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La comparación con un año atrás vuelve a poner una señal de alerta sobre el mercado laboral chileno. No se trata solamente de una percepción ciudadana: el último dato disponible del INE sitúa la tasa de desocupación nacional en 9,4% para el trimestre abril-junio de 2026.
A esto se suma un dato particularmente preocupante: según la encuesta difundida hoy por T13, el 68% de los chilenos considera que actualmente es más difícil encontrar trabajo que hace un año, mientras un 72% señala que sus salarios no alcanzan para cubrir el costo de la vida. Son percepciones, ciertamente, pero reflejan con fuerza una realidad económica que las estadísticas laborales tampoco permiten ignorar.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha hecho una apuesta importante por su agenda de reactivación económica y por el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, basado, entre otras materias, en reducción de impuestos corporativos, agilización de permisos, reactivación de la construcción, incentivos a la inversión y medidas destinadas a impulsar el empleo formal. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sostenido que el objetivo es recuperar inversión, crecimiento y, sobre todo, empleo.
Esa apuesta merece ser evaluada con objetividad. Un gobierno que lleva pocos meses no puede ser responsabilizado por todos los problemas estructurales acumulados durante años, pero tampoco basta anunciar mayores inversiones para concluir automáticamente que estas se transformarán en empleos suficientes, estables y bien remunerados.
La inversión es fundamental, pero la verdadera medición debe hacerse observando cuánto empleo nuevo genera, en qué regiones se crea, qué salarios paga, cuánto permanece en los territorios y cuánto de ese empleo es formal. Una economía puede mostrar grandes proyectos de inversión y, al mismo tiempo, mantener importantes brechas laborales si esos proyectos tienen baja intensidad de mano de obra, se concentran geográficamente o tardan varios años en ejecutarse.
Las diferencias regionales son especialmente reveladoras. En el trimestre abril-junio de 2026, Ñuble registró 10,5% de desempleo; Valparaíso, Maule, O’Higgins y Biobío se situaron en torno al 10,4%; Los Ríos alcanzó 10,2%; Arica y Parinacota, 9,6%; y la Región Metropolitana, 9,4%. En Maule, además, la ocupación disminuyó 0,4% en doce meses, mientras en Los Ríos cayó 0,2%.
También existen realidades distintas que deben reconocerse: Aysén registra solamente 4,6% de desocupación y Antofagasta 6,2%, mostrando que el problema laboral no tiene la misma intensidad en todo Chile.
Por ello, sería apresurado afirmar hoy que la nueva política económica ha fracasado, del mismo modo que sería apresurado asegurar que ya está funcionando. Las inversiones necesitan tiempo para transformarse en proyectos ejecutados y los proyectos necesitan tiempo para convertirse en puestos de trabajo. El problema es que las familias viven el presente: necesitan empleo y mejores ingresos ahora, no solamente expectativas de crecimiento futuro.
El desafío político y económico del Gobierno es, entonces, perfectamente medible: que la denominada reactivación deje de ser una expectativa y comience a observarse en más puestos de trabajo, menor desempleo regional, mejores salarios y mayor empleo formal.
Chile necesita inversión privada, pero también necesita una política de desarrollo que conecte esa inversión con sus territorios, proveedores locales, pequeñas y medianas empresas, capacitación laboral y generación efectiva de empleo.
El crecimiento es indispensable. Pero crecer sin traducir ese crecimiento en trabajo y mejores condiciones de vida sería insuficiente.
Las cifras del próximo año serán las que permitan evaluar con mayor justicia si la apuesta económica del Gobierno logró revertir la tendencia o si las promesas de inversión terminaron siendo mayores que sus efectos reales sobre el empleo.
