Autor: Víctor Reyes

La situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto no sólo tiene implicancias penales. También podría terminar generando un escenario político y electoral relevante para la Región de Aysén.
La fecha inmediata es el 14 de septiembre de 2026, cuando el Pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt conocerá la nueva solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.
Si la Corte acoge el desafuero y la resolución queda firme, Calisto quedaría suspendido del ejercicio de su cargo, lo que significa que no podría participar normalmente de las funciones parlamentarias ni votar en el Senado mientras dure esa suspensión.
Eso, sin embargo, no significa que pierda inmediatamente su escaño. El desafuero no equivale a una condena y Calisto mantiene su presunción de inocencia.
La situación cambia si posteriormente existiera una condena firme que produzca una causal constitucional de cesación del cargo.
Y allí aparece el elemento político más interesante.
Calisto fue elegido senador por Aysén en 2025 y comenzó su período en marzo de 2026. Su mandato se extiende por ocho años, hasta 2034.
Su candidatura fue inscrita como independiente asociado a la Federación Regionalista Verde Social, FRVS, dentro de la lista correspondiente.
Eso importa porque la Constitución chilena distingue entre un parlamentario elegido como independiente completamente ajeno a los partidos y uno elegido como independiente vinculado electoralmente a un partido.
En el primer caso, una vacante puede quedar sin reemplazo.
En el segundo, como sería el caso de Calisto, el artículo 51 de la Constitución establece que el reemplazante debe ser señalado por el partido que el parlamentario indicó al momento de inscribir su candidatura.
En otras palabras, si Calisto llegara a perder definitivamente su cargo, no se convocaría automáticamente a una nueva elección en Aysén.
Tampoco existe una regla que permita afirmar que asumiría directamente el segundo candidato más votado de su lista.
La decisión recaería, en principio, en la Federación Regionalista Verde Social, conforme a su estructura interna y a las reglas constitucionales.
Y el reemplazante no llegaría por unos meses: completaría el tiempo restante del período parlamentario.
Dado que Calisto recién asumió en marzo de 2026, eso podría significar que una persona designada políticamente termine ejerciendo durante gran parte de los ocho años originalmente obtenidos en las urnas.
Ese es el punto que puede abrir una discusión política más profunda:
¿Debe un partido tener la capacidad de decidir quién completa un mandato senatorial que fue obtenido mediante voto popular, cuando el titular fue elegido como independiente asociado a ese partido?
Por ahora, todo depende de lo que ocurra judicialmente.
El 14 de septiembre no se resolverá la culpabilidad penal de Miguel Ángel Calisto. Lo que se discutirá es si corresponde levantar nuevamente su fuero parlamentario.
Pero si ese proceso avanza, Aysén podría terminar enfrentando no sólo un problema judicial, sino también una discusión institucional sobre quién representa efectivamente a sus electores en el Senado.

Vallejo cuestiona el silencio de Kast ante Milei y sus dichos sobre la dictadura.

La exvocera del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, fue particularmente dura con el Presidente José Antonio Kast: calificó su actitud frente a Javier Milei como una “vergüenza nacional” y sostuvo que, después de guardar silencio, “no se puede llamar patriota”.

La crítica surge después del Foro Madrid —no “Club de Madrid”—, organización internacional de la derecha radical impulsada originalmente por la Fundación Disenso, vinculada a Vox, y de la cual Kast ha sido uno de sus principales promotores y firmantes de su carta fundacional.

Allí, en territorio chileno, Javier Milei llamó “zurdos mugrosos” a quienes piensan distinto y reivindicó la dictadura de Augusto Pinochet como un período de “estabilidad y crecimiento”, llegando a sostener que Chile había sido prácticamente “la envidia de la región”.

El problema no es únicamente ideológico. Chile pagó aquella dictadura con ejecuciones, detenidos desaparecidos, torturas, prisión política, exilio y familias que hasta hoy siguen buscando verdad y justicia.

Ese dolor no desaparece porque un mandatario extranjero decida convertir una dictadura en una supuesta historia de éxito económico.

Y frente a aquello, Kast respondió simplemente que él “no habría dicho” lo de los “zurdos mugrosos”, pero evitó cuestionar las palabras de Milei.

Por eso la pregunta que deja Vallejo resulta incómoda, pero legítima: ¿de qué sirve proclamarse patriota si frente a un mandatario extranjero que insulta a compatriotas y relativiza las heridas más brutales de nuestra historia republicana, el Presidente de Chile prefiere mirar para el lado?

La patria no se defiende solamente con una bandera en la solapa. También se defiende cuando corresponde decir: con Chile y con su historia, respeto.

Mientras Chile discute soberanía, Magallanes y declaraciones de uniformados argentinos, en La Moneda parece que decidieron aplicar una política exterior bastante más práctica: tener al argentino adentro de la casa.

Eitan Bloch Wisniacki, nacido en Mendoza y hoy nacionalizado chileno, es uno de los asesores internacionales más cercanos al Presidente Kast. ¿Honorarios? $6,5 millones mensuales pagados por el Estado.

Y justo cuando el Congreso acaba de aprobar la interpelación al canciller Pérez Mackenna para que explique cómo Chile está defendiendo sus intereses frente a Argentina, resulta que uno de los principales “orejeros” presidenciales en asuntos internacionales nació al otro lado de la cordillera.

La nacionalidad de una persona, por supuesto, no determina su lealtad ni su capacidad profesional.

Pero políticamente la paradoja es demasiado evidente para dejarla pasar:
¿Espionaje argentino? Para qué tanta película. Si para conocer lo que piensa La Moneda basta con tomar el ascensor hasta el Segundo Piso.
Y por $6,5 millones mensuales, al menos esperemos que las minutas expliquen claramente una cosa muy sencilla:
El Estrecho de Magallanes es chileno. Punto.

Porque entre decretos argentinos, declaraciones militares, silencios diplomáticos e interpelaciones parlamentarias, aquello de “durmiendo con el enemigo” dejó de parecer solamente el título de una película.

En 2017 incluso promovió una norma “antipitutos”, afirmando que los cargos del Estado debían entregarse por mérito y no por relaciones familiares o políticas. Su programa presidencial volvió a plantear una regulación más estricta de las contrataciones públicas y menos discrecionalidad para contratar “amigos, conocidos o familiares”.

Pero hoy, ya instalado en La Moneda, cinco contrataciones jóvenes abren una pregunta inevitable: ¿se terminó realmente la pitutocracia o simplemente cambiaron los pitutos?
SOFÍA SHEA, 24 AÑOS.
Periodista recién egresada.
Realizó su práctica profesional apenas meses antes en La 975, la agencia de Felipe Costabal. ¿Quién es Costabal?

El actual director de la SECOM y, por tanto, parte de la estructura donde posteriormente trabajaría Shea.
Además, Costabal conocía profesionalmente desde años antes al padre de Sofía, Nicolás Shea, conocido empresario y fundador de diversas iniciativas de emprendimiento. La propia investigación periodística establece que Nicolás Shea incorporó a Costabal a Start-Up Chile en 2011.
Y hay otro dato: la agencia The 975 de Costabal facturó $149 millones aproximadamente a la campaña presidencial de Kast por estrategia creativa. Sofía ingresó inicialmente con un sueldo bruto cercano a $1,4 millones y al mes siguiente ascendió a una jefatura de comunicación digital.

No estamos diciendo que exista una ilegalidad.

Estamos constatando algo políticamente relevante: padre empresario relacionado previamente con quien hoy dirige la SECOM; práctica profesional en su agencia; y luego contratación y rápido ascenso en la misma estructura pública encabezada por ese profesional.

CAMILA PÉREZ GUTIÉRREZ, 26 AÑOS.
Su trayectoria política previa está acreditada: militante de Renovación Nacional, fue vicepresidenta de la Juventud RN y candidata a concejala.
Estudió Derecho, realizó su práctica precisamente en el Servicio Nacional de Migraciones y, apenas un mes después de titularse como abogada, ingresó a ese organismo bajo el estamento denominado “experto”, con remuneración bruta mensual de $2.769.058. Migraciones está encabezado por el exdiputado RN Frank Sauerbaum.

La pregunta no es si una persona joven puede trabajar para el Estado. Naturalmente que puede. La pregunta es otra: ¿qué experiencia transforma a una profesional titulada hace apenas semanas en “experta” para efectos administrativos y remuneracionales?

TRINIDAD ZEGERS DOMÍNGUEZ, 27 AÑOS.

Se tituló de Derecho en la Universidad Católica y juró como abogada el 10 de abril de 2026.

Ese mismo mes ingresó como asesora al Ministerio de Justicia. Apenas cuatro meses después fue puesta a coordinar e impulsar la Reforma Procesal Civil, una transformación legislativa que lleva más de una década pendiente y que toca uno de los pilares centrales de nuestro sistema judicia.

El hecho político permanece: una abogada recién titulada pasó prácticamente de recibir su título profesional a asumir labores de coordinación en una de las reformas jurídicas más complejas del Estado.

CRISTÓBAL SOTO FUENTES, 19 AÑOS.

Este probablemente sea el caso más difícil de explicar bajo el discurso tradicional de la meritocracia.
Es estudiante de primer año de Periodismo de la Universidad de Los Andes y fue contratado a honorarios por el Ministerio del Interior para redes sociales y apoyo comunicacional.

El Gobierno corrigió posteriormente las cifras que originalmente aparecieron en Transparencia y sostuvo que actualmente recibe $1,5 millones mensuales.

Pero aquí también existe una trayectoria política previa: durante 2025 trabajó como community manager del entonces alcalde Felipe Alessandri (RN) y después estuvo vinculado al estamento de Mujeres UDI, desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026. Precisamente en marzo ingresó al Ministerio del Interior.

Aparece es una ruta política previa: RN → UDI → Ministerio del Interior, todo antes de terminar siquiera el primer año de universidad.

JOSÉ TOMÁS LIRA LARRAÍN, 27 AÑOS.
Es actualmente jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Superior, cargo que ocupa oficialmente desde marzo de 2026.

Aquí sí existen antecedentes familiares y patrimoniales públicos particularmente claros.

Sus padres son Francisco Javier Lira Vergara y María Teresa Larraín Aspillaga, quienes aparecen junto a José Tomás y sus hermanos en diversas sociedades agrícolas y de inversiones. Un extracto societario consigna incluso la donación y transferencia de participaciones de los padres a sus seis hijos, entre ellos José Tomás.

Ya en 2016 José Tomás aparecía como socio —entonces representado por su padre por ser menor de edad— de Agrícola Guenechen Ltda., sociedad que en esa modificación registró un capital de aproximadamente $680 millones.

Más recientemente aparece como uno de los seis hermanos propietarios de Agrícola e Inversiones El Pazo Ltda., cuyo capital social informado supera los $119 millones.

Nada de aquello constituye por sí mismo una irregularidad: provenir de una familia con patrimonio no inhabilita a nadie para servir al Estado. Pero sí entrega contexto cuando estamos hablando de un joven abogado que llega prácticamente recién titulado a desempeñar una jefatura de gabinete en Educación Superior.

EL PROBLEMA NO ES LA JUVENTUD: ES LA DOBLE VARA

Ser joven no puede transformarse en pecado.

Tampoco tener padres empresarios, militar en un partido o haber trabajado anteriormente en una campaña.

El problema político aparece cuando quienes gobiernan llegaron al poder construyendo un discurso que denunciaba precisamente los contactos, los operadores políticos, la falta de experiencia y las contrataciones discrecionales financiadas con dinero público.
José Antonio Kast llegó a decir de funcionarios vinculados políticamente que eran operadores que “le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos”.
Y todavía en 2025 respaldó públicamente durísimas críticas contra quienes supuestamente vivían del aparato estatal.

Entonces corresponde aplicar exactamente el mismo estándar.

Si antes era “pituto”, hoy también debe serlo cuando corresponda.

Si antes se exigía experiencia, hoy también.

Si antes se denunciaban redes políticas, hoy también deben transparentarse.

Y si se prometió meritocracia, el Gobierno tiene que explicar cuál fue el mérito objetivo utilizado para cada contratación.

Porque el Estado no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha.

Lo financian todos los chilenos.

Y quizá la pregunta más incómoda sea justamente la más sencilla:
¿SE ACABÓ LA PITUTOCRACIA… O SOLAMENTE CAMBIÓ DE APELLIDOS?