Blog

Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social de 2019 han dejado de ser simplemente una polémica comunicacional. El episodio comienza a adquirir ribetes que alcanzan directamente a nuestras relaciones exteriores, a la diplomacia y al principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado soberano.
Cuando un representante diplomático extranjero atribuye responsabilidades políticas sobre uno de los acontecimientos sociales más relevantes de nuestra historia reciente y, además, alude inicialmente a información proveniente de “inteligencia”, resulta legítimo preguntarse hasta dónde llega el conocimiento —o la intervención— de organismos extranjeros respecto de procesos políticos internos de Chile.
Los diputados Luis Cuello y Daniela Serrano, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Partido Socialista, han solicitado al Ministerio Público investigar un eventual acceso irregular a antecedentes protegidos por la legislación chilena sobre inteligencia. Será la Fiscalía, y no la discusión política, la encargada de establecer si existió o no alguna conducta ilícita. Pero el problema diplomático ya está instalado.
Las posteriores aclaraciones del embajador —señalando que Estados Unidos no envió investigadores a Chile, que no posee documentos específicos sobre el 18-O y que sus apreciaciones provendrían de conversaciones con políticos, policías, académicos y fuentes abiertas— hacen todavía más necesaria una explicación consistente.
Porque aquí existe una pregunta que Chile no debiera dejar pasar:
¿Estamos frente a una opinión personal de un embajador, frente a un análisis político elaborado a partir de fuentes públicas, o frente a información obtenida mediante canales de inteligencia y cooperación entre Estados?
No son situaciones equivalentes.
Las relaciones diplomáticas entre países amigos deben sustentarse en el respeto mutuo. La cooperación internacional en seguridad e inteligencia puede ser necesaria, pero jamás puede convertirse en una puerta trasera para intervenir en las controversias políticas internas, calificar movimientos sociales o intentar establecer desde una embajada extranjera quiénes fueron los responsables políticos de acontecimientos ocurridos en territorio chileno.

La soberanía no depende del color político del gobierno de turno. Hoy puede resultar conveniente que una potencia extranjera respalde determinada interpretación de nuestra historia; mañana esa misma práctica puede utilizarse para presionar decisiones económicas, sociales, estratégicas o electorales.

Por eso este asunto debe tratarse como una cuestión de Estado y de política exterior, no simplemente como una disputa entre izquierda y derecha.

Chile debe mantener buenas relaciones con Estados Unidos y con todas las naciones con las que comparte intereses políticos, económicos y estratégicos.
Pero amistad diplomática no significa subordinación, y cooperación no puede confundirse con injerencia.
La historia latinoamericana contiene suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando las grandes potencias comienzan opinando sobre los procesos internos de nuestros países y terminan intentando condicionarlos.
Una democracia madura puede discutir profundamente las causas del estallido social de 2019.

Lo que no necesita es que una representación diplomática extranjera venga a escribirle las conclusiones.

Los problemas de Chile los discutimos y resolvemos los chilenos.
Esa debería ser una frontera diplomática que ningún gobierno, cualquiera sea su orientación política, esté dispuesto a relativizar.

En menos de 24 horas, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, pasaron de una afirmación categórica a una explicación bastante más modesta.
El martes, el diplomático sostuvo que la inteligencia estadounidense señalaba “categóricamente” que los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019 provenían de organizaciones o sectores ideológicamente vinculados a la izquierda. Incluso manifestó disposición a compartir esos antecedentes con Chile.
Pero, después de ser citado por la Cancillería chilena, el escenario cambió. Judd aclaró que Estados Unidos no realizó una investigación propia sobre el 18-O y señaló que no poseen antecedentes específicos sobre determinados grupos.

Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿en qué se sostenía una acusación de semejante gravedad?
No estamos hablando de una conversación de sobremesa ni de una opinión publicada en redes sociales.
Se trata del representante diplomático de una potencia extranjera atribuyendo responsabilidades políticas respecto de uno de los acontecimientos más graves y complejos ocurridos en Chile durante las últimas décadas.
Si existían informes, documentos, nombres o antecedentes concretos, correspondía entregarlos a las autoridades chilenas y, especialmente, ponerlos a disposición de la justicia. Si esos antecedentes no existen, atribuir responsabilidades políticas de manera general resulta, como mínimo, una imprudencia diplomática.

Hasta ahora, las investigaciones desarrolladas en Chile no han permitido establecer una autoría política general detrás de los incendios del Metro ni identificar una organización que hubiera dirigido el conjunto de la revuelta social.

Por eso resulta preocupante que acontecimientos tan dolorosos sean utilizados para alimentar relatos ideológicos sin acompañarlos de pruebas verificables.

La diplomacia exige prudencia. La inteligencia exige evidencia. Y cuando alguien acusa, especialmente desde una posición de poder, la carga mínima es demostrar lo que afirma.

De lo contrario, lo que ayer parecía una revelación de inteligencia internacional hoy comienza a parecer simplemente una declaración política que, enfrentada a la obligación de respaldarla, perdió rápidamente su contundencia.
Mucho ruido de inteligencia… y, al momento de mostrar los papeles, ningún documento sobre la mesa.

La detención del abogado penalista y exfiscal Vinko Fodich, en el marco de una investigación de la Fiscalía Supraterritorial por presunto lavado de activos y otros delitos, vuelve a instalar una pregunta incómoda sobre nuestro sistema de justicia. Según CIPER, Fodich ya era investigado por sus presuntos vínculos con una estructura dedicada al lavado de activos y por operaciones asociadas a una casa de cambios de la que es socio. La investigación no constituye una condena y deberá ser la justicia la que determine responsabilidades.
Pero el asunto trasciende a una persona.
¿Qué ocurre cuando quienes durante años estuvieron del lado de la persecución penal, conocieron investigaciones complejas, técnicas investigativas, criterios de las fiscalías e incluso causas de alta relevancia, abandonan el Ministerio Público y pasan a defender intereses privados vinculados precisamente con materias que antes perseguían?

El ejercicio privado de la profesión es legítimo y toda persona tiene derecho a defensa. Sin embargo, existe una cuestión ética y política que merece discutirse: ¿cuánto vale el conocimiento privilegiado adquirido desde el Estado cuando posteriormente se pone al servicio de intereses particulares?

Y la pregunta se vuelve todavía más incómoda cuando aparecen otros casos.

El exfiscal regional de Aysén Carlos Palma, por ejemplo, ha sido formalizado por revelación de secreto y actualmente enfrenta además una investigación relacionada con presuntos pagos vinculados al senador Miguel Ángel Calisto.
Esa investigación fue trasladada a La Araucanía precisamente para resguardar la objetividad e imparcialidad del proceso.
Nuevamente: se trata de investigaciones en curso y las responsabilidades deberán establecerse judicialmente.

No corresponde concluir que todos los fiscales que abandonan el Ministerio Público cruzan alguna frontera ética.
Pero cuando comienzan a repetirse situaciones en que antiguos persecutores aparecen vinculados a investigaciones penales, resulta razonable preguntarse si nuestro sistema dispone de suficientes inhabilidades, períodos de enfriamiento, controles patrimoniales y reglas sobre conflictos de interés.
Porque quienes han tenido acceso privilegiado al funcionamiento de la persecución penal poseen un capital que no es solamente profesional: conocen procedimientos, debilidades institucionales, redes y estrategias investigativas.

Entonces surge inevitablemente la pregunta: ¿qué pesa más al abandonar el servicio público: la responsabilidad que otorgaba el cargo o el dinero y las oportunidades que ofrece ese conocimiento en el mercado privado?

La justicia tendrá que determinar culpabilidades. La política, en cambio, debería preguntarse desde ahora cómo impedir que la puerta giratoria entre fiscalías, poder, grandes intereses económicos y defensa privada termine erosionando la confianza pública.

Y quizás tengamos que actualizar aquel viejo dicho:
antes era “el ladrón detrás del juez”.

El problema comienza cuando ya no sabemos de qué lado del mesón está cada uno.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, acaba de hacer una afirmación de enorme gravedad política: sostuvo que la inteligencia norteamericana concluyó “categóricamente” que el estallido social de 2019 provino de organizaciones o sectores de izquierda. No entregó públicamente, sin embargo, los antecedentes concretos que permitirían verificar semejante aseveración.
No estamos hablando de una opinión de sobremesa. Estamos hablando del representante oficial de una potencia extranjera afirmando poseer información de inteligencia sobre uno de los episodios más graves y traumáticos de nuestra historia reciente.
Por eso resulta plenamente razonable que esas palabras tengan consecuencias institucionales. La Cancillería ya lo citó para solicitar antecedentes y el asunto llegó al debate parlamentario.

Si Estados Unidos realmente posee información capaz de identificar organizaciones, autores materiales o responsables de delitos cometidos durante octubre de 2019, esa información debe ser entregada a las autoridades chilenas y puesta a disposición de la Justicia.
Porque una cosa es discutir políticamente sobre el denominado “octubrismo” —expresión utilizada recurrentemente por sectores de la derecha para caracterizar el ciclo político nacido después del 18 de octubre— y otra muy distinta es sostener que existen informes de inteligencia extranjeros que permitirían establecer responsabilidades concretas.
Especialmente cuando todavía existen interrogantes sobre hechos gravísimos de aquellos días: incendios, saqueos, ataques a infraestructura pública y, particularmente, la destrucción de estaciones del Metro. Videos, testimonios y antecedentes de distinta naturaleza han alimentado durante años preguntas que corresponde esclarecer judicialmente, no mediante consignas políticas ni teorías construidas desde una embajada.
Judd, además, no aparece en el vacío. Es el mismo embajador que recientemente habló de una llamada “Doctrina Donroe”, expresión utilizada para describir una reinterpretación trumpista de la histórica Doctrina Monroe —la política estadounidense del siglo XIX resumida posteriormente bajo la idea de que América debía permanecer bajo una esfera de influencia hemisférica norteamericana—. El juego de palabras combina Donald Trump con Monroe y expresa una visión renovada de predominio estratégico estadounidense en América Latina.
El propio Judd afirmó que esa doctrina era especialmente fácil de aplicar con el actual Gobierno chileno, declaración de la cual la Cancillería posteriormente tomó distancia.
Y aquí aparece una inquietante semejanza de estilo con su presidente, Donald Trump: afirmaciones categóricas, anuncios espectaculares y una retórica que muchas veces precede a los antecedentes que deberían sustentarlos.
Lo hemos visto incluso en política internacional.
En junio Trump anunció un acuerdo para terminar las hostilidades con Irán; semanas después declaró que aquella tregua estaba “terminada”, y actualmente el conflicto continúa abierto.
Por eso Chile debe exigir algo muy sencillo:
Embajador Judd: muestre los antecedentes.
Si existen documentos de inteligencia que prueban quién organizó delitos durante el estallido social, entréguelos.
Si permiten determinar responsabilidades por incendios, ataques al Metro u otros hechos criminales, póngalos a disposición del Ministerio Público y de los tribunales.
Porque entonces tendremos una contribución extraordinariamente importante para conocer la verdad.
Pero si esos antecedentes no aparecen, la afirmación quedará reducida a lo que nunca debería transformarse la diplomacia: una balandronada política importada desde Washington.
Chile necesita verdad, pruebas y justicia.
No una versión norteamericana del “octubrismo”.
Y mucho menos que la antigua Doctrina Monroe regrese maquillada de “Donroe”, como si América Latina volviera a ser el patio trasero de alguien.