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  • LUKSIC SEGUIRÁ PAGANDO: LA EXENCIÓN QUE BENEFICIA INCLUSO A QUIENES NO LA NECESITAN

    LUKSIC SEGUIRÁ PAGANDO: LA EXENCIÓN QUE BENEFICIA INCLUSO A QUIENES NO LA NECESITAN

    El empresario Andrónico Luksic respondió a un usuario de redes sociales que, pese a la nueva exención de contribuciones para las personas mayores de 65 años, continuará pagándolas voluntariamente: “Voy a seguir pagando mis contribuciones hasta el día que me muera”. T13

    Su decisión personal puede parecer generosa, pero también deja al descubierto el principal problema de la iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast: el beneficio fue diseñado de manera universal, sin distinguir entre un pensionado de ingresos modestos y uno de los hombres más ricos de Chile.

    La eliminación del impuesto territorial para la vivienda principal de los mayores de 65 años fue aprobada por el Congreso dentro de la llamada “megarreforma” gubernamental. Sin embargo, todavía debe completar su tramitación formal, ser promulgada y publicarse para entrar efectivamente en vigor. El País

    Aquí aparece la contradicción: mientras innumerables trabajadores pagan durante 20, 30 o más años un crédito hipotecario para conseguir su única vivienda y llegan a la jubilación con pensiones insuficientes, la ley también exime automáticamente a quienes poseen enormes patrimonios y no necesitan ayuda estatal.

    El propio Luksic afirma que continuará pagando. Pero la justicia tributaria no puede depender de la buena voluntad de un multimillonario. Una política pública responsable debería entregar el beneficio completo a quienes realmente lo necesitan y mantener la obligación para quienes cuentan con ingresos y patrimonios suficientes.

    Además, las contribuciones financian directamente a las municipalidades y al Fondo Común Municipal. Si los propietarios más acomodados dejan de aportar, ese dinero tendrá que reponerse con recursos generales del Estado, provenientes de impuestos que pagan todos los chilenos, incluido el IVA que afecta por igual al pensionado, al trabajador y al multimillonario.

    El Gobierno puede anotar esta iniciativa entre sus promesas cumplidas. No obstante, cumplir rápidamente una promesa no significa necesariamente haber construido una buena política pública. La verdadera evaluación debe considerar quién recibe el beneficio, quién termina financiándolo y cuánto dinero perderán las comunas más dependientes del Fondo Común Municipal.

    El diagnóstico es sencillo: dejar de cobrar contribuciones a una persona mayor que sobrevive con una pensión baja es justicia social; eximir también a un multimillonario es un regalo tributario innecesario.

    La respuesta de Luksic, quizás sin proponérselo, terminó demostrando precisamente aquello que el Gobierno se niega a reconocer: no todos los mayores de 65 años necesitan que el resto de Chile les pague las contribuciones.

  • El Gobierno de ultraderecha pretende eliminar los contrapesos administrativos y políticos

    El Gobierno de ultraderecha pretende eliminar los contrapesos administrativos y políticos

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    Una democracia no consiste en que quien gana una elección pueda hacer todo lo que quiera. También necesita organismos autónomos que controlen al poder, revisen la legalidad de sus decisiones y protejan los derechos de quienes no forman parte de la mayoría gobernante.

    Sin embargo, el Gobierno de José Antonio Kast y las voces más radicales de su sector parecen tener una particular concepción de la institucionalidad: los organismos sirven solamente mientras no contradigan al Ejecutivo.

    Cuando la Contraloría General de la República fiscaliza al Gobierno, exige el cumplimiento de las normas de probidad o cuestiona la legalidad de una actuación administrativa, inmediatamente aparecen voces que buscan desacreditarla, reducir sus atribuciones o presentar su trabajo como una interferencia política. Pero la Contraloría no es enemiga del Gobierno: es el órgano constitucional encargado de controlar la legalidad de los actos de la Administración. Durante marzo, incluso reforzó las instrucciones sobre conflictos de interés, abstención y declaraciones patrimoniales dirigidas al nuevo gabinete.

    Cuando el Tribunal Constitucional declara que una propuesta gubernamental vulnera la Constitución, tampoco se acepta el fallo como parte normal del sistema democrático.

    Tras el revés sufrido por artículos del proyecto denominado Escuelas Protegidas, volvieron los cuestionamientos contra el Tribunal y las acusaciones de que actuaría como una “tercera cámara”. Su propia presidenta debió recordar algo elemental: el TC no es un actor político, sino un tribunal encargado de resguardar la supremacía constitucional, incluso cuando una mayoría circunstancial pueda equivocarse.

    Ahora ocurre algo parecido con el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
    Desde sectores de la ultraderecha se insiste en que debería cerrarse porque supuestamente “no sirve para nada”, mientras otras propuestas buscan reformarlo, debilitar su autonomía o limitar sus capacidades. El INDH puede ser criticado y perfeccionado, como cualquier institución pública, pero eliminarlo significaría suprimir uno de los pocos organismos autónomos encargados de observar las actuaciones del Estado y advertir posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

    Y no es casual que estas críticas aumenten cuando el Instituto cuestiona proyectos del Gobierno.

    En julio, por ejemplo, el INDH presentó observaciones al proyecto que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, advirtiendo problemas relacionados con la legalidad, la proporcionalidad, la no discriminación y la eventual pérdida de beneficios sociales.

    El patrón comienza a ser evidente:
    Cuando la Contraloría controla, se cuestionan sus facultades.
    Cuando el Tribunal Constitucional declara una norma contraria a la Carta Fundamental, se acusa al Tribunal de intervenir políticamente.

    Cuando el INDH advierte sobre posibles vulneraciones, se propone reformarlo, quitarle recursos o directamente eliminarlo.

    Cuando una institución independiente contradice al Gobierno, la respuesta no parece ser corregir la decisión cuestionada, sino atacar al organismo que cumplió con su deber.
    Los contrapesos institucionales no fueron creados para aplaudir a los gobernantes. Existen precisamente para incomodarlos, fiscalizarlos y recordarles que el poder tiene límites.

    Un Gobierno verdaderamente democrático y liberal respeta la división de poderes, la autonomía de los organismos fiscalizadores y los derechos de las minorías. Quien solamente acepta las instituciones cuando le dan la razón no está defendiendo la democracia: está buscando gobernar sin controles.

    Por eso, de ultraderecha pueden tenerlo todo; pero de liberales, al parecer, no tienen nada.
    Porque ser liberal no es solamente pedir libertad económica para los grandes capitales. También significa respetar la libertad política, la institucionalidad, los derechos fundamentales y el derecho de los organismos autónomos a decirle

  • Aprobada Reconstrucción Nacional

    Aprobada Reconstrucción Nacional

    RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
    Por 27 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto denominado “Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”, una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno.

    Se trata de una verdadera ley miscelánea, porque reúne en un solo proyecto numerosas modificaciones tributarias, laborales, habitacionales, financieras y administrativas. Entre sus medidas principales se encuentra la rebaja gradual del impuesto a las grandes empresas —desde el 27% hasta el 23%—, incentivos tributarios para la inversión y el empleo, beneficios para la adquisición de viviendas nuevas y exenciones o rebajas de contribuciones para adultos mayores.

    La iniciativa también contempla recursos y mecanismos vinculados a la reconstrucción de las zonas afectadas por emergencias, junto con cambios destinados a agilizar permisos, facilitar inversiones y generar condiciones para la recuperación económica. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán recuperar el crecimiento y crear empleos.
    Sin embargo, el proyecto ha provocado una fuerte controversia. Desde la oposición se cuestiona que la rebaja tributaria favorezca principalmente a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos, además de advertirse sobre su costo fiscal y el eventual debilitamiento de los recursos públicos. También han generado debate la invariabilidad tributaria para grandes inversiones y las compensaciones que deberán recibir los municipios por la disminución en el pago de contribuciones.

    La votación refleja lo dividido que se encuentra el Senado: 27 senadores respaldaron el proyecto, mientras 22 votaron en contra. Una diferencia estrecha para una reforma de amplio alcance que modificará diversas áreas de la economía nacional.
    Con esta aprobación, el Gobierno obtiene un triunfo legislativo relevante. No obstante, queda abierta la discusión de fondo: ¿esta reconstrucción beneficiará efectivamente a las familias, trabajadores y pequeñas empresas, o significará principalmente una rebaja tributaria para quienes concentran mayor poder económico?

  • Senador MIGUEL ÁNGEL CALISTO les entregaba dinero en efectivo

    Senador MIGUEL ÁNGEL CALISTO les entregaba dinero en efectivo

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    Nuevos antecedentes incorporan a ex dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud —Confenats— en la investigación penal que involucra al senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto Águila.

    De acuerdo con antecedentes conocidos públicamente, la Fiscalía tendría en su poder la declaración de una integrante de la directiva del gremio, quien afirmó que Calisto habría entregado dinero en efectivo, mediante dos exdirigentes de Confenats, para financiar la defensa judicial de Roland Cárcamo, su exjefe de campaña y antiguo colaborador.

    Los nombres mencionados son Berta Brito y Pedro Nova, quienes aparecen señalados como presuntos intermediarios de Cárcamo.

    Será la investigación penal la que deberá establecer la veracidad de estas declaraciones, el origen y destino del dinero y las eventuales responsabilidades de quienes resulten involucrados.

    Aunque el senador ha matizado públicamente su relación con Confenats, los antecedentes describen una vinculación fluida durante el periodo en que Cárcamo ejercía como dirigente gremial. Incluso, un asesor comunicacional del parlamentario habría prestado servicios para la organización de trabajadores de la salud mientras integraba el equipo de apoyo parlamentario.

    Estos antecedentes se relacionan con la causa O-751-2023, tramitada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en la que se investiga al senador Miguel Ángel Calisto Águila por un presunto fraude al Fisco.

    La pregunta sigue abierta:

    ¿Fue Confenats solamente una organización gremial cercana al parlamentario o algunos de sus antiguos dirigentes habrían actuado como intermediarios financieros de su círculo político?

    Por ahora existen declaraciones, vínculos y movimientos de dinero que deberán ser esclarecidos por la Fiscalía y evaluados por los tribunales.

    Antecedentes actualmente en investigación. Las personas mencionadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.

  • Viento Patagón: una declaración de independencia editorial

    Viento Patagón: una declaración de independencia editorial

    QUE IMPORTAN
    Viento Patagón no nace para ser un espacio meramente contestatario ni una trinchera político-partidaria. Es un espacio virtual creado para poner el foco allí donde otros medios —pagados, financiados o subvencionados por terceros con intereses propios— prefieren callar, censurar o redirigir la atención para evitar que determinadas personas, decisiones o acontecimientos sean expuestos públicamente.

    Y nuestra Patagonia, por cierto, no está ajena a esa realidad.

    Sabemos que la objetividad absoluta no existe. Detrás de cada noticia, investigación o línea editorial siempre hay una mirada y, muchas veces, intereses creados.
    La diferencia es que nosotros no existimos para obtener réditos económicos, cargos, favores ni reconocimientos.
    Nuestro único “beneficio” es que usted lea, conozca y vea aquello que otros intentan invisibilizar.

    También es cierto que hemos puesto especial atención en las actuaciones políticas de los parlamentarios René Alinco y Miguel Ángel Calisto.
    Lo hacemos porque quienes ejercen cargos de representación popular deben responder ante la ciudadanía, especialmente cuando sus discursos, decisiones o conductas públicas generan dudas y contradicciones.

    No pretendemos presentarnos como jueces ni como modelos de moral y buenas costumbres, pero tampoco aceptamos que determinados personajes hagan y deshagan amparados en la credulidad de quienes aún los ven como aquello que, a nuestro juicio, dejaron de representar hace mucho tiempo.

    Del mismo modo, observamos críticamente a un gobierno alineado con una ultraderecha internacional que hace gárgaras con el patriotismo mientras impulsa decisiones que, desde nuestra perspectiva, terminan entregando por partes las riquezas, los recursos y la soberanía del país a intereses extranjeros.

    No tenemos nada que perder.
    Y esto no es una amenaza, una valentonada ni un desafío personal contra nadie.
    Es una declaración de independencia editorial y un llamado a proteger aquello que nos identifica como región y como pueblo.
    Aunque algunos no tengamos literalmente “tierra en las patas”, amamos profundamente este territorio.
    Amamos Aysén.
    Amamos la Patagonia y defendemos su memoria, su identidad, sus recursos y el derecho de sus habitantes a conocer lo que ocurre detrás de los discursos oficiales.

    Por eso seguiremos investigando, preguntando y denunciando. Sin pedir permiso y sin aceptar que el dinero, los favores o las redes de poder decidan qué puede conocer la ciudadanía.

    Mañana, martes 4 de agosto, presenciaremos en el Congreso lo que consideramos el comienzo del fin de una etapa.
    Lo haremos con la misma convicción con que, en 1980, utilizamos los micrófonos de Radio Santa María para expresar aquello que otros preferían mantener en silencio.
    Porque la Patagonia no necesita más propaganda.

    Necesita noticias que importan.
    VIENTO PATAGÓN

    Lo que otros invisibilizan, nosotros lo ponemos frente a sus ojos.

  • Grau Acusa: la reconstrucción terminaría beneficiando a quienes más tienen

    Grau Acusa: la reconstrucción terminaría beneficiando a quienes más tienen

    Grau, señalando que detrás de su nombre solidario se esconde una gigantesca reforma tributaria que reduciría los ingresos del Estado.
    1. Menos impuestos para las grandes empresas
    La tasa corporativa bajaría gradualmente del 27% al 23%.
    Ejemplo: una gran empresa que obtiene millonarias utilidades pagaría menos impuestos, mientras el Gobierno apuesta a que ese ahorro se transforme posteriormente en inversión, crecimiento y nuevos empleos.
    2. Beneficios que alcanzarían a personas de altos ingresos
    Grau cuestionó las rebajas a las ganancias de capital, las facilidades para adelantar herencias y la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores, sin distinguir suficientemente por patrimonio.
    Ejemplo: el beneficio podría alcanzar tanto a un jubilado con una vivienda modesta como a una persona de altos ingresos propietaria de una casa de gran valor.
    3. Riesgo para la salud y otros programas sociales
    La crítica central es que, si el Estado recauda menos y el crecimiento prometido no llega, tendrá menos recursos para hospitales, listas de espera, medicamentos, educación o vivienda.
    Ejemplo: Grau sostiene que el presupuesto de Salud venía aumentando cerca de US$1.000 millones anuales y advierte que esa expansión sería muy difícil de mantener.
    4. Reconstrucción mezclada con una reforma económica completa
    El proyecto contempla $400 mil millones adicionales para zonas afectadas por incendios, IVA cero durante doce meses para viviendas nuevas, subsidios al empleo y agilización de permisos. Sin embargo, también incorpora cambios tributarios permanentes que exceden la ayuda directa a los damnificados.
    5. Dos posiciones enfrentadas
    El Gobierno sostiene que bajar impuestos y entregar certeza jurídica atraerá inversiones, formalizará empleos y reactivará la economía. Grau responde que primero se entregan beneficios a empresas y grandes patrimonios, mientras el costo fiscal será asumido inmediatamente por todo el país.
    En palabras simples: el Ejecutivo apuesta a recaudar menos hoy para crecer más mañana. Grau advierte que, si esa apuesta fracasa, la cuenta terminará pagándose con menos recursos para las necesidades sociales de la mayoría.

  • Comerciante coyhaiquina y su nieta por sus vidas mientras esperan una evacuación arromédica

    Comerciante coyhaiquina y su nieta por sus vidas mientras esperan una evacuación arromédica

    Hace ya algunos años, Miriam Chible Contreras y su pareja, el periodista Patricio Ortiz Segura, había decidido irse a vivir al Interior de la región de Aysén, sector sur, tras años de vivir en Coyhaique…

    Ante la gravedad de la situación médica,bla familia de Miriam Chible Contreras, exige su traslado inmediato a Concepción y llama a las aerolíneas que operan en Aysén a colaborar antes de que sea demasiado tarde.

    Una situación de extrema gravedad y urgencia médica mantiene en vilo a una familia y a toda la comunidad de Coyhaique. Miriam Chible Contreras, conocida comerciante coyhaiquina de 62 años, y su nieta de 17 años permanecen internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Coyhaique, luego de resultar positivas al virus hanta.

    Según informó 24 Horas este domingo 2 de agosto, ambas pacientes se encuentran en estado grave y llevan más de 24 horas esperando una evacuación aeromédica.

    Miriam necesita ser trasladada prioritariamente a Concepción, donde podría recibir soporte mediante un equipo de oxigenación por membrana extracorpórea, conocido como ECMO, tecnología con la que no cuenta el establecimiento asistencial local.

    La familia ha manifestado su desesperación y advierte que existe una ventana de buenas condiciones meteorológicas que debe aprovecharse inmediatamente.

    En emergencias de esta magnitud, cada hora cuenta y cualquier demora puede reducir las posibilidades de recuperación.

    Cuando se trata de salvar vidas, no puede mandar la lógica comercial

    Este caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad dolorosa para quienes viven en la Región de Aysén: el aislamiento territorial también puede transformarse en una condena cuando una persona necesita atención médica de alta complejidad que solo está disponible fuera de la región.

    Por ello, corresponde que las autoridades sanitarias, el Gobierno, la Fuerza Aérea y las empresas privadas coordinen sin más dilaciones una aeronave equipada y capaz de efectuar el traslado bajo condiciones médicas seguras.

    También resulta indispensable interpelar públicamente a las aerolíneas transnacionales que desarrollan sus actividades comerciales utilizando permanentemente la infraestructura y el mercado regional. LATAM, SKY Airline, mantienen operaciones o comercializan vuelos vinculados con Balmaceda, principal terminal aéreo de acceso a Coyhaique y la Región de Aysén, que cancelan vuelos por falta de visibilidad, dejando a sus pasajeros, a la deriva con tratamientos oncológocicos o de similar gravedad.
    Sin embargo, frente a una emergencia vital, resulta legítimo exigirles que informen públicamente si cuentan con una aeronave, un espacio operativo o alguna forma de cooperación que permita facilitar el procedimiento aeromédico.

    Las empresas no pueden limitar su presencia en Aysén a vender pasajes, obtener ganancias y suspender toda sensibilidad cuando una familia necesita ayuda. Salvar dos vidas debe estar por encima de los cálculos económicos, de los trámites administrativos y de la indiferencia empresarial.

    Hoy la prioridad tiene nombres: Miriam Chible Contreras y su nieta de 17 años.

    La familia no está solicitando un privilegio.

    Está pidiendo una oportunidad para que ambas reciban el tratamiento que necesitan.

    Las autoridades y las empresas que tienen capacidad de colaborar deben actuar ahora, porque una evacuación tardía puede convertirse en una ayuda que llegó cuando ya no servía.

    Aysén exige una respuesta urgente. No mañana, no después de una reunión ni cuando mejore la burocracia: ahora, mientras todavía existe la posibilidad de salvarlas.

  • Alcaldes de 16 regiones piden veto presidencial

    Alcaldes de 16 regiones piden veto presidencial

    Un total de 104 alcaldes y alcaldesas de todo el país solicitaron al presidente José Antonio Kast aplicar un veto presidencial al mecanismo de compensación por la eliminación de las contribuciones. Los jefes comunales sostienen que la fórmula aprobada podría aumentar las desigualdades entre municipios y piden que los US$200 millones comprometidos se distribuyan íntegramente a través del Fondo Común Municipal.

    Además, las autoridades hicieron un llamado al Mandatario a abrir una mesa de diálogo para revisar el mecanismo y avanzar en una nueva Ley de Rentas Municipales. La declaración fue respaldada por alcaldes de distintas tendencias políticas y de las 16 regiones del país.

    Más detalles en www.eldinamo.cl

  • KAST: 55% DE RECHAZO Y LA SALA DE SEGURIDAD SIGUE EN LA SALA DE ESPERA

    KAST: 55% DE RECHAZO Y LA SALA DE SEGURIDAD SIGUE EN LA SALA DE ESPERA

    La última Agenda Criteria, publicada este 2 de agosto, muestra que la aprobación del gobierno de José Antonio Kast cayó por segunda semana consecutiva y llegó apenas al 34%.
    La desaprobación, en cambio, subió al 55%, mientras un 11% no sabe o no responde.

    El resultado no parece una casualidad.
    El Presidente que prometió recuperar las calles y devolverles la tranquilidad a las familias se acerca a sus primeros cinco meses en La Moneda —todavía no se cumplen seis— y la ciudadanía continúa esperando que el anunciado plan de seguridad abandone los discursos, las ceremonias y las diapositivas para comenzar a sentirse en los barrios.

    El Gobierno presentó en junio un plan operativo con 65 medidas, intervención en barrios prioritarios y fuerzas de tarea contra el crimen organizado.

    Sin embargo, entre anunciar una ofensiva y conseguir que la población vuelva a sentirse segura existe una distancia que no se acorta con conferencias de prensa.

    Kast llegó prometiendo mano firme, resultados rápidos y un gobierno “implacable”. Por ahora, la encuesta parece entregar su propio parte policial: 34% aprueba, 55% rechaza y la seguridad todavía figura como encargo pendiente.
    Porque cuando se gobierna con promesas de emergencia, la ciudadanía no entrega un cheque en blanco: pone plazo, revisa los resultados y también pasa la cuenta.

  • Gobierno contra reloj por Ley de Reconstrucción Nacional

    Gobierno contra reloj por Ley de Reconstrucción Nacional

    26 votos que son necesarios para aprobar este martes 4 de agosto la llamada Ley de Reconstrucción Nacional.

    Mientras algunos senadores oficialistas condicionan su apoyo a compromisos concretos para sus regiones y municipios, La Moneda negocia voto a voto. Sergio Gahona y Gustavo Sanhueza se inclinarían por aprobar, mientras Matías Walker exige un acuerdo escrito que garantice recursos para Coquimbo y Huasco.

    La reconstrucción, al parecer, comienza reconstruyendo primero la mayoría en el Senado.