Autor: Víctor Reyes

El aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, reactivó este martes 1 de septiembre sus operaciones aéreas tras los devastadores terremotos del 24 de junio que cobraron la vida de más de 6.500 personas. La reapertura se da en medio de la emergencia, con la habilitación de terminales temporales que levantaron la actividad en una zona severamente golpeada.

Según informó el ministro de Transporte, Francisco Garcés, un total de 19 aerolíneas —11 internacionales y 8 nacionales— están operando actualmente en estas instalaciones de emergencia. El funcionario detalló que se ha restablecido el 49% de las operaciones nacionales y el 46% de las internacionales, aunque evitó especificar cuáles son las compañías que están volando.

Pese al hermetismo del gobierno, datos de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo revelan que entre las aerolíneas internacionales se encuentran las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra; la estadounidense American Airlines; la panameña Copa Airlines; la colombiana Avianca; LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines) y la brasileña GOL.

La realidad de los pasajeros que transitan por Maiquetía es la de una infraestructura de emergencia. Las terminales temporales tienen una capacidad para 2.168 personas, distribuidas en 720 en el área de salidas internacionales y 496 en la de llegadas. Según el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), estos espacios cuentan con climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

En un contraste que no pasa desapercibido, el ministro Garcés también aprovechó la ocasión para destacar un aumento del 8% en el ingreso de contenedores a la nación y un 10% en la entrada y atención del volumen de carga respecto al año pasado, resaltando la operatividad del Puerto de La Guaira, mientras la terminal aérea principal sigue en ruinas.

Así, la reactivación de Maiquetía avanza a paso lento y entre la precariedad, mostrando un gobierno que cifra sus esperanzas en las estadísticas comerciales, mientras las familias de las víctimas y los viajeros deben lidiar con las secuelas de una tragedia que aún está lejos de superarse, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

Se cumple un mes del terremoto más potente en lo que va del Siglo en Colombia. La emergencia golpeó con fuerza a Chocó, el departamento históricamente más pobre, vulnerable y racializado del país, dejando a su paso un paisaje de ruinas y una población a la deriva.

En medio de la devastación, el presidente Abelardo de la Espriella decidió asumir el mando. Junto a varios de los millonarios del país, no se conformó con anunciar lo mínimo: prometió dejar reconstruido y mejorado el departamento, desplegando una ambiciosa cartera de obras que incluye viviendas, vías y hasta un canal interoceánico.

Sin embargo, la grandilocuencia presidencial choca con la cruda realidad de los afectados. A pocos metros de donde el mandatario hizo sus pomposos anuncios, cientos de damnificados siguen varados, esperando asuntos mucho más sencillos y urgentes para sobrevivir al día a día.

Las demandas de la gente distan mucho de los megaproyectos. Lo que piden es maquinaria amarilla para poder tumbar sus casas destruidas y reconstruirlas, o simplemente que se ponga en funcionamiento el único colegio de un corregimiento, un derecho básico que la catástrofe les arrebató.

Para evidenciar este abismo entre el discurso del poder y la realidad de la catástrofe, el medio La Silla Vacía se trasladó a la zona. El periodista Edgar Quintero realizó un chequeo de datos, acompañado por la producción de Fernando Cruz y las fotos de Santiago González, quienes retrataron el contraste entre la reunión de De la Espriella con los cacaos y el Chocó en ruinas.

Así, la reconstrucción de Chocó se mide en dos realidades: la de los grandes capitales que sueñan con un canal interoceánico, y la de los pueblos históricamente postergados que apenas piden herramientas para levantar sus hogares, según se mencionó en La Silla Vacía.

Con un fuerte llamado a combatir la corrupción y devolver la credibilidad a la institución, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, posesionó este jueves al nuevo Alto Mando policial y a las principales autoridades de la fuerza. El acto de juramento se realizó con la presencia del ministro y del viceministro de Seguridad Ciudadana, marcando un nuevo rumbo para la policía boliviana.

Oviedo fue claro en las instrucciones impartidas: el nuevo mando deberá ser estricto en la preservación de la honorabilidad, la honestidad y la lucha contra la corrupción. “Necesitamos nosotros recuperar la credibilidad de la sociedad”, afirmó, exigiendo a las nuevas autoridades cumplir su tarea dentro del marco de la Constitución y la Ley Orgánica de la Policía. Además, destacó que durante los bloqueos de más de 50 días, la Policía actuó con “amor a la patria” y profesionalismo para conservar la democracia.

En el plano internacional, el ministro exhortó a las nuevas autoridades a implementar un relacionamiento global para recuperar el prestigio perdido. En ese contexto, destacó la reciente llegada de una misión de la OEA que trabajará “casi de manera permanente” con la policía boliviana, un hecho que, a su juicio, ayudará a mostrar su trabajo al mundo.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Adrián Javier Álvarez Arismendi, hizo un llamado a aplicar la política de gestión basada en la “cero tolerancia” a la corrupción y a cualquier tipo de abuso. “Deben y tienen la obligación de generar mayores y mejores mecanismos de supresión, control y fiscalización para evitar hechos de corrupción”, advirtiendo que los “malos policías” serán remitidos a las instancias disciplinarias para que asuman sus responsabilidades.

Álvarez también apuntó a la defensa de la imagen institucional, recalcando que no se puede permitir que se mancille el uniforme, “porque es sagrado y debe llevarse con honor”. En materia de seguridad, llamó a trabajar en planes que permitan recuperar la sensación de seguridad, articulando operaciones no solo desde la seguridad pública, sino desde la perspectiva de la seguridad ciudadana.

Entre los nuevos nombramientos, se posesionaron los comandantes departamentales: Cnl. Ricardo César Terrazas del Pozo (La Paz), Cnl. Martín Tadeo Aruquipa Azurduy (Chuquisaca), Cnl. Henry Ramiro Ortiveros (Cochabamba), Cnl. Miguel Ángel Zambrana Aguilar (Oruro), Cnl. Heriberto Carlos Valencia Colque (Tarija), Cnl. Edson Omar Fernández Molina (Santa Cruz), Cnl. Víctor Hugo Medina Flores (Beni) y Cnl. Juan Mauricio Abel Laguna Saavedra (Pando).

Asimismo, se designó a los directores nacionales y generales, muchos de ellos de manera interina (a.i.), cubriendo áreas clave como Inteligencia, Planeamiento y Operaciones, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Investigación Policial, Tránsito, Bomberos, Interpol, y la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales, entre otros, según se mencionó en La Razón.

En un movimiento que refleja la creciente influencia de Estados Unidos en la seguridad regional, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Espá, destacó la incorporación de su país al “Escudo de las Américas”. Esta iniciativa, impulsada directamente por Washington, busca rearticular las fuerzas de seguridad latinoamericanas bajo un mismo mando operativo y de inteligencia.

Según detalló el propio canciller, se trata de un mecanismo regional multilateral que contará con el respaldo logístico, operativo y de ciberseguridad de Estados Unidos. El objetivo declarado es fortalecer las fronteras de los países participantes y articular esfuerzos conjuntos para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

La cooperación, lejos de ser solo declarativa, apunta directamente a combatir actividades ilícitas que han golpeado fuerte a la región, como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas. “Frente a estas organizaciones que son internacionales merece una respuesta también coordinada, internacional, regional, y de eso se trata el Escudo de las Américas”, sentenció Espá.

Este anuncio coincide con la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Sudamérica, quien arribó a territorio peruano para afianzar estos lazos. La visita no es casual: Rubio tiene previsto reunirse este jueves con la presidenta Keiko Fujimori, en un claro gesto de alineamiento político y estratégico.

Respecto a la llegada del funcionario estadounidense, el canciller peruano no dudó en calificarla como “provechosa”. Aseguró que Rubio viene para hacer “anuncios importantes” en dos frentes que el gobierno ha marcado como prioritarios y que preocupan a la ciudadanía.

En primer lugar, el tema de la inseguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado transnacional. En segundo lugar, la preparación y respuesta ante el fenómeno del Niño. Ambos temas, según el ministro, concentran la atención y las demandas populares en el país vecino.

Así, bajo la promesa de apoyo militar y tecnológico de Washington, el Perú de Fujimori se anota en la estrategia de defensa hemisférica de EE.UU., una jugada que, si bien ofrece recursos inmediatos para problemas urgentes, ata la soberanía nacional a los designios del norte en materia de seguridad interior, según se mencionó en RPP Noticias.

Este miércoles se cerró la instancia final de Newcom de los Juegos Provinciales “Santa Cruz Puede”, un evento que reunió a deportistas de toda la provincia y que puso en marcha una política pública que busca romper la lógica concentradora del deporte. En un contexto donde las grandes ciudades suelen acaparar los recursos y las competencias, la provincia de Santa Cruz decidió llevar categorías y disciplinas a cada rincón del territorio.

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, fue claro al definir el rumbo: “La concepción que nos pidió el gobernador Claudio Vidal es descentralizar el deporte, federarlo a toda la provincia, llegar a cada rincón”. Una definición que no se quedó en el discurso, sino que se tradujo en hechos concretos: más de 900 millones de pesos de inversión para garantizar el desarrollo de los Juegos, contemplando tanto las condiciones para la competencia como el bienestar de los deportistas y el intercambio entre localidades.

Pero la apuesta no fue solo logística ni financiera. Georgion puso el acento en algo que suele quedar fuera de las políticas deportivas tradicionales: la escucha. “Como les explicaba ayer a los adultos mayores que compiten, errores de la organización siempre existen, pero tenemos ganas de hacerlo mejor. Les pedimos una devolución de eso, para saber en qué podemos corregir para que el año que viene se haga mucho mejor”, manifestó el funcionario.

Esa actitud de reconocer fallas y pedir retroalimentación a quienes participan marca una diferencia con la gestión pública tradicional, donde las decisiones suelen tomarse de arriba hacia abajo sin consultar a la comunidad. Para el ministro, el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para acompañar a la comunidad y transformar la realidad social de la provincia.

La decisión política del gobernador Claudio Vidal de impulsar una política deportiva con alcance territorial garantiza que vecinos de toda la provincia puedan participar en distintas disciplinas, algo que en regiones extensas y con baja densidad poblacional no es menor. Llegar a cada localidad implica recursos, voluntad y una planificación que ponga a las personas en el centro.

“Esa es la concepción de Estado que tenemos; compartir, escuchar y mejorar para lo que necesita la gente”, concluyó Georgion. Una frase que resume una forma de entender lo público que, más allá de las fronteras, plantea un desafío para todas las gestiones que buscan construir políticas desde el territorio y con la gente, según se mencionó en TiempoSur.