Categoría: Actualidad

La vida cotidiana en el campo de la Región de Aysén depende en gran medida del soporte técnico y financiero del INDAP. Sin embargo, la reciente Jornada de Alineamiento Estratégico del instituto, clave para definir el rumbo de la pequeña agricultura entre 2026 y 2030, se realizó en Puerto Montt, lejos de las necesidades y la voz de los productores patagónicos.

El objetivo declarado por el INDAP es fortalecer la presencia territorial y avanzar en la implementación de esta estrategia que abarca desde Ñuble hasta Magallanes. No obstante, tomar decisiones que afectan los servicios y el desarrollo de los agricultores de la zona más austral del país sin generar instancias de participación local en Aysén plantea una contradicción entre el discurso territorial y la práctica institucional.

La planificación cubre un período crucial (2026-2030) para el mundo rural, pero la información disponible solo detalla el objetivo general del encuentro, sin especificar de qué manera se abordarán los problemas concretos de conectividad, acceso a insumos o comercialización que enfrentan a diario los habitantes de la región.

Es llamativo que una estrategia que pretende abarcar hasta Magallanes se alinee en una ciudad del norte de la macrozona sur, omitiendo la visión de quienes viven en el extremo. Esta omisión deja en evidencia que las prioridades para el mundo rural patagónico aún no se definen desde el territorio mismo, sino desde oficinas a cientos de kilómetros de distancia.

Lo que falta resolver es cómo se traducirá este alineamiento en mejoras reales para la seguridad alimentaria y los derechos de los campesinos de Aysén. Sin una hoja de ruta clara y con participación vinculante de la comunidad local, la promesa de fortalecer la presencia territorial corre el riesgo de quedar en un anuncio vacío, mientras la información completa sobre estos cambios se deriva a medios externos de otras regiones, según se mencionó en Diario Regional Aysén.

La circulación de las artes escénicas desde la periferia hacia el centro del país tiene un impacto directo en la visibilidad y el derecho a la cultura de los habitantes de las regiones. En este marco, la Compañía Teatro Huevo, junto a la Agrupación Cultural Tehú, llevó la obra ‘El País de las Maravillas’ a FAMFEST 2026 en Santiago. Esta creación escénica, que reimagina el universo de Alicia situando su viaje en la Región de Aysén, incorpora el patrimonio natural y cultural de la Patagonia, llevando la identidad territorial a un escenario nacional como el Teatro Mori Recoleta.

Antes de dar el salto a la capital, la comunidad local de Coyhaique pudo reencontrarse con la obra en dos funciones en el Centro Cultural de Coyhaique. Este arraigo previo es fundamental, pues recuerda que la creación artística regional nace y se alimenta del territorio y sus habitantes. Sin embargo, para que esta identidad patagónica cruce la geografía y llegue a Santiago, fue indispensable el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, a través de la Asignación Directa del FNDR 2026.

La participación en el festival no solo significó un logro artístico, sino una oportunidad concreta para ampliar redes de colaboración y difundir el trabajo de la compañía. Carlos Galdames, actor y productor de Teatro Huevo, destacó que llegar a FAMFEST permitió ‘compartir nuestro imaginario territorial con otros públicos y reafirmar que desde la Patagonia también se crean propuestas escénicas con identidad, calidad y proyección’.

La recepción del público santiaguino confirmó la conexión con los elementos identitarios de Aysén. Sol Inzunza, directora artística de la compañía, relató que quienes no conocían la región agradecieron la experiencia del viaje, mientras que quienes la habían visitado recordaron su diversidad patrimonial. ‘El teatro es un canal para reconocernos como seres vivientes’, subrayó, evidenciando cómo la cultura regional puede conmovilizar y dialogar con audiencias diversas en el centro del país.

El proyecto contó con el respaldo de una red de actores locales y privados, como la Agrupación Cultural Tehú, el Centro Cultural de Coyhaique, Transportes Jars, Estudio Uranio, Espacio Checoslovaquia, Vía Austral, Diario El Divisadero y la propia comunidad regional. Este entramado de apoyo fue crucial para que la compañía consolidara su trayectoria, que ya incluye circulación por ciudades como Coyhaique, Puerto Montt, Valdivia y Santiago.

Pese a este exitoso recorrido, la experiencia de Teatro Huevo deja al descubierto una deuda estructural: la sostenibilidad de las artes escénicas regionales sigue dependiendo de asignaciones directas del Gobierno Regional y de la invitación a festivales, sin que el texto evidencie políticas estables y permanentes que garanticen la circulación continua de la cultura aysenina. Lo que falta es un financiamiento basal que permita a las compañías del sur austral proyectarse más allá de la gestión anual, asegurando que el derecho a crear y difundir la identidad patagónica no dependa de la discrecionalidad de los fondos regionales, según se mencionó en El Divisadero.

Guillermo Eugenio Schmidt Godoy llevó ese juramento hasta sus últimas consecuencias.

Tenía apenas 23 años, era carabinero de la Cuarta Comisaría de Antofagasta, estaba casado y era padre de tres hijos. El 11 de septiembre de 1973, mientras el golpe de Estado destruía el orden constitucional, Schmidt llegó a su unidad sabiendo que su posición política y su lealtad al gobierno legítimamente constituido lo convertían en un hombre marcado.

Al ingresar a la comisaría le quitaron su arma de servicio. Fue insultado, amenazado y conducido ante sus superiores. Allí se encontraban tres obreros detenidos y heridos, capturados durante la represión desatada en la ciudad.

Según los testimonios conocidos posteriormente, sus superiores le ofrecieron una salida: si asesinaba a aquellos trabajadores indefensos, le perdonarían la vida. Si se negaba, él también moriría.

Era una orden criminal. Una prueba destinada a obligarlo a traicionar sus convicciones, su uniforme y el juramento que había prestado.

Guillermo Schmidt respondió:

“Yo no mato trabajadores”.

Cuando volvieron a presionarlo, recordó que había jurado defender la patria y respetar la Constitución. Comprendía que la patria no era una junta militar ni un grupo de oficiales sublevados. La patria eran sus habitantes: aquellos obreros heridos, sus familias y todo un pueblo que debía ser protegido, no convertido en enemigo.

Schmidt llevaba oculta un arma que no había sido descubierta cuando le retiraron su revólver de servicio. Rodeado por hombres armados y sabiendo que probablemente no saldría con vida, tomó una decisión extrema: disparó contra los dos oficiales que pretendían obligarlo a ejecutar a los prisioneros. Ambos murieron.

Entonces comenzó la balacera.

Guillermo cayó herido. Fue golpeado brutalmente en la cabeza y recibió disparos en los pies para impedirle avanzar. Ensangrentado, todavía intentó arrastrarse hacia el cuarto de armas, pero perdió el conocimiento.

Después fue sometido a interrogatorios y torturas para que revelara los nombres de otros carabineros vinculados a la resistencia contra el golpe. No delató a sus compañeros.

El 12 de septiembre fue ejecutado. La versión difundida por las nuevas autoridades sostuvo que había sido condenado a muerte por un Consejo de Guerra. Sin embargo, el Informe Rettig, al que nunca se remitió la causa judicial, concluyó que no existe certeza de que ese consejo de guerra se haya realizado efectivamente, que Schmidt no contó con la asistencia de un abogado y que, por lo mismo, fue ejecutado sin un proceso regular, al margen del derecho y de la justicia.

Antes de morir escribió una última carta a su madre. Le pidió que cuidara a sus nietos, que no lo olvidara y que le diera un beso a su hermano Eric. Firmó sencillamente:

“Te quiere, Willy”.

Guillermo Schmidt pudo obedecer y conservar su vida. Pudo disparar contra tres hombres indefensos y refugiarse después en la excusa tantas veces utilizada por los responsables de atrocidades: “Yo solamente cumplía órdenes”.

Pero no lo hizo.

Comprendió que ninguna jerarquía transforma un asesinato en un acto legítimo; que un uniforme no libera a nadie de su conciencia y que la obediencia termina allí donde comienza el crimen.

Su acción no fue una traición al juramento institucional: fue su cumplimiento más profundo. Mientras otros rompían la Constitución y volvían las armas del Estado contra su propio pueblo, él defendió la vida de quienes estaban bajo su custodia y entregó la suya en el intento.

Guillermo Eugenio Schmidt Godoy perdió la vida, pero conservó intactos su honor, sus principios y su humanidad.

Su historia nos recuerda que el verdadero heroísmo no consiste en obedecer al más poderoso, sino en tener el valor de decir “no” cuando obedecer significa asesinar.

Honor y memoria para Guillermo Schmidt, el carabinero que prefirió morir antes que convertirse en verdugo de su propio pueblo.

Mientras a millones de chilenos se les habla de austeridad, disciplina fiscal y cuidar cada peso, los registros oficiales de Mercado Público permiten hacerse una pregunta bastante sencilla: ¿el mismo estándar se está aplicando en La Moneda?

No hablamos de rumores ni de una imagen fabricada en redes sociales.

La Presidencia de la República emitió el 2 de septiembre una orden de compra por $153.000.000 para suministro de carne de cerdo y vacuno y otra por $63.750.000 para carne de aves. Ambas figuran como órdenes aceptadas y provienen de una licitación pública.

Y hay algo importante que decir para no engañar a nadie: esto no significa que alguien haya comprado $216 millones en carne para un asado de Fiestas Patrias.
Se trata de contratos de suministro, con productos entregados contra solicitud de pedido. La propia licitación señala que los alimentos están destinados a funcionarios de la institución y a actividades propias de Presidencia.
Pero eso no elimina el legítimo derecho ciudadano a preguntar cuánto se terminará gastando efectivamente, para cuántas personas, durante cuánto tiempo y cómo se compara este gasto con administraciones anteriores.
A ello se suma una compra de 100 banderas de escritorio, cuyo total asciende a $2.368.100, mediante trato directo. La orden fue emitida el 8 de septiembre y aparece aceptada en Mercado Público.
No se trata de afirmar que todo gasto público sea un despilfarro simplemente porque la cifra parece grande. Eso sería demasiado fácil.
La cuestión política es otra.
Cuando desde el poder se exige austeridad al Estado, esa austeridad tiene que comenzar precisamente por quienes administran el Estado.
Si se pide reducir gastos, eliminar programas, restringir contrataciones y hacer sacrificios porque supuestamente cada peso cuenta, entonces cada peso gastado por La Moneda también debe poder explicarse públicamente.
Porque la austeridad pierde toda credibilidad cuando se transforma en una exigencia hacia abajo y en una excepción hacia arriba.
Los documentos están disponibles públicamente.
Que cada ciudadano saque sus propias conclusiones.

La transparencia no consiste solamente en publicar una orden de compra. También consiste en explicar por qué se compra, cuánto se utiliza realmente y si el precio y la cantidad se justifican.

Y queda una pregunta que sería especialmente interesante responder:
¿Cuánto gastaba Presidencia en estos mismos suministros durante los gobiernos anteriores y cuánto está comprometiendo ahora?
Ahí podremos saber si estamos frente a un gasto normal de funcionamiento, a un aumento justificado o a una contradicción con el discurso de austeridad.

Porque para juzgar con justicia no basta una fotografía: hay que mirar la película completa.

Fuentes oficiales: Orden de $153 millones — Mercado Público· Orden de $63,75 millones — Mercado Público · Licitación de productos cárneos — Mercado Público· Orden de las banderas — Mercado Público

En septiembre de 1973, el teniente coronel Efraín Jaña Girón, jefe militar de Talca, quedó enfrentado precisamente a esa disyuntiva.

Los antecedentes históricos señalan que se resistió a aplicar la política de “mano dura” contra quienes habían apoyado al gobierno de Salvador Allende.

Cuando Sergio Arellano Stark llegó a Talca el 30 de septiembre, Jaña fue relevado de su mando, arrestado, sometido a Consejo de Guerra, encarcelado y torturado. El INDH lo identifica como uno de los altos mandos que se negó a la represión y posteriormente fue reconocido como víctima Valech.

¿Qué significa el honor militar cuando la obediencia exige atropellar al compatriota?

Jaña pudo haber elegido el camino más fácil: obedecer, conservar el grado, proteger su carrera y quedar del lado de quienes concentraban el poder y las armas. Pero resistirse significaba exponerse él mismo a la maquinaria represiva. Y eso fue precisamente lo que ocurrió.

Su historia recuerda una cuestión esencial: ningún uniforme transforma una orden criminal en una orden legítima.

La disciplina militar no puede convertirse en una renuncia a la conciencia ni en una autorización para torturar, asesinar o hacer desaparecer seres humanos.

Y Efraín Jaña no fue el único uniformado que sufrió por quedar al otro lado de quienes controlaban las Fuerzas Armadas.

El caso del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet Martínez, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, constituye uno de los episodios más dolorosos.

Fue detenido después del golpe y torturado por integrantes de su propia institución, incluidos antiguos subalternos.

Murió el 12 de marzo de 1974 mientras permanecía prisionero.
La Comisión Rettig concluyó que los malos tratos y torturas sufridos agravaron su enfermedad cardíaca y estuvieron vinculados a su muerte.

Décadas después, la justicia condenó a dos exoficiales de la FACH por los tormentos infligidos al general Bachelet.

Ahí aparece una de las contradicciones más terribles de nuestra historia: militares perseguidos, encarcelados y torturados por otros militares; camaradas convertidos en verdugos de sus propios camaradas.
Por eso recordar a Efraín Jaña no debería ser patrimonio exclusivo de una posición política. También permite preguntarnos qué entendemos por honor militar.
Porque el honor no consiste solamente en obedecer.

También consiste en reconocer que existe una frontera que ningún soldado debería cruzar.
Una orden puede provenir de un superior. Puede venir acompañada de amenazas, galones y armas. Pero si exige cometer un crimen, obedecerla no convierte el crimen en deber.

Efraín Jaña pagó un precio enorme por no actuar con la dureza que sus superiores exigían. Alberto Bachelet sufrió torturas provenientes de hombres de su propia Fuerza Aérea y murió prisionero.

Sus historias dejan una pregunta que sigue interpelándonos más de medio siglo después:
Cuando obedecer significa destruir la vida de otro ser humano, ¿dónde está el verdadero honor: en cumplir la orden o en tener el valor de negarse?

La historia también se construye con aquellos que, cuando todos parecían obligados a obedecer, se atrevieron a decir NO.

El pan se había vuelto insoportablemente caro. Malas cosechas y una profunda crisis económica golpeaban especialmente a campesinos y trabajadores urbanos.

El Estado estaba prácticamente quebrado y Luis XVI se vio obligado a convocar los Estados Generales.

Y allí comenzó algo extraordinario.
No solamente una revolución.
También nacieron dos palabras que todavía dividen políticamente al mundo: IZQUIERDA y DERECHA.
Durante los debates de la Asamblea Nacional sobre cuánto poder debía conservar Luis XVI, los revolucionarios contrarios a mantener una monarquía fuerte comenzaron a sentarse a la izquierda del presidente de la Asamblea.
Los defensores de una mayor autoridad del rey y del orden tradicional se agruparon a la derecha.
Primero fue simplemente geografía.

Después se convirtió en política
A un lado estaban quienes querían transformar profundamente el viejo orden. Al otro, quienes pretendían conservar una mayor parte de sus instituciones y de la autoridad monárquica.
Pero afuera de aquella sala había algo muchísimo más peligroso que cualquier discusión parlamentaria:
había hambre, desigualdad y rabia acumulada.
El Tercer Estado representaba aproximadamente al 98 % de la población francesa, aunque el sistema tradicional permitía que los otros dos estamentos —nobleza y clero— pudieran imponerse políticamente mediante la votación por órdenes.

Entonces la historia comenzó a acelerarse.

El Tercer Estado se declaró Asamblea Nacional.
Juró no dispersarse hasta darle una Constitución a Francia.
Y el 14 de julio de 1789, París estalló.
Miles salieron a las calles y la Bastilla cayó. Aquella fortaleza, símbolo de la arbitrariedad del poder real, se convirtió en el símbolo de una revolución que ya no podía detenerse.

Los privilegios feudales comenzaron a derrumbarse.
Y aquel rey que había convocado una asamblea intentando solucionar la crisis terminó siendo arrastrado por una revolución que acabó con su propia monarquía.

El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado.

No murió simplemente porque “la izquierda decidió matarlo”. Entre 1789 y 1793 ocurrieron la caída de la monarquía, la radicalización revolucionaria, guerras exteriores, la fallida huida del rey y finalmente su juicio y condena por alta traición. Esa precisión histórica importa.

Pero hay una enseñanza política que permanece abierta.

Cuando una sociedad permite que la riqueza, los privilegios y las oportunidades se concentren mientras una parte importante de su población siente que trabaja, paga y sobrevive sin esperanza de mejorar, el descontento puede dejar de ser silencioso.

Eso ocurrió en Francia.

Y entonces quienes parecían eternamente poderosos descubrieron algo que la historia ha demostrado muchas veces:
ningún privilegio es eterno cuando quienes sostienen una sociedad dejan de aceptar el orden que los mantiene abajo.
Han pasado 237 años.

Seguimos hablando de izquierda.

Seguimos hablando de derecha.

Seguimos discutiendo sobre riqueza,
impuestos, privilegios, desigualdad y poder.
Quizás por eso vale la pena recordar dónde comenzaron esas palabras.

Porque la historia no necesariamente se repite de la misma manera.
Pero a veces hace preguntas extraordinariamente parecidas

El 21 de septiembre de 1976, Orlando Letelier recorría Washington acompañado por Ronni Moffitt y Michael Moffitt. Una bomba previamente colocada bajo su automóvil explotó cuando transitaban por Sheridan Circle. Letelier murió y Ronni Moffitt falleció poco después; Michael Moffitt sobrevivió.
La investigación terminaría estableciendo la intervención de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y del agente estadounidense Michael Townley, además de la participación de exiliados cubanos anticastristas.
El crimen adquirió una dimensión extraordinaria. No se trataba únicamente del asesinato de un opositor chileno en el exilio. Letelier había sido ministro de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior durante el gobierno del presidente Salvador Allende y, después del golpe de Estado, había sido detenido y enviado a distintos centros de prisión política.
Tras recuperar su libertad y salir de Chile, se transformó en una de las voces internacionales más relevantes contra la dictadura.
Ese contexto es fundamental para comprender Laberinto.
Uno de sus autores, Eugene M. Propper, no reconstruyó el caso desde la distancia: fue el fiscal federal estadounidense encargado de dirigir la investigación.
Junto al periodista e historiador Taylor Branch, posteriormente ganador del Premio Pulitzer, convirtió aquella experiencia en una investigación de no ficción publicada originalmente en 1982.
El libro conduce al lector por una auténtica trama internacional: documentos falsos, agentes encubiertos, organismos de inteligencia, exiliados anticastristas, interrogatorios, pistas que atravesaban países y complejas relaciones diplomáticas. Poco a poco, las pesquisas fueron acercándose a la estructura que vinculaba el atentado con la DINA chilena.
Por eso el título Laberinto resulta especialmente apropiado. Investigar el asesinato significó internarse en una red donde se cruzaban justicia, espionaje, diplomacia, servicios secretos y razones de Estado.

La nueva edición adquiere además especial relevancia porque aparece en septiembre de 2026, exactamente medio siglo después del crimen. Editorial Crítica la publica con un prólogo de Juan Gabriel Valdés y recupera antecedentes conocidos después de la investigación original. Entre ellos figura un informe de la CIA de 1987 que sostuvo que existían pruebas convincentes de que Augusto Pinochet había ordenado personalmente la operación.

Valdés resume en su prólogo la trascendencia del atentado señalando que, aunque la dictadura cometió crímenes aún más crueles, ninguno resultó tan decisivo para su estabilidad política como la bomba detonada bajo el automóvil de Letelier en Washington.

Esa reflexión permite comprender por qué Laberinto sigue siendo necesario cincuenta años después.
No es únicamente un libro sobre Orlando Letelier.
Tampoco solamente sobre Ronni Moffitt.
Es una investigación acerca de lo que sucede cuando un aparato estatal decide que sus fronteras nacionales tampoco serán las fronteras de su represión.
Leerlo hoy significa volver sobre una pregunta que conserva plena vigencia: ¿hasta dónde puede llegar el poder cuando sus organismos de seguridad comienzan a actuar al margen de la ley y qué tan difícil resulta para la justicia reconstruir después ese laberinto?
A cincuenta años del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, esta reedición constituye una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan el caso no solamente desde la memoria política chilena, sino desde la propia investigación que permitió comenzar a desentrañar sus responsables.
Porque recordar a las víctimas también significa reconstruir los mecanismos que hicieron posible el crimen.

Zárate apunta al corazón del problema: Francisco Pérez Mackenna posee una enorme experiencia empresarial y comercial, pero política comercial no es lo mismo que política exterior.
El mundo de hoy exige comprender geopolítica, seguridad, soberanía, defensa, relaciones entre potencias y los delicados equilibrios entre Estados.
El propio programa resume las críticas al canciller precisamente en esos términos: experiencia comercial, pero debilidad frente a los desafíos propiamente políticos de las relaciones internacionales.

Y los hechos obligan a preguntarse si esa crítica tiene fundamento.

Estados Unidos impuso una sobretasa de 12,5% a una parte importante de las exportaciones chilenas; su embajador habló públicamente de aplicar en Chile la denominada “Doctrina Donroe” y llegó a afirmar que con el gobierno de Kast su implementación resultaba “muy fácil”. El canciller rechazó posteriormente que Chile hubiese aceptado semejante doctrina.

Con Argentina tampoco han faltado señales preocupantes. Un decreto argentino todavía describe el Estrecho de Magallanes como espacio de “control conjunto”; autoridades argentinas han hecho declaraciones que reabrieron la discusión y Javier Milei, estando en Chile, calificó de “zurdos mugrientos” a sectores de izquierda, ante lo cual el Presidente Kast optó por señalar que él no habría utilizado esas palabras, pero evitó condenarlas.

Entonces la pregunta de Matamala adquiere otra dimensión:
¿Quién defiende a Chile?
Pérez Mackenna fue durante casi tres décadas uno de los ejecutivos más importantes del Grupo Luksic. Esa trayectoria puede ser extraordinariamente útil para negociar inversiones, comercio y negocios internacionales.
Pero La Moneda no es Quiñenco y la Cancillería no es una gerencia corporativa.

El Presidente Kast todavía está a tiempo de corregir. Gabriel Boric modificó ministros, equipos y orientaciones cuando la realidad política se lo exigió.

Gobernar también consiste en reconocer cuándo una persona valiosa puede no ser la adecuada para determinado cargo.
Chile necesita una Cancillería capaz de conversar con Washington y Beijing, pero también de decir no cuando corresponda; de mantener una buena relación con Buenos Aires, pero sin un milímetro de ambigüedad respecto de nuestra soberanía.

Porque cuando los intereses permanentes del Estado están en juego, las amistades ideológicas, empresariales o personales deben quedar afuera.

Chile necesita socios. No tutores.

Necesita comercio. Pero también soberanía.
Y, sobre todo, necesita una respuesta clara a una pregunta elemental: ¿quién defiende a Chile?

Hay una parte de la transición que rara vez se cuenta completa.
Cuando Chile recuperó la democracia en 1990, la violencia política no desapareció de un día para otro.
El FPMR-A, el Movimiento Juvenil Lautaro y otras organizaciones continuaron realizando acciones armadas, asaltos, secuestros y ataques contra policías.
El asesinato de Jaime Guzmán en abril de 1991 terminó por convencer al gobierno de Patricio Aylwin de crear un organismo especial de inteligencia.
Así nació el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, más conocido como “La Oficina”.
No era la CNI. Tampoco era formalmente una policía secreta. Dependía del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y su función legal consistía en reunir inteligencia, coordinar a Carabineros e Investigaciones y contribuir a desarticular las organizaciones armadas.
Y aquí comienza una historia que incomoda tanto a la derecha como a parte de la izquierda.
Uno de sus principales integrantes fue el socialista Marcelo Schilling Rodríguez, antiguo miembro del GAP que había protegido al presidente Salvador Allende. Junto con él estuvieron figuras democratacristianas como Jorge Burgos y Mario Fernández, además de representantes de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. Es decir, La Oficina no fue “socialista” ni “democratacristiana”: fue un aparato de seguridad del Estado de la naciente Concertación.
Su objetivo era terminar con la violencia armada.
Y, en gran medida, lo consiguió.
Pero vale la pena mirar el precio.
15 de noviembre de 1990. Marco Ariel Antonioletti. Militante del Lautaro. Había sido rescatado violentamente desde el Hospital Sótero del Río en una operación en que murieron funcionarios del Estado. Un día después, Investigaciones lo localizó en Estación Central y lo mató.

La versión oficial habló de enfrentamiento; reconstrucciones posteriores sostuvieron que pudo tratarse de una ejecución. Este hecho ocurrió antes de que existiera formalmente La Oficina.

18 de diciembre de 1991. Enrique Torres Saravia, Ignacio Escobar Díaz y Sergio Valdés Valdés. Militantes del Lautaro interceptados después de un asalto bancario en Coquimbo. Murieron por disparos policiales. Testigos señalaron posteriormente que habrían sido baleados cuando estaban heridos y en el suelo.

22 de enero de 1992. Álex Muñoz Hofmann y Fabián López Luque. Militantes del FPMR-A. Después de un asalto frustrado huyeron hasta una vivienda en Ñuñoa, mantuvieron allí una familia retenida y fueron cercados durante horas.
Liberaron a los ocupantes. Después salieron. La policía sostuvo que hubo enfrentamiento; otras reconstrucciones afirman que pretendían entregarse y fueron acribillados. Ambos murieron.
Y luego vino Apoquindo.
21 de octubre de 1993.
Un grupo del Lautaro asalta un banco. Muere un vigilante. Durante la fuga los militantes entran a un microbús lleno de pasajeros. Un carabinero resulta mortalmente herido.
Entonces las policías disparan sobre el vehículo.
No diez veces.
No veinte.
El expediente llegó a registrar 162 impactos de bala.
Dentro del microbús murieron tres lautaristas y también tres ciudadanos que simplemente viajaban en locomoción colectiva. Doce personas quedaron heridas.
Para entonces Marcelo Schilling ya no estaba en La Oficina y el antiguo Consejo Coordinador incluso había sido reemplazado legalmente por la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.
Eso también debe decirse, porque investigar la historia no consiste en acomodarla a nuestras simpatías políticas.
Y ése es precisamente el punto.
No se trata de convertir a organizaciones armadas en víctimas inocentes. Hubo policías asesinados. Hubo vigilantes muertos. Hubo secuestros, armas, asaltos y violencia política que un Estado democrático tenía obligación de perseguir.
Pero una democracia se diferencia de aquello que combate precisamente en la manera en que ejerce la fuerza.
Un combatiente armado puede ser detenido.
Puede ser procesado.
Puede ser condenado.
Puede pasar décadas en prisión.
Lo que una democracia no debería admitir como “mal menor” es que alguien que puede ser detenido termine muerto en el suelo, acribillado al salir de una casa o dentro de un microbús con pasajeros.
Durante años escuchamos que la transición chilena necesitaba una “democracia protegida”.
Quizá todavía falta hacer la pregunta incómoda:
¿protegida de quién y a qué precio?
Porque después de 1990 también corrió sangre.
Sangre de policías.
Sangre de civiles.
Sangre de militantes armados.
Y cuando existen antecedentes que hacen sospechar que una persona pudo haber sido ejecutada después de ser reducida, la democracia no puede responder simplemente que era el precio necesario para consolidarse.
Los crímenes cometidos por organizaciones armadas deben llamarse crímenes.
Pero los eventuales crímenes cometidos desde el Estado tampoco pueden transformarse, por conveniencia histórica, en simples “procedimientos policiales”.
Tal vez ésa sea una de las últimas cuentas pendientes de nuestra transición:
terminamos con la dictadura para recuperar el Estado de Derecho. No para aceptar que, bajo una nueva bandera, algunos muertos fueran considerados necesarios para protegerlo.
Y una democracia que necesita olvidar sus muertos para explicar su éxito quizás todavía tiene una parte de su historia pendiente de juzgar.

En redes sociales vuelve a circular un relato que pretende presentar como una verdad definitivamente establecida que el MIR y el FPMR estuvieron detrás del 18-O y que organizaciones extranjeras planificaron la violencia y los incendios del Metro de Santiago.

Es una afirmación grave y, precisamente por su gravedad, debe someterse al mismo estándar que exigiríamos frente a cualquier acusación política: pruebas, no insinuaciones.

Hay hechos reales detrás de esta historia. En los dispositivos incautados en Colombia a Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, dirigente del ELN, fueron encontrados cerca de dos millones de archivos.

La revista Semana informó en 2021 que Uriel seguía con interés lo que ocurría en Chile y mantenía comunicaciones con contactos asociados al MIR y al FPMR.

También informó de un denominado “Plan Hermes”, que habría buscado expandir la influencia del ELN e infiltrar organizaciones vinculadas a movilizaciones sociales.

Eso merece ser investigado.
Pero una cosa es acreditar contactos, comunicaciones, intenciones o interés político y otra completamente distinta es demostrar autoría material, financiamiento, planificación o dirección de los acontecimientos del 18 de octubre de 2019.

Ahí está la principal debilidad del relato viral: convierte indicios en conclusiones.
Que Uriel hablara con determinadas personas no demuestra que el ELN organizara el estallido.

Que existiera un supuesto Plan Hermes no demuestra que ese plan se ejecutara exitosamente en Chile.

Que integrantes o contactos vinculados al MIR o FPMR conversaran con Uriel tampoco permite concluir que esas organizaciones planificaron los incendios del Metro. Y mucho menos demuestra que todo el movimiento social de 2019 haya sido diseñado desde el extranjero.

El propio gobierno chileno fue prudente cuando recibió esos antecedentes.

El entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que la información proveniente del extranjero era analizada, sin presentar públicamente esos antecedentes como prueba concluyente de la autoría del estallido.

También resulta problemática la afirmación viral de que “en 10 minutos 20 estaciones del Metro estaban totalmente incendiadas”. Los antecedentes disponibles indican que Metro terminó con 25 estaciones incendiadas, siete totalmente y 18 parcialmente, además de otras estaciones dañadas.

Por tanto, afirmar que 20 estaban “totalmente incendiadas” en diez minutos requiere una prueba específica que la publicación no entrega.

Y hay un antecedente todavía más importante: las investigaciones judiciales de los incendios se desarrollaron estación por estación y sobre personas concretas.

En algunas hubo imputados y pruebas específicas; en otras no fue posible identificar responsables. Por ejemplo, la Fiscalía investigó y acusó específicamente por el incendio de la estación Pedrero.

La investigación parlamentaria posterior también examinó los incendios, los sistemas de televigilancia y la actuación de los organismos de inteligencia.

Por eso, después de casi siete años, corresponde hacer una distinción fundamental: que todavía existan interrogantes sobre determinados episodios del 18-O no transforma una hipótesis en un hecho probado.

Chile tiene derecho a conocer toda la verdad. Si existen antecedentes de intervención extranjera, que se desclasifiquen cuando jurídicamente corresponda, que se entreguen al Ministerio Público, que se investiguen y que los tribunales determinen responsabilidades. Caiga quien caiga.

Pero buscar la verdad significa exactamente eso: investigar también aquello que contradice nuestras propias convicciones políticas.
Porque reemplazar una investigación por una publicación de Facebook, convertir comunicaciones en conspiración demostrada y presentar sospechas como sentencias no ayuda a esclarecer el 18-O: construye otro relato político sobre él.

La verdad no necesita exageraciones. Necesita pruebas.