Autor: Víctor Reyes

La noticia de hoy vuelve a poner una pregunta incómoda sobre la mesa: Estados Unidos incluyó a Chile entre 40 países que, según la Casa Blanca, presentan riesgo de ser utilizados para el transbordo de mercancías chinas con destino al mercado estadounidense, en el marco de la denominada “Gran Estafa del Transbordo”.

Y entonces conviene refrescar la memoria.

En marzo, pocos días antes de asumir la Presidencia, José Antonio Kast viajó a Miami para participar en la cumbre “Shield of the Americas”, convocada por Donald Trump, junto a mandatarios y dirigentes políticamente afines como Javier Milei y Nayib Bukele. La reunión tenía entre sus ejes precisamente contener la influencia de China en América Latina.

Kast apostó fuerte por la cercanía con Washington. Tanto, que durante meses se instaló la idea de que esa afinidad ideológica podía significar un trato privilegiado para Chile.

Pero la realidad ha sido bastante menos romántica.

Primero llegaron aranceles estadounidenses del 12,5% para parte importante de las exportaciones chilenas, una decisión que golpeó directamente la expectativa de que la buena relación política con Trump protegería comercialmente a nuestro país.

Ahora Washington vuelve a apuntar a Chile, esta vez colocándolo bajo sospecha como posible plataforma de triangulación de productos vinculados a China.

Parece que Kast viajó a Miami creyendo que ingresaba al círculo de amigos de Trump, pero Estados Unidos no tiene amigos: tiene intereses.

Y ahí está el problema.

Porque un Presidente chileno no fue elegido para convertirse en administrador regional de la política exterior de Donald Trump, ni para escoger entre Washington y Beijing según las preferencias ideológicas de la Casa Blanca. Fue elegido para defender los intereses de Chile.

China sigue siendo un socio comercial fundamental para nuestra economía y Estados Unidos también lo es. La obligación de La Moneda debería ser mantener autonomía, equilibrio y pragmatismo.

Porque cuando las grandes potencias juegan su guerra comercial, Chile no puede darse el lujo de actuar como peón de nadie.

La pregunta queda planteada:

¿Kast gobierna la política exterior pensando en Chile o todavía administra en Santiago la agenda que fue a escuchar a Miami?

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Durante la mañana de este jueves 13 de agosto se habría desplegado un amplio operativo policial y judicial contra distintos dispensarios de cannabis a lo largo del país, con diligencias simultáneas desde Arica hasta Magallanes.

De acuerdo con la información preliminar que ha comenzado a circular, la investigación estaría siendo dirigida por la Fiscalía Regional de Aysén, con participación de unidades policiales especializadas y diligencias destinadas a incautar cannabis, documentación, mercadería y otros elementos que pudieran estar vinculados a los hechos investigados.

Uno de los antecedentes más relevantes es que el procedimiento habría dejado 39 personas detenidas, quienes estarían siendo investigadas por su eventual participación en una presunta red de carácter internacional dedicada al tráfico de sustancias ilícitas, principalmente marihuana.

La magnitud del procedimiento llama especialmente la atención porque no se trataría de allanamientos aislados, sino de una operación coordinada de alcance nacional, ejecutada simultáneamente en distintos puntos del territorio.

Entre los nombres que han comenzado a mencionarse aparece el apellido Huerta, respecto de quien existirían versiones que lo sitúan actualmente en Miami, Estados Unidos. Este antecedente, al igual que su eventual participación o rol dentro de la investigación, requiere todavía confirmación oficial por parte del Ministerio Público.

La investigación adquiere además relevancia por tratarse de establecimientos que se presentan como dispensarios vinculados al cannabis medicinal, un ámbito que durante años ha generado controversias judiciales respecto de los límites entre el cultivo colectivo, el uso terapéutico y las conductas sancionadas por la Ley 20.000.

Por ahora se trata de una noticia en desarrollo. Las cifras de detenidos, las cantidades incautadas, la identificación de los imputados y la eventual existencia de conexiones internacionales deberán ser confirmadas oficialmente durante las próximas horas por la Fiscalía y las policías intervinientes.

39 detenidos, allanamientos de norte a sur y una investigación dirigida desde Aysén: un procedimiento cuya verdadera dimensión recién comienza a conocerse.

Donald Trump cumplió 80 años mientras dirige la mayor potencia militar del planeta y continúa intentando vender la guerra contra Irán como si fuera otra temporada de su reality personal: él anuncia la victoria, él anuncia la paz, él amenaza, él vuelve a bombardear y luego vuelve a anunciar que todo está bajo control.

En las redes sociales del presidente siempre aparece el mismo protagonista: Donald Trump.

El hombre fuerte.
El negociador.
El pacificador.
El comandante.
El héroe que, según su propio relato, vuelve a salvar al mundo.

El problema comienza cuando uno apaga Truth Social y mira lo que ocurre fuera de la pantalla.

Solo durante los primeros doce días de la guerra, el costo estimado para Estados Unidos alcanzó aproximadamente US$16.500 millones. Una cifra difícil de imaginar: miles de millones quemándose en misiles, operaciones aéreas, combustible y despliegues militares mientras desde Washington se continúa hablando de fortaleza, victoria y superioridad.

Y detrás de cada misil existe algo que jamás aparece con el mismo entusiasmo en las publicaciones presidenciales: personas.

En Irán, los muertos se cuentan por miles. Civiles, niños, soldados, familias destruidas. Y también existe un costo humano que comienza a aparecer dentro de la propia maquinaria militar estadounidense.

El portaaviones USS Abraham Lincoln, uno de los mayores símbolos del poder naval norteamericano, lleva más de ocho meses desplegado. Cerca de 5.000 marineros y marines viven allí mientras familiares han denunciado agotamiento extremo, deterioro de las condiciones de vida y episodios en que tripulantes habrían intentado lanzarse por la borda.

La Armada estadounidense discute que exista un aumento acreditado de intentos de suicidio.

Pero incluso esa controversia deja una imagen difícil de borrar:

la superpotencia que pretende demostrar que doblegó a Irán tiene que comenzar a preguntarse por la salud mental de los hombres que envió a hacerlo.

Ahí aparece la parte de la guerra que nunca entra bien en una fotografía presidencial.

Porque las guerras televisadas desde un despacho parecen simples: se mueve un portaaviones, despega un avión, cae una bomba y el presidente escribe “VICTORIA”.

Pero abajo hay seres humanos.

Y arriba también.

Trump ha anunciado treguas, acuerdos y avances hacia la paz que posteriormente han terminado enfrentados a nuevas hostilidades. Estados Unidos ha vuelto a atacar y el conflicto continúa. Mientras tanto, Irán sigue disputándole incluso el control del estratégico estrecho de Ormuz.

Curiosa forma de haber ganado una guerra.

Más curioso todavía es observar al mismo presidente que durante años ridiculizó a Joe Biden llamándolo “Sleepy Joe”, enfrentando ahora fotografías y videos donde aparece reiteradamente con los ojos cerrados durante actos oficiales. Trump asegura que no duerme: dice que a veces simplemente se aburre.

Tal vez sea esa la gran ironía de esta guerra.

El presidente puede aburrirse.
Los soldados no.
Las familias iraníes tampoco.

Mientras Trump construye en sus redes sociales la imagen de un estadista providencial, casi un superhéroe geopolítico capaz de resolver guerras con una publicación escrita en mayúsculas, la realidad continúa enviándole notificaciones que no puede borrar:

miles de muertos, miles de millones de dólares consumidos, un estrecho estratégico todavía en disputa y miles de militares estadounidenses agotados después de meses embarcados.

Porque una cosa es conquistar el algoritmo.

Otra bastante distinta es conquistar un país.

Y quizá detrás de toda esta exhibición de poder se esté descubriendo una verdad mucho más incómoda:

Estados Unidos puede tener los portaaviones más grandes del planeta, los aviones más sofisticados y un presupuesto militar que ninguna pequeña nación persa puede igualar. Pero ninguna superpotencia dispone de soldados infinitos, dinero infinito ni resistencia humana infinita.

La guerra que en las redes de TrUmp siempre parece estar a horas de terminar lleva meses recordándole eso.

Y mientras el autoproclamado pacificador vuelve a publicar que tiene todo bajo control, desde uno de los portaaviones más poderosos jamás construidos algunos de sus propios hombres parecen estar diciendo exactamente lo contrario.

En lo profundo de los bosques de la Región de Los Lagos, una expedición del programa “El Clan”, encabezada por Pangal Andrade, se encontró con un alerce de dimensiones extraordinarias que podría esconder miles de años de historia.
El hallazgo ocurrió en los bosques cercanos al Parque Nacional Hornopirén, luego de una expedición iniciada en Cahuelmó, comuna de Hualaihué. Fue Lorenzo Andrade quien divisó el enorme ejemplar, mientras que los ingenieros forestales Gabriel y Chagual Orrego tomaron muestras de sus anillos para intentar determinar científicamente su edad.

La expectativa no es menor: los especialistas creen que este gigantesco alerce podría incluso superar en antigüedad al llamado “Gran Abuelo”, ubicado en el Parque Nacional Alerce Costero, en la Región de Los Ríos, cuya edad ha sido estimada en alrededor de 5.400 años. Sin embargo, por ahora se trata de una hipótesis: los análisis de las muestras deberán confirmar cuántos años tiene realmente el nuevo ejemplar.

Si las investigaciones lo confirman, en los bosques del sur de Chile podría estar creciendo desde mucho antes de las pirámides de Egipto uno de los seres vivos más antiguos del planeta.

Un verdadero monumento natural que vuelve a recordarnos el inmenso patrimonio ecológico que todavía permanece escondido en los bosques de la Patagonia chilena.

No es solamente un árbol. Es historia viva. Y está en el sur de Chile.

Tras la propuesta de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de reemplazar progresivamente la indemnización por años de servicio, aparece el deseo más íntimo de parte del empresariado: eliminar uno de los principales obstáculos económicos para despedir a quienes han entregado buena parte de su vida a una empresa.

Hoy, cuando el empleador invoca la causal de “necesidades de la empresa” establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, debe pagar una remuneración mensual por cada año trabajado —y por la fracción superior a seis meses— con un máximo general de 11 meses. También puede proceder esta indemnización en un despido indirecto, cuando un tribunal determina que fue el empleador quien incurrió en un incumplimiento grave que obligó al trabajador a poner término al contrato.

En cambio, la renuncia, el mutuo acuerdo y la mayoría de las demás causales de término no generan legalmente esta indemnización, salvo que exista un pacto, una cláusula contractual, una causal especial o que un tribunal declare injustificado el despido.

Por lo tanto, no es efectivo que el sistema actual obligue siempre al empresario a pagar 11 sueldos. Ese costo solo existe en determinadas circunstancias y para quien haya acumulado al menos 11 años de antigüedad. Precisamente, es ese trabajador antiguo el que resulta “caro” de despedir y el que podría terminar pagando el costo de esta reforma.

La CPC pretende sustituir esa protección por una indemnización a todo evento, financiada mediante un fondo mensual. La presentan como un beneficio porque podría cobrarse incluso al renunciar, pero silencian la otra cara: un trabajador con muchos años en la misma empresa podría recibir considerablemente menos que con el sistema vigente. El propio ministro del Trabajo ha reconocido que quienes tengan una larga permanencia “probablemente” recibirán menos.

El ejemplo más cercano es el sistema de las trabajadoras y trabajadores de casa particular: el empleador realiza un aporte mensual a una cuenta individual y, al terminar la relación laboral, la persona retira lo acumulado cualquiera sea la causal. Es una indemnización a todo evento, sí, pero no equivale a recibir un sueldo completo por cada año trabajado.

Existe, además, una protección histórica que no debe olvidarse. Los trabajadores con contrato vigente y contratados por el mismo empleador antes del 14 de agosto de 1981 conservan el derecho a la indemnización sin el límite de 11 años. En esos casos corresponde un mes por cada año de servicio, sin ese tope general. Aunque hoy son muy pocos, su derecho sigue reconocido legalmente.

La discusión tampoco se limita al mundo privado. El Código del Trabajo también alcanza, según el régimen jurídico particular de cada institución, a trabajadores de CONAF, obreros de Vialidad y personal de entidades como CORFO, JUNAEB, SERCOTEC, empresas portuarias y empresas estatales como Codelco, Metro, EFE, ENAP y Correos de Chile, entre otras.

Hasta ahora se ha señalado que la eventual reforma se aplicaría a los contratos celebrados después de su aprobación. Pero eso no disminuye su gravedad: significaría crear una nueva generación de trabajadores con una protección más débil frente al despido.

La CPC habla de “modernización” y “movilidad laboral”. En lenguaje sencillo, podría significar despedir sin tener que desembolsar de una sola vez la indemnización construida durante años de trabajo. El fondo ya estaría acumulado y el costo del despido dejaría de ser una barrera para el empleador.

No se trata de impedir que las empresas se adapten. Se trata de no convertir al trabajador antiguo en una carga y su indemnización en un privilegio que deba desaparecer.

Porque cuando el empresariado pide “flexibilidad laboral”, casi siempre la flexibilidad es para despedir y la inseguridad es para quien trabaja.

El Ministerio de Salud confirmó la salida de la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, luego de semanas marcadas por crecientes denuncias y acciones judiciales en su contra.
La autoridad regional llegó a enfrentar nueve denuncias bajo la Ley Karin, dos querellas y seis acciones de tutela laboral, situación que había provocado fuertes cuestionamientos de funcionarios y organizaciones gremiales.

Finalmente, este lunes el Ministerio de Salud resolvió solicitar su renuncia y confirmó públicamente su salida, señalando que próximamente informará quién asumirá la subrogancia. �
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La decisión vuelve a poner sobre la mesa una cuestión elemental: la Ley Karin no distingue jerarquías. Cuando las denuncias comprometen a una autoridad, el deber del Estado no puede ser mirar hacia el costado, sino investigar y actuar.
www.vientopatagon.com — ponemos el foco donde otros prefieren no mirar.

Hay mujeres que no nacieron para encajar en el molde de su época, sino para romperlo.

En las primeras décadas del siglo XX —cuando la política seguía siendo un espacio dominado casi por completo por los hombres—, Rosa Luxemburgo (1871–1919) irrumpió en la escena europea no como espectadora, sino como una de las intelectuales y dirigentes políticas más brillantes, audaces e incómodas de su generación.

En tiempos en que a muchas mujeres se les exigía silencio, obediencia o abnegación, Rosa eligió la inteligencia, la palabra, la organización política y la confrontación de ideas. Coincidió históricamente con el auge de los movimientos por el sufragio femenino, pero su pensamiento fue todavía más profundo: sostuvo que la emancipación de las mujeres debía ir unida a una transformación radical de las estructuras económicas y sociales que producían desigualdad y explotación.

Su trayectoria dejó lecciones que siguen interpelando hasta hoy:

La inteligencia también incomoda. Luxemburgo discutió con adversarios y compañeros de partido por igual. No aceptó el dogma ni siquiera cuando provenía de su propio sector político.

La coherencia tuvo un precio. Se opuso al militarismo y a la Primera Guerra Mundial cuando gran parte de la socialdemocracia alemana terminó respaldando los créditos de guerra. Por su actividad política conoció la persecución y la cárcel, pero continuó escribiendo, reflexionando y defendiendo sus convicciones.

Ser vanguardia nunca fue gratuito. El 15 de enero de 1919, en medio de la convulsión política alemana, Rosa Luxemburgo fue asesinada por integrantes de los Freikorps tras ser detenida en Berlín.

A las mujeres que hoy hacen política, lideran organizaciones, defienden causas sociales o simplemente se atreven a pensar distinto frente al poder, la historia de Rosa Luxemburgo les recuerda algo fundamental: la firmeza intelectual, la rebeldía y el derecho a tener una voz propia jamás han sido patrimonio masculino.

Se puede asesinar a una dirigente. Se puede intentar borrar una voz. Pero las ideas capaces de sobrevivir a su tiempo son mucho más difíciles de sepultar.

Rosa Luxemburgo murió en 1919. Su pensamiento continúa incomodando más de un siglo después.

«Quien no se mueve, no siente sus cadenas.»
— atribuida a Rosa Luxemburgo