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Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia y enviado a prisión preventiva por 180 días. La fiscalía lo señala como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa” contra su pareja, la abogada y activista boliviana Nadia Beller, quien recibió tres tiros.

Nuevos chats complican la situación del exfuncionario. Mensajes revelados por el Ministerio Público boliviano muestran a Cerimedo monitoreando en vivo el operativo de los sicarios para eliminarla. En las conversaciones con un agente de inteligencia, se menciona que “el equipo estará mañana aquí”, en alusión a los ejecutores del ataque.

Nadia Beller, que ya recibió el alta médica pero no vuelve a su casa por miedo, prepara un pedido formal para ampliar su declaración. Asegura tener mensajes y grabaciones donde Cerimedo habla de su relación y hace “comentarios” sobre hechos de “corrupción” en Argentina.

Según Beller, en las grabaciones Cerimedo señala a Karina Milei como corrupta y revela que él y su mujer, Natalia Basil, filtraron los audios de Diego Spagnuolo sobre sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Beller afirma que presentará todo ante la justicia cuando se lo requieran.

Entre las pruebas clave, destaca una nota de texto encontrada en el celular de Cerimedo del 13 de agosto: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?”.

La investigación sigue avanzando con dos nuevos detenidos: el hombre que vendió el arma al supuesto autor material y su concubina. Ambos son acusados de asesinato en complicidad en grado de tentativa. Mientras tanto, un colombiano que fue arrestado fue liberado tras brindar información clave a la policía.

El juez de la causa determinará este jueves si hace lugar al pedido de la fiscalía. Mientras tanto, Cerimedo permanece en la cárcel de Palmasola, y la víctima espera que la justicia argentina se involucre en la causa para acceder a sus dispositivos, según se mencionó en La Nación.

Las imponentes marchas que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) acostumbraba a convocar en Caracas para demostrar fuerza y control callejero han quedado en el olvido. Bajo el interinato que se extiende por ocho meses en Miraflores, las calles ya no ven las multitudes de antes. La última gran convocatoria fue el 3 de marzo de 2026, para exigir la liberación de Nicolás Maduro. Desde entonces, el partido oficialista ha pasado de las tarimas y las movilizaciones masivas a lo que el secretario general Diosdado Cabello denomina “asambleas comunales” permanentes, enfocadas en debatir y preparar consultas de proyectos comunitarios.

El politólogo y exaliado chavista Nicmer Evans explica este repliegue por una razón económica y logística: ya no hay recursos para movilizar gente desde el interior del país, pagar tarimas, refrigerios o la clásica vestimenta roja. Cada centavo que ingresa debe administrarse en función de las fases de estabilización y recuperación económica vinculadas al plan del Departamento de Estado de EEUU. Pero el problema de fondo es político: la estructura del partido está diezmada y ha perdido el control social.

La investigadora social Mirla Pérez advierte que los mecanismos de coerción han desaparecido. “Ya no hay como obligar a la gente a nada”, afirma, refiriéndose al fin de las bolsas CLAP como herramienta de chantaje. A esto se suma el despertar del activismo opositor en las comunidades, principalmente de Acción Democrática y Vente Venezuela, que habían sido ferozmente reprimidos tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024. La gente ya no obedece y la militancia real del Psuv ha caído de los tres o cuatro millones de la mejor época de Chávez a menos de 100.000 personas, en su mayoría empleados públicos aferrados a sus cargos.

A la falta de gente en la calle se suma la represión selectiva. El 9 y 30 de abril, trabajadores que intentaron llegar a Miraflores fueron repelidos por colectivos y policías. El propio Cabello admitió haber dado la orden de marchar el 23 de marzo para contrarrestar protestas sindicales. Mientras tanto, la gestión de Delcy Rodríguez suma un rechazo de más del 60% en agosto, percibida como una extensión del gobierno de Maduro, cuyo nombre suena cada vez menos en los actos oficiales, desplazado por la figura de Chávez.

En el núcleo del chavismo también crece la fractura interna. El malestar por los eventos del 3 de enero y el reciente acuerdo petrolero con Estados Unidos anunciado por Donald Trump el 28 de agosto ha generado divisiones formales. Figuras como Elías Jaua marcan distancia, y el “bloque antiimperialista” ha protagonizado protestas más notorias que las del propio Psuv, que solo se proyecta mediáticamente con las ruedas de prensa de los lunes.

Pese al intento de Cabello por mostrar fuerza territorial —asegurando el 24 de agosto que han alcanzado a más de tres millones de personas y que están listos para ganar elecciones—, la realidad en el territorio es otra. Pérez sostiene que las estructuras comunales están disminuidas, sin relevo ni apoyo popular. La gente solo depende del Estado para el gas, pero se organiza por fuera del chavismo para resolver el agua y otros servicios. Las consultas populares tienen una movilización casi nula porque no hay autoridad que arrastre a la participación.

El panorama para el oficialismo es de retirada. Evans sostiene que el Psuv intentará sobrevivir electoralmente, quizás obteniendo algunos escaños parlamentarios o alcaldías, pero con posibilidades nulas de ganar la Presidencia en comicios realmente libres. El partido que alguna vez llenó las calles de Caracas hoy se repliega en asambleas comunitarias, mientras el descontento popular y la organización territorial por fuera de su control siguen en aumento, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

Lejos de su tierra pero con la necesidad de contar con un documento que les garantice derechos, 6.585 bolivianos residentes en el exterior lograron obtener su cédula de identidad entre agosto y el 6 de septiembre de 2026. El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó que estos trámites se realizaron en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos, como parte de las acciones para facilitar el acceso a la identificación en el extranjero.

De los documentos emitidos, la gran mayoría —6.000— correspondieron a reposiciones, una cifra que refleja las duras condiciones y la precariedad que enfrentan muchos migrantes al perder o deteriorar sus papeles en el camino. Además, se realizaron 322 renovaciones y 263 nuevos registros, evidenciando que la diáspora boliviana sigue creciendo y necesita regularizar su situación para acceder a derechos básicos fuera de su país.

Chile concentró la mayor cantidad de trámites, con 681 cédulas emitidas. De ese total, 503 fueron gestionadas por la Brigada Móvil Exterior, una herramienta fundamental para llegar a quienes están en lugares apartados; 106 se tramitaron en el Consulado de Iquique y 72 en el Consulado de Santiago. Esto confirma la importancia del territorio chileno como punto de residencia para la comunidad boliviana.

En Argentina se emitieron 333 documentos, con Buenos Aires y La Plata liderando la lista con 115 trámites cada una, seguidas por Lomas de Zamora (43), La Matanza (41) y Mendoza (19). Por su parte, España registró 290 cédulas, distribuidas entre Santa Cruz de Tenerife (116), Madrid (77), Murcia (66) y Barcelona (31), países que históricamente han recibido a la fuerza de trabajo boliviana.

Brasil contabilizó 190 gestiones, de las cuales 129 se realizaron en la oficina de São Paulo y 61 mediante la Brigada Móvil. En Estados Unidos se hicieron 146 trámites, con 106 en Houston y 40 en Washington D.C. Finalmente, Ecuador registró 97 cédulas: 65 en Quito y 32 en Guayaquil.

El Segip destacó que estas acciones buscan facilitar el derecho a la identidad de los ciudadanos que residen fuera del país. La entidad anunció que durante septiembre continuará con el despliegue de brigadas móviles en distintos puntos del exterior, una medida necesaria pero que también deja en evidencia la obligación del Estado de garantizar derechos más allá de sus fronteras, respondiendo a una diáspora que se ve forzada a dejar su territorio, según se mencionó en Opinión.

Un total de 27 diputados nacionales de Unión por la Patria, encabezados por Eduardo Valdés, presentaron un proyecto de resolución para exigir al Gobierno nacional la restitución de una bandera nacional argentina que flameó en las Islas Malvinas durante el Operativo Cóndor en septiembre de 1966. La enseña fue retirada de la Casa Rosada en febrero de 2025 sin explicaciones oficiales, y a la fecha no hay información sobre su ubicación.

El Operativo Cóndor fue una acción patriótica y de protesta realizada el 28 de septiembre de 1966 por un grupo de 18 jóvenes argentinos liderados por Dardo Cabo, quienes desviaron un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas para reafirmar la soberanía argentina. “Esa bandera tiene un valor histórico enorme, fue una de las siete que flamearon en las islas Malvinas hace 60 años durante el operativo Cóndor”, destacó Valdés.

La bandera se encontraba exhibida en el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada hasta su retiro en febrero de 2025. En su momento, el Gobierno nacional justificó la decisión argumentando tareas de restauración y conservación. Sin embargo, transcurrido más de un año y medio, no se brindó información oficial sobre su ubicación actual, su estado de conservación ni la fecha prevista para su restitución a la exhibición pública.

Ante este silencio, Valdés reclamó al Poder Ejecutivo que informe dónde se encuentra actualmente la pieza, en qué condiciones de conservación está y qué tareas de restauración se realizaron. El ex embajador ante el Vaticano sostuvo que se trata de una pieza de “gran valor histórico y patrimonial para la República Argentina”, y destacó que las banderas del Operativo Cóndor constituyen testimonios materiales de la reivindicación permanente de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas.

En los fundamentos del proyecto se recuerda que, luego de los acontecimientos de 1966, las siete banderas fueron conservadas como patrimonio histórico y entregadas en custodia al Estado argentino para su preservación y exhibición pública. Una de ellas fue destinada al Patio Malvinas Argentinas, donde permaneció expuesta durante años. En 2022, restauradores del Museo del Bicentenario realizaron tareas de mantenimiento para garantizar su correcta preservación.

No obstante, la bandera fue retirada en febrero de 2025 durante la noche y, según la información consignada en el proyecto, la manipulación estuvo a cargo de personal que no pertenecía al Museo del Bicentenario, institución que cuenta con profesionales capacitados para intervenir sobre piezas de alto valor histórico y simbólico. Valdés planteó que la bandera forma parte de la memoria histórica del país y que su valor “excede cualquier administración de turno”, por lo que su preservación debe trascender las diferencias políticas y los cambios de gobierno, según se mencionó en TiempoSur.

El consultor político argentino Fernando Cerimedo fue trasladado este martes desde la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Bajo un fuerte operativo policial durante la madrugada, el estratega que asesoró a Javier Milei y al presidente boliviano Rodrigo Paz abordó un vuelo comercial de Boliviana de Aviación rumbo al altiplano paceño, escoltado por patrullas hasta el municipio de Viacha.

Durante el vuelo, con la capucha puesta y la mirada baja, Cerimedo sorprendió con un mensaje directo al mandatario boliviano: “Que me perdone por no haberle hecho caso”. La frase cobra especial relevancia tras las semanas de versiones cruzadas sobre su relación, donde Paz buscó tomar distancia y negó un vínculo laboral formal, pese a las imágenes que los muestran juntos en actos públicos.

El traslado responde a una resolución del juez Douglas Borda del 29 de agosto, que dispuso seis meses de detención preventiva por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Esta es la segunda medida cautelar que pesa sobre el argentino, quien insistió en su inocencia: “Ya se está haciendo lo que se tiene que hacer y se va a saber la verdad. Yo pido justicia”.

La primera causa en su contra se desprende del ataque armado que sufrió su expareja, Nadia Beller, el 17 de agosto en un hotel de Santa Cruz. Beller señaló a Cerimedo como presunto responsable del ataque, por lo que el 21 de agosto la Justicia ordenó 180 días de prisión preventiva en Palmasola por intento de feminicidio, acusación que él ha rechazado.

Las denuncias de Beller abrieron además la pesquisa por enriquecimiento. En allanamientos a inmuebles vinculados al consultor, la Fiscalía encontró más de medio millón de bolivianos, dólares, euros y documentación. Cerimedo justificó el efectivo destinándolo al alquiler de una oficina en La Paz y compra de muebles, y afirmó que facturaba un millón de dólares al año por clientes internacionales, aunque inicialmente dijo que era mensual.

Entre lo secuestrado, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, destacó numerosos equipos tecnológicos que conformarían una “mini granja de bots” para generar actividad automatizada en redes. Un elemento que revela el lado oscuro de las estrategias de comunicación digital que Cerimedo implementaba, mientras su defensa advertía que su vida corría peligro en la prisión de máxima seguridad.

Con información de: La Nación (Argentina).

En una nueva arremida contra la migración irregular, Colombia expulsó a once extranjeros tras identificarlos como “reincidentes en infracciones de la convivencia” en Bucaramanga, capital del departamento de Santander. La medida se produce luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara un endurecimiento de los controles para quienes permanecen en situación irregular en el país.

Según informó Migración Colombia, los extranjeros fueron sorprendidos en operativos coordinados con la Policía y la Alcaldía de Bucaramanga. Las conductas que motivaron las expulsiones incluyen el porte de armas cortopunzantes, afectaciones a la tranquilidad, consumo de sustancias en lugares prohibidos y comportamientos que ponían en riesgo la seguridad de terceros. Aunque no se dieron a conocer las nacionalidades, la autoridad migratoria confirmó la imposición de la expulsión del territorio nacional.

Esta ofensiva responde al anuncio del pasado 24 de agosto del mandatario, quien advirtió que los extranjeros en situación irregular “serían identificados y deportados”. La medida ha encendido las alarmas, especialmente entre los miles de migrantes venezolanos que aún no logran regularizar su estatus, lo que ha provocado un aumento en la demanda de trámites para obtener permisos de permanencia, según constató la agencia EFE.

Los operativos no son nuevos. El 28 de agosto, otros cuatro extranjeros ya habían sido expulsados en Bucaramanga por porte de armas, riñas y consumo de estupefacientes en lugares no habilitados. A un quinto ciudadano se le aplicó la misma medida como pena accesoria tras cumplir una condena por el delito de extorsión agravada.

La presión migratoria ha seguido en aumento. El 4 de septiembre, cuatro extranjeros más fueron expulsados en San Gil, luego de un operativo donde se verificó a 60 ciudadanos. En la misma Bucaramanga, otros seis fueron identificados y expulsados por actuaciones reiteradas contrarias a la convivencia e incumplimiento de medidas administrativas.

La arremida también alcanzó la costa caribeña. El 3 de septiembre, Migración informó de dos expulsiones: una en Cartagena (Bolívar), donde un ciudadano peruano era requerido mediante una Circular Roja de Interpol, y otra en Montería (Córdoba).

Pese al impacto en las comunidades migrantes, Migración Colombia aseguró que los operativos continuarán, con el objetivo de identificar a ciudadanos extranjeros reincidentes y aplicar las medidas administrativas que correspondan bajo su competencia, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

Frente a las aguas del Canal Beagle, en el llamado “fin del mundo”, solo emerge una placa de hormigón entre lomadas de vegetación baja. La futura Base Naval Integrada argentina, ubicada a 5 km del centro de Ushuaia, permanece paralizada. Su piedra fundamental fue colocada en 2022 por Alberto Fernández y hasta ahora solo se realizaron las fundaciones y una placa de 2.500 metros cuadrados en un predio de 38 hectáreas, lo que representa apenas el 9,13% de la obra.

Sin embargo, el presidente Javier Milei reflotó el proyecto esta semana. El anuncio llegó junto con la promesa de “endurecer las sanciones y penas” contra la explotación petrolera británica en las islas Malvinas, en rechazo al proyecto “Sea Lion”. Milei busca reforzar la proyección argentina hacia la Antártida, en una zona estratégica que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, días después de que el mandatario estadounidense Donald Trump no descartara reconsiderar la neutralidad de su país en el diferendo por Malvinas.

Los habitantes de Ushuaia ven una oportunidad en este giro geopolítico. “Por alguna razón tenemos ahora los ojos del mundo mirando esta zona”, señaló Rubén Rafael, un médico local de 69 años. Incluso el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, opositor a Milei, respalda la obra, aunque con límites: “permitirá incrementar la presencia nacional en el Atlántico Sur. La apoyamos siempre y cuando no implica la participación de otros países”, afirmó tras recibir a los ministros de Exteriores y Defensa, Pablo Quirno y Carlos Presti.

La posible vinculación de Estados Unidos con la base ya generó controversia en 2024, cuando Milei se reunió con la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y dijo que la base se convertiría en “nuestra” puerta de entrada a la Antártida. Aunque el gobierno aclaró que no se trataba de una base combinada y el portavoz Adrián Ravier insistió en que es “cien por ciento argentino”, las visitas estadounidenses no cesaron: en abril de 2025 recorrió la zona el entonces jefe del Comando Sur Alvin Holsey, y en enero de 2026 lo hizo una delegación de 23 estadounidenses, incluidos siete congresistas.

Mientras Estados Unidos hace presencia militar y diplomática, China avanza por la vía de las inversiones. En marzo, el embajador chino Wang Wei visitó la obra de una central termoeléctrica en las afueras de Ushuaia, financiada con capitales chinos por cerca de 80 millones de dólares. Para el politólogo Luis Castelli, director de la consultora Vox Pópuli, el interés excede a la base naval: “Ushuaia tiene un alto valor geopolítico porque se encuentra sobre un canal que une dos océanos”, además de su cercanía con la Antártida, una importancia que también comparten las Malvinas y Punta Arenas en Chile.

Castelli advierte que Estados Unidos busca contener el avance chino en una región clave para las rutas marítimas. “China ya ha instalado empresas e incluso bases en el continente americano. Y para la doctrina Monroe de los estadounidenses, eso no genera ninguna simpatía” y por eso la pulseada por tener mayor presencia en la zona, sostuvo. En este contexto, el excombatiente de Malvinas y analista internacional Daniel Guzmán resume el objetivo central de la base: “consolidar la presencia antártica” y prestar servicios a otras armadas, en una región que sigue siendo un tablero de ajedrez para las superpotencias, según se mencionó en La Razón.

El mercado de divisas en Venezuela vuelve a encender las alarmas. El tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) se dispara intentando alcanzar al paralelo y a las criptoactivos, pero esta carrera alcista no es una convergencia sana: desnuda las graves limitaciones de la política monetaria. La brecha no cede y el golpe lo pagan los pocos comercios que intentan mantenerse a flote.

Detrás de este deslizamiento del dólar oficial hay una realidad que el Gobierno no puede camuflar: no tiene flujo de divisas líquidas para sostener artificialmente el bolívar. Las reservas internacionales están agotadas y el gasto público urgente por atender zonas afectadas por sismos obligó al BCV a dejar correr la tasa. Al no poder ofertar los dólares que el comercio demanda, el mercado se refugia masivamente en plataformas digitales como Binance.

Para financiar el déficit fiscal, el Estado recurre a la emisión descontrolada de bolívares, inyectando una masa monetaria sin respaldo en la producción real. Como no hay bienes en los anaqueles ni confianza institucional, esos bolívares corren a demandar divisas, acelerando la devaluación. Es una paradoja trágica: la banca está maniatada por un encaje legal asfixiante que impide prestar, pero el propio Estado es el principal emisor de la liquidez que desestabiliza los precios de consumo, medicamentos y vivienda.

La distorsión es tan profunda que el euro local llega a superar al dólar digital, confundiendo la fijación de precios y encareciendo las importaciones europeas. Esta volatilidad pulveriza la capacidad de planificación de las juntas de condominio, las pequeñas constructoras y los ciudadanos que necesitan reparar sus inmuebles dañados.

La incertidumbre se convierte así en un impuesto silencioso y devastador que frena cualquier iniciativa privada de reconstrucción. Esta inestabilidad, basada en la improvisación macroeconómica y el desprecio por la oferta y la demanda, exige un cambio de fondo.

La estabilidad no se logra con chantaje burocrático ni persiguiendo indicadores, sino generando confianza institucional. Hay que respetar el libre mercado, garantizar una moneda sana, frenar el financiamiento inflacionario y abrir paso a la inversión privada transparente. Solo con decencia y seriedad gerencial se devolverá el poder de compra al ciudadano, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

Durante la visita de Marco Rubio a Colombia, se firmó un memorando de entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras que apunta directamente a insertar al país en las cadenas globales de la inteligencia artificial. Lejos de la imagen inmaterial de la “nube”, la IA tiene una geografía y un subsuelo: detrás de cada algoritmo hay minas, redes eléctricas, agua, territorios y trabajo humano, gran parte de él exploratorio y precarizado. Como han señalado investigaciones recientes, la inteligencia artificial es también una industria extractiva.

La escala de esta infraestructura crece sin freno. La Agencia Internacional de Energía calculó que los centros de datos consumieron cerca de 415 teravatios-hora de electricidad en 2024, una cifra que podría más que duplicarse hacia 2030, representando el 3% del consumo global. Este auge reorganiza las cadenas de energía y materias primas, convirtiendo a los minerales críticos en una cuestión geopolítica. El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos busca asegurar cadenas “resilientes, diversificadas y justas”, proponiendo identificar y financiar proyectos de minería y procesamiento en solo seis meses.

El gobierno colombiano promete que no solo exportarán materias primas, sino que avanzarán hacia el procesamiento, la industria y la innovación. Sin embargo, esta promesa choca con la desfinanciación de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Bajo la política “America First” de EE.UU., el riesgo es replicar una vieja relación de dependencia: los territorios del sur suministran naturaleza y trabajo barato, mientras otros concentran la tecnología, la propiedad intelectual y las mayores ganancias. Cambian los productos —del oro al litio—, pero la arquitectura extractivista se mantiene.

Este extractivismo digital no se limita a los minerales y la energía; también extrae vida y trabajo. Los sistemas “inteligentes” requieren enormes cantidades de mano de obra para clasificar imágenes, transcribir audios o moderar contenidos. Buena parte de este trabajo se realiza en el Sur Global a través de plataformas digitales y tercerización, aprovechando las diferencias de costos. El valor generado atraviesa fronteras, pero la precariedad permanece localizada en nuestros territorios.

Un punto crítico del acuerdo es la referencia a “agilizar” los permisos para proyectos mineros. Si bien los procedimientos pueden ser más claros, en Colombia hay una frontera que no debe cruzarse: la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. La presión internacional por asegurar materias primas rápido puede chocar con los tiempos de la deliberación democrática y la protección ambiental.

En cualquier tipo de extractivismo, los beneficios circulan globalmente, pero las externalidades —pérdida de agua, transformación de ecosistemas, conflictos por el territorio— se quedan en el lugar de extracción. Son absorbidos por quienes viven donde comienza la cadena. La discusión sobre IA no puede limitarse a aplicaciones o regulación; urge discutir su economía política y material.

Colombia ya está entrando en las cadenas globales de la IA. La pregunta es qué entregarán para hacerlo y cuánto valor se quedará en los territorios. Estos acuerdos pueden ser una oportunidad para transformar recursos en conocimiento y empleo digno, o pueden convertirse en un nuevo capítulo de una historia antigua: la del extremo extractivo que paga los costos mientras otros concentran las ganancias, según se mencionó en La Silla Vacía.