Autor: Víctor Reyes

Y existe un antecedente demasiado reciente para ignorarlo. En junio de 2024, una instalación de la Armada Argentina en el Hito 1 de Tierra del Fuego dejó parte de sus paneles solares aproximadamente tres metros dentro de territorio chileno. Argentina reconoció oficialmente el error, presentó excusas y posteriormente retiró la estructura. Conviene precisar que este episodio no ocurrió en una base chilena en la Antártica, sino en la frontera austral de Tierra del Fuego.

La historia también aconseja prudencia. Chile y Argentina estuvieron peligrosamente cerca de un enfrentamiento armado en 1978 por el conflicto del canal Beagle y las islas Picton, Nueva y Lennox. La intervención de la Santa Sede, impulsada por el papa Juan Pablo II, abrió el camino de la mediación que permitió evitar la guerra. Finalmente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, estableció una solución definitiva para el diferendo austral y reafirmó el compromiso de ambos países de resolver sus controversias por medios pacíficos.

Por eso, defender una buena relación con Argentina no significa minimizar señales que afectan asuntos de soberanía. Chile y Argentina comparten miles de kilómetros de frontera, intereses antárticos, rutas marítimas estratégicas y una historia que demuestra cuánto se puede perder cuando la diplomacia llega demasiado tarde.

El Estrecho de Magallanes no es solo un territorio: es una llave bioceánica de enorme valor estratégico. La amistad entre los pueblos se fortalece con cooperación, pero también con fronteras claras, respeto a los tratados y una defensa inequívoca de la soberanía nacional.

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El gobierno ultraderechista de José Antonio Kast impulsa una reforma constitucional en materia de seguridad que crea un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.
La propuesta permitiría al Presidente decretarlo inicialmente por hasta 120 días y prorrogarlo por otros 120, otorgándole facultades extraordinarias.
Entre las medidas más delicadas están la posibilidad de restringir o suspender la libertad personal y de desplazamiento, limitar las reuniones y asociaciones, interceptar y registrar comunicaciones, requisar bienes y desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de Carabineros y la PDI.
La seguridad es una preocupación legítima y urgente, pero una modificación de esta magnitud también abre un debate fundamental: hasta dónde puede ampliarse el poder presidencial y restringirse derechos ciudadanos sin debilitar los contrapesos democráticos y el Estado de Derecho.
Y frente a todo esto, la respuesta presidencial parece resumirse en una frase: “No veo mayor problema

Parece que al Gobierno se le está mojando la pólvora.

La gran reforma constitucional presentada entre tambores, cámaras y palabras enormes —SEGURIDAD, CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO— necesita 29 votos en el Senado. Y, por ahora, simplemente no están.

Matías Walker ya fue bastante claro: “No cuenten con mi voto para esta locura”, advirtiendo incluso sobre una eventual “deriva autoritaria”. Karim Bianchi también señaló que, tal como está redactado el proyecto, lo rechazará. Miguel Ángel Calisto mantiene dudas y no ha comprometido su voto, mientras Pedro Araya ha levantado severos cuestionamientos al texto.

Incluso desde sectores oficialistas, como Luciano Cruz-Coke y Arturo Longton, han surgido reparos respecto de las facultades extraordinarias que se pretende entregar al Ejecutivo.

Y entonces aparece la gran pregunta:
¿Era realmente indispensable modificar la Constitución o estamos frente a otra gigantesca operación comunicacional?

Porque hasta el propio Walker ha dicho que el Gobierno sabe que no tiene los votos y ha calificado esta ofensiva como una operación destinada a mejorar su posición en las encuestas.

La receta, por cierto, ya la conocemos.
SEGURIDAD.
COMBATE A LA DELINCUENCIA.
CRIMEN ORGANIZADO.
INMIGRACIÓN IRREGULAR.
INCIVILIDADES.
ORDEN. MÁS ORDEN.
Y después, por si acaso, otro poquito de orden.
Son palabras que dieron excelentes réditos electorales.
Y parece que algunos descubrieron que, cuando una consigna funciona, lo mejor es seguir exprimiéndola hasta que no quede una gota.

El problema comienza cuando, detrás de la palabra “seguridad”, se pretende entregar al Presidente facultades excepcionales que podrían mantenerse hasta 240 días antes de requerir autorización del Congreso, con posibilidades de restringir libertades y derechos. Eso ya no es un eslogan de campaña: es una discusión seria sobre los límites del poder en democracia.

Y curiosamente, cuando empiezan a faltar los votos, aparece la posibilidad de bajar la urgencia.
Qué coincidencia.
Primero los fuegos artificiales.
Después los titulares.
Luego la épica.
Y finalmente, cuando llega la hora de contar senadores… la calculadora.
Tal vez Chile necesita menos política pirotécnica y bastante más seguridad efectiva: policías fortalecidas, inteligencia, persecución del dinero del narcotráfico, control fronterizo eficaz, fiscales con herramientas, cárceles que impidan que los delincuentes sigan dirigiendo organizaciones desde dentro y políticas públicas evaluables.
Porque combatir la delincuencia no exige firmar un cheque en blanco al poder político.

Miles de ciudadanos creyeron —y muchos todavía creen— que detrás de cada problema existe una solución sencilla, rápida y contundente.

Pero ya sabemos cómo terminan algunos cuentos:
primero aparece el miedo,
después alguien promete protegernos de todo,
y al final nos pide un poquito más de poder para poder hacerlo.
Cuidado con el cuento de Kast y el Lobo.
Porque a veces uno grita tantas veces “¡viene el lobo!” que termina olvidando mirar quién está aprovechando el miedo para quedarse con las llaves de la casa.

Chile ya conoció a los “cesantes ilustrados”. Durante la dictadura de Pinochet, miles de profesionales debieron aceptar empleos precarios o simplemente quedaron fuera del mercado laboral. En la crisis de 1982, el PIB cayó un 14,3% y la desocupación llegó al 23,7%; el régimen respondió con el PEM y el POJH, programas de emergencia caracterizados por salarios miserables y trabajos de subsistencia. Era el supuesto “milagro económico” mostrando su verdadero rostro. Memoria Chilena

Hoy la historia regresa, pero con una crueldad adicional: los nuevos cesantes ilustrados también están endeudados.

En el trimestre abril-junio de 2026 había 363.607 personas desocupadas con educación superior completa. Otras 1.509.267 estaban trabajando en labores inferiores o no correspondientes a sus calificaciones. En total, el 42,9% de la fuerza laboral con educación superior completa no logra aprovechar plenamente la formación adquirida, mientras el 79,9% de los nuevos empleos destinados a titulados corresponde a subempleo. Informe OCEC-UDP

No faltan profesionales: faltan empleos dignos y una economía capaz de aprovecharlos.

Detrás de cada cifra existe una familia que pagó matrículas y aranceles durante cinco, seis o más años; un joven que pidió un crédito creyendo que el título le permitiría devolverlo; y un profesional que descubre que el mercado laboral no le asegura siquiera trabajar en aquello que estudió.

Pensemos en una odontóloga. Después de financiar una de las carreras más largas y costosas, tiene dos caminos igualmente difíciles: emplearse en una clínica, muchas veces bajo metas comerciales, porcentajes variables o condiciones inestables, mientras paga su crédito universitario; o intentar independizarse, asumiendo el costo de un box, sillón dental, instrumental, radiología, esterilización, insumos, permisos y personal. El título no abre automáticamente una consulta: apenas entrega el derecho a comenzar otra carrera, ahora contra las deudas y la precariedad.

Algo parecido ocurre con arquitectos, constructores, periodistas, trabajadores sociales, docentes, ingenieros y profesionales sanitarios: años de estudio, costos millonarios y empleos temporales, subcontratados o completamente ajenos a su especialidad.

Sobre sus cabezas pende además la espada de Damocles del endeudamiento educativo. En 2026, la Tesorería intensificó el cobro coactivo del CAE, incluyendo retenciones, embargos y fondos depositados en cuentas bancarias. Aunque la ofensiva inicial fue anunciada para morosos con ingresos elevados y deudas superiores a ciertos montos, el mensaje social resulta brutal: el mercado puede negarte el trabajo profesional, pero el sistema financiero jamás olvida la deuda contraída para obtener el título. Tesorería General de la República

Esta es la desnudez de un gobierno de ultraderecha que llegó prometiendo seguridad y estabilidad económica, agitando una vez más el fantasma del comunismo. Mucho discurso sobre orden, mérito y crecimiento; poca seguridad para quien busca empleo, para quien trabaja por debajo de sus capacidades o para quien teme que una deuda educativa termine devorando sus ingresos.

El fenómeno trasciende Chile. Una nueva derecha se extiende por América Latina —Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador, Fujimori en Perú y otros proyectos conservadores en Paraguay, Bolivia, Colombia, Honduras y Costa Rica— prometiendo orden, mano dura y prosperidad. Sin embargo, el orden sin derechos laborales puede terminar siendo apenas disciplina para los trabajadores y libertad para los acreedores.

Los nuevos cesantes ilustrados tienen título, currículum y deuda, pero no seguridad económica. Les dijeron que estudiaran para progresar; estudiaron. Les dijeron que se endeudaran porque la educación era una inversión; se endeudaron. Ahora que no encuentran empleos acordes con su preparación, el mismo sistema los acusa de haber escogido mal, de no haberse esforzado suficientemente o de no saber emprender.

La verdad es otra: no fracasaron los profesionales; fracasó una economía que cobra por educarse, precariza el trabajo y después persigue la deuda que ella misma ayudó a producir.

El fantasma que recorre América Latina no es el comunismo. Es el del profesional endeudado, subempleado y con miedo al cobro: el nuevo cesante ilustrado con título en la pared y la deuda sentada a la mesa.

El cierre de la embajada chilena en Irán no puede leerse solamente como una decisión “administrativa” o de seguridad. En política exterior, los gestos importan, y mucho.
El Gobierno de Kast fortalece aceleradamente sus vínculos con Israel, reduce su presencia diplomática en Teherán y, al mismo tiempo, busca recomponer su relación con Washington en medio de la presión arancelaria de Estados Unidos sobre Chile.
La coincidencia es demasiado significativa como para no observarla.
No existe, hasta ahora, una prueba de que cerrar la embajada en Irán sea una moneda de cambio frente a Estados Unidos o un favor directo al Gobierno de Netanyahu. Pero sí existe una secuencia política clara: acercamiento a Israel, entendimiento estratégico con Washington y distanciamiento de uno de sus principales adversarios regionales.
La pregunta de fondo es otra: ¿está Chile comenzando a abandonar una política exterior autónoma para alinearse con el eje Washington–Israel, siguiendo una ruta semejante a la de Milei en Argentina?
Si ese es el camino, el Gobierno tiene el deber de explicarlo con transparencia. La política exterior chilena no puede transformarse silenciosamente en una cadena de señales destinadas a agradar a potencias extranjeras, menos aún esperando que la afinidad ideológica se traduzca automáticamente en ventajas económicas.
Porque Washington ya demostró algo elemental: la simpatía política no impide los aranceles.
Chile debe relacionarse con Estados Unidos, Israel, Palestina, Irán y el resto del mundo defendiendo sus propios intereses, sus principios y su independencia diplomática.
Una cosa es tener aliados.
Otra muy distinta es tener padrinos políticos.

La investigación por las presuntas irregularidades y eventuales delitos de corrupción en torno a las millonarias licitaciones de Junaeb acaba de entrar en una fase que podría resultar mucho más delicada de lo que hasta ahora conocemos.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, encabezada por Constanza Encina, consiguió autorización judicial para incautar los dispositivos electrónicos de Darío Calderón González, conocido en los círculos del poder como “el Conde Negro”, además de acceder a antecedentes bancarios.

Calderón aparece como imputado en la investigación y fue presidente de NutreChile, gremio que agrupa a empresas proveedoras de alimentación escolar.

¿Por qué este teléfono genera tanta inquietud?

Porque no estamos hablando de un actor cualquiera. Durante décadas, Calderón tejió una extensa red de relaciones en el mundo político, empresarial y judicial.

Registros públicos consignados por BioBioChile muestran más de un centenar de reuniones de lobby y vínculos con importantes empresarios y figuras públicas.

Su nombre incluso apareció mencionado en antecedentes relacionados con el denominado caso Hermosilla.

Por eso, desde el punto de vista investigativo, un teléfono celular puede transformarse en una verdadera radiografía de una red de poder.

Mensajes de WhatsApp, llamadas, correos, agendas, archivos, contactos y comunicaciones cruzadas pueden permitir a los investigadores reconstruir quién habló con quién, cuándo lo hizo y —si existe evidencia vinculada a los hechos investigados— qué gestiones pudieron realizarse alrededor de contratos públicos.

Aquí podría estar la auténtica “caja de Pandora”.

No porque pueda presumirse de antemano que todas las personas que aparecen en sus contactos hayan cometido algún delito —eso sería irresponsable—, sino porque el cruce entre sus comunicaciones, antecedentes bancarios y otros dispositivos incautados podría permitir a Fiscalía reconstruir redes de relaciones que hasta ahora permanecían invisibles.

Y el escenario es todavía mayor.
La investigación por Junaeb ya alcanzó al Congreso.
La PDI realizó diligencias en oficinas y domicilios relacionados con los senadores Miguel Ángel Calisto y Sergio Gahona, además de otros investigados.
La Fiscalía indaga eventuales delitos de cohecho, fraude al Fisco, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias vinculados a licitaciones del Programa de Alimentación Escolar.

En el caso de Calisto, además, fueron incautados un teléfono celular y un computador, mientras su defensa anunció acciones destinadas a limitar el análisis exclusivamente a antecedentes relacionados con esta investigación.
Por eso, probablemente lo verdaderamente trascendente recién comienza.

La clave ya no estará solamente en cada celular examinado individualmente, sino en el cruce de las comunicaciones entre todos los dispositivos incautados.

Si aparecen números repetidos, conversaciones coincidentes, intermediarios comunes, reuniones previamente coordinadas o movimientos económicos relacionados, Fiscalía podría comenzar a reconstruir un mapa mucho más amplio de relaciones.
Una investigación de corrupción funciona justamente así:
un mensaje conduce a un contacto; un contacto conduce a una reunión; una reunión puede conducir a una transferencia; y una transferencia puede conducir a una nueva arista investigativa.

El teléfono del llamado “Conde Negro” podría terminar siendo mucho más que una pieza de evidencia.
Podría convertirse en el hilo del cual comiencen a tirarse otras madejas del poder político y empresarial chileno.
Ahora deberá hablar la evidencia.
Porque cuando los teléfonos llegan a manos de los peritos, las redes que durante años permanecieron en la penumbra pueden comenzar, finalmente, a quedar al descubierto.

Todos los mencionados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme

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La investigación por las presuntas irregularidades y coimas en Junaeb comienza a mostrar conexiones que merecen una explicación pública.

Uno de los nombres centrales es Matías Pizarro O’Ryan, gerente general de Soser S.A., empresa cuyos ejecutivos están siendo investigados por la Fiscalía en una causa que indaga, entre otros eventuales delitos, cohecho, soborno, tráfico de influencias y lavado de activos.

La justicia autorizó diligencias sobre inmuebles vinculados a Pizarro, quien ha sido identificado como imputado en esta investigación.
¿Dónde aparece el senador Miguel Ángel Calisto?
Según antecedentes publicados por Fast Check CL, Pizarro figuró, al menos hasta 2024, como secretario de la Fundación Proyecto Futuro.
Y aquí aparece el punto políticamente relevante: Proyecto Futuro no es una organización ajena al entorno de Calisto. Su representante legal, Roland Cárcamo, ha sido señalado como exjefe de campaña del parlamentario, y la fundación difundía frecuentemente actividades del entonces diputado.

Pero existe un segundo elemento: la propia Fundación Proyecto Futuro aparece investigada en una causa por fraude al Fisco, según los antecedentes recopilados por Fast Check.
Así, el cuadro que hoy debe aclararse es el siguiente:
Matías Pizarro O’Ryan → gerente general de Soser S.A. → investigado en la trama Junaeb → secretario de Proyecto Futuro.
Proyecto Futuro → representada por Roland Cárcamo → exjefe de campaña de Calisto → fundación investigada por fraude al Fisco.
Miguel Ángel Calisto → su oficina parlamentaria fue allanada y su teléfono incautado en diligencias de la investigación Junaeb.

Esto no demuestra por sí solo la existencia de un delito ni permite afirmar responsabilidad penal de Calisto o de las demás personas involucradas.

Esa determinación corresponde exclusivamente a la Fiscalía y a los tribunales.
Pero políticamente la pregunta es inevitable:
¿Qué relación existió realmente entre Calisto, Proyecto Futuro, Roland Cárcamo y Matías Pizarro O’Ryan, y por qué estos nombres terminan apareciendo en investigaciones que hoy avanzan por caminos distintos pero vuelven a cruzarse?

No se trata de condenar anticipadamente. Se trata de transparencia, responsabilidad política y derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.

Los invito a leer completa la investigación de Fast Check CL. Los antecedentes que revela merecen ser conocidos y examinados con aten

El senador Miguel Ángel CALISTO acaba de realizar un movimiento que difícilmente puede pasar inadvertido: cambió al equipo de abogados que venía conduciendo su defensa y puso su estrategia penal en manos del abogado Nelson Salas Stevens, penalista con experiencia en causas de alta complejidad y litigios donde están en juego allanamientos, incautaciones y garantías fundamentales.
El cambio ocurre precisamente cuando dos investigaciones distintas comienzan a converger sobre una misma figura política: el senador Miguel Ángel Calisto.
Es importante hacer una distinción jurídica: se trata de causas diferentes, llevadas por fiscalías diferentes y respecto de hechos también diferentes. No corresponde mezclarlas como si fueran un único proceso.
Pero políticamente tampoco corresponde ignorar que ambas terminan situando al mismo parlamentario frente al sistema penal.
La primera causa está en Aysén y es por presunto fraude al Fisco.
Es una investigación que lleva años y que está encabezada por el fiscal regional Hernán Libedinsky. Según la tesis del Ministerio Público, se habría producido una utilización irregular de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias mediante contrataciones de asesorías, con un perjuicio fiscal superior a los $100 millones.
Esta causa ya alcanzó una etapa particularmente avanzada: la Fiscalía llegó a cerrar la investigación, presentar acusación y solicitar una pena superior a los 12 años de presidio, además de promover un nuevo desafuero.
La defensa consiguió posteriormente la reapertura del procedimiento para realizar nuevas diligencias y recurrió incluso al Tribunal Constitucional, logrando suspender temporalmente la causa.
Pero esa estrategia acaba de sufrir un revés importante.
El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por Calisto y, con ello, desapareció la suspensión que mantenía detenido el procedimiento.
¿Qué significa esto en términos simples?
Que la causa vuelve a caminar.
El fiscal Hernán Libedinsky podrá continuar las diligencias pendientes y, una vez concluidas, podría nuevamente cerrar la investigación, presentar acusación y activar un procedimiento destinado a obtener el desafuero del senador para llevarlo eventualmente a juicio.
Y precisamente cuando aquello ocurre, surge un segundo frente.
EL CASO JUNAEB.
Esta investigación es completamente distinta y se encuentra en una etapa mucho más inicial.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investiga eventuales irregularidades relacionadas con licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb y posibles delitos de fraude al Fisco, cohecho y tráfico de influencias.
En ese contexto la PDI realizó allanamientos e incautaciones en distintos puntos del país y llegó hasta las oficinas parlamentarias de los senadores Miguel Ángel Calisto y Sergio Gahona.
En el caso de Calisto se realizaron diligencias destinadas a obtener teléfonos, información electrónica y antecedentes financieros.
El senador ha señalado públicamente que no tiene participación alguna en estos hechos, que entregó voluntariamente su teléfono y antecedentes bancarios y que está interesado en que todo se esclarezca.
Y jurídicamente corresponde recordarlo: ser investigado no significa ser culpable. La responsabilidad penal solamente puede establecerla un tribunal después de un debido proceso.
Pero en política los hechos también deben leerse en su contexto.
Y el contexto hoy es evidente:
Calisto ya no enfrenta solamente una causa penal avanzada en Aysén.
Ahora aparece también vinculado a una segunda investigación de alta complejidad, dirigida desde Santiago, respecto de hechos completamente diferentes.
Es justamente en este escenario cuando se produce el cambio completo de estrategia jurídica y la llegada de un nuevo equipo de penalistas.
¿Es casualidad?
Puede ser.
¿Puede obedecer a que la situación judicial se ha vuelto sustancialmente más compleja?
También es una interpretación perfectamente razonable.
Porque una cosa era enfrentar exclusivamente la investigación de Aysén.
Otra muy distinta es enfrentar simultáneamente una causa que podría volver a caminar hacia una acusación y un desafuero, mientras una segunda Fiscalía comienza a revisar teléfonos, comunicaciones, documentos y antecedentes financieros en otra investigación penal.
Por eso el cambio de abogados no constituye una prueba de culpabilidad ni puede presentarse de esa manera.
Pero sí constituye una señal política y procesal que merece atención.
Cuando un parlamentario reemplaza a abogados de primer nivel y entrega su defensa a un nuevo equipo especializado en litigación penal precisamente cuando aumenta el número y complejidad de los frentes judiciales, es legítimo preguntarse si estamos frente al inicio de una nueva estrategia defensiva.
Dos causas.
Dos fiscalías.
Dos investigaciones independientes.
Pero un mismo nombre en el centro de ambas:
Miguel Ángel Calisto.
Ahora será la Justicia —y no la política ni las redes sociales— la que deberá determinar si existen responsabilidades penales.
Y en una democracia debe respetarse plenamente la presunción de inocencia.
Pero exactamente por la misma razón también debe permitirse que las investigaciones avancen, las evidencias sean examinadas y los tribunales resuelvan sin privilegios ni obstáculos indebidos derivados del poder político.
Porque el fuero parlamentario protege la función democrática.
No puede transformarse en impunidad.

Lo que está ocurriendo con el senador Miguel Ángel Calisto ya no puede analizarse como un episodio judicial aislado.

Hoy existen dos investigaciones penales distintas que tienen algo en común: el nombre del senador por Aysén.

La primera se tramita en el sur de Chile y nació de una denuncia anónima presentada en 2021.

La Fiscalía de Aysén, encabezada por Hernán Libedinsky, sostiene que entre 2018 y 2022 habría existido un mecanismo destinado a obtener irregularmente recursos fiscales mediante asesorías parlamentarias que, según la acusación del Ministerio Público, nunca se realizaron.

En esa causa están involucrados, entre otros, Carla Graf y Roland Cárcamo.

La Fiscalía llegó incluso a presentar acusación y solicitar 12 años de cárcel para Calisto, atribuyendo a la estructura investigada un perjuicio fiscal superior a $100 millones.
Pero la historia judicial ha estado llena de obstáculos.

Calisto fue desaforado cuando era diputado. La Corte de Apelaciones de Coyhaique autorizó la formación de causa y la Corte Suprema confirmó posteriormente esa decisión.
Sin embargo, pocos días después fue elegido senador.

Entonces ocurrió algo que el propio juez de Garantía de Coyhaique Mario Devaud calificó como “inédito en los anales de la República”: consideró que la elección como senador le había generado un nuevo fuero parlamentario y suspendió la causa.

La decisión duró poco.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique revocó por unanimidad esa resolución y ordenó continuar el procedimiento.

Después vino otro capítulo.

Cuando la Fiscalía cerró la investigación y presentó acusación, la justicia ordenó reabrirla durante 60 días para efectuar nuevas diligencias solicitadas por las defensas.

Posteriormente Calisto acudió al Tribunal Constitucional y consiguió suspender temporalmente el procedimiento.

Pero este 20 de agosto el TC declaró inadmisible su requerimiento.

Otro obstáculo desapareció.

Y mientras todo eso ocurría en la causa de Aysén, estalló en Santiago un caso muchísimo mayor.

EL ESCÁNDALO JUNAEB-SOSER.

La actual administración de JUNAEB denunció que en la Región de O’Higgins se habrían pagado más de $14 MIL MILLONES asociados a aproximadamente 3,3 MILLONES DE ONCES ESCOLARES QUE NO HABRÍAN SIDO ENTREGADAS.
Sí.
Miles de millones de pesos destinados a alimentación escolar.
Recursos públicos cuyo propósito era alimentar a niños y jóvenes.

La investigación además analiza valores extraordinariamente altos: raciones de once que llegaron a superar los $8.600 mientras otras empresas ofrecían servicios por cifras considerablemente inferiores.

Pero esto ya no es solamente una investigación sobre comidas inexistentes o sobreprecios.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago describe una hipótesis muchísimo más grave: un eventual mecanismo sostenido destinado a conseguir información reservada, alterar decisiones administrativas, favorecer licitaciones, remover fiscalizadores y obtener beneficios mediante posibles coimas.
Y ahí aparecen nuevamente nombres políticos.
Miguel Ángel Calisto.

Sergio Gahona, senador UDI.

Hugo Gutiérrez, exdiputado del Partido Comunista.
Este jueves la PDI llegó hasta el Congreso Nacional.
Más de 80 funcionarios policiales participaron en operativos simultáneos.

Fueron allanadas las oficinas de los senadores Calisto y Gahona.

Se incautaron computadores, teléfonos y documentación.

Pero existe una diligencia mucho más importante y que podría transformar completamente el escenario judicial de Miguel Ángel Calisto:
LA JUSTICIA AUTORIZÓ LEVANTAR SU SECRETO BANCARIO.

Y no solamente respecto de los últimos meses.
La Fiscalía podrá revisar sus movimientos financieros DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018 HASTA HOY.

Los bancos deberán informar transferencias, cuentas de origen, cuentas de destino, fechas, horas, montos, depósitos, inversiones y participantes de las operaciones.

¿Y desde qué año investiga la Fiscalía de Aysén las supuestas asesorías parlamentarias ficticias?
Desde 2018.

Esa coincidencia puede resultar decisiva.
Porque en la primera causa Carla Graf y Roland Cárcamo han declarado que habrían existido movimientos de dinero provenientes de recursos parlamentarios y que parte de esos fondos habría llegado al entorno o a cuentas vinculadas con Calisto.

La defensa del senador niega esas acusaciones y será la justicia la que deberá resolver quién dice la verdad.

Pero ahora aparece algo que antes no existía:
una autorización judicial para reconstruir prácticamente ocho años de movimientos bancarios de Miguel Ángel Calisto.

Las causas JUNAEB y fraude al Fisco de Aysén son jurídicamente independientes.

La Fiscalía de Santiago no puede simplemente convertir una autorización judicial otorgada por el Caso JUNAEB en una investigación universal sobre la vida financiera del senador.

Pero existe una realidad procesal evidente:
si revisando legalmente esas cuentas aparecen antecedentes de otro delito, el Ministerio Público no tiene que cerrar los ojos.
Puede investigarlos.

Puede remitirlos al fiscal competente.

Puede solicitar nuevas autorizaciones judiciales.
Puede abrir una nueva arista.

Eso ya ocurrió una vez en el propio Caso Calisto.
Cuando Roland Cárcamo declaró que se habrían pagado aproximadamente $14 millones al entonces fiscal regional Carlos Palma para intentar cerrar investigaciones, el Ministerio Público abrió otra causa penal.
Ese supuesto soborno todavía debe probarse y Calisto lo niega rotundamente.

Pero demuestra cómo funciona una investigación penal:
una causa puede producir evidencia que abra otra.
Por eso el levantamiento del secreto bancario ordenado ahora en Santiago puede terminar teniendo repercusiones mucho más allá del Caso JUNAEB.

Y existe todavía otro elemento.
La autorización judicial no se limita a las cuentas.

La Fiscalía podrá revisar teléfonos, computadores, mensajes, correos electrónicos, nubes digitales, registros de llamadas e incluso antecedentes de geolocalización contenidos en los dispositivos incautados.

Estamos hablando de reconstruir comunicaciones y movimientos durante años.
Por eso este caso recién comienza.

Aquí no corresponde declarar culpable anticipadamente a nadie.

Eso lo determinarán los tribunales.
Pero tampoco corresponde minimizar lo que está investigando la justicia.
Porque detrás de las cifras existen recursos públicos.
En un caso, asignaciones parlamentarias.
En el otro, más de $14 mil millones relacionados con alimentación destinada a estudiantes.
Dinero que tenía una finalidad social absolutamente clara: alimentar a niños y jóvenes que dependen del Programa de Alimentación Escolar.
Por eso la pregunta política ya no puede ser solamente:
“¿Es culpable o inocente Miguel Ángel Calisto?”

La pregunta institucional es mucho mayor:
¿hasta dónde llega la red de relaciones políticas, empresariales y administrativas que está comenzando a reconstruir la Fiscalía?
Y especialmente:
¿qué mostrarán las cuentas bancarias desde 2018?

Porque los discursos políticos pueden cambiar.
Las declaraciones pueden contradecirse.
Los testigos pueden modificar sus versiones.
Pero una transferencia bancaria tiene fecha.
Tiene monto.
Tiene origen.
Y tiene destino.
Ahora la justicia podrá seguir ese rastro.
Y cuando se trata de recursos destinados a los sectores más vulnerables del país, Chile tiene derecho a conocer hasta el último peso.

Que se investigue todo.
Caiga quien caiga.
La idea más potente para una segunda publicación, cuando aparezcan los primeros resultados bancarios, sería construir una línea de tiempo 2018–2026 colocando en paralelo “Caso Calisto-Aysén” y “Caso JUNAEB-SOSER”; ahí se visualizaría inmediatamente por qué el levantamiento bancario desde 2018 puede ser tan relevante.

Puedo ir siguiendo las nuevas resoluciones del Caso JUNAEB y avisarte si aparece información bancaria o alguna nueva actuación de desafuero contra Calisto

Este 20 de agosto de 2026, el caso judicial que enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto volvió a tomar fuerza.
El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento presentado por su defensa, por lo que se levanta el obstáculo que mantenía suspendidas determinadas actuaciones y la causa por presunto fraude al Fisco puede continuar.
Importante: esto NO significa que Calisto haya sido declarado culpable.

La responsabilidad penal solo puede establecerse mediante el proceso judicial correspondiente y, eventualmente, después de un juicio.
Pero políticamente y judicialmente la situación es relevante, porque el camino hacia un posible nuevo desafuero y juicio oral sigue abierto.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? EXPLICADO PASO A PASO
Existe una investigación penal.
La Fiscalía investiga un presunto fraude al Fisco que habría ocurrido entre 2018 y 2022.
Según antecedentes informados públicamente por el Ministerio Público, el monto investigado supera los $105 millones.

La Fiscalía ya había cerrado la investigación.

El Ministerio Público presentó acusación contra ocho imputados y solicitó, en el caso de Calisto, una pena de 12 años de presidio.

Esa petición es solamente la pena que solicita la Fiscalía: no significa que exista una condena.
Después ocurrió algo importante: la investigación fue reabierta.
El 7 de julio, el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrirla durante 60 días para realizar diligencias específicas solicitadas por defensas de imputados.

Eso provocó que el procedimiento volviera temporalmente a una etapa anterior.

¿Y qué pasó con el desafuero?
Como Calisto actualmente es senador, tiene fuero parlamentario.
Esto significa, explicado sencillamente, que para que el proceso penal pueda avanzar hacia determinadas etapas en su contra se requiere previamente que una Corte autorice la formación de causa mediante el denominado desafuero.

No se trata de una declaración de culpabilidad.
El desafuero significa solamente que el parlamentario pierde esa protección procesal para que la justicia pueda seguir adelante con el proceso penal.

La audiencia de desafuero fue suspendida.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt tenía que analizar la solicitud, pero el 9 de julio suspendió esa audiencia porque la investigación había sido reabierta.
La propia Fiscalía explicó entonces que solicitaría nuevamente el desafuero en la oportunidad procesal correspondiente.

¿QUÉ PODRÍA PASAR AHORA?
Aquí está lo fundamental para entender lo que viene:
Primero: deben terminar las diligencias de la investigación reabierta.
Segundo: la Fiscalía deberá cerrar nuevamente la investigación.
Tercero: si mantiene su decisión de llevar al senador a juicio, deberá continuar con la acusación correspondiente.
Cuarto: deberá retomarse o presentarse en la oportunidad procesal correspondiente la solicitud de desafuero del senador Calisto.
Quinto: una Corte deberá decidir si existen antecedentes suficientes para permitir que el proceso penal siga adelante contra él.
Sexto: si el desafuero es rechazado y esa resolución queda firme, el proceso contra el senador no podría avanzar en la forma pretendida mientras conserve esa protección.
Séptimo: si el desafuero es concedido y queda firme, eso NO lo convierte en culpable. Simplemente permite continuar el procedimiento penal.
Octavo: posteriormente vendría la etapa de preparación del juicio oral, donde se discuten las pruebas que podrán presentarse.
Noveno: recién después de superar esas etapas podría llegarse efectivamente a un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
¿Y CUÁNDO HABRÍA UNA CONDENA?
Solamente después de un eventual juicio oral.
En ese juicio la Fiscalía tendría que demostrar sus acusaciones mediante pruebas, la defensa podría controvertirlas y finalmente los jueces resolverían si existe culpabilidad o absolución.

Por eso es importante distinguir tres cosas:
INVESTIGADO ≠ CULPABLE
DESAFORADO ≠ CULPABLE
ACUSADO ≠ CONDENADO
Una condena solamente existe cuando un tribunal competente la dicta después del procedimiento correspondiente.
PERO EL HECHO POLÍTICO ES INNEGABLE
Lo ocurrido en el Tribunal Constitucional significa que una de las vías utilizadas por la defensa para detener o cuestionar el avance del procedimiento no prosperó, y la investigación continúa su curso.

Por eso la pregunta política y ciudadana ya no debería reducirse a rumores o consignas.

La pregunta concreta es:
¿Terminarán las nuevas diligencias fortaleciendo o debilitando la acusación de la Fiscalía?
Y después:
¿Autorizará finalmente la justicia el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto para que pueda enfrentar un juicio oral?

Eso todavía no está resuelto.
En democracia corresponde respetar dos principios al mismo tiempo: la presunción de inocencia de toda persona y el derecho de la ciudadanía a que las investigaciones sobre el uso de recursos públicos lleguen hasta sus últimas consecuencias.

Que sean los tribunales, con pruebas sobre la mesa y respetando el debido proceso, quienes finalmente determinen las responsabilidades.

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