Autor: Víctor Reyes

Una investigación que comenzó siguiendo posibles irregularidades en millonarias licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB acaba de dar un salto político de enormes proporciones.

Este jueves, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la Brigada Anticorrupción de la PDI realizaron allanamientos e incautaciones de teléfonos, computadores y otros dispositivos electrónicos en distintos puntos del país, incluyendo diligencias relacionadas con dependencias del Congreso Nacional.

Entre las figuras políticas alcanzadas por las diligencias aparecen el senador Sergio Gahona (UDI), el senador Miguel Ángel CALISTO (independiente), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el lobbista Darío Calderón.

La investigación tiene como uno de sus focos los contratos de SOSER S.A. con JUNAEB y busca determinar si detrás de determinadas licitaciones y decisiones administrativas pudo existir un mecanismo destinado a entregar información reservada, intervenir procesos, presionar la salida de fiscalizadores o favorecer intereses privados a cambio de eventuales beneficios económicos o laborales.

Los delitos que la Fiscalía busca esclarecer incluyen cohecho, soborno, tráfico de influencias, revelación de secretos y lavado de activos, además de otras figuras penales investigadas en la causa.

Pero en Aysén existe un antecedente que no puede pasar inadvertido.

Antes de convertirse en parlamentario, Miguel Ángel CALISTO fue director regional de JUNAEB en la Región de Aysén entre octubre de 2016 y junio de 2017.

Posteriormente fue elegido diputado y hoy ocupa un escaño en el Senado.

Ese antecedente, por supuesto, no constituye por sí mismo prueba de delito ni permite vincular su antigua gestión regional con los hechos que actualmente investiga la Fiscalía.

Pero políticamente resulta relevante porque estamos frente a un parlamentario que conoce JUNAEB desde dentro y que posteriormente, ya como diputado, participó además en instancias parlamentarias relacionadas con la fiscalización del organismo y de su Programa de Alimentación Escolar.

Y existe una paradoja todavía mayor: Miguel Ángel Calisto y Sergio Gahona integraron una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados destinada precisamente a revisar actuaciones de JUNAEB y JUNJI relacionadas con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

Hoy sus nombres aparecen dentro de una investigación que intenta determinar si alrededor de ese mismo sistema existió una red capaz de influir en decisiones administrativas, licitaciones y fiscalizaciones.
Eso no significa que sean culpables.

En un Estado de Derecho corresponde mantener íntegramente la presunción de inocencia, y serán la Fiscalía y posteriormente los tribunales quienes deberán determinar si existieron delitos y quiénes tuvieron participación en ellos.

Pero cuando una investigación por posibles coimas y tráfico de influencias llega hasta oficinas del Congreso, ya no estamos frente a una simple controversia administrativa.

Estamos frente a una pregunta que Chile tiene derecho a exigir que se responda hasta el final:
¿quiénes intervinieron realmente en las decisiones de JUNAEB, para beneficiar a quiénes y a cambio de qué?

Otra votación relevante en la Cámara de Diputadas y Diputados vuelve a poner bajo la lupa al diputado por Aysén René Alinco.
Esta vez se trató del proyecto que busca prohibir las carreras de perros en Chile, especialmente las de galgos. La iniciativa fue aprobada en general por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, pero Alinco estuvo entre quienes votaron en contra.
No estamos hablando solamente de una discusión sobre una actividad recreativa. El proyecto pretende incorporar a la Ley 21.020 de Tenencia Responsable una prohibición expresa de las carreras de perros, estableciendo sanciones para quienes las organicen o participen en ellas. Sus impulsores sostienen que alrededor de estas competencias existen antecedentes de maltrato, explotación, lesiones, abandono y apuestas ilegales. El proyecto vuelve ahora a la Comisión de Medio Ambiente para su discusión particular.
Y aquí aparece una pregunta política inevitable para Aysén.
René Alinco fue electo desde un espacio político distinto al oficialismo de José Antonio Kast, pero durante estos primeros meses de gobierno ha coincidido con La Moneda en votaciones de especial relevancia.
En mayo, por ejemplo, votó a favor de la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional, la denominada MEGARREFORMA de Kast, que obtuvo 90 votos favorables. Antes incluso de que la iniciativa ingresara formalmente, Alinco ya era mencionado como uno de los votos con los que el Ejecutivo contaba para asegurar su aprobación general.
Eso sí, corresponde hacer una precisión importante: aprobar la idea de legislar no significó respaldar todos sus artículos. Cuando se votaron cuatro de sus componentes tributarios centrales, Alinco se abstuvo en la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y votó en contra de las disposiciones sobre contribuciones, invariabilidad tributaria e integración del sistema tributario.
También respaldó en abril el proyecto gubernamental de “Escuelas Protegidas”, que avanzó en la Cámara con 103 votos favorables.
Por eso el debate no debería reducirse a derecha versus izquierda. El asunto es qué criterio político está utilizando el representante de Aysén cuando decide sus votos.
Porque un diputado independiente tiene todo el derecho a votar caso a caso. Pero también tiene la obligación política de explicar a sus electores por qué respalda determinadas iniciativas del Gobierno, por qué rechaza otras y qué beneficio concreto obtiene Aysén de esas negociaciones.
Hoy, frente a una iniciativa destinada a aumentar la protección de los animales, René Alinco decidió votar NO.
Y después de verlo convertido en un voto buscado y públicamente contabilizado por el Gobierno de Kast en proyectos estratégicos, la pregunta que corresponde hacer no es una acusación, sino una exigencia democrática de transparencia:
¿Estamos frente a un diputado que vota exclusivamente por convicción, o frente a una forma de hacer política donde cada voto se negocia esperando algo a cambio? Y si existe algo a cambio, ¿es para Aysén… o para beneficio político del propio diputado?

Kast y el peligro de que el desgaste se transforme en tendencia

El problema para La Moneda es otro: la velocidad con que se ha consumido el respaldo que recibió al comenzar su gobierno.

Cuando José Antonio Kast asumió la Presidencia el 11 de marzo, comenzó con algo que todo gobierno necesita: crédito político. Cadem llegó a situar su aprobación inicial en torno al 57% y Pulso Ciudadano lo hizo debutar con 47,5%. Cinco meses después, ese escenario cambió sustancialmente. Cadem registra actualmente 41%, Criteria 35% y Pulso Ciudadano llegó a medir 25,6%.

Las cifras son diferentes porque las encuestas utilizan metodologías distintas. Lo importante, por lo tanto, no es escoger el número que más convenga políticamente, sino observar la dirección que muestran las series.

Y esa dirección es inequívoca: el apoyo inicial se redujo.

En Pulso Ciudadano la trayectoria es especialmente gráfica. Kast pasó de 47,5% en marzo a 29,1% en abril, 31,2% en mayo, 30,1% en junio, 28,9% en julio y 25,6% a comienzos de agosto.

El punto no es afirmar que Kast esté condenado a continuar cayendo. Las encuestas más recientes incluso muestran cierta estabilización o recuperación en algunos estudios. El dato político más significativo es cuán rápidamente desapareció la luna de miel.

No es todavía el peor gobierno evaluado

Aquí la historia obliga a poner las cifras en perspectiva.

Sebastián Piñera llegó a sólo 6% de aprobación en la CEP de diciembre de 2019. Michelle Bachelet había alcanzado 15% durante su segundo mandato y Piñera I llegó a 23%.

Kast no está ahí.

Pero tampoco necesita llegar al 6% para tener un problema político.

Lo relevante será determinar si durante los próximos meses su aprobación logra estabilizarse sobre el 35%-40%, o si comienzan a converger varias encuestadoras por debajo del 30%.

Ese último escenario sería cualitativamente diferente.

Porque una cosa es que una encuesta marque ocasionalmente 26% o 29%. Otra muy distinta es que el sub-30 se transforme en el nuevo nivel estructural de apoyo presidencial.

La economía empieza a pesar

Y aquí aparece una segunda curva que La Moneda debería mirar con tanta atención como las encuestas.

El desempleo nacional llegó a 9,4% en el trimestre abril-junio, muy cerca de la barrera psicológica de los dos dígitos. La informalidad laboral alcanzó 27%.

El Banco Central, además, constató una contracción de 0,3% del PIB durante el primer trimestre y redujo su previsión de crecimiento para 2026 desde un rango de 1,5%-2,5% a sólo 1%-1,75%. La institución también señaló deterioro en algunos fundamentos del consumo, incluyendo mayor desempleo, menor crecimiento de salarios reales y peores expectativas de los consumidores.

Esto requiere una precisión: Chile no enfrenta una caída de “dos dígitos” del PIB. La variable que está aproximándose al 10% es el desempleo.

Y políticamente eso puede ser todavía más sensible.

El PIB es una cifra que aparece periódicamente en los medios. El desempleo, en cambio, entra directamente a los hogares.

Es alguien que perdió su trabajo.

Una familia que lleva meses buscando empleo.

Un joven que no consigue entrar al mercado laboral.

O alguien que terminó trabajando informalmente.

Kast recibió apoyo, pero también una exigencia

Ésa es probablemente la clave para entender estos primeros meses.

Kast no recibió simplemente adhesión ideológica. Recibió una enorme expectativa de resultados.

Orden.

Seguridad.

Crecimiento.

Empleo.

Control migratorio.

Por eso su apoyo puede ser particularmente sensible a una pregunta muy sencilla que los ciudadanos comienzan a hacerse después de cualquier cambio de gobierno:

¿Mi situación está mejorando?

Las personas no evalúan un gobierno leyendo las Cuentas Nacionales. Lo hacen mirando su trabajo, su salario, el precio de las cosas, la delincuencia de su barrio y sus expectativas sobre el futuro.

Por eso no basta con que algunos indicadores eventualmente mejoren. El gobierno necesita que esa mejoría sea visible y atribuible a su gestión.

Lo que viene

La experiencia chilena también obliga a evitar determinismos.

Michelle Bachelet cayó durante su primer gobierno hasta cerca de 39% y terminó posteriormente con niveles extraordinariamente altos de aprobación. Las curvas políticas pueden recuperarse.

Kast también puede hacerlo.

Las últimas mediciones de Cadem muestran precisamente que determinadas acciones de seguridad pueden generar recuperación: el 16 de agosto su aprobación subió a 41%, en una medición en que el denominado Plan Cancerbero obtuvo una evaluación ampliamente favorable.

Pero el desafío económico probablemente será más difícil de resolver mediante anuncios.

Si durante los próximos meses el desempleo se mantiene cerca o sobre 10%, el crecimiento continúa débil y la ciudadanía no percibe mejoramiento en seguridad, Kast corre el riesgo de entrar en la misma zona política que conocieron otros gobiernos antes que él: una Presidencia sostenida principalmente por su electorado más fiel y con dificultades crecientes para recuperar al votante independiente.

Ese es el verdadero dato que habrá que seguir.

No si Kast rompe mañana el récord negativo de Piñera.

Sino algo mucho más inmediato:

si la pérdida de apoyo de estos primeros cinco meses fue sólo el fin normal de una luna de miel presidencial, o el comienzo de una tendencia mucho más profunda.

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Cinco meses después de asumir, el gobierno de José Antonio Kast ya muestra una tendencia clara: la aprobación cayó con rapidez.

Cadem lo sitúa en 41%, Criteria en 35%, CEP en 34% y Pulso Ciudadano en 25,6%.

No es el peor nivel de nuestra democracia, pero sí una erosión muy temprana.

La economía tampoco ayuda a construir paciencia:

desempleo en 9,4%, dos trimestres con variaciones negativas del PIB interanual y una inflación en torno al 3,5%.

Nada de esto condena el futuro de un gobierno, pero la señal es nítida: el apoyo inicial fue alto por las expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen rápido, el respaldo cae.

El verdadero riesgo no es bajar algunos puntos más, sino que el sub-30 se vuelva la nueva normalidad.

Mucho despliegue comunicacional y dudas sobre los cambios de fondo

La estrategia de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast quedó bajo una fuerte crítica luego de la publicación de la columna «Puro humo», del periodista Daniel Matamala, aparecida el 15 de agosto en La Tercera.

El columnista centra su cuestionamiento en la distancia que, a su juicio, existe entre el discurso con que Kast enfrentó la campaña presidencial y las medidas que su administración ha comenzado a implementar durante sus primeros meses.

Matamala sostiene que el Gobierno consiguió finalmente instalar la seguridad en el centro de la agenda pública mediante una cadena nacional, la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), reformas constitucionales y un amplio despliegue comunicacional alrededor de los traslados de presos de alta peligrosidad. Su conclusión, sin embargo, es severa: éxito publicitario no necesariamente equivale a efectividad en el combate contra el crimen.

De una promesa de ruptura a la continuidad de políticas anteriores

Uno de los principales puntos planteados por Matamala es que durante la campaña Kast ofreció un cambio profundo respecto de la administración de Gabriel Boric, instalando la idea de que hacía falta fundamentalmente un Gobierno con mayor decisión política para enfrentar la delincuencia.

Cinco meses después de asumir, señala el periodista, parte de las acciones implementadas muestran más elementos de continuidad que de ruptura con las políticas que venían desarrollándose.

Uno de los ejemplos utilizados es la segregación de presos de alta peligrosidad. Kast anunció inicialmente una reforma constitucional destinada a fortalecer este tipo de medidas, pero posteriormente el propio Gobierno ejecutó traslados hacia módulos de máxima seguridad utilizando las atribuciones actualmente disponibles para Gendarmería.

La interrogante planteada por Matamala es directa: si esas facultades podían ejercerse bajo la institucionalidad vigente, ¿cuál era entonces la necesidad de presentar previamente una reforma constitucional como requisito para actuar?

La cárcel presentada como símbolo del cambio venía de gobiernos anteriores

La denominada Operación Cancerbero, que significó el traslado de cerca de 300 internos de alta peligrosidad hasta el complejo penitenciario La Laguna, en la Región del Maule, estuvo acompañada por una fuerte puesta en escena comunicacional del Gobierno.
Medios internacionales también destacaron el carácter visual del operativo y sus similitudes con la estrategia comunicacional utilizada por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
Matamala cuestiona especialmente que el Ejecutivo haya presentado la utilización de esa infraestructura como símbolo de un antes y un después en materia penitenciaria.

Según recuerda el columnista, el proyecto fue planificado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, construido durante la administración de Sebastián Piñera y terminado bajo el Gobierno de Gabriel Boric.

Desde esa perspectiva, no se trataría de una infraestructura creada por la actual administración, sino de la utilización de una política penitenciaria desarrollada durante varios gobiernos y ahora incorporada a la estrategia comunicacional de Kast.

De 100 mil nuevas plazas carcelarias a 20 mil
Otro de los principales cuestionamientos apunta al Plan Cancerbero.

Durante la campaña presidencial se habló de alcanzar 100 mil nuevas plazas carcelarias en cuatro años, incluyendo la construcción de una megacárcel en el desierto.

Sin embargo, Matamala señala que esa proyección habría disminuido posteriormente hasta 20 mil nuevas plazas, una reducción considerable respecto del compromiso originalmente levantado en campaña.

La diferencia resulta políticamente relevante porque la infraestructura penitenciaria fue uno de los ejes centrales utilizados por Kast para marcar distancia con los gobiernos anteriores y presentar una política sustancialmente más dura contra el crimen organizado.

Reforma constitucional abre una nueva controversia

La columna también aborda uno de los aspectos más polémicos de la ofensiva de seguridad: el borrador de reforma constitucional que proponía restringir prestaciones sociales para personas condenadas por terrorismo y crimen organizado.

El texto conocido inicialmente incluía restricciones relacionadas con salud, educación, trabajo y seguridad social durante el cumplimiento de la condena y hasta 15 años después.

La propuesta provocó cuestionamientos incluso fuera de la oposición. Matamala recuerda las advertencias del senador Matías Walker y de los exministros de Salud Enrique Paris y Karla Rubilar respecto de los efectos sanitarios que podría tener impedir o restringir determinadas prestaciones médicas.

La controversia obligó posteriormente al propio Presidente Kast a precisar que su Gobierno no pretende dejar sin atención de salud a los reclusos, afirmando que seguirán recibiendo prestaciones esenciales.

Este episodio revela además una de las dificultades que enfrenta la nueva agenda: transformar anuncios políticamente impactantes en normas jurídicamente aplicables y compatibles con las obligaciones del Estado.

Seguridad: entre la señal política y los resultados

El debate planteado por Matamala va más allá de un traslado de presos o de una reforma constitucional.

El problema de fondo es determinar cuánto de la actual ofensiva gubernamental representa un cambio estructural en la lucha contra el crimen organizado y cuánto corresponde a una estrategia destinada a instalar la percepción de que “la mano cambió”.

El Gobierno sostiene precisamente esa tesis y ha buscado diferenciar su política de seguridad de la administración anterior mediante nuevos operativos, proyectos legislativos y una presencia pública mucho más visible del Presidente y de sus ministros.

Pero la efectividad de una política de seguridad no puede evaluarse solamente a partir de cadenas nacionales, imágenes de drones, uniformes penitenciarios o traslados transmitidos por televisión.

El verdadero examen estará en los resultados: reducción sostenida de homicidios, desarticulación financiera de organizaciones criminales, disminución de secuestros y sicariatos, mayor control penitenciario, persecución del lavado de activos y recuperación efectiva de territorios dominados por bandas.

Es allí donde, más allá de la batalla comunicacional, deberá demostrarse si la nueva estrategia constituye realmente un cambio estructural o si, como sentencia Matamala, detrás de una puesta en escena políticamente potente existe finalmente «puro humo».