Categoría: Actualidad

  • KAST, FORO MADRID Y EL “CANDADO CHINO”: ¿QUIÉN CUIDA A LOS GUARDIANES DE LA LIBERTAD?

    KAST, FORO MADRID Y EL “CANDADO CHINO”: ¿QUIÉN CUIDA A LOS GUARDIANES DE LA LIBERTAD?

    La presencia del Presidente José Antonio Kast como orador del próximo Foro Madrid en Santiago puede parecer, para La Moneda, la simple continuidad de una relación política cultivada antes de llegar al poder. Pero cuando quien participa ya no es candidato ni dirigente partidario, sino Presidente de la República de Chile, la cuestión adquiere inevitablemente otra dimensión.

    Porque un Presidente no viaja, habla ni se relaciona internacionalmente únicamente a título personal. Detrás suyo está Chile, su Cancillería, su tradición diplomática, sus tratados y una política exterior que debería procurar representar los intereses permanentes del Estado, mucho más amplios que las afinidades ideológicas del Gobierno de turno.

    Y allí comienza la contradicción.
    Foro Madrid no es una reunión políticamente neutra.
    Es una iniciativa promovida por la Fundación Disenso, vinculada a VOX de España, y forma parte de una amplia articulación transnacional de las nuevas derechas radicales y conservadoras.
    En sus actividades y redes aparecen dirigentes de VOX, del PVV neerlandés, del Partido Liberal brasileño, además de vínculos cultivados por Disenso con sectores políticos de Estados Unidos, Argentina, Italia, Hungría, Polonia y otros países.

    El propio Foro Madrid declara que pretende librar una disputa política y cultural a escala internacional.
    Por eso la pregunta resulta inevitable:
    ¿Hasta dónde puede el Presidente de Chile retroalimentarse políticamente de una internacional ideológica sin terminar comprometiendo la posición diplomática del país?

    José Antonio Kast tiene todo el derecho a poseer convicciones políticas. Lo que cambia radicalmente es que hoy sus palabras ya no representan únicamente al antiguo candidato de Republicanos. Representan institucionalmente a Chile.

    Y mientras La Moneda defiende esa participación, dentro del propio oficialismo aparecen señales de incomodidad. Evópoli decidió marginarse del encuentro y desde Chile Vamos se han escuchado advertencias sobre la inconveniencia de que un jefe de Estado participe de una cumbre caracterizada por una fuerte identidad ideológica.
    No parece una discusión menor cuando, simultáneamente, el Gobierno intenta instalar en Chile una profunda agenda de seguridad pública, ampliación de facultades presidenciales y mayores restricciones frente al crimen organizado.

    Ahí aparece lo que podríamos llamar el “Plan Cancerbero”.
    Cancerbero era el perro de tres cabezas que custodiaba las puertas del inframundo: nadie entraba ni salía sin pasar por su vigilancia.

    El problema comienza cuando quienes se presentan como guardianes de nuestra libertad terminan construyendo tantas puertas, controles, estados excepcionales y facultades extraordinarias que el ciudadano descubre que el guardián ya no solamente vigila al delincuente:
    también vigila la puerta por donde transita la democracia.

    Y entonces la seguridad puede transformarse en una especie de candado chino.

    Ese sencillo mecanismo funciona mediante una paradoja: cuando una persona introduce los dedos e intenta liberarlos tirando con fuerza hacia lados opuestos, el tejido se aprieta todavía más. Para salir hay que hacer precisamente lo contrario: disminuir la tensión.

    Una democracia puede caer en una paradoja semejante.
    Cuanto más intenta proteger desesperadamente la libertad restringiéndola, más estrecho puede hacerse el espacio donde esa misma libertad sobrevive.

    Nadie sensato discute que el Estado deba enfrentar con fuerza al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo y a las organizaciones violentas. Una democracia incapaz de garantizar seguridad termina debilitándose.

    Pero otra cosa muy distinta es acostumbrar a una sociedad a pensar que cada problema de seguridad requiere necesariamente más poder para quien gobierna y menos controles sobre ese poder.
    Porque las facultades excepcionales tienen una característica histórica inquietante: suelen crearse pensando en el gobernante que uno apoya, olvidando que mañana podrían ser utilizadas por el gobernante que uno teme.

    Ese debería ser también el dilema diplomático que La Moneda tendría que considerar antes de convertir al Presidente de Chile en protagonista de una plataforma ideológica internacional.

    Chile puede relacionarse con gobiernos de derecha, centro o izquierda. Esa es precisamente la función de una política exterior seria. Lo peligroso comienza cuando la política exterior del Estado amenaza con confundirse con la política internacional del partido gobernante.
    Y quizá por eso resulta tan vigente Michel Foucault cuando, en Vigilar y castigar, dejó una frase breve y perturbadora:
    “La visibilidad es una trampa”.
    Porque cuando el poder promete convertirse en nuestro vigilante permanente para proteger nuestra libertad, la pregunta democrática nunca debería ser solamente quién nos protege.

    También debemos preguntar:
    ¿quién vigila al vigilante?

  • “NO LE CREÍ NADA Y SIGO NO CREYÉNDOLE NADA”: LA FRASE DE MATTHEI QUE VUELVE A ABRIR LA PUERTA DE LA GUERRA SUCIA DIGITAL

    “NO LE CREÍ NADA Y SIGO NO CREYÉNDOLE NADA”: LA FRASE DE MATTHEI QUE VUELVE A ABRIR LA PUERTA DE LA GUERRA SUCIA DIGITAL

    Hay frases que, con el tiempo, adquieren un peso político mucho mayor que cuando fueron pronunciadas por primera vez.

    Y la que acaba de repetir Evelyn Matthei respecto del Presidente José Antonio Kast es una de ellas:
    “No le creí nada y sigo no creyéndole nada”.

    Matthei recuerda que durante la campaña presidencial enfrentó personalmente a Kast por la ofensiva digital que estaba sufriendo. Según su relato, él le aseguró varias veces, mirándola a los ojos, que no tenía relación alguna con esos ataques.

    Ella dice que nunca le creyó.
    Y explica por qué.
    La entonces candidata de Chile Vamos asegura que desde enero comenzó a sufrir ataques sistemáticos, cada dos o tres semanas, impulsados y amplificados una y otra vez por las mismas cuentas: primero se dijo que era responsable de un supuesto “zarpazo” a los ahorros previsionales; después que era de izquierda; luego que era comunista; circularon videos cortados y manipulados y, finalmente, se instaló una de las falsedades más brutales de aquella campaña: que padecía Alzheimer.

    No estamos hablando simplemente de críticas políticas.
    Estamos hablando de fabricar una enfermedad inexistente para intentar destruir electoralmente a una persona.
    Pero ahora apareció una pieza que vuelve inevitablemente a poner aquel episodio bajo una nueva luz.
    EL “REY DE LOS TROLLS” Y UNA HISTORIA QUE LLEGÓ HASTA CHILE
    Fernando Cerimedo, estratega digital argentino que trabajó con sectores de la derecha radical latinoamericana, permanece detenido en Bolivia y es investigado por tentativa de femicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

    Beller sobrevivió a un ataque a balazos cometido por dos individuos y acusa a Cerimedo de haberlo organizado.
    Esa responsabilidad deberá establecerla la Justicia boliviana y, por tanto, no corresponde presentarla todavía como un hecho judicialmente probado.

    Pero la investigación produjo otro hallazgo particularmente inquietante para Chile.

    Durante los allanamientos realizados por la Fiscalía boliviana se encontraron más de 40 mil dólares y equipos que, según el fiscal del caso, constituirían una “mini granja de bots”.

    Y aquí la historia deja de ser solamente boliviana.
    Cerimedo ya había tenido participación en Chile durante el proceso constitucional de 2020 mediante su empresa Numen. Además, investigaciones periodísticas han documentado antiguos cruces entre él y personas que posteriormente formaron parte del entorno político y comunicacional de José Antonio Kast. El Mostrador, por ejemplo, ha informado de vínculos anteriores de Cerimedo con Alejandro Irarrázaval, Ignacio Dülger y Felipe Costabal, quienes posteriormente ocuparon funciones vinculadas al Gobierno o al círculo presidencial.

    Eso no demuestra por sí solo que Cerimedo haya dirigido los ataques contra Matthei ni permite afirmar que Kast los haya ordenado.

    Pero sí hace perfectamente legítima una pregunta política:
    ¿Quién operaba realmente aquellas redes digitales?
    Porque Matthei agrega otro antecedente llamativo: según ella, apenas alrededor de 48 horas después de la detención de Cerimedo fueron desactivadas dos de las principales cuentas que identificaba como responsables de troleo y ataques provenientes del mundo republicano.

    La propia Matthei reconoce que aún no puede explicar esa coincidencia.
    Precisamente por eso corresponde investigar y no encubrir.
    Y AHORA EL PROBLEMA ESTÁ DENTRO DEL OFICIALISMO
    Aquí aparece una contradicción política enorme.
    Evelyn Matthei es militante de la UDI.
    La UDI, a su vez, forma parte oficialmente de la coalición que sostiene al Gobierno de José Antonio Kast. Su presidente, Guillermo Ramírez, participa de las reuniones de coordinación del oficialismo en La Moneda, sus parlamentarios respaldan la agenda gubernamental y figuras históricas del partido ocupan posiciones centrales en el Ejecutivo.
    El propio ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, es militante UDI.
    Por eso esta ya no es una pelea entre gobierno y oposición.
    Es una acusación formulada por una de las figuras más importantes del propio partido que integra el Gobierno, quien fue además candidata presidencial de ese sector, contra el actual Presidente de la República.
    Entonces los parlamentarios, ministros, subsecretarios y dirigentes UDI enfrentan una pregunta bastante incómoda:
    ¿Le creen a Evelyn Matthei cuando dice que sufrió una campaña sistemática de desinformación proveniente de grupos republicanos?
    Porque resulta políticamente difícil reivindicarla como una de las principales figuras históricas de la UDI y, al mismo tiempo, guardar silencio cuando afirma públicamente que no creyó entonces y sigue sin creer ahora la explicación entregada por Kast.
    NO ES UN PROBLEMA DE BOTS. ES UN PROBLEMA DEMOCRÁTICO
    Aquí resulta especialmente pertinente volver al cientista político Eugenio Ortega Frei y su libro La democracia pluralista bajo ataque. El avance de la derecha radical populista en perspectiva comparada.
    No por casualidad Ortega dedica precisamente su capítulo 6 a la “Relación entre medios de comunicación, redes sociales y partidos populistas radicales de derecha”.
    Uno de los fenómenos centrales que permite entender este tipo de política es que las redes sociales han cambiado radicalmente la disputa democrática: la provocación, la agresividad comunicacional, la polarización y la circulación de información falsa pueden transformarse en instrumentos para movilizar emocionalmente a los electores, desacreditar adversarios y construir realidades políticas paralelas.
    Y ese es precisamente el peligro.
    Porque cuando la competencia política deja de consistir en confrontar ideas contra ideas y pasa a enfrentar verdades contra falsedades fabricadas industrialmente, ya no estamos simplemente ante una campaña electoral agresiva.
    Estamos ante una forma de degradación de la democracia pluralista.
    La democracia supone adversarios.
    No enemigos a quienes destruir.
    Supone discrepancia.
    No enfermedades inventadas.
    Supone convencer ciudadanos.
    No manipular algoritmos para hacerles creer que miles de personas piensan algo que, quizás, solamente están repitiendo decenas de cuentas coordinadas.
    Por eso la frase de Evelyn Matthei es políticamente mucho más grave de lo que parece:
    “No le creí nada y sigo no creyéndole nada”.
    Porque cuando alguien que pertenece al mismo sector político del Presidente pone públicamente en duda su palabra sobre una eventual guerra sucia digital, la pregunta ya no es quién ganó aquella elección.
    La pregunta es bastante más importante:
    ¿cómo se ganó la batalla por la opinión pública y hasta dónde estuvieron dispuestos algunos a llegar para ganarla?
    Y eso, en una democracia, merece algo bastante mejor que bots, trolls, silencios incómodos y explicaciones a medias.
    Merece verdad.

  • CUANDO LOS PROPIOS PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS COMIENZAN A TOMAR DISTANCIA…

    CUANDO LOS PROPIOS PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS COMIENZAN A TOMAR DISTANCIA…

    Hay decisiones políticas que pueden explicarse en un informe técnico.

    Otras, en cambio, son bastante más difíciles de explicar frente a una urna
    .
    El Gobierno de José Antonio Kast decidió recurrir al Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso que obliga a las empresas de electricidad, agua y gas a reconectar gratuitamente los servicios básicos de familias y pequeñas empresas ubicadas en zonas declaradas en catástrofe.

    Sí: hablamos de personas que ya han sufrido incendios, inundaciones u otra emergencia grave y que, además de perder bienes, viviendas o fuentes de trabajo, podrían encontrarse sin agua, electricidad o gas.

    ¿Y frente a esa situación qué hizo el Gobierno?

    Intentó derribar la norma ante el Tribunal Constitucional.
    El resultado fue contundente: 9 votos contra 1.
    Una derrota política difícil de maquillar.
    Y ahora comienzan a aparecer las distancias dentro del propio oficialismo.
    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), cuestionó públicamente la manera en que actuó La Moneda y señaló que “no estaríamos en este problema” si el Gobierno hubiese escuchado previamente al ministro Claudio Alvarado.

    Más todavía: Alessandri reconoció que ve “poca viabilidad” para conseguir los votos necesarios para una eventual ley corta con la que el Ejecutivo pretende modificar lo aprobado.

    También desde la propia UDI, su jefa de bancada, Flor Weisse, llamó al Gobierno a tener mayor rigor antes de embarcarse en este tipo de acciones.

    No parece casual.

    Porque una cosa es defender determinadas posiciones económicas desde una oficina en Santiago y otra muy distinta es regresar al distrito y explicarle a una familia damnificada por qué su parlamentario votaría para dificultar un beneficio que permite recuperar gratuitamente el agua, la electricidad o el gas después de una catástrofe.
    Ahí aparece una palabra que en política pesa muchísimo: elecciones.

    Los diputados que pretendan reelegirse saben perfectamente que las votaciones quedan registradas. Y que llegado el momento no solamente tendrán que responder por sus discursos, sino también explicar de qué lado estuvieron cuando hubo que escoger entre aliviar a familias golpeadas por una emergencia o atender las preocupaciones del mundo empresarial.

    Las compañías han planteado argumentos técnicos que merecen ser considerados, especialmente respecto de los plazos y la seguridad de las cuadrillas.
    Eso puede discutirse y perfeccionarse legislativamente.
    Pero otra cosa muy diferente es haber intentado eliminar completamente una protección social recurriendo al Tribunal Constitucional.
    Y ahí es donde el problema deja de ser técnico y pasa a ser profundamente político.

    Porque resulta difícil comprender que un Gobierno que debiera proteger a la población precisamente en sus momentos de mayor vulnerabilidad termine apareciendo ante la ciudadanía litigando contra una medida que beneficia directamente a familias damnificadas.

    Ahora La Moneda estudia una ley corta.
    Pero aparece una dificultad inesperada: sus propios parlamentarios deberán levantar la mano y asumir el costo político de esa decisión.
    Y algunos ya parecen haber entendido algo elemental:
    las cuentas de las empresas pueden discutirse en el Congreso; las cuentas políticas, en cambio, las cobra el electorado en las urnas.
    Quizás por eso empiezan los desmarques.
    Porque cuando se acerca una elección, la disciplina partidaria tiene límites.
    Y pocos candidatos quieren recorrer nuevamente sus distritos cargando sobre la espalda la explicación de por qué, frente a una familia siniestrada y una gran empresa de servicios básicos, escogieron ponerse del lado equivocado.

    Una precisión importante: el Gobierno sostiene que su objeción original era constitucional y que la nueva ley corta buscaría principalmente modificar plazos que considera técnicamente difíciles de cumplir, no necesariamente eliminar la gratuidad.
    Las empresas, por su parte, han advertido riesgos operativos y de seguridad pero todos sabemos que en el fondo es proteger sus millonarias ganancias.

  • ¿Puede haber justicia sin acceso a tu propia lengua? La exclusión sistemática de la comunidad sorda

    ¿Puede haber justicia sin acceso a tu propia lengua? La exclusión sistemática de la comunidad sorda

    Columna de Maribel González, académica de la Escuela de Psicología UC e integrante de Fundación Camila, publicada en CIPER Chile.

    El reciente veredicto condenatorio contra José Pablo Peñafiel Ossandón, conocido como el "violador de la imprenta", declarado culpable por ocho hechos de violación y abuso sexual contra mujeres sordas, obliga a mirar más allá del resultado de este juicio. El caso vuelve a hacer visible una pregunta que el país no puede seguir postergando: ¿qué significa realmente la igualdad ante la ley cuando una persona sorda enfrenta barreras cotidianas para informarse, denunciar, declarar o participar de un proceso judicial en su propia lengua?

    La relación entre ambos casos es relevante: según reconstrucciones de la prensa, la denuncia pública surgida tras la muerte de Camila y el posterior testimonio de una expareja de Peñafiel impulsaron a otras víctimas suyas a revelar agresiones previas y denunciarlas. De ese proceso surgió la investigación por delitos sexuales que culminó en el reciente juicio.

    La autora sostiene que el caso vuelve a exponer las barreras estructurales que enfrenta la comunidad sorda para acceder a la justicia: "Se requiere revisar las brechas de la legislación y de su implementación e impulsar los cambios normativos, institucionales y formativos necesarios".

    "Chile ya cuenta con el marco normativo y experiencias que muestran un camino posible. El desafío es convertir esos avances en garantías permanentes, oportunas y especializadas. Es tiempo de dejar de ser testigos y poner freno a las vulneraciones sistemáticas de derechos que la comunidad sorda sigue enfrentando en el país", concluye.

  • Patricio Cabrera: desde Coyhaique a conquistar el desierto de Las Vegas

    Patricio Cabrera: desde Coyhaique a conquistar el desierto de Las Vegas

    El motociclista coyhaiquino Patricio “Pato” Cabrera volvió a escribir una página destacada para el deporte chileno al imponerse en la categoría Pro Moto Ironman de la legendaria Mint 400, en Estados Unidos.

    Más de nueve horas sobre la motocicleta, bajo las extremas condiciones del desierto de Nevada, coronaron una trayectoria construida desde la Patagonia y marcada por diez participaciones en el Dakar, títulos internacionales y victorias en algunas de las pruebas de resistencia más exigentes del mundo.
    Patricio Cabrera no necesita demasiadas presentaciones entre quienes siguen el motociclismo chileno.
    Nacido en Coyhaique, en plena Patagonia, el piloto ha construido durante años una trayectoria deportiva que lo ha llevado desde las pistas de motocross del sur de Chile hasta algunos de los escenarios más duros y prestigiosos del motociclismo internacional.

    Su más reciente hazaña ocurrió en Estados Unidos, en la histórica Mint 400 de Las Vegas, una de las carreras todoterreno más emblemáticas de Norteamérica.
    Cabrera compitió en la exigente categoría Ironman Pro Motorcycle, donde cada piloto debe afrontar prácticamente en solitario la totalidad del recorrido.
    El coyhaiquino completó las seis vueltas de competencia en un tiempo oficial de 9 horas, 14 minutos y 32,725 segundos, adjudicándose el primer lugar de su categoría y terminando además 12.º en la clasificación general de motocicletas.

    Durante aquella jornada debió enfrentar las durísimas condiciones propias del desierto cercano a Las Vegas, con altas temperaturas que llegaron a rondar los 45 grados Celsius, además del polvo, la navegación, el desgaste físico y la exigencia mecánica propia de más de nueve horas prácticamente ininterrumpidas sobre la motocicleta.
    No fue solamente una victoria de velocidad. Fue, sobre todo, una demostración de resistencia.
    De Coyhaique al mundo

    La historia deportiva de Cabrera tiene un elemento que merece ser especialmente destacado: su origen coyhaiquino.

    Desde una región geográficamente alejada de los grandes centros deportivos del país, Cabrera comenzó a construir una carrera primero relacionada con el motocross y posteriormente con el rally raid y las competencias de resistencia.

    Ese recorrido lo convirtió durante años en uno de los representantes chilenos habituales del Rally Dakar.
    Su debut llegó en 2013, cuando tenía apenas 22 años.

    Desde entonces acumuló diez participaciones en el Dakar, logrando su mejor clasificación general en 2020, cuando terminó en el puesto 28.º.

    Posteriormente, en el Dakar 2023, completó su décima participación y alcanzó la condición de “Dakar Legend”, distinción reservada para quienes han acumulado una extensa trayectoria en una de las pruebas motor más exigentes del planeta.
    Una carrera que siguió creciendo después del Dakar
    Paradójicamente, algunos de los éxitos internacionales más importantes de Cabrera llegaron después de acumular aquella enorme experiencia en el Dakar.

    En 2018 fue reconocido como Campeón Sudamericano de Rally, mientras que en 2019 registró un tercer lugar en Rally Cross Country dentro de su palmarés internacional. Su historial también incluye múltiples temporadas compitiendo en motocross y rally tanto en Chile como en el extranjero.

    Pero fue especialmente desde 2024 cuando comenzó una etapa extraordinaria ligada a las grandes competencias de desierto de Norteamérica.
    Ese año disputó el SCORE Desert World Championship, uno de los campeonatos de carreras off-road más prestigiosos del continente.
    Y terminó coronándose:
    Campeón SCORE Desert World Championship 2024
    en la categoría Pro Moto Ironman.
    El título tuvo además un cierre espectacular.

    Baja 1000: una victoria histórica
    Cabrera ganó en 2024 la célebre Baja 1000, nuevamente en categoría Pro Moto Ironman.

    La Baja 1000 no es una carrera cualquiera. Se disputa por caminos y desiertos de Baja California, México, y durante décadas se ha convertido en una de las grandes referencias mundiales del automovilismo y motociclismo fuera de pista.
    Para un Ironman significa afrontar prácticamente solo una competencia cuya duración puede superar ampliamente las veinte horas.
    Cabrera ganó su categoría y con ese resultado aseguró su título SCORE 2024.

    Para dimensionar el esfuerzo físico basta recordar que el motociclismo Ironman no permite distribuir el desgaste entre varios pilotos: la misma persona debe administrar velocidad, alimentación, hidratación, cansancio, navegación, estrategia y resistencia mental durante prácticamente toda la competencia.
    24 horas conduciendo: Glen Helen 2025
    Pero Cabrera todavía tenía otro desafío pendiente.
    En 2025 participó en las 24 Hours of Glen Helen, en California.
    Nuevamente decidió hacerlo como Ironman.
    Y nuevamente ganó.
    El coyhaiquino terminó primero en Pro Moto Ironman, agregando otra prueba extrema a un palmarés que comenzaba a mostrar un patrón evidente: mientras más larga y físicamente brutal parecía una carrera, más competitivo se mostraba Cabrera.

    Su patrocinador deportivo registra oficialmente este triunfo dentro de su palmarés 2025, junto con los títulos anteriores en SCORE y Baja 1000.
    Las Vegas 2026: nueve horas para llegar primero
    La Mint 400 de 2026 confirmó definitivamente esa evolución.
    Con el número J5, Cabrera tomó la partida en Ironman Pro Motorcycle.
    Completó:
    6 vueltas
    en:
    9:14:32.725
    Su vuelta más rápida fue de:
    1:25:56.236
    y terminó primero de su categoría.
    El segundo clasificado, Parker Shell, solamente pudo completar cinco vueltas, mientras Cabrera consiguió completar las seis exigidas por la competencia.

    Los registros oficiales del campeonato confirman:
    1.º Patricio Cabrera – 109 puntos
    2.º Parker Shell – 104 puntos
    3.º Remington Mathews – 100 puntos.

    Fue otra victoria conseguida bajo condiciones extremas, atravesando durante más de nueve horas el desierto de Nevada, soportando temperaturas que podían rondar los 45 °C, polvo, piedras, cansancio y el enorme desgaste propio de conducir una motocicleta de competición durante prácticamente una jornada laboral completa, pero al límite físico.
    Y lo hizo solo.

    Un deportista de Coyhaique que merece mayor reconocimiento
    Existe una dimensión particularmente significativa en la historia de Patricio Cabrera.

    No proviene de Santiago ni de alguno de los grandes centros tradicionales del motociclismo internacional.
    Proviene de Coyhaique.

    Desde la Región de Aysén construyó un camino que terminó llevándolo a competir en Sudamérica, Europa, Arabia Saudita, México y Estados Unidos.

    Ha corrido diez Dakar.
    Es Dakar Legend.
    Fue Campeón SCORE Desert World Championship.
    Ganó la Baja 1000.
    Ganó las 24 Horas de Glen Helen.
    Y ahora agregó a su historial el primer lugar en la Mint 400 de Las Vegas 2026.
    No se trata solamente de una carrera ganada.
    Se trata de una trayectoria de más de una década representando a Chile y, particularmente, a una región que no siempre aparece asociada al deporte motor de alto rendimiento.
    Desde la Patagonia hasta el desierto
    Quizás esa sea precisamente la mejor manera de resumir la carrera de Patricio Cabrera.
    Un muchacho que comenzó acelerando motocicletas en la Patagonia terminó atravesando los desiertos más extremos del mundo.
    Cambió el frío de Coyhaique por el calor sofocante del desierto.
    Cambió las primeras pistas de motocross por Dakar, Baja California, Glen Helen y Las Vegas.

    Pero mantuvo algo intacto: su origen.
    Patricio Cabrera sigue siendo el piloto coyhaiquino que salió desde Aysén para competir contra algunos de los mejores especialistas del mundo.

    Y su triunfo en la Mint 400 demuestra que, después de diez Dakar y cientos de horas sobre una motocicleta, su carrera internacional no pertenece solamente al pasado.
    A sus 35 años, el coyhaiquino continúa ganando.

    Esta vez fueron más de nueve horas en el desierto de Las Vegas, temperaturas extremas, seis vueltas y una sola posición posible al terminar:
    el primer lugar.

  • Y SU FRANKENSTEIN CONSTITUCIONAL: LA UDI PIDE QUE EL MONSTRUO SIGA CAMINANDO

    Y SU FRANKENSTEIN CONSTITUCIONAL: LA UDI PIDE QUE EL MONSTRUO SIGA CAMINANDO

    La escena tiene algo de tragicomedia política.
    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoce que llevan días “recibiendo fuego de todas partes” por la reforma constitucional de seguridad, pero pide que el Gobierno no la retire porque podría parecer una “renuncia”.
    Es decir: el problema ya es evidente, pero reconocerlo sería peor que mantenerlo.
    Curioso, porque la propia UDI había advertido inicialmente que la propuesta podía debilitar la institucionalidad. Después vinieron las conversaciones con La Moneda, modificaciones, nuevas costuras, algunos parches y, casi de pronto, aquello que parecía inaceptable pasó a ser defendible.
    Así nació el Frankenstein constitucional del Gobierno:
    un artículo por aquí, una enmienda por allá, una facultad presidencial recortada más allá y suficiente maquillaje jurídico para intentar demostrar que el monstruo ya no parece monstruo.
    El problema político para Kast es todavía mayor porque ocurre precisamente en el terreno donde prometió mostrarse invencible: la seguridad.
    Fue el sector que prometió expulsiones masivas de migrantes irregulares.
    El que convirtió la zanja fronteriza en símbolo de autoridad y control migratorio.
    El que hizo del combate al narcotráfico una de sus principales banderas.
    Pero cuando combatir al narcotráfico significa además seguir la ruta del dinero, levantar con mayor rapidez el secreto bancario y fortalecer las herramientas de inteligencia financiera, la famosa mano dura comienza curiosamente a llenarse de cautelas jurídicas.
    Entonces la pregunta resulta inevitable:
    ¿Para perseguir delincuentes necesitamos ampliar extraordinariamente las facultades presidenciales, pero para perseguir sus millones tenemos que avanzar con pies de plomo?
    Zanjas: sí.
    Militares: sí.
    Estados de excepción: sí.
    Más poder presidencial: discutámoslo.
    ¿Seguir rápidamente el dinero del narcotráfico?
    Ahí parece aparecer repentinamente la preocupación por los límites.
    La mayor ironía es que la reforma destinada a demostrar autoridad terminó produciendo exactamente lo contrario: divisiones oficialistas, críticas constitucionales, retrocesos y sucesivas correcciones.
    Y ahora la UDI parece haber llegado a una curiosa doctrina política:
    si retirarlo parece una derrota, mejor mantenerlo aunque haya que reconstruirlo pieza por pieza.
    Frankenstein también estaba hecho de buenos pedazos.
    El problema nunca fueron solamente los pedazos.
    Era el monstruo.

  • ¿KAST SE ACHICA CON LOS GRANDES EMPRESARIOS Y SE AGRANDA CON LOS CIUDADANOS DE A PIE?

    ¿KAST SE ACHICA CON LOS GRANDES EMPRESARIOS Y SE AGRANDA CON LOS CIUDADANOS DE A PIE?

    Un nuevo y contundente revés sufrió el Gobierno de José Antonio Kast.

    El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por el Gobierno para intentar echar abajo una norma aprobada por la oposición en el Congreso, que obliga a las empresas de electricidad, agua potable y gas a reponer gratuitamente los servicios básicos en las zonas declaradas en estado de catástrofe, incluso cuando existan cuentas impagas.

    Es decir: mientras el Congreso había conseguido establecer una protección concreta para las familias golpeadas por una catástrofe, el Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional para intentar impedir que esa protección entrara en vigencia.

    Y esto no ocurre en un país ajeno a las emergencias.

    Hace apenas semanas, el sistema frontal de julio dejó cortes de agua potable y electricidad en Coquimbo y la provincia del Huasco, situación que llevó incluso a declarar Estado de Catástrofe.

    Durante esos mismos temporales, solamente en la Región de Valparaíso 170.445 clientes llegaron a encontrarse sin suministro eléctrico en el momento más crítico. La SEC posteriormente formuló cargos a Chilquinta por los prolongados tiempos de reposición.

    También hemos visto situaciones provocadas directamente por terceros: en julio, en La Araucanía, el robo de más de 4.000 metros de cables de cobre volvió a dejar sin electricidad a familias que ya habían pasado días sin suministro después del temporal. Y en mayo, un intento de robo de cables en Valparaíso provocó un corte eléctrico que afectó incluso al sistema de telecomunicaciones del SAMU Litoral.

    ¿Qué responsabilidad tiene una familia cuando un temporal derriba postes, cuando un aluvión destruye infraestructura o cuando delincuentes roban kilómetros de cable?
    Ninguna.

    Por eso resulta políticamente incomprensible que, en vez de ponerse inequívocamente del lado de las familias siniestradas, el Gobierno haya utilizado al Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto una norma que trasladaba el costo de la reposición a las empresas proveedoras y no al ciudadano que está viviendo una emergencia.

    El argumento de La Moneda fue jurídico: sostuvo que la disposición estaba fuera de las ideas matrices del proyecto y que debía buscarse otra redacción.
    Pero detrás de las discusiones jurídicas existe una consecuencia muy concreta: si el Gobierno hubiese ganado, esta protección aprobada por el Congreso habría desaparecido del proyecto.

    Esta vez el Gobierno perdió y los ciudadanos ganaron.

    El Tribunal Constitucional rechazó la impugnación y dejó en pie una norma nacida de una victoria de la oposición en el Congreso: en una zona de catástrofe, la prioridad debe ser que las personas recuperen sus servicios básicos, no que primero tengan que sacar la billetera para volver a tener luz, agua o gas.
    Porque una familia que acaba de sufrir un incendio, un temporal, una inundación o un aluvión no necesita que el Estado le agregue una nueva carga económica a la tragedia.
    Necesita agua.
    Necesita electricidad.
    Necesita gas.
    Necesita reconstruir su vida.

    Y necesita un Gobierno que, frente a una catástrofe, se ponga del lado de los ciudadanos y no haga esfuerzos jurídicos para aliviar las obligaciones de las grandes compañías.

    ¿Kast se achica frente a los grandes empresarios y se agranda con los ciudadanos de a pie?
    Después de este episodio, es una pregunta más que legítima.
    Los servicios básicos son una necesidad, no un privilegio.
    Y frente a una catástrofe, primero están las personas.

  • ¿Hasta dónde llega un teléfono cuando dos investigaciones comienzan a cruzarse?

    ¿Hasta dónde llega un teléfono cuando dos investigaciones comienzan a cruzarse?

    ¿Hasta dónde llega un teléfono cuando dos investigaciones comienzan a cruzarse?
    Un celular incautado por la Fiscalía en la trama Junaeb acaba de abrir una pregunta que puede resultar bastante más incómoda que el propio aparato.
    Hugo Gutiérrez pide que nadie revise indiscriminadamente su teléfono. Su argumento es jurídicamente atendible: es abogado y allí existirían conversaciones, documentos y estrategias de clientes protegidos por el secreto profesional.
    Pero el problema comienza exactamente donde termina ese secreto.
    Porque Gutiérrez no aparece en esta historia solamente como abogado. Figura como imputado en la investigación Junaeb junto a los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, en una causa que busca determinar si existieron gestiones destinadas a favorecer a una empresa en licitaciones de alimentación escolar.
    Y Calisto tiene, además, otra carpeta abierta.
    En Coyhaique enfrenta una causa por presunto fraude al Fisco junto a Roland Cárcamo y Carla Graf, precisamente las dos personas respecto de las cuales un tribunal le impuso en mayo una prohibición de comunicación, además del arraigo nacional.
    Entonces surge una pregunta inevitable.
    ¿Qué pasaría si una extracción judicialmente autorizada del teléfono de Hugo Gutiérrez encontrara comunicaciones que no sólo hablaran de Junaeb?
    ¿Qué ocurriría si fechas, interlocutores o intermediarios terminaran tocando también la causa de Coyhaique?
    Nada de eso puede darse hoy por establecido.
    Pero tampoco puede descartarse antes de conocer qué contiene el dispositivo y hasta dónde permitirá llegar el tribunal.
    Ese es quizás el verdadero nerviosismo detrás de la discusión sobre el secreto profesional: determinar dónde terminan las conversaciones legítimamente reservadas de un abogado y dónde comienzan los antecedentes que una investigación penal tiene derecho a conocer.
    La Fiscalía buscaba respuestas sobre Junaeb.
    Puede que encuentre solamente eso.
    O puede que un teléfono termine convirtiéndose en el punto donde dos expedientes que hasta ahora caminaban separados comiencen inesperadamente a mirarse.
    La justicia todavía no conoce la respuesta.
    Y esa es, precisamente, la parte más inquietante de la historia.
    Mantendría ese tono: sugerente y políticamente incisivo, pero sin afirmar que existen mensajes o incumplimientos que todavía no están demostrados.

  • LA RECETA ESTABA ESCRITA: KAST Y LOS RASGOS DE LA DERECHA RADICAL POPULISTA

    LA RECETA ESTABA ESCRITA: KAST Y LOS RASGOS DE LA DERECHA RADICAL POPULISTA

    En La democracia pluralista bajo ataque.
    El avance de la derecha radical populista en perspectiva comparada, Eugenio Ortega Frei dedica un capítulo a definir las características de los partidos populistas radicales de derecha.
    Su lectura resulta especialmente pertinente hoy, después de que el presidente José Antonio Kast negara que su proyecto político pueda calificarse de “iliberal”.

    Kast respondió a esas críticas con una curiosa definición práctica de liberalismo: “Si fuera iliberal, no estaría aquí”, dijo durante una entrevista, aludiendo a su disposición a conversar con la prensa. Pero una democracia liberal es bastante más que un Presidente concediendo entrevistas.
    Supone separación de poderes, límites al Ejecutivo, respeto a los derechos fundamentales, pluralismo político y garantías para las minorías.
    Y aquí es donde el capítulo de Ortega Frei adquiere una inquietante actualidad.
    El autor identifica una serie de características comunes de la derecha radical populista internacional y luego señala expresamente al Partido Republicano chileno como un prototipo de esta familia política:
    Pueblo versus élite.
    La sociedad es presentada como dos grupos antagónicos: el “pueblo común” frente a una élite política o cultural que habría traicionado sus intereses.
    El propio Kast, al defender su reforma, calificó recientemente parte de las críticas como un debate “muy de la élite”.
    Orden y seguridad como eje político central. El Gobierno ha situado precisamente allí uno de sus principales pilares: “recuperar el orden y fortalecer la seguridad”.
    La Cuenta Pública de junio lo estableció como el primero de sus tres grandes ejes.
    Inmigración convertida en problema identitario y de seguridad.
    El capítulo identifica el rechazo a la inmigración como uno de los elementos recurrentes de esta familia política.
    El Gobierno de Kast ha impulsado la criminalización del ingreso clandestino, mayores plazos de retención para ejecutar expulsiones y nuevas facultades de control fronterizo.
    Defensa de la familia tradicional y de valores conservadores. Ortega Frei destaca la defensa de la familia, los roles tradicionales y la oposición a las agendas de género como otro componente característico.
    El propio discurso gubernamental coloca “la vida y la familia” entre sus principios políticos fundamentales.
    Polarización como herramienta política.
    El adversario deja de ser simplemente alguien que piensa distinto y pasa progresivamente a representar una amenaza: la élite, el inmigrante, el delincuente, el “otro”.

    El libro advierte precisamente sobre esta construcción binaria entre buenos y malos, nacionales y extranjeros, pueblo y élite.
    Fortalecimiento de la autoridad frente a los contrapesos.
    Este es quizá el punto más sensible. La reforma constitucional de seguridad impulsada por Kast permitiría decretar un nuevo estado de excepción durante hasta 240 días inicialmente sin autorización del Congreso, restringiendo libertades de locomoción y reunión y permitiendo restricciones a la asociación e intervención de comunicaciones. Frente a las críticas, Kast ha señalado que cree en “autoridades fuertes” cuando determinadas situaciones requieren restringir libertades.

    Aquí aparece la contradicción central.
    El Gobierno sostiene que estas facultades son necesarias para combatir el crimen organizado y proteger precisamente la libertad de quienes viven amenazados por la delincuencia; ese es el argumento con que Kast defiende la reforma.

    Pero la pregunta democrática sigue siendo inevitable: ¿cuánto poder estamos dispuestos a concentrar en una autoridad para defender la libertad antes de comenzar a debilitar las garantías que hacen posible esa misma libertad?

    El capítulo de Ortega Frei no describe necesariamente una dictadura ni sostiene que toda derecha conservadora sea antidemocrática. Describe algo más complejo: una derecha radical populista que participa de elecciones y utiliza las instituciones democráticas, pero que tensiona algunos componentes esenciales de la democracia liberal y pluralista.

    Por eso resulta insuficiente responder que un Gobierno es liberal porque su Presidente concede entrevistas.
    La prueba de una democracia liberal no está en cuántas veces habla el gobernante con la prensa.
    Está en cuánto poder está dispuesto a no tener.
    Y cuando se compara la caracterización académica del Partido Republicano contenida en este libro con algunos de los principales ejes que está desarrollando hoy el Gobierno —seguridad, inmigración, identidad, familia, polarización y ampliación de facultades presidenciales—, la semejanza deja de ser solamente teórica.

    Más que una improvisación, parece una hoja de ruta.

  • Magallanes no es una zona gris: la historia obliga a mirar con atención

    Magallanes no es una zona gris: la historia obliga a mirar con atención

    Y existe un antecedente demasiado reciente para ignorarlo. En junio de 2024, una instalación de la Armada Argentina en el Hito 1 de Tierra del Fuego dejó parte de sus paneles solares aproximadamente tres metros dentro de territorio chileno. Argentina reconoció oficialmente el error, presentó excusas y posteriormente retiró la estructura. Conviene precisar que este episodio no ocurrió en una base chilena en la Antártica, sino en la frontera austral de Tierra del Fuego.

    La historia también aconseja prudencia. Chile y Argentina estuvieron peligrosamente cerca de un enfrentamiento armado en 1978 por el conflicto del canal Beagle y las islas Picton, Nueva y Lennox. La intervención de la Santa Sede, impulsada por el papa Juan Pablo II, abrió el camino de la mediación que permitió evitar la guerra. Finalmente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, estableció una solución definitiva para el diferendo austral y reafirmó el compromiso de ambos países de resolver sus controversias por medios pacíficos.

    Por eso, defender una buena relación con Argentina no significa minimizar señales que afectan asuntos de soberanía. Chile y Argentina comparten miles de kilómetros de frontera, intereses antárticos, rutas marítimas estratégicas y una historia que demuestra cuánto se puede perder cuando la diplomacia llega demasiado tarde.

    El Estrecho de Magallanes no es solo un territorio: es una llave bioceánica de enorme valor estratégico. La amistad entre los pueblos se fortalece con cooperación, pero también con fronteras claras, respeto a los tratados y una defensa inequívoca de la soberanía nacional.

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