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El Ministerio de Salud confirmó la salida de la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, luego de semanas marcadas por crecientes denuncias y acciones judiciales en su contra.
La autoridad regional llegó a enfrentar nueve denuncias bajo la Ley Karin, dos querellas y seis acciones de tutela laboral, situación que había provocado fuertes cuestionamientos de funcionarios y organizaciones gremiales.

Finalmente, este lunes el Ministerio de Salud resolvió solicitar su renuncia y confirmó públicamente su salida, señalando que próximamente informará quién asumirá la subrogancia. �
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La decisión vuelve a poner sobre la mesa una cuestión elemental: la Ley Karin no distingue jerarquías. Cuando las denuncias comprometen a una autoridad, el deber del Estado no puede ser mirar hacia el costado, sino investigar y actuar.
www.vientopatagon.com — ponemos el foco donde otros prefieren no mirar.

Hay mujeres que no nacieron para encajar en el molde de su época, sino para romperlo.

En las primeras décadas del siglo XX —cuando la política seguía siendo un espacio dominado casi por completo por los hombres—, Rosa Luxemburgo (1871–1919) irrumpió en la escena europea no como espectadora, sino como una de las intelectuales y dirigentes políticas más brillantes, audaces e incómodas de su generación.

En tiempos en que a muchas mujeres se les exigía silencio, obediencia o abnegación, Rosa eligió la inteligencia, la palabra, la organización política y la confrontación de ideas. Coincidió históricamente con el auge de los movimientos por el sufragio femenino, pero su pensamiento fue todavía más profundo: sostuvo que la emancipación de las mujeres debía ir unida a una transformación radical de las estructuras económicas y sociales que producían desigualdad y explotación.

Su trayectoria dejó lecciones que siguen interpelando hasta hoy:

La inteligencia también incomoda. Luxemburgo discutió con adversarios y compañeros de partido por igual. No aceptó el dogma ni siquiera cuando provenía de su propio sector político.

La coherencia tuvo un precio. Se opuso al militarismo y a la Primera Guerra Mundial cuando gran parte de la socialdemocracia alemana terminó respaldando los créditos de guerra. Por su actividad política conoció la persecución y la cárcel, pero continuó escribiendo, reflexionando y defendiendo sus convicciones.

Ser vanguardia nunca fue gratuito. El 15 de enero de 1919, en medio de la convulsión política alemana, Rosa Luxemburgo fue asesinada por integrantes de los Freikorps tras ser detenida en Berlín.

A las mujeres que hoy hacen política, lideran organizaciones, defienden causas sociales o simplemente se atreven a pensar distinto frente al poder, la historia de Rosa Luxemburgo les recuerda algo fundamental: la firmeza intelectual, la rebeldía y el derecho a tener una voz propia jamás han sido patrimonio masculino.

Se puede asesinar a una dirigente. Se puede intentar borrar una voz. Pero las ideas capaces de sobrevivir a su tiempo son mucho más difíciles de sepultar.

Rosa Luxemburgo murió en 1919. Su pensamiento continúa incomodando más de un siglo después.

«Quien no se mueve, no siente sus cadenas.»
— atribuida a Rosa Luxemburgo

Primero fue la megarreforma económica. Ahora viene la Constitución.
José Antonio Kast llegó democráticamente a La Moneda y hoy propone una reforma constitucional que busca colocar la seguridad pública como principio rector del Estado, crear mecanismos especiales contra organizaciones criminales y habilitar una nueva herramienta para intervenir territorios bajo control de bandas, incluso con colaboración de las Fuerzas Armadas.
La ironía es evidente: durante años escuchamos hablar de la antigua “democracia protegida”. Ahora pareciera abrirse paso otra fórmula: ser elegido democráticamente para acumular cada vez más herramientas excepcionales de poder.
Y atención, porque no estamos hablando de una simple ley.
La Constitución actual ya permite un estado de sitio frente a guerra interna o grave conmoción interior, pero requiere intervención del Congreso. La nueva propuesta pretende construir además una herramienta específica para aquellos territorios que el Gobierno considere capturados por organizaciones criminales, con participación militar y reglas especiales.
La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, ya adelantó que espera “unidad” parlamentaria para tramitarla y ha defendido expresamente la reforma constitucional.
Y aquí aparece la pregunta incómoda:
¿Dónde termina una política de seguridad firme y dónde comienza la normalización de poderes excepcionales?
Kast no posee por sí solo mayoría en ambas cámaras, pero ya demostró con su megarreforma económica que puede conseguir los votos necesarios mediante acuerdos parlamentarios.
Hoy es economía.
Mañana, seguridad.
Después, la Constitución.
Kast avanza con acuerdo. Y cuando el acuerdo no alcanza, intenta ensanchar el terreno donde puede avanzar.
Porque una democracia no deja de ser democracia solamente cuando desaparecen las elecciones.
También puede comenzar a debilitarse cuando los contrapesos pasan a ser vistos como obstáculos.
El punto más fuerte, a mi juicio, es el cierre porque mantiene la crítica política dura sin afirmar como hecho que Chile ya sea una dictadura, algo que hoy no sería jurídicamente sostenible. La comparación con la “democracia protegida” queda planteada como advertencia e ironía política, no como una afirmación histórica falsa.

El Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado una reforma constitucional enmarcada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), solicitando al Congreso una tramitación “rápida y con altura de miras”. La propuesta busca consagrar expresamente la seguridad pública como deber del Estado y crear un nuevo estado de excepción constitucional frente a graves alteraciones provocadas por organizaciones criminales y terroristas.

La pregunta, sin embargo, es inevitable: ¿hasta dónde llega esa “altura de miras” cuando el combate al crimen organizado exige seguir su dinero?
Porque el narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, el lavado de activos y las organizaciones criminales pueden disponer de mercancías ilícitas, propiedades y estructuras operativas, pero detrás de buena parte de esas actividades existe un objetivo económico. El dinero debe ingresar, circular, ocultarse, transferirse o blanquearse. Por eso la inteligencia financiera constituye una herramienta central para reconstruir la denominada ruta del dinero.
No se trata simplemente de una opinión política.

El proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, actualmente en discusión legislativa, fue diseñado precisamente para identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. La propia Comisión para el Mercado Financiero ha explicado que uno de sus objetivos es perseguir el dinero procedente de delitos vinculados al crimen organizado.

Uno de sus aspectos más controvertidos ha sido permitir, en circunstancias delimitadas, que la Unidad de Análisis Financiero pueda solicitar directamente a los bancos información actualmente protegida por secreto bancario. No sería una facultad indiscriminada para revisar las cuentas de cualquier ciudadano: la disposición aprobada por la Cámara la restringió a determinados análisis de operaciones sospechosas previamente reportadas y estableció condiciones para su utilización.

La propia UAF ha sostenido ante el Congreso que, para seguir eficazmente fondos de origen ilícito, las instituciones competentes necesitan reconstruir con mayor rapidez la trazabilidad de las operaciones financieras sospechosas.
Universidad Autónomade Chile.

Y es precisamente aquí donde aparece una contradicción política difícil de ignorar.
Mientras desde La Moneda se pide al Parlamento rapidez y “altura de miras” para aprobar nuevas atribuciones constitucionales contra el crimen organizado, desde sectores de la derecha se ha rechazado ampliar el acceso institucional a información bancaria. El entonces diputado y dirigente Johannes Kaiser llevó incluso esa discusión al terreno ideológico al afirmar públicamente: “No estoy dispuesto a que un comunista acceda a mi cuenta”.

El argumento merece una precisión fundamental: levantar o establecer excepciones al secreto bancario para investigaciones de inteligencia financiera no equivale a entregar las cuentas corrientes de los ciudadanos a un partido político. La UAF es un organismo público especializado y sus funcionarios están sometidos legalmente al deber de reserva; la divulgación indebida de antecedentes protegidos puede implicar incluso destitución y otras responsabilidades.
Universidad Autónomade Chile
Por eso el debate no debería reducirse a quién es comunista, quién es de derecha o quién gobierna circunstancialmente La Moneda.
La discusión verdaderamente seria es otra: qué controles democráticos, requisitos, trazabilidad y sanciones deben existir para que el Estado pueda seguir el dinero del crimen organizado sin vulnerar injustificadamente la privacidad de los ciudadanos.
Se pueden endurecer penas, ampliar estados de excepción, aumentar controles fronterizos y desplegar más policías. Pero si las instituciones encargadas de perseguir organizaciones criminales encuentran obstáculos precisamente cuando intentan reconstruir el recorrido de millones obtenidos ilícitamente, se estará golpeando una parte del problema mientras otra permanece protegida detrás de una muralla financiera.
Combatir al crimen organizado exige perseguir al delincuente, pero también su patrimonio. Porque una organización criminal puede reemplazar a un integrante detenido; lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir cuando el Estado logra detectar, congelar, incautar y quitarle el dinero que financia su estructura.
Y ahí queda planteada la paradoja: pedir “altura de miras” al Congreso también obliga al Gobierno y a sus aliados a demostrarla cuando seguir la ruta del dinero toca intereses y cuentas bancarias.

Magdalena Piñera declaró que no quiere un Congreso “lleno de Manouchehris” y aseguró que al diputado socialista “nadie lo admira, nadie lo sigue”.

Curiosa manera de contar seguidores: Daniel Manouchehri obtuvo cerca de 100 mil votos, la mayor votación parlamentaria registrada en la Región de Coquimbo. Parece que para ciertas élites el voto popular solo merece respeto cuando confirma sus preferencias; cuando elige a alguien incómodo, se transforma apenas en un montón de “likes”.

Manouchehri podrá gustar o no, y su estilo podrá parecer confrontacional, pero su labor fiscalizadora produjo resultados concretos.

Junto con Daniella Cicardini impulsó acciones contra magistrados vinculados con las revelaciones del caso Hermosilla, entre ellas la acusación constitucional que terminó con la destitución del juez Antonio Ulloa.
También ha denunciado posibles redes de influencia y eventuales ilícitos surgidos de los chats y audios investigados por la Fiscalía.

Mientras algunos pedían mejores modales, otros abrían expedientes.

Y cuando la fiscalización comenzó a rozar a quienes durante años se consideraron intocables, aparecieron ataques, descalificaciones e incluso antecedentes sobre intentos de desacreditar a los parlamentarios. Nada sorprendente: el poder suele amar el diálogo hasta que alguien le pregunta por sus cuentas, sus contactos o sus favores.

Magdalena Piñera tiene pleno derecho a criticar a Manouchehri. Lo que no puede pretender es reemplazar con su opinión el mandato ciudadano que lo llevó al Congreso. Los parlamentarios no están allí para agradar a una familia, cuidar apellidos ilustres ni recibir certificados de buena conducta de quienes siempre tuvieron acceso privilegiado al poder.

Porque la fiscalización que no incomoda es decoración institucional. Y la justicia que solo persigue a quienes carecen de apellido, dinero o contactos no es justicia: es protocolo para pobres.