Autor: Víctor Reyes

  • Revés para la Fiscalía: reabren investigación por fraude al fisco contra senador Calisto en Coyhaique

    Revés para la Fiscalía: reabren investigación por fraude al fisco contra senador Calisto en Coyhaique

    En un giro inesperado, el Juzgado de Garantía de Coyhaique revirtió el cierre de la investigación por presunto fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto, ordenando reabrir el caso por 60 días. La medida, adoptada tras acoger una solicitud de la defensa de otro imputado, deja en pausa tanto la acusación fiscal como la nueva petición de desafuero que buscaba llevar al parlamentario a juicio oral.

    La decisión supone un duro revés para el Ministerio Público, que apenas días atrás había solicitado 12 años de cárcel para Calisto y presentado un nuevo requerimiento de desafuero, según consignó BioBioChile – La Red de Prensa Más Grande de Chile. El tribunal acogió los argumentos de la defensa de Felipe Klein, otro de los imputados, que reclamó la posibilidad de realizar diligencias previamente rechazadas por la Fiscalía.

    El abogado César Ramos, defensor del senador, celebró la resolución y señaló que “la acusación y una solicitud de desafuero tienen como premisa ineludible la existencia de una investigación cerrada. Ese estado de investigación cerrada es el que hoy fue revertido”. Ramos agregó que “hoy la investigación no está cerrada, está reabierta y, en consecuencia, se debe dejar sin efecto tanto la acusación presentada como también la solicitud de desafuero”.

    La investigación se originó por un presunto esquema de fraude al fisco ocurrido entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado. Según el Ministerio Público, Carla Graf habría actuado como una “funcionaria fantasma”: recibía pagos del Congreso por asesorías presuntamente ficticias y parte de esos recursos habrían sido transferidos posteriormente a Calisto y a Roland Cárcamo.

    Ramos detalló que las diligencias solicitadas incluyen “oficios a instituciones públicas, declaraciones de testigos y realización de informes policiales que esperamos tengan el efecto de demostrar la absoluta inocencia del senador Miguel Ángel Calisto”. La reapertura, por 60 días, abre una ventana para que la defensa intente desmontar la imputación antes de que el caso avance a juicio oral.

    El caso, que sacude el escenario político de la Patagonia, mantiene en vilo a la región de Aysén, donde Calisto tiene fuerte arraigo. Mientras la Fiscalía buscaba acelerar el proceso, el tribunal optó por dar espacio a nuevas diligencias, dejando en el aire el futuro judicial del senador y la credibilidad de las acusaciones que pesan en su contra.

  • Documento vincula a exdiputado Miguel Ángel Calisto con recepción de US$ 20.456 por proyecto financiado por Taiwán

    Documento vincula a exdiputado Miguel Ángel Calisto con recepción de US$ 20.456 por proyecto financiado por Taiwán

    Un documento fechado el 7 de enero de 2019 en Valparaíso, titulado “Recibo de dinero”, vincula al entonces diputado Miguel Ángel Calisto Águila con la recepción de 20.456 dólares estadounidenses, según información que circula en la región.

    El texto del documento señala que Calisto manifestó haber recibido “a entera satisfacción” dicha suma por el proyecto denominado “Apoyo Social de Adultos Mayores de la Región de Aysén”, cuyos fondos aparecen vinculados a la República de Taiwán.

    El recibo indica que el depósito fue realizado a una cuenta bancaria a nombre de Roland Cárcamo Catalán, identificado como representante legal de la Fundación Proyecto Futuro. En la parte inferior del documento se observa una firma y un timbre circular con la leyenda “Diputado de la República – Miguel Ángel Calisto”.

    Además, el documento incluye una mención final donde se establece que el señor Miguel Ángel Calisto Águila, a través de la Fundación Proyecto Futuro, compromete la realización del proyecto adjudicado.

    Este antecedente, por su contenido, fecha, monto y personas mencionadas, podría constituir un elemento relevante para ser analizado por las autoridades competentes, especialmente respecto del destino, rendición y legalidad de dichos fondos. No se trata de una condena pública, sino de una pregunta legítima: ¿dónde terminó ese dinero y quién rindió cuentas por él?

  • Gobierno de emergencia: la seguridad pública en entredicho tras vínculos de la ANI con Hermosilla

    Gobierno de emergencia: la seguridad pública en entredicho tras vínculos de la ANI con Hermosilla

    La renuncia de Paulo Contreras, jefe de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), ha sacudido al gobierno tras revelarse sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y la presunta entrega de información reservada desde la Policía de Investigaciones (PDI). Este hecho se suma a las críticas contra la exministra Trinidad Steinert, cuestionada por exceder sus atribuciones frente a la PDI en nombre del orden y la seguridad.

    Según fuentes, Contreras habría facilitado datos sensibles a Hermosilla, quien opera en redes privadas de poder, lo que ha generado dudas sobre el uso de la inteligencia del Estado. La situación ha sido calificada como un reflejo de un poder que observa, clasifica y disciplina sin control, recordando las descripciones de Michel Foucault en “Vigilar y castigar”.

    El problema no se limita a las renuncias individuales, sino que plantea una interrogante profunda: ¿qué ocurre cuando quienes deben custodiar la inteligencia del Estado aparecen vinculados a filtraciones y decisiones tomadas desde la sombra? La seguridad pública, advierten analistas, no puede convertirse en vigilancia privada, ni la inteligencia estatal estar al servicio de abogados influyentes o grupos de poder económico.

    El discurso de “mano dura” en seguridad, promovido por el gobierno, agota la paciencia ciudadana, que exige instituciones limpias, con límites claros y responsabilidad política real. La falta de transparencia en el manejo de la información reservada y los vínculos con operadores privados erosionan la confianza en el Estado.

    Desde el Ejecutivo, que ha definido su gestión como un gobierno de emergencia con prioridad en seguridad, no ha habido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, la crisis institucional se profundiza cuando el poder vigila sin control, castiga sin transparencia y se protege a sí mismo, transformando la democracia en un expediente.

  • Reportaje de Fast Check revela influencia de la industria salmonera en la política de Aysén; apunta a senador Calisto

    Reportaje de Fast Check revela influencia de la industria salmonera en la política de Aysén; apunta a senador Calisto

    Un nuevo reportaje del medio Fast Check, publicado este 4 de julio de 2026, vuelve a poner sobre la mesa una práctica que en Aysén se conoce hace años: la influencia permanente de grandes empresas del sector pesquero y salmonero sobre representantes políticos que deberían fiscalizar, no recibir favores ni financiamiento de ellas.

    El reportaje apunta al senador Miguel Ángel Calisto, luego de que un exasesor asegurara que la salmonera AquaChile habría financiado al parlamentario mediante supuestas asesorías fantasma. Este antecedente se suma a la acusación de Fiscalía por presunto fraude al fisco en el marco de asesorías parlamentarias cuestionadas.

    Capítulo aparte merece la vergonzosa tramitación de la ley de pesca, más conocida como la “Ley Longueira” (Subsecretario de Pesca, Piñera), por su copia y pega de correos electrónicos enviados desde la industria salmonera a su correo electrónico.

    Pero esto no es un hecho aislado. Años atrás, el exdiputado y exlíder del movimiento social de Aysén, Iván Fuentes Castillo, también quedó bajo cuestionamiento público tras revelarse aportes de empresas pesqueras vinculadas a FIPES/Friosur. Fuentes reconoció haber recibido esos recursos, justificando con una frase que quedó marcada en la memoria regional: “hay que sacarle plata a los empresarios”.

    El problema es que un dirigente social o parlamentario no está para “sacarle plata” a los empresarios. Está para defender a la ciudadanía, fiscalizar el poder económico y proteger los intereses de la región. Cuando quienes deben controlar terminan dependiendo de quienes deben ser controlados, la democracia se debilita y Aysén pierde.

    La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿Cuántas decisiones políticas, leyes, silencios o defensas públicas han estado condicionadas por el dinero de la industria pesquera y salmonera? Aysén merece representantes libres de conflictos de interés, no autoridades capturadas por los mismos grupos económicos que explotan nuestros recursos naturales. La región no puede seguir siendo caja pagadora ni zona de influencia empresarial. Aysén necesita transparencia, fiscalización real y dignidad política.

  • Seremi de Desarrollo Social de Aysén es cuestionada por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica

    Seremi de Desarrollo Social de Aysén es cuestionada por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica

    La recién asumida seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, Luz Valeria Villegas, es cuestionada por haber salido del país mientras se encontraba con licencia médica. Según información entregada por fuentes, la autoridad habría viajado al extranjero durante el período en que debía estar en reposo por razones de salud. La explicación entregada por la seremi habría sido que se trató de un error, que no hubo mala intención y que ocurrió por desconocimiento de la normativa.

    El hecho ha generado críticas debido a que una autoridad pública no puede llegar al cargo cargando una inhabilidad que debió advertir antes de asumir funciones. Quien asume una seremía está asumiendo una función pública que exige probidad, criterio y responsabilidad administrativa. Una licencia médica no es un pasaporte turístico ni una pausa conveniente entre nombramientos, sino un acto médico destinado al reposo y recuperación de la salud, como establece el sentido básico del régimen de licencias en el Estatuto Administrativo.

    Este no es un hecho aislado en la Región de Aysén. Anteriormente, la seremi de Culturas duró apenas unos días en el cargo. Luego, la seremi de Transportes dejó el cargo en medio de una polémica pública. Ahora, la nueva seremi de Desarrollo Social aparece marcada por un antecedente que, de haber sido conocido y ponderado oportunamente, debió encender todas las alarmas antes de su nombramiento.

    A nivel nacional, los medios ya han contabilizado entre 18 y 21 seremis fuera del gobierno en apenas meses. Esto no es una anécdota, sino una señal política. No es mala suerte, sino falta de conducción, según las críticas que han surgido desde diversos sectores.

    La ciudadanía de Aysén vuelve a ver pasar autoridades que llegan con discurso solemne y se van antes de calentar la silla. Se trata de un desfile de nombramientos, renuncias, excusas y comunicados, mientras la ciudadanía mira desde la vereda preguntándose quién gobierna realmente y quién revisa los antecedentes antes de firmar los decretos.

    Esto no es una falta de prioridad, sino irresponsabilidad administrativa, descuido político y una falta ética de quien acepta un cargo sabiendo que carga con un problema que compromete la confianza pública. En el Estado no basta con decir “no fue mi intención”, porque hay deberes, probidad y responsabilidad, y una ciudadanía que merece algo más que explicaciones tardías.

  • FRAUDE AL FISCO, DESAFUERO Y PRIVILEGIOS: LA JUSTICIA NO PUEDE TENER APELLIDOS

    FRAUDE AL FISCO, DESAFUERO Y PRIVILEGIOS: LA JUSTICIA NO PUEDE TENER APELLIDOS

    La causa por fraude al Fisco que se sigue en Coyhaique ya no está en una etapa incierta ni preliminar.

    La investigación fue cerrada, el Ministerio Público ya formuló acusación y la causa sigue su curso, mientras se resuelve un punto clave: el desafuero del actual senador Miguel Ángel Calisto Águila.

    En esta causa figuran como imputados: Miguel Ángel Calisto Águila, Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Felipe Klein Vidal, Sandra Beatriz Loaiza Henríquez, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido.

    No se trata de rumores ni cahuines, sino de una causa penal en tramitación, con acusación ya presentada y una solicitud de desafuero en marcha.

    La audiencia de preparación de juicio oral quedó suspendida mientras se resuelve el desafuero del senador Calisto, lo que requiere una decisión de la Corte.

    En la causa, los imputados Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido son defendidos por la Defensoría Penal Pública, mientras que Miguel Ángel Calisto Águila tiene defensa privada.

    La solicitud de desafuero fue derivada a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego de que los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaran para conocer este nuevo requerimiento, por lo que el asunto pasó a Puerto Montt por regla de subrogación.

    La ley no establece un plazo fatal expreso en los artículos 416 a 418 del Código Procesal Penal para que la Corte resuelva, pero existe la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema dentro de 5 días desde la notificación de la resolución.

    Lo verdaderamente grave es la imagen política y ética que deja esta causa, pues cuando un senador enfrenta una acusación por fraude al Fisco, la ciudadanía espera transparencia, responsabilidad e igualdad ante la ley.

    No puede haber una justicia para el ciudadano de a pie y otra para quienes tienen cargo, poder, redes o influencia, ni normalizarse que las instituciones persigan a los débiles y sean más lentas con los poderosos.

    Chile ya está cansado de la política que se victimiza cuando la justicia toca su puerta, y de los discursos sobre probidad que se desmoronan ante boletas, fondos, convenios o acusaciones por uso indebido de recursos públicos.

    Si el desafuero se concede y queda firme, deberá comunicarse al Congreso y el senador quedará suspendido respecto de esta causa, como debe funcionar un Estado de Derecho.

    La justicia no puede ser selectiva: mismo proceso, mismas reglas y misma transparencia para todos.

  • Caso fraude al fisco en Coyhaique: esperan resolución de desafuero del senador Calisto

    Caso fraude al fisco en Coyhaique: esperan resolución de desafuero del senador Calisto

    La causa por fraude al Fisco que se sigue en Coyhaique contra el senador Miguel Ángel Calisto Águila y otros ocho imputados ya superó la etapa de investigación. El Ministerio Público formuló acusación y el proceso avanza mientras se resuelve el desafuero del parlamentario, solicitado ante la justicia.

    En la causa figuran como imputados, además de Calisto, Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Felipe Klein Vidal, Sandra Beatriz Loaiza Henríquez, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido. La audiencia de preparación de juicio oral quedó suspendida hasta que se resuelva la situación del senador.

    La solicitud de desafuero fue derivada a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt luego de que los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaran para conocer el requerimiento. La ley no establece un plazo fatal para que la Corte resuelva, aunque existe la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución.

    En la causa, los imputados Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido son defendidos por la Defensoría Penal Pública. En cambio, Miguel Ángel Calisto cuenta con defensa privada.

    El caso ha generado debate público sobre la igualdad ante la ley, ya que un senador en ejercicio enfrenta una acusación por fraude al fisco. La ciudadanía espera transparencia y responsabilidad, sin privilegios ni blindajes. Si el desafuero se concede y queda firme, deberá comunicarse al Congreso y el senador quedará suspendido respecto de esta causa.

  • Caso Calisto: Corte de Apelaciones de Puerto Montt asume desafuero por fraude al fisco

    Caso Calisto: Corte de Apelaciones de Puerto Montt asume desafuero por fraude al fisco

    La arista judicial del caso que involucra al senador Miguel Ángel Calisto escaló a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique se declarara incompetente para resolver el desafuero por fraude al fisco. Según informó el medio regional Viento Patagón, el magistrado del Tribunal de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud, elevó formalmente los antecedentes al tribunal de Puerto Montt.

    El caso, que ha generado gran expectación en la Región de Aysén, se sustenta en una serie de confesiones judiciales que revelan un presunto entramado de corrupción. Entre los puntos clave se encuentra el denominado “mecanismo del Palo Blanco”, según el cual Roland Cárcamo y Carla Graf habrían confesado que se usaron contratos falsos de asesorías en la Cámara de Diputados para desviar fondos públicos hacia una “caja pagadora”. Se afirma que el 70% de esos sueldos fiscales habría ido a gastos del diputado.

    Además, se mencionan proyectos fantasmas asociados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Entre ellos, un financiamiento estatal de $25 millones destinado a monitoras de género en la FENATS y otro de $7 millones para la conectividad de adultos mayores en la Fundación Proyecto Futuro, que jamás se habrían ejecutado. El dinero, según la denuncia, fue cobrado en efectivo utilizando claves ajenas.

    La trama también incluye una red de favores que involucra la triangulación en el arriendo de vehículos con cargo al Congreso, donde al final del periodo el bien pasaba a costo cero para el parlamentario. A esto se suman asignaciones irregulares en el Servicio de Salud.

    Uno de los elementos de mayor gravedad es el denominado “Caso Cohecho”, que denuncia el pago de $14 millones en efectivo al exfiscal Carlos Palma para intentar sepultar estas investigaciones bajo el amparo de facturas ideológicamente falsas. La opinión pública, según el reporte, exige una revisión implacable del expediente que “desnuda el peor rostro del clientelismo y la corrupción regional”.

    La ciudadanía de Aysén mantiene su mirada fija en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, esperando que el tribunal revise el desafuero con rigurosidad e independencia. “Este no es un problema administrativo menor; es una radiografía del presunto uso del aparato estatal para el enriquecimiento y blindaje político personal”, señaló la fuente.