Autor: Víctor Reyes

El 11 de septiembre de 1973, mientras las fuerzas armadas chilenas derrocaban al gobierno de Salvador Allende, el capitán de la Fuerza Aérea Jorge Silva Ortiz enfrentó un dilema que le costaría casi cuatro años de prisión y un exilio forzado. Destinado en la Escuela de Especialidades de la Base Aérea El Bosque —convertida en campo de detención, tortura y exterminio—, Silva ordenó que dos jóvenes detenidos, Fernando Villagrán y Felipe Agüero, fueran trasladados al Estadio Nacional en lugar de ser fusilados esa misma noche. “Me iban a ejecutar y él me salvó”, recuerda Villagrán, hoy de 77 años.

La cadena de mando que Silva desobedeció no tardó en cobrarle la osadía. El 9 de octubre de 1973 fue detenido, encapuchado y desarmado en la casa de un superior. Comenzó entonces un calvario de torturas en la Academia de Guerra Aérea aplicadas por sus propios compañeros de armas: choques eléctricos que le provocaron taquicardias y hemorragias, sumersiones en agua, golpes con objetos contundentes y amenazas contra su familia. “La condición física del capitán estaba muy deteriorada”, documenta Villagrán en su libro “Disparen a la Bandada”.

Silva no fue el único uniformado castigado por resistirse al golpe. En la Cárcel Pública de Santiago compartió la celda número 12 de la Galería 2 con el general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, quien murió el 11 de marzo de 1974 tras ser torturado por sus antiguos camaradas. La sentencia judicial de 2014 confirmada por la Corte Suprema en 2016 estableció que Silva estuvo con Bachelet el día de su muerte. Decenas de oficiales y suboficiales de la FACh que se negaron a participar en el golpe permanecieron recluidos en ese mismo recinto carcelario.

La justicia tardó más de cuatro décadas en anular las condenas de los Consejos de Guerra dictadas contra 84 miembros de la Fuerza Aérea que habían permanecido en prisión por desafiar las órdenes. Entre ellos estaba Silva, quien tras casi cuatro años privado de libertad partió al exilio en Londres en 1977. El mismo aparato institucional que lo formó como oficial de Contrainteligencia —con entrenamiento en la Escuela de Las Américas en Panamá y en Estados Unidos— lo declaró “traidor” por defender la constitucionalidad.

La historia de Silva no es solo un relato de salvación individual, sino un espejo de las contradicciones al interior de una institución que se dividió entre la lealtad al orden constitucional y la obediencia al poder de facto. En 1970, Silva había alertado directamente a Allende sobre un complot para asesinarlo, decisión que lo marcó ante sus superiores tres años después. “Yo sabía que iba a caer”, declaró. Solo era cuestión de tiempo.

El reencuentro entre Silva y los jóvenes que salvó ocurrió recién en 2001, cuando el excapitán viajó a Chile para participar en el documental “Estadio Nacional” de Carmen Luz Parot. Villagrán tuvo entonces la oportunidad de decirle algo que siempre había querido: “Te debo la vida”. De ahí nació una amistad que se mantuvo hasta el fallecimiento del capitán. “Cada vez que Jorge venía a Chile se quedaba en mi casa”, cuenta Villagrán.

La película “Hangar Rojo”, dirigida por Juan Pablo Sallato y basada en el libro de Villagrán, reconstruye este dilema moral filmado en blanco y negro. Tras ganar 19 premios en festivales internacionales y un exitoso debut comercial en Italia, la cinta pone en escena una pregunta que trasciende el caso particular: qué ocurre cuando las instituciones armadas se quiebran entre la legalidad y la fuerza bruta, y quién paga el precio de esa fractura, según se mencionó en El Mostrador.

El incendio en la residencia de adultos mayores “El Edén” en Pitrufquén no es solo una tragedia, es el resultado de una negligencia estatal que permitió que un recinto funcionara en la clandestinidad. Dieciséis personas fallecieron, quince de ellas adultos mayores, y otras diez sobrevivieron a un siniestro que destapó una realidad insostenible: el hogar operaba sin autorización para funcionar. ¿Dónde estaba la fiscalización del Estado mientras se vulneraba la seguridad de los más desprotegidos?

Tras la emergencia, el Gobierno ha desplegado una retórica de urgencia que contrasta con su inacción previa. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, aseguró que la prioridad es asegurar la continuidad de los cuidados y reubicar a los sobrevivientes en Establecimientos de Larga Estadía debidamente autorizados. Sin embargo, su declaración evidencia una contradicción brutal: el Estado ahora se preocupa de que los recintos tengan autorización, justo cuando ya hubo 16 muertos por no haberlo verificado a tiempo.

De los diez sobrevivientes, seis permanecen en un albergue y cuatro volvieron con sus familias, mientras el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) trabaja en su reubicación. Pero, ¿por qué el equipo regional del Senama, la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Desarrollo Social de La Araucanía solo se desplegaron después del desastre? La coordinación parece ser una reacción tardía ante la opinión pública, no una política de protección real.

La justicia también muestra signos de lentitud. Carabineros interrogó en calidad de imputada a la persona que sería responsable del recinto, pero hasta ahora no se ha comunicado una decisión procesal en su contra. La falta de autorización del establecimiento se suma a los antecedentes de la investigación, pero la demora en las acciones concretas deja en evidencia que las responsabilidades penales podrían quedar en la impunidad.

Para intentar controlar los daños políticos, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, viajará a Pitrufquén para conocer la situación y coordinar acciones. Un viaje que suena más a un gesto para aplacar la indignación, que a una solución estructural. No hay anuncios sobre cómo se evitará que otros hogares sigan operando al margen de la ley, ni quiénes responderán por la omisión de controles que permitió esta tragedia.

La tragedia de Pitrufquén deja al descubierto un doble estándar: se actúa cuando las cámaras y los cuerpos de los adultos mayores ya están en la morgue, pero se esconde la responsabilidad de un Estado que no fiscaliza. Mientras los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas rotas, las autoridades se limitan a prometer reubicaciones y a viajar para “coordinar”, eludiendo responder por qué permitieron que “El Edén” funcionara sin las más mínimas condiciones legales y de seguridad, según se mencionó en El Mostrador.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, salió al paso de las malas cifras económicas con una confesión que revela la ineficacia del gobierno: reconocieron que los números “les han sorprendido”. ¿Cómo es posible que el propio ministerio a cargo de las políticas laborales no haya previsto la crisis que hoy golpea a los trabajadores, especialmente en regiones postergadas como la nuestra?

En lugar de asumir responsabilidades claras, Rau se escudó en una supuesta “agenda de corto, mediano y largo plazo” para hacer frente al desempleo. Sin embargo, el anuncio concreto más relevante que pudo ofrecer fue que la Sala Cuna Universal recién podría ser ley en enero de 2027. Tres años de espera para las familias trabajadoras es un lujo que la Región de Aysén no puede darse, donde el cuidado infantil sigue siendo un obstáculo diario para la inserción laboral femenina.

La promesa de una agenda a múltiplos plazos suena más a un parche burocrático que a una solución real. Mientras el gobierno se llena la boca con planificaciones a futuro, el presente de miles de hogares patagónicos se sigue deteriorando por la falta de empleo y de redes de cuidado. La adaptabilidad laboral que exige Rau parece ser solo para los trabajadores, no para las políticas públicas.

Pero quizás lo más cuestionable es la promesa de que “en este segundo semestre, sin duda que vamos a tener mejores cifras cuando probablemente ya los meses de primavera y verano”. Reducir la recuperación económica a la llegada de las estaciones cálidas es una muestra de la poca seriedad con la que se aborda el problema. El empleo estacional y precario del verano no es un plan de gobierno, es una lotería climática.

Esta postura deja en evidencia una desconexión total con la realidad territorial. En Aysén, esperar el verano para tener “mejores cifras” significa aceptar que el invierno se sobrevive como se puede, con empleos inestables y sin salidas estructurales. El gobierno exige adaptabilidad a los ciudadanos mientras se niega a implementar cambios profundos e inmediatos.

La contradicción es evidente: se declaran sorprendidos por el desempleo, pero no destinan urgencia a las soluciones; prometen mejoras estacionales en lugar de empleos dignos y estables; y aplazan derechos fundamentales como la sala cuna por tres años más. Es claro que la prioridad no está en quienes día a día luchan por subsistir en la Patagonia.

Las declaraciones de Rau no son más que un intento de maquillar la inacción gubernamental. Mientras las autoridades se conforman con esperar el verano y promesas para 2027, el desempleo y la falta de cuidado siguen siendo el pan nuestro de cada día para las familias de Aysén. No hay agenda que vala si no se traduce en acciones concretas e inmediatas, según se mencionó en El Dínamo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, minimiza la grave interpelación aprobada por la Cámara de Diputados calificándola como una “buena oportunidad para mostrar estos meses de gestión”. Lejos de asumir responsabilidades, la autoridad intenta blindarse políticamente exigiendo unidad bajo el argumento de que existen “intereses permanentes de Chile que trascienden a cualquier gobierno”, ocultando así las profundas contradicciones de su propia administración.

Las críticas desde el mundo político son contundentes: su gestión se ha enfocado “exclusivamente en el área comercial”, descuidando la soberanía territorial y el posicionamiento estratégico. Como única defensa, el canciller esgrime que su primer viaje oficial fue a la Antártica, un argumento insuficiente que no subsana la falta de propuestas concretas para la defensa territorial, especialmente para regiones como Aysén donde la soberanía es una demanda histórica y permanente.

La supuesta autonomía de la Cancillería queda en entredicho ante las declaraciones del secretario de Estado sobre la posible integración de Chile al Escudo de las Américas. Aunque categóricamente asegura que “presiones de Estados Unidos no hay”, inmediatamente contradice esta afirmación al admitir que “es un tema que tendremos que evaluar en su mérito”. Esta doble revela una doble estándar: se descarta la injerencia foránea, pero se abre la puerta a las directivas estratégicas de Washington.

Bajo la lógica de una “Cancillería pragmática”, el ministro intenta equilibrar la balanza declarando que “queremos relaciones fuertes con todos los países” y que “somos aliados de Estados Unidos y de China”. Sin embargo, este falso equilibrio diplomático resulta un riesgo cuando se trata de defender los intereses territoriales, demostrando que el pragmatismo del gobierno está dispuesto a ceder soberanía con tal de mantener el flujo comercial.

Los supuestos “avances” de su gestión también muestran grietas. Si bien se reanudaron las relaciones consulares con Venezuela y hubo acercamientos con Bolivia, estos hitos opacan la incapacidad de la autoridad para manejar las tensiones con los vecinos. Debió destinar esfuerzos a “contener las tensiones derivadas del comunicado conjunto con el mandatario argentino, Javier Milei, respecto al Estrecho de Magallanas y las islas Malvinas”, una zona de alta sensibilidad territorial para el país.

A esto se suma la controversia generada por los “recientes dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd”, los cuales el canciller no logró conjurar con firmeza. En vez de defender la dignidad nacional, la Cancillería se limita a negar las presiones mientras evalúa integrarse al escudo militar norteamericano. La interpelación que enfrentará no es solo un trámite, sino la oportunidad de desenmascarar una política exterior que confunde la defensa de la soberanía con el servilismo comercial, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

El incendio que arrasó con el hogar de adultos mayores Edén, en Pitrufquén, dejó un saldo de 16 fallecidos confirmados. Recién consumada la tragedia, el Gobierno, a través del seremi de Salud, José Bravo, sale a denunciar irregularidades. Pero la pregunta inevitable es: ¿dónde estuvo el Estado mientras se acumulaban los riesgos?

Las propias autoridades reconocen que el establecimiento operaba de forma irregular. Según el seremi Bravo, el lugar acumulaba sumarios, multas y antecedentes de reincidencia desde 2019. Es decir, por años, el Gobierno tuvo en sus manos la evidencia de que este lugar era un peligro, y optó por la inacción.

Resulta cuestionable que el Gobierno solo se acuerde de las regulaciones sanitarias cuando ya hay 16 cuerpos. La institucionalidad de salud, en lugar de clausurar un recinto con antecedentes de reincidencia, permitió que siguiera funcionando, priorizando la omisión por sobre la vida de los adultos mayores.

La única acción efectiva ante el fuego no vino del aparato estatal, sino de una cuidadora que logró poner a salvo a diez residentes. Mientras el Gobierno se limitaba a acumular sumarios desde 2019, el riesgo inminente era ignorado. Esos diez sobrevivientes atendidos y dados de alta por personal de salud contrastan con los 16 que no tuvieron la misma suerte.

Esta tragedia no es un accidente, es el resultado de un Estado que abandona a los más vulnerables. Las multas y sumarios de nada sirven si no existe voluntad política de hacer cumplir la ley. El Gobierno debe responder por su omisión: ¿por qué se permitió la reincidencia? ¿Dónde están las propuestas concretas para que no se repita?

Las declaraciones del seremi de Salud en 24 Horas suenan a un intento de lavar las manos del Gobierno tras años de negligencia comprobada. No basta con lamentar los 16 fallecidos; el Gobierno debe asumir su responsabilidad en la falta de fiscalización que permitió que un hogar con sumarios vigentes siguiera operando hasta consumar esta tragedia, según se mencionó en Canal 9 Bío Bío Televisión.

El Gobierno suma una nueva contratación cuestionada. Se trata de Emilio Court Bengolea, un estudiante de derecho que trabajó en la Oficina del Presidente Electo y que ahora se integra al grupo de jóvenes con altos pagos en el Estado. Ya son cuatro los casos de estudiantes o recién egresados que acceden a estas condiciones, una situación que contradice cualquier discurso de austeridad o mérito profesional.

La incorporación de Court Bengolea, quien aún no culmina su carrera, pone en evidencia las contradicciones en la administración pública. ¿Qué justifica que un estudiante acceda a altas remuneraciones o cargos de importancia? Los antecedentes indican que estos jóvenes, sin la experiencia ni la titulación completa, son beneficiados con condiciones que difícilmente se justifican por criterios técnicos o de trayectoria.

Las cifras hablan por sí solas: cuatro casos en total, todos bajo la misma lógica de altas remuneraciones o cargos para quienes recién inician su vida laboral. Esta práctica no solo es cuestionable por el gasto que implica, sino por el mensaje que envía a la ciudadanía: el acceso a los recursos del Estado parece depender más de la cercanía con el poder que de la capacidad profesional.

Mientras desde el Gobierno se omite una explicación clara sobre estos criterios de selección, la lista de beneficiados sigue creciendo. La falta de transparencia en estas contrataciones deja más dudas que respuestas, especialmente cuando se trata de la Oficina del Presidente Electo, un espacio que debería ejemplificar la probidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Las cuestionadas contrataciones de jóvenes en el Gobierno dejan al descubierto una doble estándar. Se exige sacrificio a la ciudadanía, pero en las oficinas del poder se reparten altos pagos a estudiantes y recién egresados. Es imperativo que las autoridades rindan cuentas sobre estos cuatro casos y expliquen por qué se priorizan estas contrataciones por sobre las necesidades reales del país, según se mencionó en El Mostrador.

En el Memorial de los Derechos Humanos de Coyhaique se llevó a cabo un acto de reflexión y exigencia de justicia por las víctimas de la dictadura. Sin embargo, las intervenciones del diputado René Alinco acapararon la atención, dejando entrever más declaraciones que acciones concretas en la defensa de las instituciones. Si bien el parlamentario centró su discurso en rechazar el recorte presupuestario al INDH para 2027, su acción se limitó a revelar que ha sostenido conversaciones con el ministro de Hacienda y que prevé dialogar con el de Justicia, sin anunciar proyectos de ley o reservas de ley que aseguren el financiamiento de manera estructural.

Alinco defendió que el INDH “no es un instituto político ni partidista ni del gobierno de turno”, pero su propuesta para garantizar su operación se reduce a gestiones administrativas, evadiendo su rol legislativo para imponer condiciones al Ejecutivo. En un ejercicio de autocrítica, el diputado afirmó que “desde Elwin hasta la fecha estamos al debe respecto a los derechos humanos” y fustigó a sus propios compañeros de coalición. No obstante, el parlamentario no aterrizó esta dura acusación en responsabilidades concretas ni en mecanismos de reparación reales, quedando su reflexión en un mero comentario retórico que contrasta con la falta de iniciativas tangibles para saldar esta deuda histórica.

La brecha entre el diagnóstico y la acción también se observa en su advertencia sobre la situación económica como excusa para limitar el trabajo del INDH. En lugar de presentar una propuesta de financiamiento alternativa o un compromiso firme de votación en sala, el diputado solo insiste en la vía del diálogo con el gobierno, diluyendo su responsabilidad como representante popular en la región.

Mientras Alinco se enfocaba en las gestiones ministeriales, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María Vera, enfatizaba que son “53 años de búsqueda y de luchar por la verdad”, manifestando inquietud por el futuro del Plan de Búsqueda y alertando sobre el avance del negacionismo. Por su parte, el ex seremi Samuel Navarro reafirmó el compromiso de que la tortura y desaparición forzada “nunca más” se repitan, subrayando la necesidad pedagógica de mantener estos actos en recintos de memoria.

A la retórica de Alinco también se sumó la crítica de la diputada Andrea Macía, quien cuestionó la falta de cobertura mediática de la memoria y denunció que las mayorías de extrema derecha en el Congreso impidieron lograr un acuerdo de comité para rendir un minuto de silencio por las más de 40.000 víctimas registradas, instando a la juventud a defender la educación pública.

La actividad, que contó con agrupaciones de derechos humanos y representantes de los gobiernos de la Concertación, incluyó la exhibición de afiches, presentaciones musicales y la entrega de rosas y claveles. Queda la sensación de que, mientras las autoridades se limitan a advertir que están “al debe” y a gestionar diálogos, la deuda en derechos humanos sigue profundizándose sin respuestas estructurales desde el Parlamento, según se mencionó en El Divisadero.