Autor: Víctor Reyes

Guillermo Eugenio Schmidt Godoy llevó ese juramento hasta sus últimas consecuencias.

Tenía apenas 23 años, era carabinero de la Cuarta Comisaría de Antofagasta, estaba casado y era padre de tres hijos. El 11 de septiembre de 1973, mientras el golpe de Estado destruía el orden constitucional, Schmidt llegó a su unidad sabiendo que su posición política y su lealtad al gobierno legítimamente constituido lo convertían en un hombre marcado.

Al ingresar a la comisaría le quitaron su arma de servicio. Fue insultado, amenazado y conducido ante sus superiores. Allí se encontraban tres obreros detenidos y heridos, capturados durante la represión desatada en la ciudad.

Según los testimonios conocidos posteriormente, sus superiores le ofrecieron una salida: si asesinaba a aquellos trabajadores indefensos, le perdonarían la vida. Si se negaba, él también moriría.

Era una orden criminal. Una prueba destinada a obligarlo a traicionar sus convicciones, su uniforme y el juramento que había prestado.

Guillermo Schmidt respondió:

“Yo no mato trabajadores”.

Cuando volvieron a presionarlo, recordó que había jurado defender la patria y respetar la Constitución. Comprendía que la patria no era una junta militar ni un grupo de oficiales sublevados. La patria eran sus habitantes: aquellos obreros heridos, sus familias y todo un pueblo que debía ser protegido, no convertido en enemigo.

Schmidt llevaba oculta un arma que no había sido descubierta cuando le retiraron su revólver de servicio. Rodeado por hombres armados y sabiendo que probablemente no saldría con vida, tomó una decisión extrema: disparó contra los dos oficiales que pretendían obligarlo a ejecutar a los prisioneros. Ambos murieron.

Entonces comenzó la balacera.

Guillermo cayó herido. Fue golpeado brutalmente en la cabeza y recibió disparos en los pies para impedirle avanzar. Ensangrentado, todavía intentó arrastrarse hacia el cuarto de armas, pero perdió el conocimiento.

Después fue sometido a interrogatorios y torturas para que revelara los nombres de otros carabineros vinculados a la resistencia contra el golpe. No delató a sus compañeros.

El 12 de septiembre fue ejecutado. La versión difundida por las nuevas autoridades sostuvo que había sido condenado a muerte por un Consejo de Guerra. Sin embargo, el Informe Rettig, al que nunca se remitió la causa judicial, concluyó que no existe certeza de que ese consejo de guerra se haya realizado efectivamente, que Schmidt no contó con la asistencia de un abogado y que, por lo mismo, fue ejecutado sin un proceso regular, al margen del derecho y de la justicia.

Antes de morir escribió una última carta a su madre. Le pidió que cuidara a sus nietos, que no lo olvidara y que le diera un beso a su hermano Eric. Firmó sencillamente:

“Te quiere, Willy”.

Guillermo Schmidt pudo obedecer y conservar su vida. Pudo disparar contra tres hombres indefensos y refugiarse después en la excusa tantas veces utilizada por los responsables de atrocidades: “Yo solamente cumplía órdenes”.

Pero no lo hizo.

Comprendió que ninguna jerarquía transforma un asesinato en un acto legítimo; que un uniforme no libera a nadie de su conciencia y que la obediencia termina allí donde comienza el crimen.

Su acción no fue una traición al juramento institucional: fue su cumplimiento más profundo. Mientras otros rompían la Constitución y volvían las armas del Estado contra su propio pueblo, él defendió la vida de quienes estaban bajo su custodia y entregó la suya en el intento.

Guillermo Eugenio Schmidt Godoy perdió la vida, pero conservó intactos su honor, sus principios y su humanidad.

Su historia nos recuerda que el verdadero heroísmo no consiste en obedecer al más poderoso, sino en tener el valor de decir “no” cuando obedecer significa asesinar.

Honor y memoria para Guillermo Schmidt, el carabinero que prefirió morir antes que convertirse en verdugo de su propio pueblo.

Mientras a millones de chilenos se les habla de austeridad, disciplina fiscal y cuidar cada peso, los registros oficiales de Mercado Público permiten hacerse una pregunta bastante sencilla: ¿el mismo estándar se está aplicando en La Moneda?

No hablamos de rumores ni de una imagen fabricada en redes sociales.

La Presidencia de la República emitió el 2 de septiembre una orden de compra por $153.000.000 para suministro de carne de cerdo y vacuno y otra por $63.750.000 para carne de aves. Ambas figuran como órdenes aceptadas y provienen de una licitación pública.

Y hay algo importante que decir para no engañar a nadie: esto no significa que alguien haya comprado $216 millones en carne para un asado de Fiestas Patrias.
Se trata de contratos de suministro, con productos entregados contra solicitud de pedido. La propia licitación señala que los alimentos están destinados a funcionarios de la institución y a actividades propias de Presidencia.
Pero eso no elimina el legítimo derecho ciudadano a preguntar cuánto se terminará gastando efectivamente, para cuántas personas, durante cuánto tiempo y cómo se compara este gasto con administraciones anteriores.
A ello se suma una compra de 100 banderas de escritorio, cuyo total asciende a $2.368.100, mediante trato directo. La orden fue emitida el 8 de septiembre y aparece aceptada en Mercado Público.
No se trata de afirmar que todo gasto público sea un despilfarro simplemente porque la cifra parece grande. Eso sería demasiado fácil.
La cuestión política es otra.
Cuando desde el poder se exige austeridad al Estado, esa austeridad tiene que comenzar precisamente por quienes administran el Estado.
Si se pide reducir gastos, eliminar programas, restringir contrataciones y hacer sacrificios porque supuestamente cada peso cuenta, entonces cada peso gastado por La Moneda también debe poder explicarse públicamente.
Porque la austeridad pierde toda credibilidad cuando se transforma en una exigencia hacia abajo y en una excepción hacia arriba.
Los documentos están disponibles públicamente.
Que cada ciudadano saque sus propias conclusiones.

La transparencia no consiste solamente en publicar una orden de compra. También consiste en explicar por qué se compra, cuánto se utiliza realmente y si el precio y la cantidad se justifican.

Y queda una pregunta que sería especialmente interesante responder:
¿Cuánto gastaba Presidencia en estos mismos suministros durante los gobiernos anteriores y cuánto está comprometiendo ahora?
Ahí podremos saber si estamos frente a un gasto normal de funcionamiento, a un aumento justificado o a una contradicción con el discurso de austeridad.

Porque para juzgar con justicia no basta una fotografía: hay que mirar la película completa.

Fuentes oficiales: Orden de $153 millones — Mercado Público· Orden de $63,75 millones — Mercado Público · Licitación de productos cárneos — Mercado Público· Orden de las banderas — Mercado Público

En septiembre de 1973, el teniente coronel Efraín Jaña Girón, jefe militar de Talca, quedó enfrentado precisamente a esa disyuntiva.

Los antecedentes históricos señalan que se resistió a aplicar la política de “mano dura” contra quienes habían apoyado al gobierno de Salvador Allende.

Cuando Sergio Arellano Stark llegó a Talca el 30 de septiembre, Jaña fue relevado de su mando, arrestado, sometido a Consejo de Guerra, encarcelado y torturado. El INDH lo identifica como uno de los altos mandos que se negó a la represión y posteriormente fue reconocido como víctima Valech.

¿Qué significa el honor militar cuando la obediencia exige atropellar al compatriota?

Jaña pudo haber elegido el camino más fácil: obedecer, conservar el grado, proteger su carrera y quedar del lado de quienes concentraban el poder y las armas. Pero resistirse significaba exponerse él mismo a la maquinaria represiva. Y eso fue precisamente lo que ocurrió.

Su historia recuerda una cuestión esencial: ningún uniforme transforma una orden criminal en una orden legítima.

La disciplina militar no puede convertirse en una renuncia a la conciencia ni en una autorización para torturar, asesinar o hacer desaparecer seres humanos.

Y Efraín Jaña no fue el único uniformado que sufrió por quedar al otro lado de quienes controlaban las Fuerzas Armadas.

El caso del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet Martínez, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, constituye uno de los episodios más dolorosos.

Fue detenido después del golpe y torturado por integrantes de su propia institución, incluidos antiguos subalternos.

Murió el 12 de marzo de 1974 mientras permanecía prisionero.
La Comisión Rettig concluyó que los malos tratos y torturas sufridos agravaron su enfermedad cardíaca y estuvieron vinculados a su muerte.

Décadas después, la justicia condenó a dos exoficiales de la FACH por los tormentos infligidos al general Bachelet.

Ahí aparece una de las contradicciones más terribles de nuestra historia: militares perseguidos, encarcelados y torturados por otros militares; camaradas convertidos en verdugos de sus propios camaradas.
Por eso recordar a Efraín Jaña no debería ser patrimonio exclusivo de una posición política. También permite preguntarnos qué entendemos por honor militar.
Porque el honor no consiste solamente en obedecer.

También consiste en reconocer que existe una frontera que ningún soldado debería cruzar.
Una orden puede provenir de un superior. Puede venir acompañada de amenazas, galones y armas. Pero si exige cometer un crimen, obedecerla no convierte el crimen en deber.

Efraín Jaña pagó un precio enorme por no actuar con la dureza que sus superiores exigían. Alberto Bachelet sufrió torturas provenientes de hombres de su propia Fuerza Aérea y murió prisionero.

Sus historias dejan una pregunta que sigue interpelándonos más de medio siglo después:
Cuando obedecer significa destruir la vida de otro ser humano, ¿dónde está el verdadero honor: en cumplir la orden o en tener el valor de negarse?

La historia también se construye con aquellos que, cuando todos parecían obligados a obedecer, se atrevieron a decir NO.

El pan se había vuelto insoportablemente caro. Malas cosechas y una profunda crisis económica golpeaban especialmente a campesinos y trabajadores urbanos.

El Estado estaba prácticamente quebrado y Luis XVI se vio obligado a convocar los Estados Generales.

Y allí comenzó algo extraordinario.
No solamente una revolución.
También nacieron dos palabras que todavía dividen políticamente al mundo: IZQUIERDA y DERECHA.
Durante los debates de la Asamblea Nacional sobre cuánto poder debía conservar Luis XVI, los revolucionarios contrarios a mantener una monarquía fuerte comenzaron a sentarse a la izquierda del presidente de la Asamblea.
Los defensores de una mayor autoridad del rey y del orden tradicional se agruparon a la derecha.
Primero fue simplemente geografía.

Después se convirtió en política
A un lado estaban quienes querían transformar profundamente el viejo orden. Al otro, quienes pretendían conservar una mayor parte de sus instituciones y de la autoridad monárquica.
Pero afuera de aquella sala había algo muchísimo más peligroso que cualquier discusión parlamentaria:
había hambre, desigualdad y rabia acumulada.
El Tercer Estado representaba aproximadamente al 98 % de la población francesa, aunque el sistema tradicional permitía que los otros dos estamentos —nobleza y clero— pudieran imponerse políticamente mediante la votación por órdenes.

Entonces la historia comenzó a acelerarse.

El Tercer Estado se declaró Asamblea Nacional.
Juró no dispersarse hasta darle una Constitución a Francia.
Y el 14 de julio de 1789, París estalló.
Miles salieron a las calles y la Bastilla cayó. Aquella fortaleza, símbolo de la arbitrariedad del poder real, se convirtió en el símbolo de una revolución que ya no podía detenerse.

Los privilegios feudales comenzaron a derrumbarse.
Y aquel rey que había convocado una asamblea intentando solucionar la crisis terminó siendo arrastrado por una revolución que acabó con su propia monarquía.

El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado.

No murió simplemente porque “la izquierda decidió matarlo”. Entre 1789 y 1793 ocurrieron la caída de la monarquía, la radicalización revolucionaria, guerras exteriores, la fallida huida del rey y finalmente su juicio y condena por alta traición. Esa precisión histórica importa.

Pero hay una enseñanza política que permanece abierta.

Cuando una sociedad permite que la riqueza, los privilegios y las oportunidades se concentren mientras una parte importante de su población siente que trabaja, paga y sobrevive sin esperanza de mejorar, el descontento puede dejar de ser silencioso.

Eso ocurrió en Francia.

Y entonces quienes parecían eternamente poderosos descubrieron algo que la historia ha demostrado muchas veces:
ningún privilegio es eterno cuando quienes sostienen una sociedad dejan de aceptar el orden que los mantiene abajo.
Han pasado 237 años.

Seguimos hablando de izquierda.

Seguimos hablando de derecha.

Seguimos discutiendo sobre riqueza,
impuestos, privilegios, desigualdad y poder.
Quizás por eso vale la pena recordar dónde comenzaron esas palabras.

Porque la historia no necesariamente se repite de la misma manera.
Pero a veces hace preguntas extraordinariamente parecidas

El 21 de septiembre de 1976, Orlando Letelier recorría Washington acompañado por Ronni Moffitt y Michael Moffitt. Una bomba previamente colocada bajo su automóvil explotó cuando transitaban por Sheridan Circle. Letelier murió y Ronni Moffitt falleció poco después; Michael Moffitt sobrevivió.
La investigación terminaría estableciendo la intervención de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y del agente estadounidense Michael Townley, además de la participación de exiliados cubanos anticastristas.
El crimen adquirió una dimensión extraordinaria. No se trataba únicamente del asesinato de un opositor chileno en el exilio. Letelier había sido ministro de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior durante el gobierno del presidente Salvador Allende y, después del golpe de Estado, había sido detenido y enviado a distintos centros de prisión política.
Tras recuperar su libertad y salir de Chile, se transformó en una de las voces internacionales más relevantes contra la dictadura.
Ese contexto es fundamental para comprender Laberinto.
Uno de sus autores, Eugene M. Propper, no reconstruyó el caso desde la distancia: fue el fiscal federal estadounidense encargado de dirigir la investigación.
Junto al periodista e historiador Taylor Branch, posteriormente ganador del Premio Pulitzer, convirtió aquella experiencia en una investigación de no ficción publicada originalmente en 1982.
El libro conduce al lector por una auténtica trama internacional: documentos falsos, agentes encubiertos, organismos de inteligencia, exiliados anticastristas, interrogatorios, pistas que atravesaban países y complejas relaciones diplomáticas. Poco a poco, las pesquisas fueron acercándose a la estructura que vinculaba el atentado con la DINA chilena.
Por eso el título Laberinto resulta especialmente apropiado. Investigar el asesinato significó internarse en una red donde se cruzaban justicia, espionaje, diplomacia, servicios secretos y razones de Estado.

La nueva edición adquiere además especial relevancia porque aparece en septiembre de 2026, exactamente medio siglo después del crimen. Editorial Crítica la publica con un prólogo de Juan Gabriel Valdés y recupera antecedentes conocidos después de la investigación original. Entre ellos figura un informe de la CIA de 1987 que sostuvo que existían pruebas convincentes de que Augusto Pinochet había ordenado personalmente la operación.

Valdés resume en su prólogo la trascendencia del atentado señalando que, aunque la dictadura cometió crímenes aún más crueles, ninguno resultó tan decisivo para su estabilidad política como la bomba detonada bajo el automóvil de Letelier en Washington.

Esa reflexión permite comprender por qué Laberinto sigue siendo necesario cincuenta años después.
No es únicamente un libro sobre Orlando Letelier.
Tampoco solamente sobre Ronni Moffitt.
Es una investigación acerca de lo que sucede cuando un aparato estatal decide que sus fronteras nacionales tampoco serán las fronteras de su represión.
Leerlo hoy significa volver sobre una pregunta que conserva plena vigencia: ¿hasta dónde puede llegar el poder cuando sus organismos de seguridad comienzan a actuar al margen de la ley y qué tan difícil resulta para la justicia reconstruir después ese laberinto?
A cincuenta años del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, esta reedición constituye una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan el caso no solamente desde la memoria política chilena, sino desde la propia investigación que permitió comenzar a desentrañar sus responsables.
Porque recordar a las víctimas también significa reconstruir los mecanismos que hicieron posible el crimen.

Zárate apunta al corazón del problema: Francisco Pérez Mackenna posee una enorme experiencia empresarial y comercial, pero política comercial no es lo mismo que política exterior.
El mundo de hoy exige comprender geopolítica, seguridad, soberanía, defensa, relaciones entre potencias y los delicados equilibrios entre Estados.
El propio programa resume las críticas al canciller precisamente en esos términos: experiencia comercial, pero debilidad frente a los desafíos propiamente políticos de las relaciones internacionales.

Y los hechos obligan a preguntarse si esa crítica tiene fundamento.

Estados Unidos impuso una sobretasa de 12,5% a una parte importante de las exportaciones chilenas; su embajador habló públicamente de aplicar en Chile la denominada “Doctrina Donroe” y llegó a afirmar que con el gobierno de Kast su implementación resultaba “muy fácil”. El canciller rechazó posteriormente que Chile hubiese aceptado semejante doctrina.

Con Argentina tampoco han faltado señales preocupantes. Un decreto argentino todavía describe el Estrecho de Magallanes como espacio de “control conjunto”; autoridades argentinas han hecho declaraciones que reabrieron la discusión y Javier Milei, estando en Chile, calificó de “zurdos mugrientos” a sectores de izquierda, ante lo cual el Presidente Kast optó por señalar que él no habría utilizado esas palabras, pero evitó condenarlas.

Entonces la pregunta de Matamala adquiere otra dimensión:
¿Quién defiende a Chile?
Pérez Mackenna fue durante casi tres décadas uno de los ejecutivos más importantes del Grupo Luksic. Esa trayectoria puede ser extraordinariamente útil para negociar inversiones, comercio y negocios internacionales.
Pero La Moneda no es Quiñenco y la Cancillería no es una gerencia corporativa.

El Presidente Kast todavía está a tiempo de corregir. Gabriel Boric modificó ministros, equipos y orientaciones cuando la realidad política se lo exigió.

Gobernar también consiste en reconocer cuándo una persona valiosa puede no ser la adecuada para determinado cargo.
Chile necesita una Cancillería capaz de conversar con Washington y Beijing, pero también de decir no cuando corresponda; de mantener una buena relación con Buenos Aires, pero sin un milímetro de ambigüedad respecto de nuestra soberanía.

Porque cuando los intereses permanentes del Estado están en juego, las amistades ideológicas, empresariales o personales deben quedar afuera.

Chile necesita socios. No tutores.

Necesita comercio. Pero también soberanía.
Y, sobre todo, necesita una respuesta clara a una pregunta elemental: ¿quién defiende a Chile?