reciente y, además, alude inicialmente a información proveniente de “inteligencia”, resulta legítimo preguntarse hasta dónde llega el conocimiento —o la intervención— de organismos extranjeros respecto de procesos políticos internos de Chile.
Los diputados Luis Cuello y Daniela Serrano, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Partido Socialista, han solicitado al Ministerio Público investigar un eventual acceso irregular a antecedentes protegidos por la legislación chilena sobre inteligencia. Será la Fiscalía, y no la discusión política, la encargada de establecer si existió o no alguna conducta ilícita. Pero el problema diplomático ya está instalado.
Las posteriores aclaraciones del embajador —señalando que Estados Unidos no envió investigadores a Chile, que no posee documentos específicos sobre el 18-O y que sus apreciaciones provendrían de conversaciones con políticos, policías, académicos y fuentes abiertas— hacen todavía más necesaria una explicación consistente.
Porque aquí existe una pregunta que Chile no debiera dejar pasar:
¿Estamos frente a una opinión personal de un embajador, frente a un análisis político elaborado a partir de fuentes públicas, o frente a información obtenida mediante canales de inteligencia y cooperación entre Estados?
No son situaciones equivalentes.
Las relaciones diplomáticas entre países amigos deben sustentarse en el respeto mutuo. La cooperación internacional en seguridad e inteligencia puede ser necesaria, pero jamás puede convertirse en una puerta trasera para intervenir en las controversias políticas internas, calificar movimientos sociales o intentar establecer desde una embajada extranjera quiénes fueron los responsables políticos de acontecimientos ocurridos en territorio chileno.

La soberanía no depende del color político del gobierno de turno. Hoy puede resultar conveniente que una potencia extranjera respalde determinada interpretación de nuestra historia; mañana esa misma práctica puede utilizarse para presionar decisiones económicas, sociales, estratégicas o electorales.

Por eso este asunto debe tratarse como una cuestión de Estado y de política exterior, no simplemente como una disputa entre izquierda y derecha.

Chile debe mantener buenas relaciones con Estados Unidos y con todas las naciones con las que comparte intereses políticos, económicos y estratégicos.
Pero amistad diplomática no significa subordinación, y cooperación no puede confundirse con injerencia.
La historia latinoamericana contiene suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando las grandes potencias comienzan opinando sobre los procesos internos de nuestros países y terminan intentando condicionarlos.
Una democracia madura puede discutir profundamente las causas del estallido social de 2019.

Lo que no necesita es que una representación diplomática extranjera venga a escribirle las conclusiones.

Los problemas de Chile los discutimos y resolvemos los chilenos.
Esa debería ser una frontera diplomática que ningún gobierno, cualquiera sea su orientación política, esté dispuesto a relativizar.

En menos de 24 horas, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, pasaron de una afirmación categórica a una explicación bastante más modesta.
El martes, el diplomático sostuvo que la inteligencia estadounidense señalaba “categóricamente” que los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019 provenían de organizaciones o sectores ideológicamente vinculados a la izquierda. Incluso manifestó disposición a compartir esos antecedentes con Chile.
Pero, después de ser citado por la Cancillería chilena, el escenario cambió. Judd aclaró que Estados Unidos no realizó una investigación propia sobre el 18-O y señaló que no poseen antecedentes específicos sobre determinados grupos.

Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿en qué se sostenía una acusación de semejante gravedad?
No estamos hablando de una conversación de sobremesa ni de una opinión publicada en redes sociales.
Se trata del representante diplomático de una potencia extranjera atribuyendo responsabilidades políticas respecto de uno de los acontecimientos más graves y complejos ocurridos en Chile durante las últimas décadas.
Si existían informes, documentos, nombres o antecedentes concretos, correspondía entregarlos a las autoridades chilenas y, especialmente, ponerlos a disposición de la justicia. Si esos antecedentes no existen, atribuir responsabilidades políticas de manera general resulta, como mínimo, una imprudencia diplomática.

Hasta ahora, las investigaciones desarrolladas en Chile no han permitido establecer una autoría política general detrás de los incendios del Metro ni identificar una organización que hubiera dirigido el conjunto de la revuelta social.

Por eso resulta preocupante que acontecimientos tan dolorosos sean utilizados para alimentar relatos ideológicos sin acompañarlos de pruebas verificables.

La diplomacia exige prudencia. La inteligencia exige evidencia. Y cuando alguien acusa, especialmente desde una posición de poder, la carga mínima es demostrar lo que afirma.

De lo contrario, lo que ayer parecía una revelación de inteligencia internacional hoy comienza a parecer simplemente una declaración política que, enfrentada a la obligación de respaldarla, perdió rápidamente su contundencia.
Mucho ruido de inteligencia… y, al momento de mostrar los papeles, ningún documento sobre la mesa.

La detención del abogado penalista y exfiscal Vinko Fodich, en el marco de una investigación de la Fiscalía Supraterritorial por presunto lavado de activos y otros delitos, vuelve a instalar una pregunta incómoda sobre nuestro sistema de justicia. Según CIPER, Fodich ya era investigado por sus presuntos vínculos con una estructura dedicada al lavado de activos y por operaciones asociadas a una casa de cambios de la que es socio. La investigación no constituye una condena y deberá ser la justicia la que determine responsabilidades.
Pero el asunto trasciende a una persona.
¿Qué ocurre cuando quienes durante años estuvieron del lado de la persecución penal, conocieron investigaciones complejas, técnicas investigativas, criterios de las fiscalías e incluso causas de alta relevancia, abandonan el Ministerio Público y pasan a defender intereses privados vinculados precisamente con materias que antes perseguían?

El ejercicio privado de la profesión es legítimo y toda persona tiene derecho a defensa. Sin embargo, existe una cuestión ética y política que merece discutirse: ¿cuánto vale el conocimiento privilegiado adquirido desde el Estado cuando posteriormente se pone al servicio de intereses particulares?

Y la pregunta se vuelve todavía más incómoda cuando aparecen otros casos.

El exfiscal regional de Aysén Carlos Palma, por ejemplo, ha sido formalizado por revelación de secreto y actualmente enfrenta además una investigación relacionada con presuntos pagos vinculados al senador Miguel Ángel Calisto.
Esa investigación fue trasladada a La Araucanía precisamente para resguardar la objetividad e imparcialidad del proceso.
Nuevamente: se trata de investigaciones en curso y las responsabilidades deberán establecerse judicialmente.

No corresponde concluir que todos los fiscales que abandonan el Ministerio Público cruzan alguna frontera ética.
Pero cuando comienzan a repetirse situaciones en que antiguos persecutores aparecen vinculados a investigaciones penales, resulta razonable preguntarse si nuestro sistema dispone de suficientes inhabilidades, períodos de enfriamiento, controles patrimoniales y reglas sobre conflictos de interés.
Porque quienes han tenido acceso privilegiado al funcionamiento de la persecución penal poseen un capital que no es solamente profesional: conocen procedimientos, debilidades institucionales, redes y estrategias investigativas.

Entonces surge inevitablemente la pregunta: ¿qué pesa más al abandonar el servicio público: la responsabilidad que otorgaba el cargo o el dinero y las oportunidades que ofrece ese conocimiento en el mercado privado?

La justicia tendrá que determinar culpabilidades. La política, en cambio, debería preguntarse desde ahora cómo impedir que la puerta giratoria entre fiscalías, poder, grandes intereses económicos y defensa privada termine erosionando la confianza pública.

Y quizás tengamos que actualizar aquel viejo dicho:
antes era “el ladrón detrás del juez”.

El problema comienza cuando ya no sabemos de qué lado del mesón está cada uno.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, acaba de hacer una afirmación de enorme gravedad política: sostuvo que la inteligencia norteamericana concluyó “categóricamente” que el estallido social de 2019 provino de organizaciones o sectores de izquierda. No entregó públicamente, sin embargo, los antecedentes concretos que permitirían verificar semejante aseveración.
No estamos hablando de una opinión de sobremesa. Estamos hablando del representante oficial de una potencia extranjera afirmando poseer información de inteligencia sobre uno de los episodios más graves y traumáticos de nuestra historia reciente.
Por eso resulta plenamente razonable que esas palabras tengan consecuencias institucionales. La Cancillería ya lo citó para solicitar antecedentes y el asunto llegó al debate parlamentario.

Si Estados Unidos realmente posee información capaz de identificar organizaciones, autores materiales o responsables de delitos cometidos durante octubre de 2019, esa información debe ser entregada a las autoridades chilenas y puesta a disposición de la Justicia.
Porque una cosa es discutir políticamente sobre el denominado “octubrismo” —expresión utilizada recurrentemente por sectores de la derecha para caracterizar el ciclo político nacido después del 18 de octubre— y otra muy distinta es sostener que existen informes de inteligencia extranjeros que permitirían establecer responsabilidades concretas.
Especialmente cuando todavía existen interrogantes sobre hechos gravísimos de aquellos días: incendios, saqueos, ataques a infraestructura pública y, particularmente, la destrucción de estaciones del Metro. Videos, testimonios y antecedentes de distinta naturaleza han alimentado durante años preguntas que corresponde esclarecer judicialmente, no mediante consignas políticas ni teorías construidas desde una embajada.
Judd, además, no aparece en el vacío. Es el mismo embajador que recientemente habló de una llamada “Doctrina Donroe”, expresión utilizada para describir una reinterpretación trumpista de la histórica Doctrina Monroe —la política estadounidense del siglo XIX resumida posteriormente bajo la idea de que América debía permanecer bajo una esfera de influencia hemisférica norteamericana—. El juego de palabras combina Donald Trump con Monroe y expresa una visión renovada de predominio estratégico estadounidense en América Latina.
El propio Judd afirmó que esa doctrina era especialmente fácil de aplicar con el actual Gobierno chileno, declaración de la cual la Cancillería posteriormente tomó distancia.
Y aquí aparece una inquietante semejanza de estilo con su presidente, Donald Trump: afirmaciones categóricas, anuncios espectaculares y una retórica que muchas veces precede a los antecedentes que deberían sustentarlos.
Lo hemos visto incluso en política internacional.
En junio Trump anunció un acuerdo para terminar las hostilidades con Irán; semanas después declaró que aquella tregua estaba “terminada”, y actualmente el conflicto continúa abierto.
Por eso Chile debe exigir algo muy sencillo:
Embajador Judd: muestre los antecedentes.
Si existen documentos de inteligencia que prueban quién organizó delitos durante el estallido social, entréguelos.
Si permiten determinar responsabilidades por incendios, ataques al Metro u otros hechos criminales, póngalos a disposición del Ministerio Público y de los tribunales.
Porque entonces tendremos una contribución extraordinariamente importante para conocer la verdad.
Pero si esos antecedentes no aparecen, la afirmación quedará reducida a lo que nunca debería transformarse la diplomacia: una balandronada política importada desde Washington.
Chile necesita verdad, pruebas y justicia.
No una versión norteamericana del “octubrismo”.
Y mucho menos que la antigua Doctrina Monroe regrese maquillada de “Donroe”, como si América Latina volviera a ser el patio trasero de alguien.

La situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto no sólo tiene implicancias penales. También podría terminar generando un escenario político y electoral relevante para la Región de Aysén.
La fecha inmediata es el 14 de septiembre de 2026, cuando el Pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt conocerá la nueva solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.
Si la Corte acoge el desafuero y la resolución queda firme, Calisto quedaría suspendido del ejercicio de su cargo, lo que significa que no podría participar normalmente de las funciones parlamentarias ni votar en el Senado mientras dure esa suspensión.
Eso, sin embargo, no significa que pierda inmediatamente su escaño. El desafuero no equivale a una condena y Calisto mantiene su presunción de inocencia.
La situación cambia si posteriormente existiera una condena firme que produzca una causal constitucional de cesación del cargo.
Y allí aparece el elemento político más interesante.
Calisto fue elegido senador por Aysén en 2025 y comenzó su período en marzo de 2026. Su mandato se extiende por ocho años, hasta 2034.
Su candidatura fue inscrita como independiente asociado a la Federación Regionalista Verde Social, FRVS, dentro de la lista correspondiente.
Eso importa porque la Constitución chilena distingue entre un parlamentario elegido como independiente completamente ajeno a los partidos y uno elegido como independiente vinculado electoralmente a un partido.
En el primer caso, una vacante puede quedar sin reemplazo.
En el segundo, como sería el caso de Calisto, el artículo 51 de la Constitución establece que el reemplazante debe ser señalado por el partido que el parlamentario indicó al momento de inscribir su candidatura.
En otras palabras, si Calisto llegara a perder definitivamente su cargo, no se convocaría automáticamente a una nueva elección en Aysén.
Tampoco existe una regla que permita afirmar que asumiría directamente el segundo candidato más votado de su lista.
La decisión recaería, en principio, en la Federación Regionalista Verde Social, conforme a su estructura interna y a las reglas constitucionales.
Y el reemplazante no llegaría por unos meses: completaría el tiempo restante del período parlamentario.
Dado que Calisto recién asumió en marzo de 2026, eso podría significar que una persona designada políticamente termine ejerciendo durante gran parte de los ocho años originalmente obtenidos en las urnas.
Ese es el punto que puede abrir una discusión política más profunda:
¿Debe un partido tener la capacidad de decidir quién completa un mandato senatorial que fue obtenido mediante voto popular, cuando el titular fue elegido como independiente asociado a ese partido?
Por ahora, todo depende de lo que ocurra judicialmente.
El 14 de septiembre no se resolverá la culpabilidad penal de Miguel Ángel Calisto. Lo que se discutirá es si corresponde levantar nuevamente su fuero parlamentario.
Pero si ese proceso avanza, Aysén podría terminar enfrentando no sólo un problema judicial, sino también una discusión institucional sobre quién representa efectivamente a sus electores en el Senado.

Vallejo cuestiona el silencio de Kast ante Milei y sus dichos sobre la dictadura.

La exvocera del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, fue particularmente dura con el Presidente José Antonio Kast: calificó su actitud frente a Javier Milei como una “vergüenza nacional” y sostuvo que, después de guardar silencio, “no se puede llamar patriota”.

La crítica surge después del Foro Madrid —no “Club de Madrid”—, organización internacional de la derecha radical impulsada originalmente por la Fundación Disenso, vinculada a Vox, y de la cual Kast ha sido uno de sus principales promotores y firmantes de su carta fundacional.

Allí, en territorio chileno, Javier Milei llamó “zurdos mugrosos” a quienes piensan distinto y reivindicó la dictadura de Augusto Pinochet como un período de “estabilidad y crecimiento”, llegando a sostener que Chile había sido prácticamente “la envidia de la región”.

El problema no es únicamente ideológico. Chile pagó aquella dictadura con ejecuciones, detenidos desaparecidos, torturas, prisión política, exilio y familias que hasta hoy siguen buscando verdad y justicia.

Ese dolor no desaparece porque un mandatario extranjero decida convertir una dictadura en una supuesta historia de éxito económico.

Y frente a aquello, Kast respondió simplemente que él “no habría dicho” lo de los “zurdos mugrosos”, pero evitó cuestionar las palabras de Milei.

Por eso la pregunta que deja Vallejo resulta incómoda, pero legítima: ¿de qué sirve proclamarse patriota si frente a un mandatario extranjero que insulta a compatriotas y relativiza las heridas más brutales de nuestra historia republicana, el Presidente de Chile prefiere mirar para el lado?

La patria no se defiende solamente con una bandera en la solapa. También se defiende cuando corresponde decir: con Chile y con su historia, respeto.

Mientras Chile discute soberanía, Magallanes y declaraciones de uniformados argentinos, en La Moneda parece que decidieron aplicar una política exterior bastante más práctica: tener al argentino adentro de la casa.

Eitan Bloch Wisniacki, nacido en Mendoza y hoy nacionalizado chileno, es uno de los asesores internacionales más cercanos al Presidente Kast. ¿Honorarios? $6,5 millones mensuales pagados por el Estado.

Y justo cuando el Congreso acaba de aprobar la interpelación al canciller Pérez Mackenna para que explique cómo Chile está defendiendo sus intereses frente a Argentina, resulta que uno de los principales “orejeros” presidenciales en asuntos internacionales nació al otro lado de la cordillera.

La nacionalidad de una persona, por supuesto, no determina su lealtad ni su capacidad profesional.

Pero políticamente la paradoja es demasiado evidente para dejarla pasar:
¿Espionaje argentino? Para qué tanta película. Si para conocer lo que piensa La Moneda basta con tomar el ascensor hasta el Segundo Piso.
Y por $6,5 millones mensuales, al menos esperemos que las minutas expliquen claramente una cosa muy sencilla:
El Estrecho de Magallanes es chileno. Punto.

Porque entre decretos argentinos, declaraciones militares, silencios diplomáticos e interpelaciones parlamentarias, aquello de “durmiendo con el enemigo” dejó de parecer solamente el título de una película.

En 2017 incluso promovió una norma “antipitutos”, afirmando que los cargos del Estado debían entregarse por mérito y no por relaciones familiares o políticas. Su programa presidencial volvió a plantear una regulación más estricta de las contrataciones públicas y menos discrecionalidad para contratar “amigos, conocidos o familiares”.

Pero hoy, ya instalado en La Moneda, cinco contrataciones jóvenes abren una pregunta inevitable: ¿se terminó realmente la pitutocracia o simplemente cambiaron los pitutos?
SOFÍA SHEA, 24 AÑOS.
Periodista recién egresada.
Realizó su práctica profesional apenas meses antes en La 975, la agencia de Felipe Costabal. ¿Quién es Costabal?

El actual director de la SECOM y, por tanto, parte de la estructura donde posteriormente trabajaría Shea.
Además, Costabal conocía profesionalmente desde años antes al padre de Sofía, Nicolás Shea, conocido empresario y fundador de diversas iniciativas de emprendimiento. La propia investigación periodística establece que Nicolás Shea incorporó a Costabal a Start-Up Chile en 2011.
Y hay otro dato: la agencia The 975 de Costabal facturó $149 millones aproximadamente a la campaña presidencial de Kast por estrategia creativa. Sofía ingresó inicialmente con un sueldo bruto cercano a $1,4 millones y al mes siguiente ascendió a una jefatura de comunicación digital.

No estamos diciendo que exista una ilegalidad.

Estamos constatando algo políticamente relevante: padre empresario relacionado previamente con quien hoy dirige la SECOM; práctica profesional en su agencia; y luego contratación y rápido ascenso en la misma estructura pública encabezada por ese profesional.

CAMILA PÉREZ GUTIÉRREZ, 26 AÑOS.
Su trayectoria política previa está acreditada: militante de Renovación Nacional, fue vicepresidenta de la Juventud RN y candidata a concejala.
Estudió Derecho, realizó su práctica precisamente en el Servicio Nacional de Migraciones y, apenas un mes después de titularse como abogada, ingresó a ese organismo bajo el estamento denominado “experto”, con remuneración bruta mensual de $2.769.058. Migraciones está encabezado por el exdiputado RN Frank Sauerbaum.

La pregunta no es si una persona joven puede trabajar para el Estado. Naturalmente que puede. La pregunta es otra: ¿qué experiencia transforma a una profesional titulada hace apenas semanas en “experta” para efectos administrativos y remuneracionales?

TRINIDAD ZEGERS DOMÍNGUEZ, 27 AÑOS.

Se tituló de Derecho en la Universidad Católica y juró como abogada el 10 de abril de 2026.

Ese mismo mes ingresó como asesora al Ministerio de Justicia. Apenas cuatro meses después fue puesta a coordinar e impulsar la Reforma Procesal Civil, una transformación legislativa que lleva más de una década pendiente y que toca uno de los pilares centrales de nuestro sistema judicia.

El hecho político permanece: una abogada recién titulada pasó prácticamente de recibir su título profesional a asumir labores de coordinación en una de las reformas jurídicas más complejas del Estado.

CRISTÓBAL SOTO FUENTES, 19 AÑOS.

Este probablemente sea el caso más difícil de explicar bajo el discurso tradicional de la meritocracia.
Es estudiante de primer año de Periodismo de la Universidad de Los Andes y fue contratado a honorarios por el Ministerio del Interior para redes sociales y apoyo comunicacional.

El Gobierno corrigió posteriormente las cifras que originalmente aparecieron en Transparencia y sostuvo que actualmente recibe $1,5 millones mensuales.

Pero aquí también existe una trayectoria política previa: durante 2025 trabajó como community manager del entonces alcalde Felipe Alessandri (RN) y después estuvo vinculado al estamento de Mujeres UDI, desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026. Precisamente en marzo ingresó al Ministerio del Interior.

Aparece es una ruta política previa: RN → UDI → Ministerio del Interior, todo antes de terminar siquiera el primer año de universidad.

JOSÉ TOMÁS LIRA LARRAÍN, 27 AÑOS.
Es actualmente jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Superior, cargo que ocupa oficialmente desde marzo de 2026.

Aquí sí existen antecedentes familiares y patrimoniales públicos particularmente claros.

Sus padres son Francisco Javier Lira Vergara y María Teresa Larraín Aspillaga, quienes aparecen junto a José Tomás y sus hermanos en diversas sociedades agrícolas y de inversiones. Un extracto societario consigna incluso la donación y transferencia de participaciones de los padres a sus seis hijos, entre ellos José Tomás.

Ya en 2016 José Tomás aparecía como socio —entonces representado por su padre por ser menor de edad— de Agrícola Guenechen Ltda., sociedad que en esa modificación registró un capital de aproximadamente $680 millones.

Más recientemente aparece como uno de los seis hermanos propietarios de Agrícola e Inversiones El Pazo Ltda., cuyo capital social informado supera los $119 millones.

Nada de aquello constituye por sí mismo una irregularidad: provenir de una familia con patrimonio no inhabilita a nadie para servir al Estado. Pero sí entrega contexto cuando estamos hablando de un joven abogado que llega prácticamente recién titulado a desempeñar una jefatura de gabinete en Educación Superior.

EL PROBLEMA NO ES LA JUVENTUD: ES LA DOBLE VARA

Ser joven no puede transformarse en pecado.

Tampoco tener padres empresarios, militar en un partido o haber trabajado anteriormente en una campaña.

El problema político aparece cuando quienes gobiernan llegaron al poder construyendo un discurso que denunciaba precisamente los contactos, los operadores políticos, la falta de experiencia y las contrataciones discrecionales financiadas con dinero público.
José Antonio Kast llegó a decir de funcionarios vinculados políticamente que eran operadores que “le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos”.
Y todavía en 2025 respaldó públicamente durísimas críticas contra quienes supuestamente vivían del aparato estatal.

Entonces corresponde aplicar exactamente el mismo estándar.

Si antes era “pituto”, hoy también debe serlo cuando corresponda.

Si antes se exigía experiencia, hoy también.

Si antes se denunciaban redes políticas, hoy también deben transparentarse.

Y si se prometió meritocracia, el Gobierno tiene que explicar cuál fue el mérito objetivo utilizado para cada contratación.

Porque el Estado no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha.

Lo financian todos los chilenos.

Y quizá la pregunta más incómoda sea justamente la más sencilla:
¿SE ACABÓ LA PITUTOCRACIA… O SOLAMENTE CAMBIÓ DE APELLIDOS?

El Presidente José Antonio Kast sorprendió con un singular llamado a quienes se encuentran prófugos de la justicia: “Entréguese, no nos haga gastar más recursos; igual lo vamos a encontrar”.
La frase busca transmitir firmeza, pero también deja espacio para la ironía. Porque en materia de seguridad, los delincuentes difícilmente programan su entrega pensando en cuidar el presupuesto fiscal.
El verdadero desafío no está en pedirles colaboración a quienes evaden a la justicia, sino en demostrar que el Estado tiene la capacidad de ubicarlos, detenerlos y llevarlos ante los tribunales, especialmente cuando la seguridad fue una de las grandes promesas del actual Gobierno.

Parece una ironía, pero es noticia: el Senado ya trabaja en modificar su reglamento para enfrentar un escenario que hasta hace poco habría parecido excepcional: que varios de sus integrantes puedan quedar suspendidos de sus cargos producto de eventuales desafueros.
La lista mencionada públicamente no es precisamente corta: Sergio Gahona, Miguel Ángel Calisto, Camila Flores, Alejandro Kusanovic, Loreto Carvajal, Matías Walker y Karol Cariola, todos vinculados a investigaciones distintas, en etapas diferentes y, por supuesto, amparados por la presunción de inocencia.
El problema es que la justicia podría terminar alterando hasta la aritmética parlamentaria.
Hoy son 50 senadores y la mayoría absoluta exige 26 votos. Si uno queda desaforado y suspendido, quedarían 49 en ejercicio y la mayoría bajaría a 25. Por eso la Mesa del Senado ya estudia cómo adaptar sus reglas y sus mayorías a esta nueva realidad.
Y aquí aparece lo insólito: ¿vamos a terminar confeccionando los quórums legislativos de acuerdo con el número de parlamentarios disponibles después de pasar por tribunales?
Porque un desafuero firme no significa condena ni culpabilidad, pero sí produce una consecuencia constitucional concreta: el parlamentario queda suspendido de su cargo, sin poder asistir a Sala o comisiones ni votar. La Constitución así lo establece.
Biblioteca del Congreso de Chile
Y existe además otra paradoja difícil de explicar al ciudadano común: bajo el régimen actualmente vigente, el parlamentario desaforado puede permanecer suspendido de sus funciones y seguir percibiendo su dieta, cuestión que incluso ha motivado proyectos destinados a modificar esa situación.
El caso que aparece más próximo a volver al centro del debate es el del senador Miguel Ángel Calisto, investigado por presunto fraude al Fisco. Su procedimiento de desafuero anterior quedó detenido después de que la investigación fuera reabierta, pero su situación continúa siendo mencionada como una de las que podría avanzar más rápidamente.
Entonces cabe la pregunta:
¿Se nos está atomizando el Senado por causas judiciales?
Porque si seguimos por este camino, mañana tendremos que crear el “quórum con desaforados”, el “quórum sin imputados”, el “quórum de los que alcanzaron a llegar a votar” y quizás hasta reservar un asiento para quien esté esperando audiencia en tribunales.

La democracia necesita reglas capaces de enfrentar situaciones excepcionales.
Pero que el Senado tenga que rediseñar su funcionamiento porque existe un número significativo de sus integrantes involucrados en investigaciones penales no debería parecernos una simple cuestión administrativa.
Es, cuando menos, una señal preocupante para una ciudadanía que eligió 50 senadores para legislar, no 49, 48 o los que vayan quedando disponibles después de las resoluciones judiciales.

A este ritmo, más que modificar el Reglamento del Senado, habrá que agregarle una calculadora judicial.