Categoría: Actualidad

Otra votación relevante en la Cámara de Diputadas y Diputados vuelve a poner bajo la lupa al diputado por Aysén René Alinco.
Esta vez se trató del proyecto que busca prohibir las carreras de perros en Chile, especialmente las de galgos. La iniciativa fue aprobada en general por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, pero Alinco estuvo entre quienes votaron en contra.
No estamos hablando solamente de una discusión sobre una actividad recreativa. El proyecto pretende incorporar a la Ley 21.020 de Tenencia Responsable una prohibición expresa de las carreras de perros, estableciendo sanciones para quienes las organicen o participen en ellas. Sus impulsores sostienen que alrededor de estas competencias existen antecedentes de maltrato, explotación, lesiones, abandono y apuestas ilegales. El proyecto vuelve ahora a la Comisión de Medio Ambiente para su discusión particular.
Y aquí aparece una pregunta política inevitable para Aysén.
René Alinco fue electo desde un espacio político distinto al oficialismo de José Antonio Kast, pero durante estos primeros meses de gobierno ha coincidido con La Moneda en votaciones de especial relevancia.
En mayo, por ejemplo, votó a favor de la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional, la denominada MEGARREFORMA de Kast, que obtuvo 90 votos favorables. Antes incluso de que la iniciativa ingresara formalmente, Alinco ya era mencionado como uno de los votos con los que el Ejecutivo contaba para asegurar su aprobación general.
Eso sí, corresponde hacer una precisión importante: aprobar la idea de legislar no significó respaldar todos sus artículos. Cuando se votaron cuatro de sus componentes tributarios centrales, Alinco se abstuvo en la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y votó en contra de las disposiciones sobre contribuciones, invariabilidad tributaria e integración del sistema tributario.
También respaldó en abril el proyecto gubernamental de “Escuelas Protegidas”, que avanzó en la Cámara con 103 votos favorables.
Por eso el debate no debería reducirse a derecha versus izquierda. El asunto es qué criterio político está utilizando el representante de Aysén cuando decide sus votos.
Porque un diputado independiente tiene todo el derecho a votar caso a caso. Pero también tiene la obligación política de explicar a sus electores por qué respalda determinadas iniciativas del Gobierno, por qué rechaza otras y qué beneficio concreto obtiene Aysén de esas negociaciones.
Hoy, frente a una iniciativa destinada a aumentar la protección de los animales, René Alinco decidió votar NO.
Y después de verlo convertido en un voto buscado y públicamente contabilizado por el Gobierno de Kast en proyectos estratégicos, la pregunta que corresponde hacer no es una acusación, sino una exigencia democrática de transparencia:
¿Estamos frente a un diputado que vota exclusivamente por convicción, o frente a una forma de hacer política donde cada voto se negocia esperando algo a cambio? Y si existe algo a cambio, ¿es para Aysén… o para beneficio político del propio diputado?

Kast y el peligro de que el desgaste se transforme en tendencia

El problema para La Moneda es otro: la velocidad con que se ha consumido el respaldo que recibió al comenzar su gobierno.

Cuando José Antonio Kast asumió la Presidencia el 11 de marzo, comenzó con algo que todo gobierno necesita: crédito político. Cadem llegó a situar su aprobación inicial en torno al 57% y Pulso Ciudadano lo hizo debutar con 47,5%. Cinco meses después, ese escenario cambió sustancialmente. Cadem registra actualmente 41%, Criteria 35% y Pulso Ciudadano llegó a medir 25,6%.

Las cifras son diferentes porque las encuestas utilizan metodologías distintas. Lo importante, por lo tanto, no es escoger el número que más convenga políticamente, sino observar la dirección que muestran las series.

Y esa dirección es inequívoca: el apoyo inicial se redujo.

En Pulso Ciudadano la trayectoria es especialmente gráfica. Kast pasó de 47,5% en marzo a 29,1% en abril, 31,2% en mayo, 30,1% en junio, 28,9% en julio y 25,6% a comienzos de agosto.

El punto no es afirmar que Kast esté condenado a continuar cayendo. Las encuestas más recientes incluso muestran cierta estabilización o recuperación en algunos estudios. El dato político más significativo es cuán rápidamente desapareció la luna de miel.

No es todavía el peor gobierno evaluado

Aquí la historia obliga a poner las cifras en perspectiva.

Sebastián Piñera llegó a sólo 6% de aprobación en la CEP de diciembre de 2019. Michelle Bachelet había alcanzado 15% durante su segundo mandato y Piñera I llegó a 23%.

Kast no está ahí.

Pero tampoco necesita llegar al 6% para tener un problema político.

Lo relevante será determinar si durante los próximos meses su aprobación logra estabilizarse sobre el 35%-40%, o si comienzan a converger varias encuestadoras por debajo del 30%.

Ese último escenario sería cualitativamente diferente.

Porque una cosa es que una encuesta marque ocasionalmente 26% o 29%. Otra muy distinta es que el sub-30 se transforme en el nuevo nivel estructural de apoyo presidencial.

La economía empieza a pesar

Y aquí aparece una segunda curva que La Moneda debería mirar con tanta atención como las encuestas.

El desempleo nacional llegó a 9,4% en el trimestre abril-junio, muy cerca de la barrera psicológica de los dos dígitos. La informalidad laboral alcanzó 27%.

El Banco Central, además, constató una contracción de 0,3% del PIB durante el primer trimestre y redujo su previsión de crecimiento para 2026 desde un rango de 1,5%-2,5% a sólo 1%-1,75%. La institución también señaló deterioro en algunos fundamentos del consumo, incluyendo mayor desempleo, menor crecimiento de salarios reales y peores expectativas de los consumidores.

Esto requiere una precisión: Chile no enfrenta una caída de “dos dígitos” del PIB. La variable que está aproximándose al 10% es el desempleo.

Y políticamente eso puede ser todavía más sensible.

El PIB es una cifra que aparece periódicamente en los medios. El desempleo, en cambio, entra directamente a los hogares.

Es alguien que perdió su trabajo.

Una familia que lleva meses buscando empleo.

Un joven que no consigue entrar al mercado laboral.

O alguien que terminó trabajando informalmente.

Kast recibió apoyo, pero también una exigencia

Ésa es probablemente la clave para entender estos primeros meses.

Kast no recibió simplemente adhesión ideológica. Recibió una enorme expectativa de resultados.

Orden.

Seguridad.

Crecimiento.

Empleo.

Control migratorio.

Por eso su apoyo puede ser particularmente sensible a una pregunta muy sencilla que los ciudadanos comienzan a hacerse después de cualquier cambio de gobierno:

¿Mi situación está mejorando?

Las personas no evalúan un gobierno leyendo las Cuentas Nacionales. Lo hacen mirando su trabajo, su salario, el precio de las cosas, la delincuencia de su barrio y sus expectativas sobre el futuro.

Por eso no basta con que algunos indicadores eventualmente mejoren. El gobierno necesita que esa mejoría sea visible y atribuible a su gestión.

Lo que viene

La experiencia chilena también obliga a evitar determinismos.

Michelle Bachelet cayó durante su primer gobierno hasta cerca de 39% y terminó posteriormente con niveles extraordinariamente altos de aprobación. Las curvas políticas pueden recuperarse.

Kast también puede hacerlo.

Las últimas mediciones de Cadem muestran precisamente que determinadas acciones de seguridad pueden generar recuperación: el 16 de agosto su aprobación subió a 41%, en una medición en que el denominado Plan Cancerbero obtuvo una evaluación ampliamente favorable.

Pero el desafío económico probablemente será más difícil de resolver mediante anuncios.

Si durante los próximos meses el desempleo se mantiene cerca o sobre 10%, el crecimiento continúa débil y la ciudadanía no percibe mejoramiento en seguridad, Kast corre el riesgo de entrar en la misma zona política que conocieron otros gobiernos antes que él: una Presidencia sostenida principalmente por su electorado más fiel y con dificultades crecientes para recuperar al votante independiente.

Ese es el verdadero dato que habrá que seguir.

No si Kast rompe mañana el récord negativo de Piñera.

Sino algo mucho más inmediato:

si la pérdida de apoyo de estos primeros cinco meses fue sólo el fin normal de una luna de miel presidencial, o el comienzo de una tendencia mucho más profunda.

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Cinco meses después de asumir, el gobierno de José Antonio Kast ya muestra una tendencia clara: la aprobación cayó con rapidez.

Cadem lo sitúa en 41%, Criteria en 35%, CEP en 34% y Pulso Ciudadano en 25,6%.

No es el peor nivel de nuestra democracia, pero sí una erosión muy temprana.

La economía tampoco ayuda a construir paciencia:

desempleo en 9,4%, dos trimestres con variaciones negativas del PIB interanual y una inflación en torno al 3,5%.

Nada de esto condena el futuro de un gobierno, pero la señal es nítida: el apoyo inicial fue alto por las expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen rápido, el respaldo cae.

El verdadero riesgo no es bajar algunos puntos más, sino que el sub-30 se vuelva la nueva normalidad.

Mucho despliegue comunicacional y dudas sobre los cambios de fondo

La estrategia de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast quedó bajo una fuerte crítica luego de la publicación de la columna «Puro humo», del periodista Daniel Matamala, aparecida el 15 de agosto en La Tercera.

El columnista centra su cuestionamiento en la distancia que, a su juicio, existe entre el discurso con que Kast enfrentó la campaña presidencial y las medidas que su administración ha comenzado a implementar durante sus primeros meses.

Matamala sostiene que el Gobierno consiguió finalmente instalar la seguridad en el centro de la agenda pública mediante una cadena nacional, la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), reformas constitucionales y un amplio despliegue comunicacional alrededor de los traslados de presos de alta peligrosidad. Su conclusión, sin embargo, es severa: éxito publicitario no necesariamente equivale a efectividad en el combate contra el crimen.

De una promesa de ruptura a la continuidad de políticas anteriores

Uno de los principales puntos planteados por Matamala es que durante la campaña Kast ofreció un cambio profundo respecto de la administración de Gabriel Boric, instalando la idea de que hacía falta fundamentalmente un Gobierno con mayor decisión política para enfrentar la delincuencia.

Cinco meses después de asumir, señala el periodista, parte de las acciones implementadas muestran más elementos de continuidad que de ruptura con las políticas que venían desarrollándose.

Uno de los ejemplos utilizados es la segregación de presos de alta peligrosidad. Kast anunció inicialmente una reforma constitucional destinada a fortalecer este tipo de medidas, pero posteriormente el propio Gobierno ejecutó traslados hacia módulos de máxima seguridad utilizando las atribuciones actualmente disponibles para Gendarmería.

La interrogante planteada por Matamala es directa: si esas facultades podían ejercerse bajo la institucionalidad vigente, ¿cuál era entonces la necesidad de presentar previamente una reforma constitucional como requisito para actuar?

La cárcel presentada como símbolo del cambio venía de gobiernos anteriores

La denominada Operación Cancerbero, que significó el traslado de cerca de 300 internos de alta peligrosidad hasta el complejo penitenciario La Laguna, en la Región del Maule, estuvo acompañada por una fuerte puesta en escena comunicacional del Gobierno.
Medios internacionales también destacaron el carácter visual del operativo y sus similitudes con la estrategia comunicacional utilizada por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
Matamala cuestiona especialmente que el Ejecutivo haya presentado la utilización de esa infraestructura como símbolo de un antes y un después en materia penitenciaria.

Según recuerda el columnista, el proyecto fue planificado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, construido durante la administración de Sebastián Piñera y terminado bajo el Gobierno de Gabriel Boric.

Desde esa perspectiva, no se trataría de una infraestructura creada por la actual administración, sino de la utilización de una política penitenciaria desarrollada durante varios gobiernos y ahora incorporada a la estrategia comunicacional de Kast.

De 100 mil nuevas plazas carcelarias a 20 mil
Otro de los principales cuestionamientos apunta al Plan Cancerbero.

Durante la campaña presidencial se habló de alcanzar 100 mil nuevas plazas carcelarias en cuatro años, incluyendo la construcción de una megacárcel en el desierto.

Sin embargo, Matamala señala que esa proyección habría disminuido posteriormente hasta 20 mil nuevas plazas, una reducción considerable respecto del compromiso originalmente levantado en campaña.

La diferencia resulta políticamente relevante porque la infraestructura penitenciaria fue uno de los ejes centrales utilizados por Kast para marcar distancia con los gobiernos anteriores y presentar una política sustancialmente más dura contra el crimen organizado.

Reforma constitucional abre una nueva controversia

La columna también aborda uno de los aspectos más polémicos de la ofensiva de seguridad: el borrador de reforma constitucional que proponía restringir prestaciones sociales para personas condenadas por terrorismo y crimen organizado.

El texto conocido inicialmente incluía restricciones relacionadas con salud, educación, trabajo y seguridad social durante el cumplimiento de la condena y hasta 15 años después.

La propuesta provocó cuestionamientos incluso fuera de la oposición. Matamala recuerda las advertencias del senador Matías Walker y de los exministros de Salud Enrique Paris y Karla Rubilar respecto de los efectos sanitarios que podría tener impedir o restringir determinadas prestaciones médicas.

La controversia obligó posteriormente al propio Presidente Kast a precisar que su Gobierno no pretende dejar sin atención de salud a los reclusos, afirmando que seguirán recibiendo prestaciones esenciales.

Este episodio revela además una de las dificultades que enfrenta la nueva agenda: transformar anuncios políticamente impactantes en normas jurídicamente aplicables y compatibles con las obligaciones del Estado.

Seguridad: entre la señal política y los resultados

El debate planteado por Matamala va más allá de un traslado de presos o de una reforma constitucional.

El problema de fondo es determinar cuánto de la actual ofensiva gubernamental representa un cambio estructural en la lucha contra el crimen organizado y cuánto corresponde a una estrategia destinada a instalar la percepción de que “la mano cambió”.

El Gobierno sostiene precisamente esa tesis y ha buscado diferenciar su política de seguridad de la administración anterior mediante nuevos operativos, proyectos legislativos y una presencia pública mucho más visible del Presidente y de sus ministros.

Pero la efectividad de una política de seguridad no puede evaluarse solamente a partir de cadenas nacionales, imágenes de drones, uniformes penitenciarios o traslados transmitidos por televisión.

El verdadero examen estará en los resultados: reducción sostenida de homicidios, desarticulación financiera de organizaciones criminales, disminución de secuestros y sicariatos, mayor control penitenciario, persecución del lavado de activos y recuperación efectiva de territorios dominados por bandas.

Es allí donde, más allá de la batalla comunicacional, deberá demostrarse si la nueva estrategia constituye realmente un cambio estructural o si, como sentencia Matamala, detrás de una puesta en escena políticamente potente existe finalmente «puro humo».

Primero fue la CPC. Ahora es el Gobierno de José Antonio Kast.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, ha planteado que el actual sistema de indemnización por años de servicio debería ser “progresivamente reemplazado” por una indemnización a todo evento, argumentando que el régimen vigente constituye un costo para la contratación y dificulta la movilidad laboral.

Y ahora el Gobierno avanza en la misma dirección: estudia una fórmula que permitiría acumular aproximadamente medio sueldo por cada año trabajado, mediante un fondo de indemnización a todo evento. Para quien permanezca muchos años en una misma empresa, ello podría significar recibir bastante menos que bajo el régimen actual cuando corresponde la indemnización legal.

Lo presentan bajo una palabra que conocemos demasiado bien: “modernización”.

Pero los trabajadores chilenos ya conocen esta historia.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la legislación laboral terminó con el régimen general que permitía indemnizaciones sin el actual límite de años. Hoy la regla general establece un mes de remuneración por cada año de servicio, con un máximo de 11 años —330 días—. Solo subsiste una excepción histórica para trabajadores contratados antes del 14 de agosto de 1981, cuyo contrato seguía vigente al 1 de diciembre de 1990: ellos conservan el derecho a indemnización sin ese límite cuando concurren las condiciones legales.

Es decir, lo que alguna vez fue un derecho sin tope ya fue recortado hace décadas.

¿Y ahora quieren volver a correr el cerco?

La explicación vuelve a ser la misma: bajar el “costo laboral” para generar empleo.

Curiosamente, cuando se trata de los grandes grupos económicos, la receta también consiste en bajarles sus costos.

La megarreforma económica y tributaria impulsada por Kast contempla reducir gradualmente el Impuesto de Primera Categoría de las grandes empresas desde 27% a 23%.

Y aquí aparece un dato que debiera conocer todo Chile: un informe del propio Ministerio de Hacienda concluyó que por cada punto porcentual que se rebaja ese impuesto, el 79,1% del beneficio derivado de la menor recaudación termina favoreciendo al 1% de contribuyentes de mayores ingresos. Incluso, prácticamente la mitad beneficia al 0,01% más rico.

La oposición ha cifrado el costo global de la megarreforma en torno a US$4.500 millones anuales, mientras que el informe financiero del proyecto calculó que el costo fiscal neto de sus medidas alcanzaría un máximo aproximado de 0,71% del PIB, unos US$3.215 millones, según la estimación publicada durante su tramitación. No son exactamente la misma cifra ni miden necesariamente lo mismo, por eso corresponde distinguirlas.

Entonces la pregunta política es inevitable:

¿Por qué para crear empleo siempre hay que disminuir impuestos al gran capital y flexibilizar derechos de quienes viven de su sueldo?

¿Por qué nunca se comienza por salarios más dignos, capacitación, innovación, productividad, inversión pública y mejores condiciones laborales?

El trabajador ya financia su cesantía mediante un sistema de seguro. La indemnización por años de servicio cumple otra función: reconoce la antigüedad y entrega una protección económica frente a determinadas formas de término del contrato.

Transformar un derecho equivalente actualmente a un sueldo por año, cuando legalmente corresponde, en un mecanismo que acumule aproximadamente medio sueldo por año puede llamarse “a todo evento”, “modernización” o “movilidad laboral”.

Pero las palabras bonitas no deben impedir mirar quién gana y quién pierde con el cambio.

Chile ya corrió el cerco laboral una vez durante la dictadura, reduciendo derechos que generaciones anteriores tuvieron.

No corresponde que, más de cuatro décadas después, el supuesto camino hacia el crecimiento vuelva a consistir en correr ese cerco hacia el mismo lado:

El caso vuelve a poner en discusión no solo la responsabilidad individual de los funcionarios, sino también la eficacia de los controles internos, las profundas diferencias de trato y remuneraciones dentro de la institución y las condiciones laborales que enfrenta el personal de menor rango.
La noticia conocida hoy desde Curanilahue es grave. Dos funcionarios fueron dados de baja y formalizados luego de que, según los antecedentes expuestos por Fiscalía, durante una fiscalización habrían encontrado droga, omitido el procedimiento correspondiente y posteriormente destruido la sustancia. Todo habría quedado registrado en sus cámaras corporales.

Que se investigue, que se sancione y que quienes traicionen su función respondan ante la justicia. En eso no puede haber relativizaciones.

Pero una democracia seria tampoco puede conformarse con identificar a dos responsables y cerrar el caso. Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo dentro de Carabineros de Chile, cómo están funcionando sus controles internos y cuáles son las condiciones laborales de quienes están todos los días en la calle.

Porque la corrupción policial jamás puede justificarse por un sueldo bajo, pero las condiciones laborales, la precariedad, el agotamiento y las desigualdades internas sí son factores institucionales que una política seria de prevención de la corrupción debe observar.

Hoy las cifras disponibles muestran una diferencia que merece discusión: un carabinero se sitúa en torno a los $829 mil líquidos, un cabo segundo alrededor de $1,03 millones, mientras un teniente llega aproximadamente a $1,8 millones líquidos. Y no estamos comparando responsabilidades abstractas: hablamos muchas veces del funcionario que patrulla de madrugada, concurre a procedimientos violentos, trabaja fines de semana, enfrenta dobles turnos, recibe insultos, agresiones y expone diariamente su integridad física.

En el mercado privado, un guardia de seguridad recibe en promedio alrededor de $594 mil mensuales, y existen faenas y sistemas de turnos donde las remuneraciones se acercan o incluso superan los $700 mil. La diferencia respecto del ingreso inicial de quien porta uniforme, armamento, facultades policiales y una enorme responsabilidad pública no parece proporcional a la exigencia de la función.

A esto se suma otro problema que pocas veces se discute públicamente: Carabineros mantiene dos carreras profundamente diferenciadas. Los oficiales pertenecen al Personal de Nombramiento Supremo y carabineros, cabos y suboficiales al Personal de Nombramiento Institucional. No solamente existen diferencias salariales; también existen procedimientos distintos para nombramientos, ascensos, calificaciones y retiros.

Por eso el debate no puede limitarse a “apoyamos” o “no apoyamos” a Carabineros.
Apoyar verdaderamente a Carabineros significa también preguntarse por el carabinero que lleva años haciendo calle, por el cabo que trabaja turnos extenuantes, por las denuncias de malos tratos jerárquicos, por la sobrecarga laboral, por la salud mental del personal y por una estructura institucional donde las consecuencias administrativas no siempre se viven de la misma manera en todos los escalafones.

Y sobre todo significa fortalecer Asuntos Internos, las cámaras corporales, la trazabilidad de los procedimientos, la fiscalización patrimonial y los mecanismos independientes de denuncia, para que ningún funcionario pueda creer que un procedimiento policial puede negociarse, ocultarse o destruirse.

La noticia de Curanilahue, además, obliga a mirar más allá de este episodio. Cuando aparecen investigaciones sucesivas relacionadas con funcionarios policiales, debemos preguntarnos si estamos frente únicamente a conductas individuales o ante señales que requieren una revisión institucional más profunda.

Donde manda el dinero y desaparece la fiscalización, la corrupción encuentra terreno fértil.

Por eso necesitamos dos cosas al mismo tiempo: mano firme contra la corrupción dentro de Carabineros y condiciones laborales dignas para quienes cumplen correctamente su deber.
No se fortalece una policía escondiendo sus problemas.

Se fortalece enfrentándolos.

Carabineros de Chile necesita recuperar y proteger algo mucho más importante que cualquier uniforme: la confianza de la ciudadanía y la confianza de sus propios funcionarios.

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La última encuesta Criteria muestra que el Presidente José Antonio Kast Al comparar estas cifras con la primera medición realizada tras asumir el Gobierno en marzo, se observa un cambio significativo: la desaprobación aumentó 25 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 11 puntos.

La evolución de las encuestas de Criteria, utilizando la misma pregunta sobre la conducción del Gobierno, permite observar cómo ha cambiado la evaluación ciudadana durante los primeros cinco meses de la administración Kast.

ASÍ HA EVOLUCIONADO LA EVALUACIÓN DEL PRESIDENTE

15 de marzo:
Aprueba: 46%
Desaprueba: 30%

Una de las primeras mediciones después de asumir mostraba al Presidente con una diferencia favorable de 16 puntos entre aprobación y desaprobación.

22 de marzo:
Aprueba: 50%
Desaprueba: 37%

Fue el punto más alto de aprobación registrado hasta ahora por Criteria durante su gobierno.

29 de marzo:
Aprueba: 43%
Desaprueba: 47%

Por primera vez desde que asumió, la desaprobación superó a la aprobación.

12 de abril:
Aprueba: 36%
Desaprueba: 49%

26 de abril:
Aprueba: 38%
Desaprueba: 49%

17 de mayo:
Aprueba: 38%
Desaprueba: 53%

31 de mayo:
Aprueba: 36%
Desaprueba: 53%

7 de junio:
Aprueba: 40%
Desaprueba: 47%

Fue uno de los principales repuntes registrados después de las caídas de abril y mayo.

28 de junio:
Aprueba: 39%
Desaprueba: 51%

12 de julio:
Aprueba: 32%
Desaprueba: 55%

Aquí Kast alcanzó su menor aprobación desde el inicio de su mandato, según Criteria.

26 de julio:
Aprueba: 36%
Desaprueba: 54%

2 de agosto:
Aprueba: 34%
Desaprueba: 55%

9 de agosto:
Aprueba: 35%
Desaprueba: 52%

16 DE AGOSTO — ÚLTIMA MEDICIÓN

Aprueba: 35%
Desaprueba: 55%
No sabe/no responde: 10%

La desaprobación aumentó tres puntos respecto de la semana anterior y volvió al 55%, mientras la aprobación se mantuvo en 35%. La diferencia entre quienes desaprueban y quienes aprueban es ahora de 20 puntos porcentuales.

EL COMPARADO DESDE MARZO

Al comenzar su gobierno:

46% aprobaba — 30% desaprobaba.

Cinco meses después:

35% aprueba — 55% desaprueba.

Esto significa que, entre la primera medición de Criteria del nuevo gobierno y la actual:

La aprobación cayó 11 puntos: 46% → 35%. La desaprobación aumentó 25 puntos: 30% → 55%.
Kast pasó de tener un saldo favorable de +16 puntos en marzo a un saldo negativo de -20 puntos en agosto.

En otras palabras, la relación entre aprobación y desaprobación experimentó un giro de 36 puntos porcentuales desde el comienzo de su administración.

La fotografía que entrega Criteria muestra así un cambio importante respecto de las primeras semanas del Gobierno: mientras en marzo eran claramente más quienes aprobaban que quienes desaprobaban, actualmente ocurre exactamente lo contrario.

Fuente: Agenda Criteria, mediciones marzo-agosto de 2026; última encuesta publicada el 16 de agosto de 2026.

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El senador Alfonso de Urresti (PS), uno de los impulsores de la impugnación ambiental, calificó el resultado como relevante porque, a su juicio, evita un retroceso en materia ambiental.

¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO EN PALABRAS SIMPLES?

La denominada megarreforma de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, una de las principales iniciativas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, contiene numerosas modificaciones económicas, tributarias y ambientales.

Una de las disposiciones más controvertidas establecía que determinadas empresas podían obtener una indemnización pagada por el Estado si la justicia anulaba su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), es decir, el permiso ambiental necesario para desarrollar numerosos proyectos de inversión.

La oposición cuestionó esa norma ante el Tribunal Constitucional argumentando, entre otras razones, que establecía un régimen privilegiado para esos inversionistas y podía afectar principios relacionados con la responsabilidad del Estado, la igualdad ante la ley y la protección del medioambiente.

¿QUÉ RESOLVIÓ EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?

El TC declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13 de la reforma, que establecían este sistema de indemnización por la anulación judicial de una RCA. En consecuencia, esas disposiciones no podrán formar parte de la ley en los términos aprobados por el Congreso.

El Tribunal también intervino otro de los puntos más discutidos: la llamada invariabilidad tributaria.

En términos sencillos, este mecanismo busca garantizar a determinados grandes proyectos de inversión que ciertas condiciones tributarias permanezcan sin cambios durante períodos prolongados. La fórmula aprobada en el Senado contemplaba plazos de 10, 15 y hasta 20 años, dependiendo del monto de la inversión.

El TC no eliminó completamente este mecanismo, pero acogió parcialmente los requerimientos y declaró inconstitucionales algunas disposiciones que ampliaban su aplicación. Por ello, el núcleo de la invariabilidad tributaria continúa, aunque más acotado.

TAMBIÉN HUBO UNA DECISIÓN SOBRE LA SALMONICULTURA

El Tribunal declaró además inconstitucional parte de las normas que permitían las denominadas “micro-relocalizaciones” de concesiones de acuicultura, mecanismo mediante el cual determinadas concesiones podían desplazarse sin ingresar nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en los términos contemplados por la reforma.

¿QUÉ DIJO EL SENADOR ALFONSO DE URRESTI?

En entrevista con El Dínamo, el senador socialista Alfonso de Urresti —quien coordinó la presentación contra las normas ambientales— sostuvo que la decisión es importante porque “evita un retroceso en materia ambiental”.

Según el parlamentario, la indemnización propuesta creaba una figura nueva que alteraba el régimen general de responsabilidad del Estado y entregaba un tratamiento especial a determinados proyectos. También señaló que durante la discusión existieron críticas provenientes tanto de organizaciones ambientales como de sectores empresariales.

Respecto de la invariabilidad tributaria, De Urresti reconoció que habría preferido un fallo más amplio. A su juicio, asegurar por largos períodos determinadas reglas tributarias podría restringir las decisiones de futuros gobiernos y Congresos. Sin embargo, esa es la posición política del senador: el TC no eliminó el mecanismo y buena parte de su estructura permanece vigente.

EL GOBIERNO TAMBIÉN REIVINDICA EL RESULTADO

El Ejecutivo hace una lectura distinta. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que el TC mantuvo en gran medida la invariabilidad tributaria, considerada por el Gobierno una herramienta fundamental para entregar certeza a los grandes inversionistas y estimular nuevas inversiones.

Por eso, el resultado ha generado una situación poco habitual: tanto Gobierno como oposición destacan partes diferentes del mismo pronunciamiento. La oposición celebra la eliminación de las indemnizaciones ambientales y las restricciones introducidas a otras normas; el Gobierno destaca que el corazón de su mecanismo de invariabilidad tributaria sobrevivió al examen constitucional.

¿QUÉ VIENE AHORA?

De Urresti anticipó que el próximo gran enfrentamiento legislativo será la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno. El senador llamó a que esa discusión tenga mayor diálogo entre oficialismo y oposición y sostuvo que la centroizquierda deberá llegar con propuestas propias.

En definitiva, el Tribunal Constitucional no derribó la megarreforma, pero sí eliminó o restringió algunas de sus disposiciones más controvertidas, especialmente en materia ambiental. Los fundamentos jurídicos completos del fallo serán fundamentales para conocer exactamente el alcance definitivo de la decisión.

Fuentes: Tribunal Constitucional; El Dínamo; La Tercera; Radio Universidad de Chile.

#Chile #Megarreforma #TribunalConstitucional #MedioAmbiente #RCA #InvariabilidadTributaria #Política #Congreso

La Fiscalía acusa a Rubén Rojo Maturana, exdirector del Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (Cicitem) de Antofagasta, de haber realizado entre 2022 y 2025 más de 300 transferencias desde cuentas institucionales hacia cuentas personales, por una suma cercana a los $729 millones. Además, la investigación señala un eventual uso de tarjetas institucionales para gastos particulares, incluso en casinos. El tribunal decretó su prisión preventiva mientras continúa una investigación que tendrá un plazo inicial de 90 días.
Y aquí aparece una pregunta que trasciende este caso particular:
¿Cuántas veces hemos visto autoridades, directivos o funcionarios que olvidan que los recursos públicos no tienen dueño particular, sino que pertenecen a todos los chilenos?
Cada peso que eventualmente se desvía de su objetivo original es dinero que deja de estar disponible para investigación, salud, educación, seguridad, infraestructura o necesidades sociales.
El servicio público no puede transformarse en una oportunidad de enriquecimiento, privilegio o aprovechamiento personal.
Porque detrás de cada caso de esta naturaleza no solamente hay una posible responsabilidad penal. También existe un daño mucho más profundo: la destrucción de la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Quienes administran recursos fiscales deberían entender algo muy simple:
el Estado no es una caja pagadora personal, no es un botín y tampoco una oportunidad para hacer negocios privados.
Los cargos públicos son para servir, no para servirse.
Y cuando alguien cruza esa línea, la investigación debe llegar hasta el final, determinar responsabilidades y, si corresponde, recuperar hasta el último peso del patrimonio público.
Porque el descaro con recursos fiscales siempre termina siendo pagado por los mismos: los ciudadanos.
Nota: se trata de una investigación penal en curso. Las imputaciones corresponden al Ministerio Público y no constituyen una condena mientras no exista una sentencia judicial firme.

La paradoja resulta difícil de ignorar: una de las funciones de un delegado presidencial provincial es precisamente vigilar los bienes del Estado, impedir su ocupación ilegal y exigir su restitución cuando corresponda.
Es decir, se nombró para proteger bienes fiscales a una autoridad que, según Contraloría, ocupaba ilegalmente uno de ellos.
Y el problema ya no parece reducirse a un nombre.
En menos de cinco meses, decenas de ministros, subsecretarios y seremis han dejado sus cargos, han sido removidos o ni siquiera alcanzaron a asumir. Ya en abril se advertía públicamente que varios nombramientos daban cuenta de fallas en la revisión de antecedentes.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Quién revisa los antecedentes antes de entregar cargos de responsabilidad pública?
Porque llenar rápidamente los cupos del Estado no es gobernar con sentido de urgencia. La verdadera urgencia exige seleccionar personas idóneas, revisar sus antecedentes y evitar que sea Contraloría, la prensa o una denuncia posterior la que termine haciendo el filtro que debió realizarse antes del nombramiento.
Se presentó como un “gobierno de emergencia”, pero el suma y sigue de designaciones fallidas comienza a proyectar otra imagen:
un gobierno donde la improvisación parece correr más rápido que la selección de sus propias autoridades.
Y cuando quienes prometían poner orden deben comenzar ordenando su propia casa, el problema deja de ser anecdótico y pasa a ser político