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  • Títulos falsos y armas reales: la crisis que sacude al Pacto Histórico en Colombia

    Títulos falsos y armas reales: la crisis que sacude al Pacto Histórico en Colombia

    Por primera vez, figuras del Pacto Histórico lanzan críticas abiertas contra el expresidente Gustavo Petro. El detonante de esta fisura es la sorpresiva confesión de Juliana Guerrero ante un juez de conocimiento, donde admitió haber falsificado sus títulos universitarios para asumir como viceministra de Juventudes durante su gobierno.

    La situación se complicó cuando Petro salió a defenderla públicamente, lo que encendió las alarmas al interior de la coalición. A esto se sumaron las denuncias de Angie Rodríguez, su exmano derecha en el Palacio, quien señaló que Guerrero gozaba de un manto de protección por ser amante del expresidente. Tanto Petro como Guerrero han negado de plano una relación íntima.

    Esta confesión no hace más que profundizar las tensiones internas de un Pacto que intenta reorganizarse tras perder las elecciones. Las críticas llegan en medio de intensos debates sobre las decisiones de Petro dentro del movimiento, en un momento donde su oposición en el Congreso se muestra relativamente solitaria y fragmentada.

    Mientras la crisis política consume a la coalición, la realidad social de Colombia muestra otra cara preocupante: un país armado hasta los dientes. Más de 600 mil colombianos cuentan con salvoconducto para portar un arma, pero la cifra se vuelve irrisoria frente a las al menos 3 millones de armas ilegales que circulan en el país.

    Es en esta disparidad donde el presidente Abelardo de la Espriella tomó una polémica decisión: levantar las restricciones para que los civiles porten armas. El argumento del gobierno es crudo pero directo: el Estado no tiene la capacidad real de proporcionar justicia ni de rastrear las armas utilizadas en los delitos de alto impacto que ejecutan los grupos armados que entran por contrabando.

    Sin embargo, voces como la de Andrés Nieto advierten sobre el peligro de esta medida. Tener un arma, asegura, no hace a la ciudadanía más segura. Por el contrario, los estudios internacionales demuestran que armar a los ciudadanos solo dispara las cifras de violencia doméstica y de género, dejando en evidencia que la solución a la inseguridad no pasa por entregar más fuego a la población, según se mencionó en La Silla Vacía.

  • Ajuste bajo la manga: Gobierno boliviano recortará salarios públicos y congelará contrataciones para complacer al FMI

    Ajuste bajo la manga: Gobierno boliviano recortará salarios públicos y congelará contrataciones para complacer al FMI

    El acuerdo técnico entre el Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) trae consigo un fuerte ajuste para las y los trabajadores del sector público. El ministro de Economía, Christian Morales, confirmó que se prevé la reducción de salarios y el freno a nuevas contrataciones en el Estado, como parte de las medidas para bajar el déficit fiscal hasta el 3,8% en un plazo de tres años.

    Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado al FMI, esta estrategia busca reducir la masa salarial en más del 1% del PIB durante el periodo del programa. El objetivo es cerrar la brecha de remuneración entre el sector público y privado, revirtiendo el incremento del 4% del PIB que se registró bajo la administración anterior.

    Lejos de ser anuncios a futuro, el ajuste ya se está aplicando. Morales explicó que cuando se presentó el Presupuesto General del Estado reformulado, ya se ejecutó un recorte de aproximadamente un 30% en la planilla salarial de las entidades del nivel central. Con esto, aseguran, lograron bajar el déficit fiscal heredado del 16% a un 9,3%, calificándolo como una de las reducciones más altas en las últimas cuatro décadas.

    El ajuste no para ahí. El Gobierno planea que para el Presupuesto General del Estado 2027 ya no se destinen recursos del Tesoro ni de las empresas estatales para cubrir el subsidio a los carburantes. Además, se reducirá y reordenará la inversión pública, retrasando o cancelando directamente proyectos considerados de baja prioridad, para concentrar los pocos recursos restantes en iniciativas que generen beneficios económicos y sociales.

    Para mitigar el impacto de esta transición hacia el nuevo modelo económico, el programa con el FMI contempla la entrega de bonos solidarios a los sectores más vulnerables. La autoridad adelantó que se implementará una nueva transferencia similar al “bono Pepe”, pero con un mayor alcance social, incorporando a actores que quedaron fuera en la evaluación anterior.

    Mientras el Gobierno socializa estas medidas con los actores económicos, el descontento popular ya se asoma. El Comité pro Santa Cruz confirmó una reunión para este miércoles y no descartan movilizaciones frente a un ajuste que, una vez más, parece recaer sobre los hombros de los sectores populares y trabajadores, según se mencionó en La Razón.

  • Bota ortopédica y preocupación: Hohberg es baja sensible para la vuelta de la Sudamericana

    Bota ortopédica y preocupación: Hohberg es baja sensible para la vuelta de la Sudamericana

    Cienciano logró una importante victoria de 2-0 en la altura del Cusco frente a Montevideo City Torque, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los goles del encuentro fueron obra de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain, dándole una ventaja al equipo cusqueño de cara al partido de vuelta.

    Sin embargo, la alegría del triunzo se vio empañada por una preocupante lesión. A los 82 minutos del compromiso, Alejandro Hohberg tuvo que ser sustituido debido a una dolencia física. El delantero uruguayo-peruano terminó el partido con una bota ortopédica inmovilizadora en el pie derecho, abandonando el recinto con evidente dificultad para caminar.

    El panorama para Hohberg no es nada alentador de cara al retorno en Uruguay. Al salir del Estadio Garcilaso de la Vega, el futbolista evitó dar declaraciones a la prensa en la zona mixta, aumentando la incertidumbre sobre su estado físico. Hasta el momento, la dirigencia de Cienciano no ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión.

    La posible ausencia de Hohberg golpea fuerte al plantel, ya que el atacante es una pieza clave en el ataque. En lo que va de la Sudamericana, el delantero suma tres goles, todos convertidos de remate ante la Academia Puerto Cabello y Lanús, demostrando su importancia en el esquema ofensivo.

    La vuelta de los cuartos de final está programada para el jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, a las 7:30 p.m. hora peruana. El recinto, con capacidad para 60.235 espectadores, será el escenario donde Cienciano deberá cuidar la ventaja sin su goleador.

    Para el partido de ida, el once inicial de Cienciano estuvo conformado por Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Ademar Robles, Santiago Arias; Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés. Por su parte, el club charrúa saltó a la cancha con Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Piccihilo, Pablo Siles; Gonzalo Montes, Esteban Obregon y Ederson Rodríguez, según se mencionó en RPP Noticias.

  • Fuerte interna en Popstars: Martín Cirio abandonó el rodaje entre gritos y su continuidad está en duda

    Fuerte interna en Popstars: Martín Cirio abandonó el rodaje entre gritos y su continuidad está en duda

    El mundo del espectáculo argentino se sacude con una nueva polémica en la pantalla de Telefe. Martín Cirio habría abandonado una grabación de Popstars en medio de un fuerte enojo, encendiendo los rumores sobre su posible renuncia al ciclo. Aunque en las últimas horas circularon versiones que daban por confirmada su salida, la realidad es más compleja y deja al descubierto las tensiones propias de la televisión reality.

    Desde el programa LAM (América TV) salieron a aclarar el panorama, aunque sin ofrecer certezas. Ángel de Brito, conductor del ciclo, fue categórico al distinguir entre el enojo y la renuncia: “Martín Cirio se fue a las puteadas, pero no renunció”. Sin embargo, la duda sigue instalada, ya que Denise Dumas, también del mismo programa, sumó un dato crucial: “Pero no se sabe si vuelve”.

    El conflicto trascendió esta semana en medio de distintas versiones sobre tensiones detrás de cámara en el programa conducido por Nico Vázquez. Según informó Ciudad Magazine, durante LAM se mencionó que tanto Cirio como Valen Rizzuti habrían decidido alejarse de Popstars debido a diferencias surgidas durante las grabaciones. Con el correr de las horas, la situación de Cirio fue matizada, y su renuncia dejó de darse por confirmada.

    Hasta el momento, la salida definitiva de Martín Cirio de Popstars no está confirmada. No hubo un anuncio oficial por parte del canal ni tampoco una comunicación pública del influencer informando su renuncia. Lo que existe es una fuerte versión sobre una posible salida, luego del episodio ocurrido durante las grabaciones, lo que refleja la volatilidad de los acuerdos en la televisión comercial.

    Cirio se incorporó a la nueva edición de Popstars en un particular rol de “coach espiritual” de las participantes, una función que le permite aportar su estilo y humor al reality, convirtiéndolo en una de las figuras más comentadas desde el estreno. Su presencia, sin embargo, no es casual y tiene una historia detrás que ahora cobra otro sentido.

    En el año 2002, Cirio se había presentado al casting de la edición masculina de Popstars, de la que surgió el grupo Mambrú, pero quedó eliminado. Más de dos décadas después, regresó al formato y hasta volvió a audicionar frente al jurado en uno de los momentos más comentados del ciclo, demostrando su persistencia en un medio que lo rechazó en el pasado.

    Mientras Popstars avanza en la pantalla de Telefe, con un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, todas las miradas están puestas en la decisión que tome Martín Cirio. El escenario podría cambiar en los próximos días si decide regresar al programa o si, finalmente, el conflicto detrás de cámara deriva en su alejamiento definitivo, según se mencionó en Diario Río Negro.

  • Fiesta del esquí en Divisadero: 47 corredores celebraron la décima Copa Pedro Jiménez y exigen mejoras para 2027

    Fiesta del esquí en Divisadero: 47 corredores celebraron la décima Copa Pedro Jiménez y exigen mejoras para 2027

    Una verdadera fiesta del deporte y la montaña se vivió el domingo 30 de agosto en el Centro de Montaña Comunitario Divisadero con la décima versión de la Copa Pedro Jiménez. Organizada por el Club Andino Escolar de Coyhaique, la jornada reunió a 47 corredores, desde los seis años hasta categorías adultas, demostrando que el esquí regional se vive en familia.

    Más allá de los resultados deportivos, la competencia tuvo como principal propósito fortalecer los vínculos entre quienes practican esta disciplina en la región. Con inscripciones gratuitas, la actividad contó con premios y reconocimientos, consolidándose como un espacio de encuentro y camaradería en la nieve.

    “Estamos conformes y orgullosos de sacar adelante una nueva versión de la tradicional copa Pedro Jiménez”, destacó el presidente del Club Andino Escolar de Coyhaique, Diego Concha. En la misma línea, agradeció el apoyo de las familias, clubes, administración del centro de esquí, pisteros, patrullas y empresas que hicieron posible la jornada.

    Sin embargo, la realización de esta décima versión no estuvo exenta de dificultades. Las condiciones climáticas y el estado de la nieve obligaron a suspender la competencia durante la semana anterior, debiendo esperar mejores condiciones para garantizar el desarrollo seguro de la actividad.

    En este sentido, Concha fue crítico y claro sobre el futuro del centro de esquí: “Como usuarios del centro de esquí esperamos que para 2027 podamos contar con mejores condiciones de operación, tanto en los medios de elevación como en los equipos necesarios para la preparación y mantención de las pistas, que son fundamentales para que la nieve sea segura”.

    El Centro de Montaña Comunitario Divisadero es fundamental para el desarrollo de esta disciplina deportiva en la región, por lo que el dirigente enfatizó que “todos quienes queremos que este centro siga creciendo debemos aportar”.

    La jornada concluyó con un positivo balance por parte de la organización, valorándose la participación de niños, jóvenes y adultos, y el ambiente familiar que caracterizó la actividad, dejando como tarea pendiente la mejora de la infraestructura para las futuras generaciones de esquiadores patagónicos, según se mencionó en Diario Regional Aysén.

  • Diputada Valdebenito arremete contra INDH mientras organismo observa reforma de seguridad que respalda

    Diputada Valdebenito arremete contra INDH mientras organismo observa reforma de seguridad que respalda

    Alejandra Valdebenito (UDI) salió al paso de las observaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a la reforma constitucional en materia de seguridad que ella respalda, arremetiendo contra el organismo y calificando de “extemporáneos e insólitos” los planteamientos del consejero Cristián Pertuzé. En lugar de responder a las observaciones sobre la iniciativa, la diputada optó por deslegitimar al ente fiscalizador.

    La parlamentaria sostuvo que los comentarios del consejero carecen de “suficiente respaldo ético ni fáctico”, argumentando que el INDH tiene “serios cuestionamientos respecto de su propio actuar”. Valdebenito apuntó directamente a la gestión del organismo, señalando que ha existido una “ausencia de acciones contundentes frente a hechos de violencia y terrorismo en la Macrozona Sur”, y recordó la controversia interna generada cuando el exdirector Sergio Micco afirmó que durante el estallido social no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

    Junto a su par Eduardo Cretton, la diputada no se limitó a cuestionar las declaraciones de Pertuzé, sino que elevó la ofensiva política al plantear la necesidad de reformular el INDH “desde sus cimientos”. Ambos sostuvieron que el debate no debe centrarse en modificaciones menores, sino en revisar profundamente el funcionamiento y la estructura del organismo, en un intento por desplazar la discusión sobre la reforma de seguridad hacia la supuesta inoperancia del instituto.

    Con estos cuestionamientos, la diputada busca deslegitimar al ente fiscalizador para allanar el camino a la reforma de seguridad, omitiendo que la función constitucional del organismo es justamente observar y resguardar los derechos humanos frente a las políticas y reformas del Estado, incluidas las de seguridad.

    En su descargo, Valdebenito y Cretton defendieron su postura afirmando que existe consenso en la UDI, el Partido Nacional Libertario y un sector del Partido Republicano sobre la necesidad de una “transformación profunda” del INDH. Según su visión, Chile requiere una institución “moderna, plural, equilibrada y verdaderamente independiente” que actúe con el mismo estándar frente a todas las vulneraciones, independientemente de la víctima o el autor, y que recupere la confianza de la ciudadanía.

    Foto: Alejandra Valdebenito Torres — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).

  • Fiscalía reingresa acusación contra Calisto por fraude al Fisco y su defensa arremete con amparo contra juez

    Fiscalía reingresa acusación contra Calisto por fraude al Fisco y su defensa arremete con amparo contra juez

    El senador Miguel Ángel Calisto enfrenta la reactivación de la acusación por fraude al Fisco que lidera el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, y por la que arriesga una condena de hasta 12 años de cárcel. La Fiscalía Regional de Aysén determinó volver a cerrar la indagatoria y reingresar la acusación contra el congresista y otros siete imputados durante la tarde del viernes 4 de septiembre, además de requerir nuevamente el desafuero del parlamentario.

    La ofensiva judicial de Calisto se concretó luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazara la solicitud de su defensa para ampliar la indagación y acceder a copias de antecedentes aportados por el coimputado Roland Cárcamo, exmano derecha del senador. Ante ese rechazo, el penalista Nelson Salas recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Aysén contra la resolución del magistrado Mario Devaud, en un intento por revertir el cierre de la causa y frenar el avance hacia el juicio oral.

    En el escrito de amparo, la defensa acusa al juez de haber actuado “de manera ilegal y arbitraria” al negarse a conceder una prórroga de 120 días para revisar evidencia consistente en un pendrive, un disco duro, un teléfono celular y dos computadores portátiles. La estrategia apunta a dilatar la investigación y dejar sin efecto tanto el cierre de la causa como la acusación y la solicitud de desafuero ingresadas por el Ministerio Público.

    La defensa sostiene que Cárcamo entregó esos soportes digitales tras declarar ante fiscales el 29 de abril de 2026, mientras se encontraba en prisión preventiva, en una instancia que originalmente estaba coordinada para que el imputado se entrevistara privadamente con su defensor penal público. Según el escrito, esa declaración significó un “cambio copernicano” respecto de las anteriores, porque Cárcamo imputó directamente hechos al senador Calisto.

    Salas argumenta que días después de que Cárcamo ampliara su versión, el 23 de junio, se presentó por primera vez la acusación contra el parlamentario, y que el imputado cambió su cautelar por arresto domiciliario total tras colaborar con la Fiscalía. Para la defensa, es “imprescindible” conocer los antecedentes porque la nueva versión del coimputado permitió a la Fiscalía asentar su teoría del caso y cerrar la investigación.

    La Fiscalía ha señalado que los insumos solicitados no serían sustanciales para la indagación, pero la defensa insiste en que dejar “exclusivamente al arbitrio del ente persecutor” la determinación de qué antecedentes puede conocer la defensa vulnera el derecho del senador.

    La versión de la defensa del senador Calisto, encabezada por Nelson Salas, sostiene que el juez Devaud actuó ilegalmente, que los derechos de su representado se ven gravemente vulnerados y que tienen el “legítimo derecho a cuestionar la autenticidad de la información y evidencia aportada” por Cárcamo, a quien señalan como una persona que declaró hacer informes falsos a su pareja.

    Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).

  • La Oficina: la sangre incómoda de la transición chilena

    La Oficina: la sangre incómoda de la transición chilena

    Hay una parte de la transición que rara vez se cuenta completa.
    Cuando Chile recuperó la democracia en 1990, la violencia política no desapareció de un día para otro.
    El FPMR-A, el Movimiento Juvenil Lautaro y otras organizaciones continuaron realizando acciones armadas, asaltos, secuestros y ataques contra policías.
    El asesinato de Jaime Guzmán en abril de 1991 terminó por convencer al gobierno de Patricio Aylwin de crear un organismo especial de inteligencia.
    Así nació el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, más conocido como “La Oficina”.
    No era la CNI. Tampoco era formalmente una policía secreta. Dependía del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y su función legal consistía en reunir inteligencia, coordinar a Carabineros e Investigaciones y contribuir a desarticular las organizaciones armadas.
    Y aquí comienza una historia que incomoda tanto a la derecha como a parte de la izquierda.
    Uno de sus principales integrantes fue el socialista Marcelo Schilling Rodríguez, antiguo miembro del GAP que había protegido al presidente Salvador Allende. Junto con él estuvieron figuras democratacristianas como Jorge Burgos y Mario Fernández, además de representantes de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. Es decir, La Oficina no fue “socialista” ni “democratacristiana”: fue un aparato de seguridad del Estado de la naciente Concertación.
    Su objetivo era terminar con la violencia armada.
    Y, en gran medida, lo consiguió.
    Pero vale la pena mirar el precio.
    15 de noviembre de 1990. Marco Ariel Antonioletti. Militante del Lautaro. Había sido rescatado violentamente desde el Hospital Sótero del Río en una operación en que murieron funcionarios del Estado. Un día después, Investigaciones lo localizó en Estación Central y lo mató.

    La versión oficial habló de enfrentamiento; reconstrucciones posteriores sostuvieron que pudo tratarse de una ejecución. Este hecho ocurrió antes de que existiera formalmente La Oficina.

    18 de diciembre de 1991. Enrique Torres Saravia, Ignacio Escobar Díaz y Sergio Valdés Valdés. Militantes del Lautaro interceptados después de un asalto bancario en Coquimbo. Murieron por disparos policiales. Testigos señalaron posteriormente que habrían sido baleados cuando estaban heridos y en el suelo.

    22 de enero de 1992. Álex Muñoz Hofmann y Fabián López Luque. Militantes del FPMR-A. Después de un asalto frustrado huyeron hasta una vivienda en Ñuñoa, mantuvieron allí una familia retenida y fueron cercados durante horas.
    Liberaron a los ocupantes. Después salieron. La policía sostuvo que hubo enfrentamiento; otras reconstrucciones afirman que pretendían entregarse y fueron acribillados. Ambos murieron.
    Y luego vino Apoquindo.
    21 de octubre de 1993.
    Un grupo del Lautaro asalta un banco. Muere un vigilante. Durante la fuga los militantes entran a un microbús lleno de pasajeros. Un carabinero resulta mortalmente herido.
    Entonces las policías disparan sobre el vehículo.
    No diez veces.
    No veinte.
    El expediente llegó a registrar 162 impactos de bala.
    Dentro del microbús murieron tres lautaristas y también tres ciudadanos que simplemente viajaban en locomoción colectiva. Doce personas quedaron heridas.
    Para entonces Marcelo Schilling ya no estaba en La Oficina y el antiguo Consejo Coordinador incluso había sido reemplazado legalmente por la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.
    Eso también debe decirse, porque investigar la historia no consiste en acomodarla a nuestras simpatías políticas.
    Y ése es precisamente el punto.
    No se trata de convertir a organizaciones armadas en víctimas inocentes. Hubo policías asesinados. Hubo vigilantes muertos. Hubo secuestros, armas, asaltos y violencia política que un Estado democrático tenía obligación de perseguir.
    Pero una democracia se diferencia de aquello que combate precisamente en la manera en que ejerce la fuerza.
    Un combatiente armado puede ser detenido.
    Puede ser procesado.
    Puede ser condenado.
    Puede pasar décadas en prisión.
    Lo que una democracia no debería admitir como “mal menor” es que alguien que puede ser detenido termine muerto en el suelo, acribillado al salir de una casa o dentro de un microbús con pasajeros.
    Durante años escuchamos que la transición chilena necesitaba una “democracia protegida”.
    Quizá todavía falta hacer la pregunta incómoda:
    ¿protegida de quién y a qué precio?
    Porque después de 1990 también corrió sangre.
    Sangre de policías.
    Sangre de civiles.
    Sangre de militantes armados.
    Y cuando existen antecedentes que hacen sospechar que una persona pudo haber sido ejecutada después de ser reducida, la democracia no puede responder simplemente que era el precio necesario para consolidarse.
    Los crímenes cometidos por organizaciones armadas deben llamarse crímenes.
    Pero los eventuales crímenes cometidos desde el Estado tampoco pueden transformarse, por conveniencia histórica, en simples “procedimientos policiales”.
    Tal vez ésa sea una de las últimas cuentas pendientes de nuestra transición:
    terminamos con la dictadura para recuperar el Estado de Derecho. No para aceptar que, bajo una nueva bandera, algunos muertos fueran considerados necesarios para protegerlo.
    Y una democracia que necesita olvidar sus muertos para explicar su éxito quizás todavía tiene una parte de su historia pendiente de juzgar.

  • Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o gremio politizado?

    Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o gremio politizado?

    Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o un gremio históricamente politizado?
    Las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, merecen algo más que una lectura económica. Ante las fuertes alzas del diésel, destacó el “patriotismo” de los camioneros por no paralizar el país. El Gobierno de José Antonio Kast ha mantenido una relación cercana y un diálogo permanente con las organizaciones del transporte de carga.
    La expresión resulta especialmente interesante cuando se mira la historia.
    En octubre de 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos, miles de camiones se movilizaron en las carreteras exigiendo, entre otras cosas, una fuerte reducción de los impuestos a los combustibles. Lagos adoptó una posición muy distinta: rechazó negociar mientras las rutas estuvieran ocupadas y sostuvo que ningún sector podía imponer sus demandas utilizando su capacidad de bloquear caminos.
    Su argumento sigue teniendo vigencia: una organización que dispone de miles de vehículos pesados posee una capacidad de presión que no tiene un trabajador, un jubilado o una familia común. Lagos planteó precisamente esa desigualdad y afirmó que una cosa era declararse en paro y otra apropiarse de caminos pertenecientes a toda la ciudadanía.

    Veinte años después, durante Piñera II, el escenario fue bastante diferente. En 2020 los camioneros protagonizaron varios días de movilizaciones y finalmente alcanzaron un acuerdo con el Gobierno.
    La propia administración de Sebastián Piñera informó que las organizaciones aceptaron su propuesta y depusieron la movilización; posteriormente se suscribió un protocolo relacionado con seguridad y reparación a víctimas de violencia.
    Con Gabriel Boric, nuevamente aparecieron movilizaciones. En noviembre de 2022, la Confederación Fuerza del Norte anunció un paro indefinido que incluía la inmovilización de carga y reclamaba, entre otras materias, por los combustibles.
    Y llegamos a 2026.
    El Gobierno de Kast enfrenta fuertes incrementos del diésel. Hacienda reconoció que todavía quedaban importantes aumentos por traspasar y este 9 de septiembre se confirmó otra subida de $89 por litro.
    Los camioneros calificaron la noticia como “menos mala de lo esperado” y expresaron preocupación, pero no anunciaron una paralización.
    Entonces surge una pregunta legítima.
    ¿Qué cambió?
    ¿Cambió la naturaleza del diésel? ¿Cambió el efecto que tiene su precio sobre los costos del transporte? ¿Dejó de afectar a los pequeños propietarios?
    ¿O cambió simplemente el Gobierno?
    No corresponde afirmar que todos los camioneros tengan una determinada posición política. El transporte de carga reúne organizaciones diferentes, pequeños propietarios, conductores y grandes empresarios con intereses que no necesariamente coinciden. Pero su historia obliga a distinguir entre los trabajadores que conducen camiones y las dirigencias empresariales capaces de utilizar miles de máquinas como instrumento de presión política.
    Por eso quizá la pregunta más interesante no sea si el gremio camionero se politizó.
    Tal vez sea otra:
    ¿Alguna vez dejó de estar politizado?
    Y aquí aparece la ironía final. Cuando un camión atravesado en una carretera presiona a un gobierno adversario puede llamarse movilización gremial. Cuando ese mismo camión permanece estacionado mientras gobiernan los cercanos, ahora resulta ser una demostración de “patriotismo”.
    Curiosa unidad de medida.
    Al parecer, en Chile hasta el patriotismo se calcula por litro de diésel… y según quién tenga las llaves de La Moneda.

  • La foto de Cerimedo en RN: las redes que Chile debe esclarecer

    La foto de Cerimedo en RN: las redes que Chile debe esclarecer

    La fotografía existe: ahora corresponde esclarecer hasta dónde llegaban las redes de Cerimedo en Chile
    Ya no estamos solamente frente a rumores que circulan por redes sociales.
    La fotografía es auténtica y fue tomada en la sede de Renovación Nacional durante el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, según la investigación publicada originalmente por The Clinic, de los periodistas Eduardo Monrroy y Jorge Palacios. El medio identificó el lugar y a varias de las personas presentes.
    En esa fotografía aparece el consultor argentino Fernando Cerimedo, junto al entonces prosecretario de RN Manuel José Errázuriz y personas vinculadas a la UDI, la Fundación Jaime Guzmán, el PDG y otros espacios políticos.
    Una de ellas, Teresa Zañartu, integra actualmente el Segundo Piso de La Moneda, donde asesora jurídicamente en proyectos de Presidencia.
    The Clinic también informó que Cerimedo y Errázuriz habían constituido en Chile la empresa Numen.
    Pero los antecedentes conocidos posteriormente abren interrogantes todavía mayores.
    The Clinic informó que Felipe Costabal, actual director de la SECOM, y Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso, habrían coincidido con Cerimedo en espacios relacionados con la campaña del Rechazo. Ambos fueron oficiados por parlamentarios para esclarecer sus eventuales vínculos con el argentino.
    Esto no demuestra que Cerimedo haya trabajado para José Antonio Kast ni para su actual Gobierno.
    El propio Presidente ha reconocido que conoce personalmente al argentino y que se han encontrado en distintas instancias, pero sostiene categóricamente que Cerimedo jamás trabajó en ninguna de sus campañas y que tampoco presta asesorías al Gobierno.
    Esa versión debe consignarse porque es parte de los antecedentes disponibles.
    El problema adquiere una dimensión mucho más grave por la actual situación judicial de Cerimedo. No corresponde afirmar como un hecho probado que “ordenó el asesinato de su pareja”, porque todavía no existe una condena que así lo establezca. Lo comprobado es que fue detenido en Bolivia y un tribunal decretó 180 días de prisión preventiva dentro de una investigación por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque armado.
    La acusación, sin embargo, es gravísima. Según información publicada sobre el peritaje de su teléfono, los investigadores encontraron un mensaje que sería uno de los elementos utilizados para vincularlo con el atentado. Cerimedo niega las imputaciones y debe presumirse inocente mientras no exista sentencia firme.
    A esto se suma otro asunto que toca directamente a Chile: la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora para esclarecer la eventual intervención de Cerimedo en procesos electorales chilenos, mientras CIPER informó que la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación penal destinada a determinar si existieron delitos relacionados con su eventual participación en campañas políticas.
    Por eso, la pregunta políticamente relevante no consiste en transformar una fotografía en una prueba de culpabilidad, porque no lo es. La pregunta es otra: ¿cuál fue realmente el alcance de las relaciones de Cerimedo en Chile?, ¿quién lo invitó y con quién trabajó?, ¿quién financió sus actividades?, ¿qué servicios prestó durante los procesos constitucionales?, ¿qué relación mantuvo con personas que posteriormente llegaron al Segundo Piso y a organismos estratégicos de comunicaciones del Gobierno?, ¿y existieron operaciones digitales destinadas a influir artificialmente sobre la opinión pública?
    Una democracia seria no puede responder estas preguntas con descalificaciones ni con simples fotografías.
    Debe responderlas con contratos, facturas, registros de reuniones, financiamiento electoral, comunicaciones y resultados de las investigaciones judiciales y parlamentarias.
    La fotografía publicada por The Clinic no prueba por sí misma una operación ilícita. Pero sí prueba que Cerimedo estuvo allí. Y considerando quién es hoy Cerimedo, las investigaciones que enfrenta y los vínculos políticos que han ido apareciendo, esa presencia justifica que Chile esclarezca hasta el final qué hacía, para quién trabajaba y hasta dónde llegaron sus redes de influencia política y digital, según se mencionó en The Clinic.