Autor: Víctor Reyes

La estrategia del Gobierno por imponer su reforma constitucional de seguridad pública sigue sumando aguas turbulentas. El senador Matías Walker (Demócratas) no solo tomó distancia de la fórmula de sus pares Longton y Squella para ‘podar’ el proyecto, sino que fue tajante en cuestionar la falta de dirección de La Moneda: una reforma que, a su juicio, nadie entiende cuál es su propósito, quién la redactó y que no ha generado ningún tipo de acuerdo.

El intento de los senadores Longton (RN) y Squella (REP) por rescatar la iniciativa recortando cinco de los ocho componentes originales —manteniendo solo el crimen organizado, el régimen penitenciario diferenciado y el Estado de Excepción— no convence a Walker. La contradicción es evidente: reducir el texto no soluciona el fondo del problema, que es la insistencia en llevar al rango constitucional materias que, como la segregación carcelaria para el crimen organizado, son estrictamente materia de ley.

Mientras el Gobierno insiste en un camino constitucional sin consenso, el costo alternativo para la ciudadanía es altísimo. Walker recordó que esta semana se avanzó en proyectos de ley que llevaban años estancados en comisiones mixtas, como los incentivos al ingreso y permanencia de Carabineros y el aumento del plazo de flagrancia. A esto se suma el próximo despacho de la ley de responsabilidad penal adolescente. Avances reales que demuestran dónde debería estar la prioridad legislativa.

La doble estándar de las autoridades queda en evidencia: se gasta tiempo parlamentario en una reforma incomprensible mientras se posterga la discusión de proyectos eficaces y con consenso. Walker recordó que hace dos años, junto a Luciano Cruz-Coke y Ximena Rincón, presentaron una propuesta para abordar la segregación carcelaria mediante ley, una muestra de que las soluciones existen si hay voluntad de legislar en lugar de forzar reformas rechazadas.

La postura de Walker agrega una dificultad adicional a la estrategia de La Moneda. El problema de la reforma no es su extensión, sino la decisión política de imponer una modificación constitucional para abordar la seguridad, ignorando que las mayorías y los acuerdos se encuentran en la legislación ordinaria. Cada minuto que se destina a discutir esta reforma sin acuerdo es un minuto robado a las soluciones concretas que el país necesita, según se mencionó en El Mostrador.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que su cartera tiene más de 100 solicitudes de indulto presidencial en el escritorio, varias de ellas pendientes desde antes del actual gobierno. Esta acumulación de casos no es solo un problema administrativo, sino una muestra de la falta de voluntad política para resolver temas de fondo, dejando a los solicitantes en un limbo indefinido mientras las autoridades dilatan las resoluciones.

Al desglosar los orígenes de estas peticiones, se evidencia un claro doble estándar: la mayoría de los indultos corresponden a hechos de 1973 vinculados a violaciones a los derechos humanos, mientras que los casos del estallido social (18-O) son “muy reducidos”. Esta diferencia numérica revela una deuda histórica que el Ejecutivo no tiene apuro en saldar, priorizando el discurso por sobre los hechos.

Para justificar esta inacción, Rabat alega que cada caso será revisado “de manera individual y caso a caso”, descartando una amnistía general. Sin embargo, este argumento se desmorona al no existir ningún plazo legal ni autoimpuesto para resolver. El propio ministro definió el proceso como “intrínsecamente lento”, lo que en la práctica se traduce en una estrategia para postergar indefinidamente las resoluciones, evitando asumir costos políticos pero profundizando la deuda en derechos humanos.

La contradicción es inaceptable. Mientras el gobierno se toma su tiempo para analizar rigurosamente —y sin urgencia— los indultos de 1973, muestra una rapidez inusitada para impulsar la creación de la Agencia de Bienes Decomisados contra el crimen organizado. El Ejecutivo tiene la capacidad de afectar la estructura financiera de las bandas y destinar fondos a tecnología policial y reparación de víctimas, pero no encuentra el momento para resolver las demandas de justicia del pasado.

Hasta ahora, el Presidente José Antonio Kast ni siquiera ha revisado las carpetas, limitándose a “conversar” sobre el procedimiento. Esta falta de acción concreta, sumada a la negativa de impulsar leyes de indulto general y a la ausencia de plazos, demuestra que la prioridad real del gobierno no es la justicia integral, sino la aplicación selectiva de esta según el calendario político y la conveniencia del discurso de seguridad, según se mencionó en El Mostrador.

La estrategia del gobierno para frenar las intromisiones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, se desinfla antes de empezar. Mientras el canciller Francisco Pérez Mackenna asegura que “a Chile se le respeta”, su única acción concreta se reduce a “llamarlo a evitar esas expresiones” y descartar, por ahora, una nota de protesta o medidas de mayor alcance. Una postura que, lejos de defender la soberanía, deja en evidencia la falta de propuestas concretas frente a una potencia que impone sus reglas.

La respuesta de Judd no se hizo esperar y fue tajante: no piensa cambiar. “Cada vez que lo considere necesario usaré todos los recursos que tengo”, sentenció el embajador, reivindicando una diplomacia basada en “logros” y no en la prudencia. Su frase “voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador” y su desprecio por el rechazo interno —”si las personas se molestan por mis respuestas, el problema es de ellos”— dejan al descubierto una actitud que el gobierno chileno es incapaz de contrarrestar.

Las contradicciones del Ejecutivo son evidentes. Pérez Mackenna reivindica una política exterior “pragmática” donde “no somos ni anti-China ni anti Estados Unidos, somos pro-Chile”. Sin embargo, este discurso de supuesto equilibrio se derrumba cuando el propio Judd advierte sobre la presencia china y la supuesta amenaza a la soberanía que representaría un cable submarino controlado por Beijing, mientras él mismo se inmiscuye en asuntos internos.

La debilidad del gobierno queda aún más expuesta en los otros frentes de conflicto. En materia de seguridad, el canciller asegura que no existe presión estadounidense por el Escudo de las Américas, pero Judd insiste en la conveniencia de una cooperación regional más estrecha contra el crimen organizado. En comercio, el optimismo de Pérez Mackenna por las negociaciones arancelarias choca con la revelación de Judd de que Washington ya había planteado sus reparos y exigió a Chile establecer normas para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzado o infantil.

El historial de Judd es una seguidilla de provocaciones que la Cancillería no ha sabido frenar: cuestionó a ministros chilenos por los aranceles, vinculó al Gobierno de Kast con la Doctrina Monroe y provocó una citación a la Cancillería al sostener que EE.UU. analizó la participación de la izquierda en el estallido social de 2019. Aunque Judd matizó que no envió investigadores, su forma de actuar sigue siendo la misma.

El punto políticamente más incómodo es la contradicción central: la Cancillería quiere que Judd evite intervenir, pero Judd dice que seguirá haciéndolo cuando lo estime necesario. Mientras el embajador estadounidense impone su ley y dicta directrices internas, el gobierno chileno apuesta a que un mensaje diplomático bastará, demostrando que el famoso “rayado de cancha” no es más que una línea pintada en el pasto que nadie está dispuesto a hacer respetar, según se mencionó en El Mostrador.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, buscó cerrar este domingo el flanco que él mismo abrió dentro del Gobierno, evidenciando una contradicción que refleja la falta de rumbo en la política laboral. Después de atribuir a Hacienda la meta de llevar el desempleo a 6,5% y recalcar que personalmente había sido “bastante más cauto”, Rau terminó por alinearse con Jorge Quiroz: “El 6,5 es la meta del Gobierno, somos un equipo y estamos trabajando para eso”. Una corrección que, lejos de generar confianza, expone las internas y la improvisación en el oficialismo.

El problema de fondo para La Moneda es que el discurso de equipo choca brutalmente con la realidad laboral. La desocupación llegó a 9,5%, su nivel más alto en cinco años, y el propio Rau reconoció que el escenario económico que encontraron fue peor de lo esperado: “Esa situación compleja cuando asumimos nos sorprendió”. Según el ministro, seis de las siete últimas mediciones del Imacec han mostrado números negativos, lo que desnuda la debilidad de la actividad y el fracaso de las promesas de reactivación.

Ante este panorama adverso, las medidas concretas se quedan cortas frente a la meta prometida para el final del mandato. El Gobierno apenas busca generar al menos 50 mil empleos mediante un subsidio de activación laboral y acelerando proyectos de vivienda y obras públicas. Aunque Rau destacó un programa de inversión en infraestructura por US$15 mil millones durante la administración de José Antonio Kast, la urgencia de las familias trabajadoras que hoy no tienen empleo no puede esperar a promesas de largo aliento.

Otro de los proyectos emblemáticos, la Sala Cuna Universal, también tropieza con la falta de propuestas sólidas para su financiamiento. El ministro aseguró que espera que sea ley en diciembre o “a más tardar” en enero, pero admitió que el financiamiento sigue siendo “un nudo”. Esta semana fue rechazada la fórmula del Fondo de Sala Cuna, que contempla un aporte de 0,35% de cargo del empleador compensado con una rebaja en la cotización del Seguro de Cesantía. Pese a que Rau defendió el mecanismo y recalcó que no se usarán fondos de las cuentas individuales, la iniciativa aún debe sortear las comisiones de Trabajo, Educación y Hacienda.

Mientras tanto, el ministro defendió una agenda laboral que incluye flexibilidad en las 40 horas, adaptabilidad, estatuto del turismo y contratos por hora, presentándola como respuesta al deterioro del mercado laboral. Sin embargo, estas medidas no abordan de raíz la precariedad actual y parecen más bien un cheque en blanco para los sectores empresariales.

Después de una semana en que Trabajo y Hacienda exhibieron públicamente distintas dosis de entusiasmo frente al 6,5%, el Gobierno logró recomponer el discurso mediático, pero lo que todavía no logra recomponer es el 9,5% de desempleo real desde el cual pretende llegar a la meta prometida. La ciudadanía observa cómo las autoridades priorizan la unidad del equipo por sobre soluciones efectivas para la crisis laboral que los golpea día a día, según se mencionó en El Mostrador.

En su primer Te Deum Evangélico en La Moneda, José Antonio Kast abrió la puerta a escuchar recomendaciones de “cualquier sector político” y a corregir el rumbo de su agenda. Un giro que contrasta fuertemente con la identidad nítidamente confrontacional que construyó durante años y que lo llevó al poder, evidenciando que su discurso de unidad llega solo cuando la realidad del Congreso lo aplasta.

La contradicción es evidente: apenas diez días atrás, en el Foro Madrid, Kast advertía a los suyos sobre el riesgo de quedar atrapados en la disputa con la izquierda. Sin embargo, hoy la realidad del ejercicio del poder lo obliga a asumir que, para avanzar en el Congreso, no basta con tener razón ni con los votos propios; hay que negociar y ceder, dejando en claro que su anterior estrategia era inviable.

Pese a este supuesto pragmatismo, el mandatario no entregó ninguna propuesta concreta para enfrentar los graves problemas del país. Se limitó a asegurar que su gobierno ha conseguido “acuerdos en aquellas materias importantes” y que ha recibido respaldos en iniciativas sociales, reconstrucción y seguridad, sin detallar en qué consisten esos entendimientos ni cómo se materializarán para la ciudadanía.

Mientras Kast hablaba de apertura, el obispo Héctor Cancino del Valle entregaba un duro diagnóstico desde el púlpito. Habló de polarización, una “severa crisis económica”, “violencia pública inédita” y pérdida de confianza institucional, describiendo el escenario como una “crisis del alma nacional”. Un reflejo fiel de la realidad que el gobierno no puede seguir evadiendo con discursos vacíos.

Ante este complejo cuadro, la respuesta del Presidente fue refugiarse en vaguedades. “Pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos”, sostuvo, identificando dificultades en seguridad, empleo y vivienda, pero sin asumir responsabilidades ni presentar un plan concreto para enfrentar la crisis que el propio Cancino retrató.

Kast aseguró que “el llamado a la esperanza es lo que más recojo”, ignorando que Chile, como pidió el obispo, no necesita “más profetas del desastre”, sino soluciones reales. La supuesta apertura al diálogo parece más una táctica desesperada por la falta de respaldo parlamentario que un genuino cambio de fondo, dejando en evidencia que la unidad nacional que predica es solo un recurso discursivo frente a la urgencia de la crisis, según se mencionó en El Mostrador.

Por cerca de una hora, el presidente José Antonio Kast, acompañado de sus ministros y la primera dama, María Pía Adriasola, participaron del Servicio Nacional de Acción de Gracias, también llamado Te Deum Evangélico, una semana antes de Fiestas Patrias. Mientras el país y las regiones enfrentan un escenario complejo, el mandatario optó por un llamado a la oración y al recogimiento espiritual, dejando en evidencia la falta de respuestas concretas desde el poder.

Tras la ceremonia, consultado por TVN, Kast reconoció que “pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante”. Sin embargo, su diagnóstico no vino acompañado de ninguna medida o propuesta política para enfrentar dicha crisis. En lugar de asumir responsabilidades o plantear rutas de acción, el jefe de Estado se limitó a agradecer a las iglesias evangélicas por “esta oración por Chile”, delegando en la fe lo que parece ausente en la gestión gubernamental.

El discurso presidencial apeló a la unidad y al encuentro, asegurando que “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”. No obstante, este llamado a la reconciliación y al reencuentro resulta contradictorio cuando el propio mandatario circunscribe la acción de gracias y la oración exclusivamente a las iglesias evangélicas, excluyendo de ese espacio de “casa de todos” a otras confesiones y a la ciudadanía que no se siente representada por este sector religioso.

Para los territorios, como Aysén, las declaraciones de Kast suenan a un eco vacío. Hablar de “recuperación y esperanza” en un acto de una hora con la primera dama y el gabinete, contrasta con la dura realidad regional. El mandatario pidió “detenerse” y “mirar lo que es nuestra patria”, pero desde la región se cuestiona qué miran realmente las autoridades cuando no existen propuestas que apunten a resolver los problemas estructurales que generan el “momento duro” que él mismo confiesa.

La participación de ministros y la primera dama en este Te Deum Evangélico, en la antesala de las celebraciones patrias, refleja una desconexión con las urgencias populares. Mientras el gobierno se reúne para escuchar palabras sobre unidad y encuentro, las comunidades siguen a la espera de señales reales de recuperación. La contradicción es clara: se pide reconciliación desde un espacio religioso específico, y se habla de esperanza sin ofrecer más que espiritualidad frente a una crisis que exige acciones concretas y no solo discursos de ocasión, según se mencionó en El Dínamo.