El gobierno ultraderechista de José Antonio Kast impulsa una reforma constitucional en materia de seguridad que crea un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.
La propuesta permitiría al Presidente decretarlo inicialmente por hasta 120 días y prorrogarlo por otros 120, otorgándole facultades extraordinarias.
Entre las medidas más delicadas están la posibilidad de restringir o suspender la libertad personal y de desplazamiento, limitar las reuniones y asociaciones, interceptar y registrar comunicaciones, requisar bienes y desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de Carabineros y la PDI.
La seguridad es una preocupación legítima y urgente, pero una modificación de esta magnitud también abre un debate fundamental: hasta dónde puede ampliarse el poder presidencial y restringirse derechos ciudadanos sin debilitar los contrapesos democráticos y el Estado de Derecho.
Y frente a todo esto, la respuesta presidencial parece resumirse en una frase: “No veo mayor problema
No veo mayor problema”: la tranquilidad de gobernar con poderes extraordinarios
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