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La última encuesta Plaza Pública Cadem no muestra simplemente una mala evaluación institucional: revela una crisis profunda de confianza en uno de los poderes fundamentales del Estado.

Un 75% evalúa negativamente al Poder Judicial, un 83% dice que no le genera confianza y un contundente 82% considera que el sistema judicial no asegura la igualdad ante la ley. Además, un 67% identifica directamente a los jueces entre los principales responsables de que la justicia no funcione como la ciudadanía espera.

Estas cifras no aparecen en el vacío.

Llegan después de años de cuestionamientos sobre transparencia, influencias externas y mecanismos de nombramiento de jueces y ministros, donde las relaciones políticas, profesionales y personales han instalado legítimas dudas sobre cuánto pesan realmente los méritos y cuánto pesan las redes de poder.

Y ahora se agrega un antecedente difícil de ignorar: la propia Corte Suprema abrió 56 procedimientos de remoción contra jueces y juezas investigados por haber viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. En total, el máximo tribunal llegó a revisar antecedentes correspondientes a 104 integrantes del escalafón judicial.

La contradicción resulta particularmente corrosiva para la confianza pública: magistrados llamados diariamente a juzgar conductas ajenas aparecen ellos mismos sometidos a procedimientos disciplinarios por comportamientos incompatibles con las obligaciones que exige su función.

Incluso una magistrada que participaba en el juicio por el gigantesco fraude de licencias médicas falsas terminó inhabilitándose luego de abrirse un procedimiento de remoción en su contra por haber viajado mientras tenía reposo médico.

Aquí está el problema político de fondo: la justicia no solamente debe ser independiente; también debe parecer independiente, actuar con transparencia y estar sometida a estándares éticos incluso superiores a los exigidos al ciudadano común.

Cuando una enorme mayoría siente que ante los tribunales no todos son iguales, deja de discutirse únicamente la conducta individual de determinados jueces. Lo que comienza a deteriorarse es la legitimidad de todo el sistema.

La venda que cubre los ojos de la Justicia simboliza que no distingue entre poderosos y débiles, amigos y adversarios, ricos y pobres.

Pero cuando la ciudadanía sospecha que detrás de esa venda existen contactos, influencias, favores, redes o privilegios, la justicia deja de ser percibida como un poder imparcial y comienza a ser observada como otro espacio capturado por quienes tienen acceso al poder.

Y eso es peligrosísimo para una democracia.
Porque cuando las personas dejan de creer que encontrarán justicia en los tribunales, no solamente pierden confianza en los jueces: pierden confianza en el Estado mismo.

La encuesta Cadem funciona entonces como una advertencia política que ningún sector debería intentar relativizar: el Poder Judicial necesita recuperar autoridad moral, transparencia y credibilidad.

Y esa recuperación no puede limitarse a discursos corporativos.

Requiere cambios profundos en nombramientos, fiscalización, responsabilidades y rendición de cuentas.

Porque ningún poder del Estado puede exigir respeto simplemente por ocupar una posición institucional.

El respeto también debe ganarse.

Y hoy, según estos números, una enorme parte de Chile está diciendo que la Justicia lo ha perdido.

Elisabeth Noelle-Neumann formuló una idea clave para entender cómo se construye poder en democracia: las personas tienden a callar cuando sienten que su opinión está quedando aislada, mientras quienes creen representar a la mayoría hablan con más fuerza.

Así nace la espiral del silencio: una percepción de mayoría puede terminar creciendo precisamente porque quienes discrepan dejan de expresarse.
Ese mecanismo adquiere hoy una dimensión nueva con las redes sociales.
Ya no se necesita solamente convencer.
También se puede fabricar la apariencia de consenso.

Miles de cuentas coordinadas, bots, trolls y contenidos repetidos pueden instalar la sensación de que determinada posición domina completamente la conversación pública.
El ciudadano que entra a una red social no necesariamente distingue entre una multitud auténtica y una multitud artificialmente amplificada. Y cuando cree encontrarse solo frente a una mayoría abrumadora, puede terminar callando.

Aquí aparece un antecedente reciente que merece investigación seria.

Tras la detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo, las autoridades bolivianas informaron del hallazgo en su domicilio de una denominada “mini granja de bots”, compuesta por múltiples dispositivos capaces de automatizar acciones en redes sociales.

Cerimedo había participado previamente en estrategias políticas de la derecha latinoamericana y su actuación en Chile ha vuelto a quedar bajo escrutinio.
La relevancia política del caso chileno radica en que Evelyn Matthei había denunciado durante la campaña presidencial de 2025 una operación coordinada de cuentas que difundía contenidos falsos o manipulados en su contra, incluyendo mensajes sobre supuestos problemas de salud. Investigaciones periodísticas identificaron además cuentas automatizadas que ya habían participado en ataques contra adversarios de José Antonio Kast desde campañas anteriores.

Después del hallazgo realizado en Bolivia, Matthei volvió a plantear sus sospechas.
Recordó que Kast le negó personalmente cualquier relación con esas operaciones y señaló que dos cuentas de fuerte actividad contra ella desaparecieron poco después de la detención de Cerimedo.

Eso no demuestra, hasta ahora, que Kast haya ordenado una operación de bots ni permite afirmar que las elecciones chilenas hayan sido manipuladas fraudulentamente.
Pero sí plantea una pregunta democrática que no puede despacharse como una simple anécdota digital:
¿hasta qué punto campañas coordinadas de desinformación pudieron modificar artificialmente el clima de opinión durante una elección presidencial?

Porque manipular una elección no significa necesariamente alterar las papeletas o intervenir las urnas.
También puede significar alterar el entorno psicológico dentro del cual millones de ciudadanos deciden su voto.

Ahí la teoría de Noelle-Neumann adquiere una inquietante actualidad.

Un ejército digital puede repetir que un candidato está acabado.
Puede instalar que otro representa inevitablemente a la mayoría.
Puede desacreditar diariamente a un adversario.
Puede convertir una mentira en tendencia.
Puede hacer parecer espontánea una campaña planificada.

Y finalmente puede provocar que ciudadanos reales comiencen a repetir aquello que originalmente impulsaron cuentas artificiales.

Ese es quizás el punto más peligroso:
el bot no necesita convencer directamente a millones de personas. Le basta con convencerlas de que millones de personas ya están convencidas.

Entonces comienza la espiral.
La opinión artificialmente amplificada parece mayoritaria.
La prensa observa la tendencia y habla de ella.
Los dirigentes políticos reaccionan.
Los usuarios reales la reproducen.
Quienes discrepan sienten aislamiento.
Algunos dejan de hablar.
Y el silencio de esos ciudadanos refuerza todavía más la ilusión inicial de mayoría.
La maquinaria termina produciendo aquello que simulaba.

Aquí vuelve también Hesse.
Para hacer posible aquello que parecía imposible hay que insistir hasta abrir camino.
Kast y la nueva derecha entendieron durante años la importancia de insistir, organizarse y disputar culturalmente el poder.
La pregunta que ahora surge es si a esa estrategia política legítima se agregaron mecanismos digitales destinados a fabricar artificialmente parte del clima social que facilitó su ascenso.
Eso debe investigarse con evidencia y no resolverse mediante consignas.
Porque si finalmente se acreditara una coordinación entre operadores políticos, financiamiento privado, granjas de bots y campañas sistemáticas de desinformación electoral, estaríamos frente a algo mucho más grave que una pelea en redes sociales.

Estaríamos frente a una nueva forma de intervención política: la construcción artificial de mayorías psicológicas.

Y quizás allí se encuentre el verdadero poder de estas operaciones.
No conseguir que todos piensen igual.
Sino lograr que quienes piensan distinto crean que están solos.
Cuando eso ocurre, la espiral del silencio hace el resto.
Y una democracia comienza a correr peligro no solamente cuando alguien impide votar, sino también cuando fuerzas organizadas consiguen manipular sistemáticamente aquello que una sociedad cree que los demás están pensando.

A poco más de cinco meses de haber llegado a La Moneda bajo la promesa de un “gobierno de emergencia”, José Antonio Kast enfrenta una señal política difícil de maquillar: dos encuestas distintas sitúan su desaprobación sobre el 54%. Mientras la aprobación intenta recuperarse desde mínimos anteriores, la mayoría ciudadana continúa evaluando negativamente al Gobierno y crece la percepción de improvisación precisamente en una de sus principales banderas: la seguridad.
Mirar solamente el 33% de aprobación que registra José Antonio Kast cuenta apenas una parte de la historia. La cifra políticamente más relevante de la última encuesta Criteria está al otro lado de la tabla: 55% de los consultados desaprueba la gestión presidencial. Pulso Ciudadano llega prácticamente a la misma conclusión: 54,4% de desaprobación frente a 33,8% de aprobación. Es decir, dos mediciones distintas colocan a más de la mitad del país evaluando negativamente al Gobierno.

La distancia es considerable. En Criteria existe una brecha de 22 puntos porcentuales entre quienes desaprueban y quienes aprueban. Y hay otro antecedente que probablemente debería preocupar todavía más a La Moneda: una semana atrás la desaprobación estaba en 52% y ahora alcanza 55%, mientras la aprobación bajó de 35% a 33%.
Por eso cuesta sostener que estamos simplemente ante dificultades comunicacionales o el desgaste natural de cualquier administración. El problema comienza a instalarse en aquello que alguna vez fue presentado como la principal fortaleza del oficialismo: la capacidad para gobernar con orden, rapidez y seguridad.
Según Criteria, 42% considera directamente que el Gobierno no tiene un plan claro en seguridad y que está improvisando, mientras otro 30% señala que tiene algunas ideas, pero no un plan definido. Apenas 19% cree que existe efectivamente un plan claro.
El dato es especialmente incómodo para una administración que llegó a La Moneda proclamándose como un “gobierno de emergencia”. Porque una emergencia supone conducción, coordinación y decisiones previamente pensadas; no una sucesión permanente de correcciones, explicaciones y cambios de autoridades.
El desgaste institucional tampoco es únicamente una percepción opositora. Un análisis publicado este domingo por El País contabiliza 36 autoridades que han salido de sus cargos durante los primeros cinco meses del Gobierno, describiendo además dificultades persistentes para construir una vocería y un relato político estable.
Es cierto —y sería poco serio ocultarlo— que Pulso Ciudadano muestra una recuperación de Kast respecto de julio: pasó de un mínimo de 25,6% a 33,8% de aprobación. También existen medidas concretas de seguridad que obtienen amplio respaldo ciudadano.
Pero precisamente por eso el fenómeno resulta más interesante: los ciudadanos pueden apoyar determinadas políticas y al mismo tiempo desaprobar al Gobierno que las impulsa.

Incluso el nuevo estado de excepción constitucional, una de las apuestas más relevantes del Ejecutivo, obtiene en Criteria 49% de rechazo frente a 40% de apoyo.

Ahí aparece probablemente el verdadero problema político: no basta con anunciar mano dura ni multiplicar operaciones comunicacionales si una mayoría de ciudadanos todavía no percibe conducción suficiente detrás de ellas.
De las botas y espuelas a la cueca brava
En marzo el Gobierno llegó al escenario con lenguaje de emergencia, autoridad y certezas. Cinco meses después, la música parece haber cambiado.
La cueca oficial todavía intenta marcar el compás de las botas y las espuelas, pero los números muestran otra pista: ministros, subsecretarios y autoridades regionales que van quedando por el camino; reformas que necesitan explicaciones posteriores; expectativas económicas debilitadas y una desaprobación que nuevamente supera ampliamente la aprobación.
Y así, cuando se acerquen las Fiestas Patrias y corresponda bailar el inevitable pie de cueca presidencial, quizás la metáfora política resulte imposible de evitar:
el Gobierno que prometió entrar zapateando con botas y espuelas podría terminar bailando una cueca bastante más brava, tratando de no perder el pañuelo mientras un 55% de los espectadores ya desaprueba la coreografía.

Porque las encuestas no gobiernan, por supuesto.

Pero cuando más de la mitad del país desaprueba a un Gobierno que recién comienza, tampoco conviene tratarlas simplemente como ruido.

La emergencia que Kast prometió enfrentar podría estar empezando a trasladarse desde las calles hacia el propio Palacio de La Moneda.

Hay momentos en que las instituciones quedan enfrentadas a una pregunta mucho más profunda que la responsabilidad individual de sus integrantes:
¿la ley se aplica con la misma severidad cuando quienes están bajo sospecha pertenecen al propio poder encargado de administrarla?

Eso es precisamente lo que comienza a discutirse en el Poder Judicial chileno.
La Corte Suprema deberá examinar, uno por uno, 56 procesos de eventual remoción relacionados con magistrados cuestionados por viajes al extranjero durante períodos cubiertos por licencias médicas. Los antecedentes surgieron a partir de información de Contraloría y forman parte de una revisión que originalmente alcanzó a más de un centenar de integrantes del Poder Judicial.

No se trata todavía de afirmar que los 56 jueces hayan cometido fraude ni que todos los casos sean iguales. Cada magistrado tiene derecho a defensa, debido proceso y a que sus circunstancias particulares sean examinadas. Precisamente por eso existen los cuadernos de remoción.
Pero políticamente el problema es mucho más grande.

Durante años, trabajadores públicos y privados han escuchado discursos sobre probidad, responsabilidad funcionaria y correcto uso de las licencias médicas. En numerosos casos las consecuencias administrativas han sido severas.

Por eso la ciudadanía observará con especial atención qué ocurre ahora que quienes deben rendir cuentas llevan toga.

Incluso organizaciones de trabajadores judiciales habían advertido anteriormente sobre posibles diferencias entre las sanciones aplicadas a funcionarios y aquellas recibidas por integrantes del escalafón judicial, solicitando criterios uniformes.

Y el escenario se vuelve todavía más complejo: al menos siete magistrados recurrieron al Tribunal Constitucional cuestionando las normas utilizadas en estos procedimientos, mientras la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados también ha planteado reparos relacionados con independencia judicial, inamovilidad y debido proceso.
Todo aquello es jurídicamente legítimo y deberá resolverse donde corresponda.
Pero existe una pregunta que ninguna estrategia judicial podrá borrar del debate público:
¿será igual la vara cuando la justicia debe juzgarse a sí misma?
Porque la confianza institucional no se construye solamente con sentencias.
Se construye demostrando que el cargo, el apellido, la investidura o la posición de poder no entregan inmunidad frente a las reglas que rigen para el resto de los ciudadanos.
Los próximos días serán, entonces, algo más que la revisión de 56 expedientes.
Serán una verdadera prueba para el Poder Judicial chileno.
Esta vez los jueces no tendrán frente a ellos a un acusado.
Esta vez, frente al tribunal, estará también la credibilidad de la propia Justicia.
#Chile #PoderJudicial #CorteSuprema #LicenciasMédicas #Probidad #Justicia #Transparencia

Noticia de Francisca Soto, Manuel Romero, Diego Ortiz y Mauricio Weibel Barahona, publicada en CIPER Chile.

El Comité Noruego de Investigaciones sobre Adopciones Irregulares presentó a fines de junio pasado un informe en el que detalló la existencia de hechos de corrupción y amenazas reiteradas en la adopción de 61 menores chilenos, entre 1987 y 2010. 49 casos datan de procesos realizados antes de 1999, año en que Chile ratificó el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño. Las 12 adopciones restantes se realizaron durante la década siguiente.

El documento describió casos en que a sus madres se les hizo creer que los menores habían fallecido; también, que se les obligó a firmar un papel en blanco bajo engaño o amenaza de cárcel para conceder la adopción. El reporte consigna que el representante legal de la fundación noruega Adopsjonsforum recibió USD$1.000 por cada menor adoptado durante la década de los 80, y que una trabajadora social vinculada a esa organización recibía USD $100 por cada caso.

El comité reconoce que "las autoridades noruegas no hicieron evaluaciones exhaustivas" en estos procesos, especialmente cuando Chile atravesaba una dictadura militar "con un grado significativo de corrupción, opresión política y graves violaciones de los derechos humanos fundamentales". También señala que la organización omitió informar a las autoridades sobre presuntos hechos de corrupción en el Sename, pese a tener "la impresión de que la corrupción en el Sename era extensa y generalizada".

Los testimonios recopilados arrojan un patrón común: madres de origen mapuche a quienes les hacían desaparecer a sus hijos en hospitales bajo el argumento de que habían fallecido. De los 49 casos previos a 1999, 28 están firmados por la misma magistrada de un tribunal de Temuco o por uno de los jueces suplentes de su mismo tribunal: la jueza Tatiana Román Beltramin, del Juzgado de Letras de Menores entre 1971 y 1994, fallecida en mayo de 2023, apuntada por Hijos y Madres del Silencio como responsable de múltiples resoluciones que permitieron la salida del país de menores.

"Un país receptor reconoce formalmente su negligencia en las adopciones de niños chilenos. Ese es un reconocimiento que valida lo que las víctimas venimos diciendo hace mucho rato. Esto no fueron casos aislados, fue un sistema", señaló Marisol Rodríguez, fundadora de Hijos y Madres del Silencio. El embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, dijo estar impactado con el resultado del informe, cuyas conclusiones se encuentran en proceso de consulta pública.

Según cifras del Poder Judicial y de otro informe del gobierno noruego, unos 200 niños fueron adoptados entre 1975 y 2005 e ingresaron al país europeo. De estos casos, solo seis han sido judicializados, de los cuales cinco están con sobreseimiento temporal a la espera de mayores antecedentes. El sexto caso sigue en curso. Según información de la Embajada de Noruega, se han realizado al menos 313 adopciones de infantes chilenos.

La élite política y empresarial ocupa y se reparte los espacios de poder para proteger sus ventajas, reproducir sus privilegios y decidir las reglas de un sistema que siempre termina beneficiando a los mismos. Cambian los nombres, los cargos y los discursos, pero los sitios de influencia continúan copados por familias, grupos económicos, operadores políticos y redes de confianza que se alternan sin alterar las bases de la desigualdad.
Mientras tanto, una ciudadanía empobrecida observa y muchas veces admira a quienes concentran la riqueza. Thorstein Veblen explicó este fenómeno mediante la emulación pecuniaria: las personas intentan parecerse a las clases privilegiadas imitando sus símbolos de éxito y sus formas de consumo, aunque su realidad económica sea completamente diferente.
Para una familia trabajadora, el gran sueño suele ser modesto: una casita propia, un vehículo, un empleo estable, acceso oportuno a la salud y una vejez digna. Sin embargo, aquello que debería representar un piso mínimo de seguridad se presenta como si fuera una aspiración extraordinaria.
La vivienda se paga durante veinte o treinta años. El vehículo se compra mediante créditos. El empleo estable se vuelve excepcional. Los hijos crecen viendo a sus padres trabajar una vida entera para cubrir deudas, mientras las carencias económicas, educativas y sociales se transmiten de una generación a otra.
Así se pasa la vida: trabajando para pagar una casa que solo termina de pertenecernos cuando ya estamos cerca de jubilar; pagando un automóvil que aparenta prosperidad, pero que muchas veces continúa siendo del banco; postergando la salud, el descanso, la familia y los proyectos personales para sobrevivir dentro de un mercado que convierte cada necesidad en un negocio.
Después llega la jubilación deficitaria. Justo cuando aumentan los gastos en medicamentos, consultas médicas, calefacción, alimentación y cuidados, disminuyen drásticamente los ingresos. El trabajador que sostuvo durante décadas la economía termina obligado a elegir entre tratarse, alimentarse, calefaccionarse o pagar sus cuentas.
Mientras la mayoría envejece de esta manera, la élite dispone de patrimonio, propiedades, contactos, inversiones, seguros, educación privilegiada y capacidad para heredar oportunidades. Los pobres transmiten deudas y carencias; los ricos transmiten capital, influencia y poder.
El triunfo más profundo de este sistema consiste en lograr que una parte de la ciudadanía no cuestione a quienes acumulan privilegios, sino que sueñe con parecerse a ellos. En vez de reconocerse junto a otros trabajadores, algunos se sienten socialmente superiores porque consiguieron una camioneta, una vivienda hipotecada o un cargo circunstancial. Son los pobres ricos: trabajadores que adoptan la apariencia y el discurso de quienes dominan, pero que continúan dependiendo de un salario y están a una enfermedad, un despido o una crisis de perderlo todo.
No es pobreza aspirar a una vivienda, un vehículo o estabilidad. Pobre es una sociedad que obliga a trabajar treinta años para conseguirlos y después llama “privilegiado” a quien finalmente alcanza lo mínimo. Pobre es un país donde la dignidad se compra a crédito, la salud depende del bolsillo y la vejez se transforma en castigo.
La desigualdad no se sostiene únicamente mediante el dinero. También se conserva mediante la admiración, la resignación y la ilusión de que cualquiera podrá llegar algún día a ocupar el lugar de los privilegiados.
El verdadero progreso no consiste en que el pobre pueda imitar al rico, sino en construir una sociedad donde ninguna familia tenga que hipotecar toda su vida para vivir con dignidad.
Dos realidades separadas por pocos metros: mientras una minoría hereda patrimonio y oportunidades, miles de familias hipotecan treinta años de vida para alcanzar una vivienda y una estabilidad mínima.

Fue director regional de Junaeb en Aysén, luego integró una comisión investigadora de la Cámara sobre alimentación escolar y hoy su oficina parlamentaria aparece entre los blancos de una investigación por posibles coimas, tráfico de influencias y fraude al Fisco. Ninguna de estas coincidencias prueba por sí sola un delito, pero conforman una secuencia política que el senador está obligado a explicar.
La investigación sobre Junaeb y la empresa SOSER S.A. tiene todos los ingredientes de una trama de corrupción estructural: raciones escolares que presuntamente no fueron entregadas, certificados supuestamente falsificados, registros informáticos alterados, pagos improcedentes con fondos públicos, información reservada, presiones sobre funcionarios fiscalizadores y eventuales beneficios económicos para quienes podían abrir puertas o remover obstáculos.
No se investiga un simple desorden administrativo.

La Fiscalía busca determinar si existió un mecanismo organizado para beneficiar a una empresa mediante sobornos, cohecho, fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos.
En palabras sencillas: empresarios que presuntamente pagaban, funcionarios o autoridades que eventualmente recibían y recursos destinados a alimentar estudiantes vulnerables que habrían terminado financiando prestaciones inexistentes o artificialmente encarecidas.
En el centro empresarial de esta investigación aparece SOSER S.A., Sociedad de Servicios de Alimentación. Según antecedentes de Junaeb difundidos por Canal 13, solamente en la Región de O’Higgins se habría producido un perjuicio superior a $14 mil millones por onces escolares que, total o parcialmente, nunca llegaron a los estudiantes.
Las cifras resultan difíciles de justificar. Una taza de leche acompañada de un sándwich llegó a superar los $8.000 por alumno. En 2019 se programaron más de un millón de onces, pero solo se habrían entregado unas 579 mil. En 2021 se habrían programado 814.087 raciones sin que se sirviera ninguna, pese a lo cual Junaeb pagó a SOSER más de $2.082 millones, correspondientes al componente fijo del contrato. La empresa sostiene que esos recursos estaban destinados principalmente al pago de manipuladoras y que actuó conforme a las bases de la licitación. Investigación de T13 sobre las onces escolares.
Calisto: de Junaeb a fiscalizador de Junaeb
En medio de esta trama aparece el actual senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto.
Su presencia no es secundaria desde el punto de vista político, aunque su responsabilidad penal todavía no esté establecida.
La historia institucional resulta incómoda.
La Biblioteca del Congreso confirma que Calisto fue director regional de Junaeb en Aysén entre octubre de 2016 y junio de 2017. Meses después fue elegido diputado por la misma región. Reseña oficial de la Biblioteca del Congreso.
En 2019, ya como diputado, integró la Comisión Especial Investigadora de los actos y omisiones de Junaeb y Junji relacionados con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos. Su misión era precisamente revisar contratos, licitaciones, adjudicaciones, suministro de raciones, incumplimientos empresariales y posibles daños para los estudiantes.
Calisto no presidió esa comisión, como se ha señalado equivocadamente. El registro oficial identifica como presidente al entonces diputado Juan Luis Castro. Pero Calisto sí fue uno de sus trece integrantes, junto con Sergio Gahona, el otro senador actualmente alcanzado por las diligencias de la Fiscalía. Registro oficial de la Comisión Investigadora.

La coincidencia es políticamente perturbadora: quien conoció Junaeb desde dentro y luego participó en la instancia parlamentaria encargada de fiscalizar sus contratos aparece hoy investigado en una causa sobre eventuales pagos destinados a influir precisamente en las decisiones del organismo.

Eso no demuestra que Calisto haya delinquido. Tampoco permite atribuirle responsabilidad por lo sucedido durante su breve gestión regional en Aysén, que antecede al contrato de O’Higgins cuestionado desde 2019. Pero sí elimina cualquier posibilidad de presentarlo como alguien ajeno al funcionamiento de Junaeb. Calisto conocía la institución, sus procedimientos, sus mecanismos de contratación y sus debilidades administrativas.

Los indicios que llevaron a su oficina
La llegada de la PDI a la oficina del senador no fue una inspección rutinaria ni una decisión periodística. Fue una diligencia intrusiva solicitada por la Fiscalía y autorizada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Para obtener esa autorización, el Ministerio Público presentó informes de la Unidad de Análisis Financiero, antecedentes bancarios, transcripciones de audios, conversaciones de WhatsApp, fotografías de mensajes y registros de transferencias. La resolución judicial describe indicios de un mecanismo sostenido para entregar información reservada, influir en actos administrativos, favorecer adjudicaciones y presionar por la remoción de funcionarios fiscalizadores a cambio de beneficios económicos o laborales.
Las diligencias alcanzaron las oficinas de los senadores Miguel Ángel Calisto y Sergio Gahona, además del exdiputado Hugo Gutiérrez, funcionarios y exfuncionarios de Junaeb, ejecutivos de SOSER y posibles intermediarios. Antecedentes utilizados por la Fiscalía.
Este punto exige rigor. Que existan registros de transferencias no significa todavía que SOSER haya depositado directamente dinero en la cuenta personal de Calisto.
Se deberá determinar quién transfirió, quién recibió, qué montos circularon, cuál fue su justificación y si existió alguna actuación parlamentaria a cambio.
Pero tampoco corresponde minimizar la diligencia. Un tribunal estimó que existían antecedentes suficientemente graves para autorizar la incautación de dispositivos, el acceso a correos y la revisión de movimientos bancarios. Eso no es una condena, pero tampoco es un rumor de redes sociales.
Dos causas distintas y una misma pregunta política
La posición de Calisto se vuelve especialmente compleja porque la investigación de Junaeb no es su único frente judicial.
En una causa completamente distinta, la Fiscalía de Aysén lo acusa de fraude reiterado al Fisco por el eventual uso irregular de más de $105 millones en asignaciones parlamentarias.
El Ministerio Público sostiene que se habrían pagado asesorías inexistentes y que parte del dinero habría formado una “caja pagadora” destinada a actividades políticas y gastos particulares. La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de presidio.

Calisto rechaza esas imputaciones, asegura que las asesorías se realizaron y sostiene que existen informes, mensajes y documentación que respaldan el trabajo efectuado.
Es indispensable no confundir ambos expedientes: el primero investiga presuntas coimas y gestiones en favor de SOSER dentro de Junaeb; el segundo se refiere al supuesto desvío de asignaciones parlamentarias. Sin embargo, políticamente ambos casos convergen en una pregunta inevitable: ¿cómo administró Miguel Ángel Calisto el poder, las relaciones institucionales y los recursos públicos que estuvieron bajo su influencia?

Cuando un senador investigado por posibles asesorías falsas aparece además en diligencias por una presunta red de coimas, ya no basta con responder que todo es una coincidencia o que se encuentra disponible para colaborar. La ciudadanía tiene derecho a conocer sus comunicaciones con empresarios, intermediarios y funcionarios de Junaeb; las gestiones que realizó; las personas que se las solicitaron y cualquier movimiento de dinero que pueda relacionarse con ellas.
El valor de la comida y el precio de la influencia

El soborno es el beneficio ofrecido para torcer una decisión. El cohecho es la aceptación o solicitud de ese beneficio por una autoridad o funcionario público. El fraude al Fisco aparece cuando, mediante engaño o abuso de una posición, se ocasiona un perjuicio al patrimonio estatal. Y el tráfico de influencias surge cuando alguien utiliza su poder o sus contactos para obtener una decisión favorable.
La Fiscalía deberá establecer cuáles de estas figuras existieron y quiénes participaron. No corresponde condenar anticipadamente a Calisto, Gahona, Gutiérrez, los funcionarios o los empresarios investigados. Todos conservan su presunción de inocencia.
Pero la presunción de inocencia no equivale a inmunidad política ni obliga a ignorar los indicios. Mucho menos cuando los recursos presuntamente defraudados no financiaban un lujo estatal, sino la alimentación de niños y jóvenes vulnerables.

Calisto fue autoridad de Junaeb. Después fue parlamentario fiscalizador de Junaeb. Hoy es senador y la Fiscalía revisa su teléfono, sus correos y sus movimientos bancarios dentro de una investigación sobre Junaeb.

La justicia deberá resolver si esta secuencia configura una responsabilidad penal o solamente una sucesión de coincidencias. Entretanto, la responsabilidad política ya está planteada: quien pasó de administrar el servicio a fiscalizarlo y luego terminó bajo su investigación no puede refugiarse en declaraciones generales. Debe entregar una explicación completa, verificable y documentada.
Porque cuando las raciones desaparecen, los pagos permanecen y las influencias llegan hasta el Congreso, la pregunta deja de ser únicamente cuánto costó cada once. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿cuánto pudo haber costado conseguir cada decisión?

Una nueva investigación periodística vuelve a conectar nombres, empresas y estudios jurídicos que aparecen alrededor de causas penales de alta relevancia en Aysén.
Según Fast Check CL, la empresa Soser S.A., investigada en una causa relacionada con Junaeb, recurrió al estudio Lex & Capital, vinculado al exfiscal regional Carlos Palma. A su vez, Palma y el mismo estudio han sido mencionados en otra investigación que involucra al senador Miguel Ángel Calisto por un presunto pago destinado a cerrar causas penales.

La noticia no demuestra que Soser S.A. tenga una relación directa con el senador Calisto.
Lo que revela es una llamativa coincidencia de personas, asesorías jurídicas y conexiones que se repiten en investigaciones diferentes. La empresa reconoció haber sido representada por Lex & Capital, pero no aclaró quién la puso en contacto con dicho estudio.
Por eso, la pregunta resulta inevitable: ¿estamos frente a simples coincidencias o ante una red de relaciones que requiere una investigación más profunda?

En asuntos de esta gravedad, corresponde que el Ministerio Público esclarezca completamente los hechos. También debe respetarse la presunción de inocencia: las denuncias y vinculaciones descritas se encuentran bajo investigación y no equivalen, por sí solas, a una condena.

Fuentes: publicación de Fast Check CL y antecedentes de la investigación por presunto soborno informados por La Tercera y BioBioChile

La promesa era categórica: con José Antonio Kast en La Moneda, “se iba a cambiar la mano”. Para miles de familias que depositaron sus esperanzas en un gobierno de ultraderecha —convencidas de que llegarían más inversión, crecimiento y puestos de trabajo—, el cambio comienza a sentirse, pero no precisamente en la dirección prometida.
La tasa de desocupación alcanzó el 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, su nivel más alto en cinco años. En igual período de 2025 había sido de 8,7%, por lo que el desempleo aumentó 0,8 puntos porcentuales en doce meses.

Dicho de otra forma, la cantidad de personas desocupadas creció 10,4% en un año y ya son más de 980 mil los chilenos y chilenas que buscan trabajo sin encontrarlo.
La situación golpea con especial fuerza a las mujeres, cuya desocupación llegó al 10,3%, mientras entre los hombres alcanzó el 8,9%.
Además, el empleo total disminuyó 0,2%, los asalariados formales retrocedieron 2,4% y la informalidad se elevó al 26,5%.
No se trata, entonces, únicamente de un porcentaje incómodo: detrás de las cifras hay menos empleos, mayor precariedad y familias que comienzan a sentir en sus bolsillos el verdadero significado del supuesto “cambio de mano”.
El panorama se agrava al observar la actividad económica. El PIB cayó 0,3% durante el primer trimestre y 0,2% interanual en el segundo, acumulando una contracción de 0,3% durante el primer semestre de 2026. Diversos analistas han calificado esta sucesión de retrocesos como una recesión técnica, aunque técnicamente la definición más estricta suele considerar dos trimestres consecutivos de caída del PIB desestacionalizado respecto del trimestre anterior. Lo que no admite discusión semántica es que la economía perdió dinamismo, la inversión se estancó y el empleo se deterioró.
Frente a este escenario, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas —no “Quiroz”— intenta rescatar algunas señales parciales y sostiene que el Gobierno enfrenta el problema “con mucha seriedad”.

También destaca que el programa Modo Empleo habría generado 35 mil puestos de trabajo.
Sin embargo, esa defensa choca con la cifra principal: hay 16.290 empleos menos que hace un año y 89.280 menos que en el trimestre móvil anterior.
Los números pueden ordenarse, compararse y presentarse desde distintos ángulos, pero no pueden hacer desaparecer a casi un millón de personas desempleadas. Tampoco es razonable celebrar 35 mil empleos atribuidos a un programa gubernamental mientras el mercado laboral pierde decenas de miles de puestos y la desocupación alcanza su peor registro en cinco años.
El Gobierno de Kast llegó prometiendo crecimiento, confianza y una economía liberada de las supuestas trabas del período anterior.
Pero, por ahora, la realidad exhibe una contradicción incómoda: más desempleo, menos ocupados, caída del empleo formal y una economía que acumula dos trimestres de contracción interanual.
Sí, presidente Kast: se nota que “la mano cambió”.
El problema es que, hasta ahora, cambió para apretar más fuerte a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes que buscan su primer empleo y a las familias que esperaban que las promesas de campaña se transformaran en trabajo, estabilidad y bienestar.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional por el diputado Juan Santana abre una discusión que debería preocupar bastante más allá de las simpatías o antipatías políticas que provoquen sus protagonistas. Según informó BioBioChile, la presentación solicita investigar antecedentes relacionados con cuentas presuntamente vinculadas al consultor argentino Fernando Cerimedo y con personas asociadas al comando presidencial de José Antonio Kast. Se trata, por ahora, de antecedentes denunciados que deberán ser investigados y eventualmente acreditados por el Ministerio Público, no de hechos judicialmente establecidos.

Pero precisamente por eso el asunto adquiere una dimensión política mayor.
El problema no es solamente determinar quién administró una cuenta, quién dio una instrucción o desde dónde salió determinada publicación. La cuestión de fondo es qué ocurre con una democracia cuando la competencia electoral abandona progresivamente la confrontación de proyectos, programas e ideas y comienza a trasladarse hacia la demolición personal del adversario.

El caso resulta todavía más inquietante porque las controversias asociadas a estas campañas digitales no han afectado únicamente a adversarios ideológicos de la derecha. Evelyn Matthei, proveniente del mismo amplio sector político que José Antonio Kast, cuestionó públicamente al mandatario por el caso Cerimedo y la discusión sobre bots.

Ese elemento es particularmente revelador.
Cuando las herramientas de hostigamiento digital dejan de utilizarse solamente contra quien está al otro lado del espectro político y comienzan a emplearse —o siquiera aparece la sospecha fundada de que puedan emplearse— contra competidores del propio sector, la política entra en una lógica mucho más peligrosa: ya no importa derrotar una idea, sino eliminar electoralmente a quien estorba.
Cerimedo no es una figura irrelevante dentro de la comunicación política regional. Distintos antecedentes públicos lo relacionan con campañas de Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz.

Él mismo ha reconocido disponer de estructuras de trolls y haber realizado campañas negativas destinadas a deteriorar la imagen de adversarios políticos, aunque ha rechazado algunas de las imputaciones formuladas respecto del uso que habría hecho de esas herramientas.

Ahí está precisamente la frontera que una democracia no debería normalizar.
Una cosa es la crítica política, incluso la más dura. Otra muy distinta es construir ecosistemas digitales capaces de amplificar rumores, instalar sospechas, repetir acusaciones miles de veces, convertir interpretaciones en aparentes certezas y generar artificialmente la impresión de que existe una condena social espontánea contra determinada persona.

El mecanismo es perversamente sencillo: si miles de cuentas repiten una misma acusación, el ciudadano puede terminar creyendo que está observando una opinión colectiva cuando, eventualmente, podría estar frente a una operación coordinada.
Es la industrialización del rumor.
Y su objetivo final no necesariamente consiste en convencer al elector de apoyar una propuesta.

A veces basta con producir desconfianza, hastío o desprecio hacia el adversario.
Por eso este fenómeno resulta especialmente grave cuando se instala dentro de una misma coalición o familia política. Si mañana cualquier candidato sabe que competir internamente puede significar convertirse en blanco de ejércitos digitales, campañas anónimas o destrucción reputacional, entonces las primarias dejan de ser espacios democráticos de selección y comienzan a parecerse a mecanismos de supervivencia.

El mensaje implícito sería brutal: quien desafíe al candidato dominante puede ser políticamente destruido.
Y cuando esa lógica se naturaliza dentro de un sector, nada garantiza que después no sea utilizada contra periodistas, dirigentes sociales, académicos, jueces, organizaciones civiles o cualquier ciudadano incómodo para quienes concentren poder político y capacidad comunicacional.

Las democracias normalmente no se deterioran de un día para otro. También pueden desgastarse lentamente cuando comienzan a aceptarse como normales conductas que hace algunos años habrían resultado intolerables.

Primero se relativiza la mentira porque perjudica al adversario.
Después se justifica el anonimato porque favorece electoralmente al propio sector.

Más tarde se tolera el hostigamiento porque “así funcionan las redes sociales”.

Y finalmente nadie recuerda exactamente cuándo la política dejó de intentar convencer y comenzó simplemente a destruir.

La investigación del Ministerio Público deberá establecer responsabilidades concretas. Mientras aquello ocurre, conviene mantener una distinción indispensable: una denuncia no constituye una condena y toda persona involucrada conserva plenamente su presunción de inocencia.

Pero políticamente ya existe una pregunta que ningún sector democrático debería esquivar:
¿Queremos elecciones donde los ciudadanos decidan entre proyectos de sociedad o elecciones donde triunfe quien posea la maquinaria digital más eficiente para destruir la reputación del adversario?
Porque cuando la política reemplaza argumentos por operaciones, propuestas por rumores y debate por linchamientos digitales, puede ganar una candidatura.

Lo que termina perdiendo es la democracia.