Autor: Víctor Reyes

La promesa era categórica: con José Antonio Kast en La Moneda, “se iba a cambiar la mano”. Para miles de familias que depositaron sus esperanzas en un gobierno de ultraderecha —convencidas de que llegarían más inversión, crecimiento y puestos de trabajo—, el cambio comienza a sentirse, pero no precisamente en la dirección prometida.
La tasa de desocupación alcanzó el 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, su nivel más alto en cinco años. En igual período de 2025 había sido de 8,7%, por lo que el desempleo aumentó 0,8 puntos porcentuales en doce meses.

Dicho de otra forma, la cantidad de personas desocupadas creció 10,4% en un año y ya son más de 980 mil los chilenos y chilenas que buscan trabajo sin encontrarlo.
La situación golpea con especial fuerza a las mujeres, cuya desocupación llegó al 10,3%, mientras entre los hombres alcanzó el 8,9%.
Además, el empleo total disminuyó 0,2%, los asalariados formales retrocedieron 2,4% y la informalidad se elevó al 26,5%.
No se trata, entonces, únicamente de un porcentaje incómodo: detrás de las cifras hay menos empleos, mayor precariedad y familias que comienzan a sentir en sus bolsillos el verdadero significado del supuesto “cambio de mano”.
El panorama se agrava al observar la actividad económica. El PIB cayó 0,3% durante el primer trimestre y 0,2% interanual en el segundo, acumulando una contracción de 0,3% durante el primer semestre de 2026. Diversos analistas han calificado esta sucesión de retrocesos como una recesión técnica, aunque técnicamente la definición más estricta suele considerar dos trimestres consecutivos de caída del PIB desestacionalizado respecto del trimestre anterior. Lo que no admite discusión semántica es que la economía perdió dinamismo, la inversión se estancó y el empleo se deterioró.
Frente a este escenario, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas —no “Quiroz”— intenta rescatar algunas señales parciales y sostiene que el Gobierno enfrenta el problema “con mucha seriedad”.

También destaca que el programa Modo Empleo habría generado 35 mil puestos de trabajo.
Sin embargo, esa defensa choca con la cifra principal: hay 16.290 empleos menos que hace un año y 89.280 menos que en el trimestre móvil anterior.
Los números pueden ordenarse, compararse y presentarse desde distintos ángulos, pero no pueden hacer desaparecer a casi un millón de personas desempleadas. Tampoco es razonable celebrar 35 mil empleos atribuidos a un programa gubernamental mientras el mercado laboral pierde decenas de miles de puestos y la desocupación alcanza su peor registro en cinco años.
El Gobierno de Kast llegó prometiendo crecimiento, confianza y una economía liberada de las supuestas trabas del período anterior.
Pero, por ahora, la realidad exhibe una contradicción incómoda: más desempleo, menos ocupados, caída del empleo formal y una economía que acumula dos trimestres de contracción interanual.
Sí, presidente Kast: se nota que “la mano cambió”.
El problema es que, hasta ahora, cambió para apretar más fuerte a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes que buscan su primer empleo y a las familias que esperaban que las promesas de campaña se transformaran en trabajo, estabilidad y bienestar.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional por el diputado Juan Santana abre una discusión que debería preocupar bastante más allá de las simpatías o antipatías políticas que provoquen sus protagonistas. Según informó BioBioChile, la presentación solicita investigar antecedentes relacionados con cuentas presuntamente vinculadas al consultor argentino Fernando Cerimedo y con personas asociadas al comando presidencial de José Antonio Kast. Se trata, por ahora, de antecedentes denunciados que deberán ser investigados y eventualmente acreditados por el Ministerio Público, no de hechos judicialmente establecidos.

Pero precisamente por eso el asunto adquiere una dimensión política mayor.
El problema no es solamente determinar quién administró una cuenta, quién dio una instrucción o desde dónde salió determinada publicación. La cuestión de fondo es qué ocurre con una democracia cuando la competencia electoral abandona progresivamente la confrontación de proyectos, programas e ideas y comienza a trasladarse hacia la demolición personal del adversario.

El caso resulta todavía más inquietante porque las controversias asociadas a estas campañas digitales no han afectado únicamente a adversarios ideológicos de la derecha. Evelyn Matthei, proveniente del mismo amplio sector político que José Antonio Kast, cuestionó públicamente al mandatario por el caso Cerimedo y la discusión sobre bots.

Ese elemento es particularmente revelador.
Cuando las herramientas de hostigamiento digital dejan de utilizarse solamente contra quien está al otro lado del espectro político y comienzan a emplearse —o siquiera aparece la sospecha fundada de que puedan emplearse— contra competidores del propio sector, la política entra en una lógica mucho más peligrosa: ya no importa derrotar una idea, sino eliminar electoralmente a quien estorba.
Cerimedo no es una figura irrelevante dentro de la comunicación política regional. Distintos antecedentes públicos lo relacionan con campañas de Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz.

Él mismo ha reconocido disponer de estructuras de trolls y haber realizado campañas negativas destinadas a deteriorar la imagen de adversarios políticos, aunque ha rechazado algunas de las imputaciones formuladas respecto del uso que habría hecho de esas herramientas.

Ahí está precisamente la frontera que una democracia no debería normalizar.
Una cosa es la crítica política, incluso la más dura. Otra muy distinta es construir ecosistemas digitales capaces de amplificar rumores, instalar sospechas, repetir acusaciones miles de veces, convertir interpretaciones en aparentes certezas y generar artificialmente la impresión de que existe una condena social espontánea contra determinada persona.

El mecanismo es perversamente sencillo: si miles de cuentas repiten una misma acusación, el ciudadano puede terminar creyendo que está observando una opinión colectiva cuando, eventualmente, podría estar frente a una operación coordinada.
Es la industrialización del rumor.
Y su objetivo final no necesariamente consiste en convencer al elector de apoyar una propuesta.

A veces basta con producir desconfianza, hastío o desprecio hacia el adversario.
Por eso este fenómeno resulta especialmente grave cuando se instala dentro de una misma coalición o familia política. Si mañana cualquier candidato sabe que competir internamente puede significar convertirse en blanco de ejércitos digitales, campañas anónimas o destrucción reputacional, entonces las primarias dejan de ser espacios democráticos de selección y comienzan a parecerse a mecanismos de supervivencia.

El mensaje implícito sería brutal: quien desafíe al candidato dominante puede ser políticamente destruido.
Y cuando esa lógica se naturaliza dentro de un sector, nada garantiza que después no sea utilizada contra periodistas, dirigentes sociales, académicos, jueces, organizaciones civiles o cualquier ciudadano incómodo para quienes concentren poder político y capacidad comunicacional.

Las democracias normalmente no se deterioran de un día para otro. También pueden desgastarse lentamente cuando comienzan a aceptarse como normales conductas que hace algunos años habrían resultado intolerables.

Primero se relativiza la mentira porque perjudica al adversario.
Después se justifica el anonimato porque favorece electoralmente al propio sector.

Más tarde se tolera el hostigamiento porque “así funcionan las redes sociales”.

Y finalmente nadie recuerda exactamente cuándo la política dejó de intentar convencer y comenzó simplemente a destruir.

La investigación del Ministerio Público deberá establecer responsabilidades concretas. Mientras aquello ocurre, conviene mantener una distinción indispensable: una denuncia no constituye una condena y toda persona involucrada conserva plenamente su presunción de inocencia.

Pero políticamente ya existe una pregunta que ningún sector democrático debería esquivar:
¿Queremos elecciones donde los ciudadanos decidan entre proyectos de sociedad o elecciones donde triunfe quien posea la maquinaria digital más eficiente para destruir la reputación del adversario?
Porque cuando la política reemplaza argumentos por operaciones, propuestas por rumores y debate por linchamientos digitales, puede ganar una candidatura.

Lo que termina perdiendo es la democracia.

La presencia del Presidente José Antonio Kast como orador del próximo Foro Madrid en Santiago puede parecer, para La Moneda, la simple continuidad de una relación política cultivada antes de llegar al poder. Pero cuando quien participa ya no es candidato ni dirigente partidario, sino Presidente de la República de Chile, la cuestión adquiere inevitablemente otra dimensión.

Porque un Presidente no viaja, habla ni se relaciona internacionalmente únicamente a título personal. Detrás suyo está Chile, su Cancillería, su tradición diplomática, sus tratados y una política exterior que debería procurar representar los intereses permanentes del Estado, mucho más amplios que las afinidades ideológicas del Gobierno de turno.

Y allí comienza la contradicción.
Foro Madrid no es una reunión políticamente neutra.
Es una iniciativa promovida por la Fundación Disenso, vinculada a VOX de España, y forma parte de una amplia articulación transnacional de las nuevas derechas radicales y conservadoras.
En sus actividades y redes aparecen dirigentes de VOX, del PVV neerlandés, del Partido Liberal brasileño, además de vínculos cultivados por Disenso con sectores políticos de Estados Unidos, Argentina, Italia, Hungría, Polonia y otros países.

El propio Foro Madrid declara que pretende librar una disputa política y cultural a escala internacional.
Por eso la pregunta resulta inevitable:
¿Hasta dónde puede el Presidente de Chile retroalimentarse políticamente de una internacional ideológica sin terminar comprometiendo la posición diplomática del país?

José Antonio Kast tiene todo el derecho a poseer convicciones políticas. Lo que cambia radicalmente es que hoy sus palabras ya no representan únicamente al antiguo candidato de Republicanos. Representan institucionalmente a Chile.

Y mientras La Moneda defiende esa participación, dentro del propio oficialismo aparecen señales de incomodidad. Evópoli decidió marginarse del encuentro y desde Chile Vamos se han escuchado advertencias sobre la inconveniencia de que un jefe de Estado participe de una cumbre caracterizada por una fuerte identidad ideológica.
No parece una discusión menor cuando, simultáneamente, el Gobierno intenta instalar en Chile una profunda agenda de seguridad pública, ampliación de facultades presidenciales y mayores restricciones frente al crimen organizado.

Ahí aparece lo que podríamos llamar el “Plan Cancerbero”.
Cancerbero era el perro de tres cabezas que custodiaba las puertas del inframundo: nadie entraba ni salía sin pasar por su vigilancia.

El problema comienza cuando quienes se presentan como guardianes de nuestra libertad terminan construyendo tantas puertas, controles, estados excepcionales y facultades extraordinarias que el ciudadano descubre que el guardián ya no solamente vigila al delincuente:
también vigila la puerta por donde transita la democracia.

Y entonces la seguridad puede transformarse en una especie de candado chino.

Ese sencillo mecanismo funciona mediante una paradoja: cuando una persona introduce los dedos e intenta liberarlos tirando con fuerza hacia lados opuestos, el tejido se aprieta todavía más. Para salir hay que hacer precisamente lo contrario: disminuir la tensión.

Una democracia puede caer en una paradoja semejante.
Cuanto más intenta proteger desesperadamente la libertad restringiéndola, más estrecho puede hacerse el espacio donde esa misma libertad sobrevive.

Nadie sensato discute que el Estado deba enfrentar con fuerza al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo y a las organizaciones violentas. Una democracia incapaz de garantizar seguridad termina debilitándose.

Pero otra cosa muy distinta es acostumbrar a una sociedad a pensar que cada problema de seguridad requiere necesariamente más poder para quien gobierna y menos controles sobre ese poder.
Porque las facultades excepcionales tienen una característica histórica inquietante: suelen crearse pensando en el gobernante que uno apoya, olvidando que mañana podrían ser utilizadas por el gobernante que uno teme.

Ese debería ser también el dilema diplomático que La Moneda tendría que considerar antes de convertir al Presidente de Chile en protagonista de una plataforma ideológica internacional.

Chile puede relacionarse con gobiernos de derecha, centro o izquierda. Esa es precisamente la función de una política exterior seria. Lo peligroso comienza cuando la política exterior del Estado amenaza con confundirse con la política internacional del partido gobernante.
Y quizá por eso resulta tan vigente Michel Foucault cuando, en Vigilar y castigar, dejó una frase breve y perturbadora:
“La visibilidad es una trampa”.
Porque cuando el poder promete convertirse en nuestro vigilante permanente para proteger nuestra libertad, la pregunta democrática nunca debería ser solamente quién nos protege.

También debemos preguntar:
¿quién vigila al vigilante?

Hay frases que, con el tiempo, adquieren un peso político mucho mayor que cuando fueron pronunciadas por primera vez.

Y la que acaba de repetir Evelyn Matthei respecto del Presidente José Antonio Kast es una de ellas:
“No le creí nada y sigo no creyéndole nada”.

Matthei recuerda que durante la campaña presidencial enfrentó personalmente a Kast por la ofensiva digital que estaba sufriendo. Según su relato, él le aseguró varias veces, mirándola a los ojos, que no tenía relación alguna con esos ataques.

Ella dice que nunca le creyó.
Y explica por qué.
La entonces candidata de Chile Vamos asegura que desde enero comenzó a sufrir ataques sistemáticos, cada dos o tres semanas, impulsados y amplificados una y otra vez por las mismas cuentas: primero se dijo que era responsable de un supuesto “zarpazo” a los ahorros previsionales; después que era de izquierda; luego que era comunista; circularon videos cortados y manipulados y, finalmente, se instaló una de las falsedades más brutales de aquella campaña: que padecía Alzheimer.

No estamos hablando simplemente de críticas políticas.
Estamos hablando de fabricar una enfermedad inexistente para intentar destruir electoralmente a una persona.
Pero ahora apareció una pieza que vuelve inevitablemente a poner aquel episodio bajo una nueva luz.
EL “REY DE LOS TROLLS” Y UNA HISTORIA QUE LLEGÓ HASTA CHILE
Fernando Cerimedo, estratega digital argentino que trabajó con sectores de la derecha radical latinoamericana, permanece detenido en Bolivia y es investigado por tentativa de femicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

Beller sobrevivió a un ataque a balazos cometido por dos individuos y acusa a Cerimedo de haberlo organizado.
Esa responsabilidad deberá establecerla la Justicia boliviana y, por tanto, no corresponde presentarla todavía como un hecho judicialmente probado.

Pero la investigación produjo otro hallazgo particularmente inquietante para Chile.

Durante los allanamientos realizados por la Fiscalía boliviana se encontraron más de 40 mil dólares y equipos que, según el fiscal del caso, constituirían una “mini granja de bots”.

Y aquí la historia deja de ser solamente boliviana.
Cerimedo ya había tenido participación en Chile durante el proceso constitucional de 2020 mediante su empresa Numen. Además, investigaciones periodísticas han documentado antiguos cruces entre él y personas que posteriormente formaron parte del entorno político y comunicacional de José Antonio Kast. El Mostrador, por ejemplo, ha informado de vínculos anteriores de Cerimedo con Alejandro Irarrázaval, Ignacio Dülger y Felipe Costabal, quienes posteriormente ocuparon funciones vinculadas al Gobierno o al círculo presidencial.

Eso no demuestra por sí solo que Cerimedo haya dirigido los ataques contra Matthei ni permite afirmar que Kast los haya ordenado.

Pero sí hace perfectamente legítima una pregunta política:
¿Quién operaba realmente aquellas redes digitales?
Porque Matthei agrega otro antecedente llamativo: según ella, apenas alrededor de 48 horas después de la detención de Cerimedo fueron desactivadas dos de las principales cuentas que identificaba como responsables de troleo y ataques provenientes del mundo republicano.

La propia Matthei reconoce que aún no puede explicar esa coincidencia.
Precisamente por eso corresponde investigar y no encubrir.
Y AHORA EL PROBLEMA ESTÁ DENTRO DEL OFICIALISMO
Aquí aparece una contradicción política enorme.
Evelyn Matthei es militante de la UDI.
La UDI, a su vez, forma parte oficialmente de la coalición que sostiene al Gobierno de José Antonio Kast. Su presidente, Guillermo Ramírez, participa de las reuniones de coordinación del oficialismo en La Moneda, sus parlamentarios respaldan la agenda gubernamental y figuras históricas del partido ocupan posiciones centrales en el Ejecutivo.
El propio ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, es militante UDI.
Por eso esta ya no es una pelea entre gobierno y oposición.
Es una acusación formulada por una de las figuras más importantes del propio partido que integra el Gobierno, quien fue además candidata presidencial de ese sector, contra el actual Presidente de la República.
Entonces los parlamentarios, ministros, subsecretarios y dirigentes UDI enfrentan una pregunta bastante incómoda:
¿Le creen a Evelyn Matthei cuando dice que sufrió una campaña sistemática de desinformación proveniente de grupos republicanos?
Porque resulta políticamente difícil reivindicarla como una de las principales figuras históricas de la UDI y, al mismo tiempo, guardar silencio cuando afirma públicamente que no creyó entonces y sigue sin creer ahora la explicación entregada por Kast.
NO ES UN PROBLEMA DE BOTS. ES UN PROBLEMA DEMOCRÁTICO
Aquí resulta especialmente pertinente volver al cientista político Eugenio Ortega Frei y su libro La democracia pluralista bajo ataque. El avance de la derecha radical populista en perspectiva comparada.
No por casualidad Ortega dedica precisamente su capítulo 6 a la “Relación entre medios de comunicación, redes sociales y partidos populistas radicales de derecha”.
Uno de los fenómenos centrales que permite entender este tipo de política es que las redes sociales han cambiado radicalmente la disputa democrática: la provocación, la agresividad comunicacional, la polarización y la circulación de información falsa pueden transformarse en instrumentos para movilizar emocionalmente a los electores, desacreditar adversarios y construir realidades políticas paralelas.
Y ese es precisamente el peligro.
Porque cuando la competencia política deja de consistir en confrontar ideas contra ideas y pasa a enfrentar verdades contra falsedades fabricadas industrialmente, ya no estamos simplemente ante una campaña electoral agresiva.
Estamos ante una forma de degradación de la democracia pluralista.
La democracia supone adversarios.
No enemigos a quienes destruir.
Supone discrepancia.
No enfermedades inventadas.
Supone convencer ciudadanos.
No manipular algoritmos para hacerles creer que miles de personas piensan algo que, quizás, solamente están repitiendo decenas de cuentas coordinadas.
Por eso la frase de Evelyn Matthei es políticamente mucho más grave de lo que parece:
“No le creí nada y sigo no creyéndole nada”.
Porque cuando alguien que pertenece al mismo sector político del Presidente pone públicamente en duda su palabra sobre una eventual guerra sucia digital, la pregunta ya no es quién ganó aquella elección.
La pregunta es bastante más importante:
¿cómo se ganó la batalla por la opinión pública y hasta dónde estuvieron dispuestos algunos a llegar para ganarla?
Y eso, en una democracia, merece algo bastante mejor que bots, trolls, silencios incómodos y explicaciones a medias.
Merece verdad.

Hay decisiones políticas que pueden explicarse en un informe técnico.

Otras, en cambio, son bastante más difíciles de explicar frente a una urna
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El Gobierno de José Antonio Kast decidió recurrir al Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso que obliga a las empresas de electricidad, agua y gas a reconectar gratuitamente los servicios básicos de familias y pequeñas empresas ubicadas en zonas declaradas en catástrofe.

Sí: hablamos de personas que ya han sufrido incendios, inundaciones u otra emergencia grave y que, además de perder bienes, viviendas o fuentes de trabajo, podrían encontrarse sin agua, electricidad o gas.

¿Y frente a esa situación qué hizo el Gobierno?

Intentó derribar la norma ante el Tribunal Constitucional.
El resultado fue contundente: 9 votos contra 1.
Una derrota política difícil de maquillar.
Y ahora comienzan a aparecer las distancias dentro del propio oficialismo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), cuestionó públicamente la manera en que actuó La Moneda y señaló que “no estaríamos en este problema” si el Gobierno hubiese escuchado previamente al ministro Claudio Alvarado.

Más todavía: Alessandri reconoció que ve “poca viabilidad” para conseguir los votos necesarios para una eventual ley corta con la que el Ejecutivo pretende modificar lo aprobado.

También desde la propia UDI, su jefa de bancada, Flor Weisse, llamó al Gobierno a tener mayor rigor antes de embarcarse en este tipo de acciones.

No parece casual.

Porque una cosa es defender determinadas posiciones económicas desde una oficina en Santiago y otra muy distinta es regresar al distrito y explicarle a una familia damnificada por qué su parlamentario votaría para dificultar un beneficio que permite recuperar gratuitamente el agua, la electricidad o el gas después de una catástrofe.
Ahí aparece una palabra que en política pesa muchísimo: elecciones.

Los diputados que pretendan reelegirse saben perfectamente que las votaciones quedan registradas. Y que llegado el momento no solamente tendrán que responder por sus discursos, sino también explicar de qué lado estuvieron cuando hubo que escoger entre aliviar a familias golpeadas por una emergencia o atender las preocupaciones del mundo empresarial.

Las compañías han planteado argumentos técnicos que merecen ser considerados, especialmente respecto de los plazos y la seguridad de las cuadrillas.
Eso puede discutirse y perfeccionarse legislativamente.
Pero otra cosa muy diferente es haber intentado eliminar completamente una protección social recurriendo al Tribunal Constitucional.
Y ahí es donde el problema deja de ser técnico y pasa a ser profundamente político.

Porque resulta difícil comprender que un Gobierno que debiera proteger a la población precisamente en sus momentos de mayor vulnerabilidad termine apareciendo ante la ciudadanía litigando contra una medida que beneficia directamente a familias damnificadas.

Ahora La Moneda estudia una ley corta.
Pero aparece una dificultad inesperada: sus propios parlamentarios deberán levantar la mano y asumir el costo político de esa decisión.
Y algunos ya parecen haber entendido algo elemental:
las cuentas de las empresas pueden discutirse en el Congreso; las cuentas políticas, en cambio, las cobra el electorado en las urnas.
Quizás por eso empiezan los desmarques.
Porque cuando se acerca una elección, la disciplina partidaria tiene límites.
Y pocos candidatos quieren recorrer nuevamente sus distritos cargando sobre la espalda la explicación de por qué, frente a una familia siniestrada y una gran empresa de servicios básicos, escogieron ponerse del lado equivocado.

Una precisión importante: el Gobierno sostiene que su objeción original era constitucional y que la nueva ley corta buscaría principalmente modificar plazos que considera técnicamente difíciles de cumplir, no necesariamente eliminar la gratuidad.
Las empresas, por su parte, han advertido riesgos operativos y de seguridad pero todos sabemos que en el fondo es proteger sus millonarias ganancias.

Columna de Maribel González, académica de la Escuela de Psicología UC e integrante de Fundación Camila, publicada en CIPER Chile.

El reciente veredicto condenatorio contra José Pablo Peñafiel Ossandón, conocido como el "violador de la imprenta", declarado culpable por ocho hechos de violación y abuso sexual contra mujeres sordas, obliga a mirar más allá del resultado de este juicio. El caso vuelve a hacer visible una pregunta que el país no puede seguir postergando: ¿qué significa realmente la igualdad ante la ley cuando una persona sorda enfrenta barreras cotidianas para informarse, denunciar, declarar o participar de un proceso judicial en su propia lengua?

La relación entre ambos casos es relevante: según reconstrucciones de la prensa, la denuncia pública surgida tras la muerte de Camila y el posterior testimonio de una expareja de Peñafiel impulsaron a otras víctimas suyas a revelar agresiones previas y denunciarlas. De ese proceso surgió la investigación por delitos sexuales que culminó en el reciente juicio.

La autora sostiene que el caso vuelve a exponer las barreras estructurales que enfrenta la comunidad sorda para acceder a la justicia: "Se requiere revisar las brechas de la legislación y de su implementación e impulsar los cambios normativos, institucionales y formativos necesarios".

"Chile ya cuenta con el marco normativo y experiencias que muestran un camino posible. El desafío es convertir esos avances en garantías permanentes, oportunas y especializadas. Es tiempo de dejar de ser testigos y poner freno a las vulneraciones sistemáticas de derechos que la comunidad sorda sigue enfrentando en el país", concluye.