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Primero fue la megarreforma económica. Ahora viene la Constitución.
José Antonio Kast llegó democráticamente a La Moneda y hoy propone una reforma constitucional que busca colocar la seguridad pública como principio rector del Estado, crear mecanismos especiales contra organizaciones criminales y habilitar una nueva herramienta para intervenir territorios bajo control de bandas, incluso con colaboración de las Fuerzas Armadas.
La ironía es evidente: durante años escuchamos hablar de la antigua “democracia protegida”. Ahora pareciera abrirse paso otra fórmula: ser elegido democráticamente para acumular cada vez más herramientas excepcionales de poder.
Y atención, porque no estamos hablando de una simple ley.
La Constitución actual ya permite un estado de sitio frente a guerra interna o grave conmoción interior, pero requiere intervención del Congreso. La nueva propuesta pretende construir además una herramienta específica para aquellos territorios que el Gobierno considere capturados por organizaciones criminales, con participación militar y reglas especiales.
La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, ya adelantó que espera “unidad” parlamentaria para tramitarla y ha defendido expresamente la reforma constitucional.
Y aquí aparece la pregunta incómoda:
¿Dónde termina una política de seguridad firme y dónde comienza la normalización de poderes excepcionales?
Kast no posee por sí solo mayoría en ambas cámaras, pero ya demostró con su megarreforma económica que puede conseguir los votos necesarios mediante acuerdos parlamentarios.
Hoy es economía.
Mañana, seguridad.
Después, la Constitución.
Kast avanza con acuerdo. Y cuando el acuerdo no alcanza, intenta ensanchar el terreno donde puede avanzar.
Porque una democracia no deja de ser democracia solamente cuando desaparecen las elecciones.
También puede comenzar a debilitarse cuando los contrapesos pasan a ser vistos como obstáculos.
El punto más fuerte, a mi juicio, es el cierre porque mantiene la crítica política dura sin afirmar como hecho que Chile ya sea una dictadura, algo que hoy no sería jurídicamente sostenible. La comparación con la “democracia protegida” queda planteada como advertencia e ironía política, no como una afirmación histórica falsa.

El Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado una reforma constitucional enmarcada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), solicitando al Congreso una tramitación “rápida y con altura de miras”. La propuesta busca consagrar expresamente la seguridad pública como deber del Estado y crear un nuevo estado de excepción constitucional frente a graves alteraciones provocadas por organizaciones criminales y terroristas.

La pregunta, sin embargo, es inevitable: ¿hasta dónde llega esa “altura de miras” cuando el combate al crimen organizado exige seguir su dinero?
Porque el narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, el lavado de activos y las organizaciones criminales pueden disponer de mercancías ilícitas, propiedades y estructuras operativas, pero detrás de buena parte de esas actividades existe un objetivo económico. El dinero debe ingresar, circular, ocultarse, transferirse o blanquearse. Por eso la inteligencia financiera constituye una herramienta central para reconstruir la denominada ruta del dinero.
No se trata simplemente de una opinión política.

El proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, actualmente en discusión legislativa, fue diseñado precisamente para identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. La propia Comisión para el Mercado Financiero ha explicado que uno de sus objetivos es perseguir el dinero procedente de delitos vinculados al crimen organizado.

Uno de sus aspectos más controvertidos ha sido permitir, en circunstancias delimitadas, que la Unidad de Análisis Financiero pueda solicitar directamente a los bancos información actualmente protegida por secreto bancario. No sería una facultad indiscriminada para revisar las cuentas de cualquier ciudadano: la disposición aprobada por la Cámara la restringió a determinados análisis de operaciones sospechosas previamente reportadas y estableció condiciones para su utilización.

La propia UAF ha sostenido ante el Congreso que, para seguir eficazmente fondos de origen ilícito, las instituciones competentes necesitan reconstruir con mayor rapidez la trazabilidad de las operaciones financieras sospechosas.
Universidad Autónomade Chile.

Y es precisamente aquí donde aparece una contradicción política difícil de ignorar.
Mientras desde La Moneda se pide al Parlamento rapidez y “altura de miras” para aprobar nuevas atribuciones constitucionales contra el crimen organizado, desde sectores de la derecha se ha rechazado ampliar el acceso institucional a información bancaria. El entonces diputado y dirigente Johannes Kaiser llevó incluso esa discusión al terreno ideológico al afirmar públicamente: “No estoy dispuesto a que un comunista acceda a mi cuenta”.

El argumento merece una precisión fundamental: levantar o establecer excepciones al secreto bancario para investigaciones de inteligencia financiera no equivale a entregar las cuentas corrientes de los ciudadanos a un partido político. La UAF es un organismo público especializado y sus funcionarios están sometidos legalmente al deber de reserva; la divulgación indebida de antecedentes protegidos puede implicar incluso destitución y otras responsabilidades.
Universidad Autónomade Chile
Por eso el debate no debería reducirse a quién es comunista, quién es de derecha o quién gobierna circunstancialmente La Moneda.
La discusión verdaderamente seria es otra: qué controles democráticos, requisitos, trazabilidad y sanciones deben existir para que el Estado pueda seguir el dinero del crimen organizado sin vulnerar injustificadamente la privacidad de los ciudadanos.
Se pueden endurecer penas, ampliar estados de excepción, aumentar controles fronterizos y desplegar más policías. Pero si las instituciones encargadas de perseguir organizaciones criminales encuentran obstáculos precisamente cuando intentan reconstruir el recorrido de millones obtenidos ilícitamente, se estará golpeando una parte del problema mientras otra permanece protegida detrás de una muralla financiera.
Combatir al crimen organizado exige perseguir al delincuente, pero también su patrimonio. Porque una organización criminal puede reemplazar a un integrante detenido; lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir cuando el Estado logra detectar, congelar, incautar y quitarle el dinero que financia su estructura.
Y ahí queda planteada la paradoja: pedir “altura de miras” al Congreso también obliga al Gobierno y a sus aliados a demostrarla cuando seguir la ruta del dinero toca intereses y cuentas bancarias.

Magdalena Piñera declaró que no quiere un Congreso “lleno de Manouchehris” y aseguró que al diputado socialista “nadie lo admira, nadie lo sigue”.

Curiosa manera de contar seguidores: Daniel Manouchehri obtuvo cerca de 100 mil votos, la mayor votación parlamentaria registrada en la Región de Coquimbo. Parece que para ciertas élites el voto popular solo merece respeto cuando confirma sus preferencias; cuando elige a alguien incómodo, se transforma apenas en un montón de “likes”.

Manouchehri podrá gustar o no, y su estilo podrá parecer confrontacional, pero su labor fiscalizadora produjo resultados concretos.

Junto con Daniella Cicardini impulsó acciones contra magistrados vinculados con las revelaciones del caso Hermosilla, entre ellas la acusación constitucional que terminó con la destitución del juez Antonio Ulloa.
También ha denunciado posibles redes de influencia y eventuales ilícitos surgidos de los chats y audios investigados por la Fiscalía.

Mientras algunos pedían mejores modales, otros abrían expedientes.

Y cuando la fiscalización comenzó a rozar a quienes durante años se consideraron intocables, aparecieron ataques, descalificaciones e incluso antecedentes sobre intentos de desacreditar a los parlamentarios. Nada sorprendente: el poder suele amar el diálogo hasta que alguien le pregunta por sus cuentas, sus contactos o sus favores.

Magdalena Piñera tiene pleno derecho a criticar a Manouchehri. Lo que no puede pretender es reemplazar con su opinión el mandato ciudadano que lo llevó al Congreso. Los parlamentarios no están allí para agradar a una familia, cuidar apellidos ilustres ni recibir certificados de buena conducta de quienes siempre tuvieron acceso privilegiado al poder.

Porque la fiscalización que no incomoda es decoración institucional. Y la justicia que solo persigue a quienes carecen de apellido, dinero o contactos no es justicia: es protocolo para pobres.

FUERTES MAREJADAS INUNDAN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Una fuerte marejada golpeó la costa de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, superando las defensas costeras y haciendo ingresar el agua a calles del centro de la ciudad. El episodio obligó a realizar desvíos de tránsito en sectores como avenida Ducós y Mitre y dejó incluso vehículos afectados por el avance del mar.

Lo que ocurre en Comodoro no resulta lejano para quienes vivimos en la Región de Aysén. Coyhaique y Comodoro Rivadavia están separadas por apenas unos cientos de kilómetros, unidas históricamente por pasos fronterizos, rutas comerciales y, sobre todo, por vínculos familiares que atraviesan la cordillera.
Desde hace décadas, especialmente durante buena parte del siglo XX, numerosos chilenos emigraron hacia la Patagonia argentina en busca de mejores oportunidades laborales. Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y otras ciudades patagónicas recibieron importantes comunidades chilenas, muchas provenientes de Aysén y de otras zonas del sur de Chile. Los estudios históricos muestran que esta corriente migratoria se hizo particularmente significativa en la Patagonia argentina y dejó familias cuyos lazos permanecen hasta nuestros días.

Por eso, detrás de las imágenes de calles inundadas existen también familias, amigos y descendientes de chilenos que forman parte de la historia común de ambos territorios.
El temporal se produce además mientras El Niño se encuentra activo y fortaleciéndose en 2026. NOAA confirmó que este fenómeno continuará intensificándose durante el año y que existe una alta probabilidad de que persista hasta comienzos de 2027.

El Niño tiene su origen en un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Aunque nace en el Pacífico, sus efectos no quedan confinados allí: altera la circulación de la atmósfera a escala continental y planetaria, pudiendo modificar los sistemas de presión, vientos y precipitaciones sobre Sudamérica y, mediante esa circulación atmosférica, influir indirectamente también sobre condiciones meteorológicas asociadas al Atlántico.
Eso sí, científicamente sería incorrecto responsabilizar exclusivamente a El Niño de esta marejada en particular. Los temporales costeros dependen de varios factores locales y regionales. El fenómeno constituye parte del escenario climático general, pero no permite por sí solo atribuir la causa de un evento específico.

Una solidaridad que la Patagonia ya conoce
La historia demuestra que esa cercanía entre argentinos y chilenos no existe solamente en los mapas.
Cuando en 1991 el volcán Hudson protagonizó una de las mayores erupciones registradas en Chile, la ceniza no reconoció la línea fronteriza y golpeó severamente tanto a Aysén como a la Patagonia argentina.

En aquellos difíciles días hubo cooperación desde Argentina hacia Chile. Los antecedentes históricos señalan que, en coordinación con las autoridades chilenas, se abrieron las fronteras para ayudar a los habitantes de Chile Chico y facilitar su evacuación hacia Comodoro Rivadavia, desde donde podían continuar posteriormente hacia Coyhaique.

Fue una catástrofe compartida y también una muestra de solidaridad entre comunidades que, aunque pertenecen a dos países diferentes, han aprendido durante generaciones que vivir en la Patagonia significa muchas veces necesitar del vecino que está al otro lado de la cordillera.
Hoy las imágenes provienen de Comodoro Rivadavia. Calles cubiertas por el agua, un mar que supera las defensas costeras y familias observando con preocupación la fuerza de la naturaleza.
Y desde Aysén corresponde mirar hacia nuestros vecinos con la misma cercanía con que tantas veces ellos han mirado hacia este lado.
Porque el clima no tiene fronteras.
La cordillera podrá separar administrativamente dos países, pero no puede separar la historia, las familias ni la solidaridad.
Fuerza Comodoro Rivadavia. Desde Aysén, nuestra solidaridad con sus habitantes.
La Patagonia es una sola cuando sus pueblos se necesitan.