Categoría: Internacional

Fernando Cerimedo, el ciudadano argentino y exasesor presidencial, ya se encuentra en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, Bolivia. Sin embargo, su llegada no está exenta de polémica: su abogado, Ernesto Giraldes, denunció un profundo vacío legal en su traslado.

El defensor explicó que existen dos órdenes de detención preventiva vigentes en dos recintos distintos —Palmasola y Chonchocoro—, y la legislación no aclara cuál debe cumplirse primero. “Hay un vacío legal cuando hay orden para dos recintos penitenciarios”, remarcó, cuestionando si debe primar la cronología, la gravedad del delito o la presión social y mediática.

Respecto al movimiento desde Santa Cruz a La Paz, Giraldes aclaró que Cerimedo estuvo acompañado por otra de sus abogadas defensoras y que la operación fue coordinada exclusivamente por el Ministerio Público y la Policía. Pese a que Chonchocoro es de máxima seguridad, el abogado exigió que la Policía resguarde la vida de su defendido.

La defensa salió al paso de las denuncias de supuestos privilegios durante el traslado, señaladas por la expareja del argentino, Nadia Beller. “Vamos a desvirtuar todas las mentiras, principalmente las que realiza la señora Nadia Beller”, sentenció el letrado, asegurando que Cerimedo se declara inocente de todos los cargos.

En medio del laberinto judicial, se anunció que en La Paz se solicitará una valoración médica para evaluar el estado de salud del ciudadano argentino. Además, el abogado no dudó en denunciar una clara injerencia política en el caso, apuntando directamente al vicepresidente Edmand Lara.

Cabe recordar que Cerimedo llegó pasadas las 07:00 de este martes a Chonchocoro para cumplir 180 días de detención preventiva por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, mientras se mantiene la otra detención relacionada con el caso Beller, según se mencionó en La Razón.

La situación laboral de aproximadamente 25 empleados de Casino Club en Pico Truncado genera una profunda preocupación. La empresa redujo su personal o cerrará la sala de juegos que funciona en la localidad, según advierten fuentes vinculadas a los trabajadores.

Ante este panorama, la firma habría ofrecido retiros voluntarios a la totalidad de su planta. La propuesta, lejos de ser un beneficio, consistiría en el pago del 80% de la indemnización correspondiente, dividido en dos cuotas iguales.

Durante la presentación de esta oferta, la empresa habría lanzado una advertencia directa: quienes no acepten el retiro voluntario quedarían expuestos a futuros despidos, en un escenario de total incertidumbre respecto al cobro de sus indemnizaciones.

Las fuentes consultadas señalaron que la sala llevaría alrededor de cuatro meses trabajando con pérdidas, y que su funcionamiento habría dejado de ser rentable para la empresa. Este argumento es el que sostiene la decisión de ajustar la dotación.

En caso de que la situación económica no se revierta antes de diciembre, Casino Club evaluaría cerrar sus puertas durante los primeros días de enero de 2027. De concretarse esta posibilidad, unas 25 familias perderían su principal fuente de ingresos.

Otra versión surgida desde el ámbito laboral añade un elemento más de precarización: la compañía podría desvincular a empleados con aproximadamente 20 años de antigüedad y contratar posteriormente a alrededor de 15 trabajadores jóvenes bajo las condiciones establecidas por el nuevo régimen laboral, según se mencionó en TiempoSur.

A raíz de la participación de Alejandro Betancourt en el reciente acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, y tras la difusión de un video de Jorge Rodríguez de 2019, una vieja falsa matriz de información ha regresado a las redes sociales: que Alejandro Betancourt y Leopoldo López son primos.

En su momento, el propio Jorge Rodríguez denunció que Betancourt vivía en un castillo con plaza de toros en España, lavaba miles de millones de dólares y financiaba a su “primo” Leopoldo López. Sin embargo, esta supuesta vinculación filial ya había sido desmentida en 2022 por el portal de verificación EsPaja.com, de la organización Transparencia Venezuela.

A pesar de la aclaración, la desinformación saltó nuevamente a la palestra pública impulsada por los republicaciones del video del presidente de la Asamblea Nacional, quien buscaba marcar distancia de Betancourt hace siete años. A esto se sumaron las declaraciones de 2022 del entonces ministro de petróleo, Tarek El Aissami —hoy preso por el caso Pdvsa-Crypto—, quien aseguró en televisión nacional que “Leopoldo Alejandro Betancourt López es familia de Leopoldo López” y tildó a la supuesta familia de “asesinos, corruptos, ladrones”.

La matriz de opinión se alimenta de una coincidencia: ambas personas comparten apellido. Sin embargo, como señalan los verificadores, compartir el apellido López no los convierte en familia, de la misma forma que miles de personas en Venezuela comparten los apellidos Rodríguez o Pérez sin tener vínculo alguno. A esto se suma la confusión de que ambos comparten el primer nombre, aunque a Betancourt se le conoce por el segundo, Alejandro.

Para entender el origen de Betancourt, este formó parte de los “bolichicos”, un grupo de jóvenes empresarios venezolanos de clase alta que amasaron fortunas millonarias mediante contratos sin licitación con el Estado venezolano durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, principalmente en los sectores energético, eléctrico y petrolero.

Al revisar los árboles genealógicos de ambas familias, la realidad es clara: no hay relación filial entre ambos. Leopoldo Alejandro Betancourt López es hijo del pianista y médico Leopoldo Betancourt y de la diseñadora de joyas Lilia López, quien es descendiente directa de Hermógenes López, expresidente de Venezuela entre 1887 y 1888.

Como concluyó EsPaja.com, solo el primer nombre y uno de los apellidos unen a estas dos figuras. No existe parentesco de consanguinidad ni de afinidad entre ellos, desmontando así un mito que busca confundir a la opinión pública, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

Mientras el país recoge los escombros del terremoto del 10 de agosto y persiste un enorme sufrimiento humano, una nueva capa de dilemas políticos se posa sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella. La economía política del desastre obliga al nuevo mandato a trasladar su foco programático del Caribe, la región natal del presidente, al Pacífico, uno de los bastiones de la izquierda, y al Eje Cafetero, que lo apoyó mayoritariamente.

El problema territorial es evidente: la mayoría de las personas en los municipios afectados votaron en contra de De la Espriella. Ahora, el mandatario deberá decidir cómo repartir la plata y necesitará, sí o sí, la ayuda de los gobernantes locales. Sin embargo, incluso dentro de las zonas devastadas hay grandes diferencias. Para entender cuáles son, el medio La Silla Vacía comparó los números de las últimas dos elecciones presidenciales y los indicadores de desarrollo que determinarán qué tanto apoyo necesitarán del gobierno nacional.

En este escenario de reconstrucción y disputas territoriales, surge otra batalla que pone a prueba al gobierno: la reforma a las multas de tránsito. En lo que han llamado “Los Huevos Revueltos”, el presidente prometió una reforma para bajar los precios de las multas, además de quitar trámites que considera innecesarios para sacar licencias de conducción o registrar vehículos.

La medida resulta profundamente popular si se tiene en cuenta que al menos el 14% de las familias en Colombia tiene algún tipo de vehículo. Ese andamiaje de entidades y pagos se pensó originalmente como un incentivo para bajar la accidentalidad del país, pero en la práctica se ha convertido en un negocio para unos pocos.

Y aquí está el nudo crítico: quienes manejan esos negocios de multas y trámites son aliados de políticos y congresistas. La promesa de Abelardo de bajar los precios y simplificar los procesos choca directamente con los intereses de estas redes de poder.

Hoy, esta reforma pondrá a prueba la narrativa del presidente contra “los de siempre”. El terremoto no solo destruyó infraestructura, sino que también sacudió las bases políticas del gobierno, obligándolo a elegir entre los aliados de siempre y las necesidades urgentes de un pueblo que exige soluciones reales, según se mencionó en La Silla Vacía.

El Ejército de Bolivia identificó a las siete víctimas fatales halladas tras las potentes explosiones registradas en el Centro de Mantenimiento de Material Bélico de Viacha. La tragedia mantiene en vilo a la institución castrense, ya que aún hay otras siete personas desaparecidas.

Según la publicación oficial del Ejército, los cuerpos recuperados corresponden a un sargento y seis conscriptos. De estos últimos, dos eran dragoneantes y cuatro soldados que cumplían con su servicio militar.

El viernes pasado, las autoridades militares habían informado sobre la existencia de 14 personas “no localizadas” a raíz de las detonaciones. A la fecha, solo se ha logrado recuperar a la mitad de ellos, todos sin vida, por lo que la búsqueda de los siete restantes continúa.

Los siete cuerpos fueron encontrados en medio de los escombros que dejó la detonación, la cual prácticamente destruyó gran parte del cuartel. La magnitud de la explosión dificulta las labores de rescate y el hallazgo de nuevos sobrevivientes.

La información fue dada a conocer por la periodista Erika Ibáñez desde La Paz, y publicada por el medio digital La Razón, detallando la crítica situación que vive el país vecino tras este desastre militar, según se mencionó en La Razón.

Este 7 de septiembre de 2026, México vuelve a estar bajo la lupa del Servicio Sismológico Nacional (SSN) debido a la constante actividad telúrica. El país se asienta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta, dividida en cuatro áreas de riesgo: desde la baja sismicidad hasta la de muy alta magnitud. El origen de este movimiento terrestre es la tensión y ruptura de la roca en el interior de la tierra, producto de la movilidad de las placas tectónicas Norteamericana, Cocos, Rivera y del Pacífico.

La liberación de esta energía se mide de formas distintas. La magnitud, calculada mediante escalas como la de Richter y registrada por sismógrafos, analiza el tamaño del evento desde su hipocentro. Por otro lado, la intensidad refleja cómo las personas perciben el movimiento y el impacto visible en las construcciones y la infraestructura. Así, mientras un temblor tiene dimensiones moderadas, un terremoto implica una magnitud destructiva con potenciales pérdidas estructurales y humanas.

No todos estos eventos generan tsunamis; para ello se requiere una magnitud considerable, un epicentro bajo el océano o un movimiento vertical del fondo marino, sumado al riesgo de erupciones volcánicas y deslizamientos submarinos o costeros. Frente a este escenario, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), operado por el CIRES, emite alertas a través de altoparlantes y radios. A esta infraestructura pública se suma el servicio gratuito de alertas de Google para celulares Android, accesible desde la configuración de emergencia.

Las recomendaciones oficiales ante un sismo exigen mantener la calma, evacuar con paciencia y mantenerse alejados de ventanas, espejos y paredes. Si no hay una mesa o escritorio cerca, la indicación es cubrir la cabeza y la cara con los brazos, buscar un espacio seguro cerca de una columna y, bajo ninguna circunstancia, utilizar el ascensor. La crítica realidad de la infraestructura queda expuesta al advertir que, si un edificio ya está parcialmente derrumbado, podría colapsar por completo si se intenta salir por cuenta propia.

En esta lógica de prevención, la carga de la seguridad recae fuertemente en la ciudadanía, que debe contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, agua, radio sin internet, alimentos no perecederos, ropa abrigadora, encendedor, silbato, copia de llaves y medicinas. El gobierno hace énfasis en estas precauciones y difunde números de emergencia como el 911, la Cruz Roja, Protección Civil y Locatel, mientras la tierra sigue liberando la energía acumulada en el subsuelo, recordando la vulnerabilidad territorial de la región, según se mencionó en RPP Noticias.

El Senado argentino inicia una semana intensa y decisiva, marcada por el avance de una agenda que responde directamente a los intereses del Poder Ejecutivo. En el centro de la escena, tres proyectos concentran la atención: la llamada “Inocencia Fiscal II”, la reforma orgánica del Banco Central y la modificación del sistema electoral con la eliminación de las PASO. Una clara muestra de cómo las élites políticas ajustan las reglas del juego a su medida.

Este martes a las 17, se prevé el primer gran debate. Se trata del proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca eliminar los topes de facturación de $1.000 millones y de patrimonio de $10.000 millones. La medida, que ya fue girada a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda, representa un claro beneficio para los sectores más concentrados de la economía, permitiendo que grandes capitales operen sin los controles actuales.

Para el miércoles a las 10:30, la agenda se traslada a la reforma del Banco Central. El oficialismo apunta a fijar la defensa de la moneda como el único fin de la entidad, pero el punto más crítico es el blindaje a las autoridades: se exigirán mayorías en ambas cámaras para remover a su presidente. Un cerrojo institucional que limita las herramientas de los futuros gobiernos para controlar la política monetaria.

La jornada del miércoles también trae el tratamiento de la reforma electoral, que retoma su análisis a las 11 en la comisión de Asuntos Constitucionales. El eje central es la eliminación o suspensión de las PASO, una medida que atenta contra la democracia interna de los partidos, además de introducir modificaciones en la estructura y el financiamiento político. En este marco, los sectores aliados empujan para incluir la ley de Ficha Limpia, usando la grieta para negociar.

Paralelamente, las comisiones de Salud y de Legislación Penal buscarán avanzar en un dictamen para una nueva ley de Salud Mental. Aunque hay puntos de acuerdo, persisten diferencias respecto a las obligaciones que se les impondrán a los familiares y representantes legales, un debate que suele quedar opacado por las urgencias del poder.

Con las cartas sobre la mesa, el oficialismo no descarta convocar a una sesión para el próximo jueves si es que se logran los acuerdos necesarios en la Labor Parlamentaria. De lo contrario, las discusiones en el recinto quedarán diferidas para las próximas semanas. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo se tejen los pactos en las sombras, lejos del escrutinio popular, según se mencionó en Diario Río Negro.

Thaqhata, el cortometraje alteño que narra la desgarradora historia de una madre que busca a su hija desaparecida recorriendo las calles con su fotografía en mano, se consolida como una de las producciones más destacadas de Bolivia. El drama ya cruzó las fronteras y fue galardonado como Mejor Cortometraje Internacional en el Festival Internacional del Cine de los Andes (FICA), en Cusco, Perú.

Detrás de esta producción está Iván Paz, un cineasta alteño de 37 años que se atrevió a grabar en una ciudad donde los temas de producción son complicados. La inspiración para el corto nació de la dura cotidianidad: “Los cientos de carteles y anuncios de personas desaparecidas pegados en postes, paredes, mercados. Uno pasa por ahí y ve una cara, un nombre, un número de teléfono… y sigue caminando. Me pregunté qué hay detrás de esos anuncios”, relató Paz.

Para lograr un realismo crudo, la película utilizó un enfoque documental en las escenas de búsqueda. La protagonista, Susana Condori, interactuaba con personas reales en la calle preguntando si habían visto a su hija. Las reacciones genuinas de empatía o indiferencia del público se convirtieron en uno de los elementos más relevantes del corto, aportando una crudeza que sería imposible de actuar.

El elenco y equipo se redujeron a cuatro personas, tres alteños y la actriz principal que es de La Paz. El trabajo no ha pasado desapercibido: Thaqhata ya obtuvo la Selección Oficial en el Festival Cultura Caótica 2026 de La Paz, el Premio del Público y Mejor Actuación para Condori en el Festival Internacional de Cortometrajes Luz de Altura, y recientemente fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine en Santa Cruz.

Este es el sexto cortometraje de Paz, quien desde 2009 ha persistido en la realización audiovisual pese a las dificultades de hacer cine en el país. Antes de Thaqhata, ya había cosechado triunfos como el premio a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional Diablo de Oro (2015) con Ofrenda, y Mejor Cortometraje Boliviano en el Oruro Filmfest (2019) con Paredón.

Hacer cine en Bolivia es una lucha constante, pero Paz no se detiene. Su gran objetivo ahora es dar el salto al largometraje. “Cada cortometraje que hago es un paso en ese camino, una forma de seguir aprendiendo y de acercarme cada vez más a esa meta”, afirma este alteño que sueña en grande y confía en que el trabajo duro le permitirá cumplir su objetivo, según se mencionó en La Razón.

La diputada nacional Moira Lanesan acompañó la segunda edición de la Expo Moda y Tendencia Patagonia 2026, que se desarrolla en el Club Boca de Río Gallegos, donde destacó la participación de emprendedores y emprendedoras de distintas localidades y provincias. La legisladora remarcó que, desde que asumió, planteó su intención de formar parte de esta propuesta que trasciende la moda.

Lanesan puso en valor el trabajo detrás de escena, señalando que detrás de cada pasarela existe una cadena de emprendimientos que incluye a maquilladores, peinadores y otros trabajadores que, en el contexto actual, no pueden visibilizarse fácilmente. “Hay un sinfín de emprendimientos que quizás vos lo podés ver en una pasarela, pero atrás de esa pasarela hay muchísimas más cosas”, manifestó.

En ese sentido, destacó las oportunidades que se generan desde el Municipio de Río Gallegos para acompañar al sector. A través del secretario de Producción y del intendente, se abre un espacio donde las personas pueden volver a soñar, idearse, crecer y creer, incluso en un contexto donde parece que todo está perdido.

La diputada también resaltó la posibilidad de generar vínculos entre emprendedores de distintas ciudades, como el intercambio que mantuvo con un diseñador textil de Río Grande y el contacto con un emprendimiento de Río Gallegos. “Esas redes y esos nexos solamente se pueden conectar en estos espacios”, afirmó.

Sobre su agenda legislativa, Lanesan señaló que se encuentra trabajando fuertemente en una ley para pequeños emprendedores y en otras iniciativas vinculadas al sector. Además, agradeció a Pablo por seguir creyendo en estas redes y por darle la oportunidad de participar, reafirmando que “el trabajo es colectivo”.

En el plano político, la diputada se refirió a su participación en la asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Santa Cruz, encabezado por Pablo Grasso. Remarcó la presencia de jóvenes y la posibilidad de participación dentro del espacio político, vinculando esa apertura con la idea de justicia social y el trabajo colectivo.

Finalmente, manifestó su orgullo de poder acompañar a Grasso como presidente del PJ santacruceño, destacando que le da oportunidades a cualquier persona, la conozca o no. “Para mí el trabajo es colectivo, que el trabajo es en red”, concluyó, según se mencionó en TiempoSur.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este viernes un presunto sabotaje y manipulación del sistema eléctrico nacional, vinculándolo directamente a una protesta por los recientes acuerdos petroleros firmados con Estados Unidos, convenio que le otorga a la potencia norteamericana el control del 20% de las reservas de crudo venezolano.

Durante un encuentro con trabajadores petroleros transmitido por el canal estatal VTV, Rodríguez detalló que el sábado pasado se registró un apagón en el occidente del país, específicamente en estados como Zulia, tras manipular las presiones de gas para derrumbar el sistema termoeléctrico. Asimismo, denunció que en la noche de este jueves el equipo de Pdvsa Gas detectó el cierre de llaves de gas para colapsar las termoeléctricas y el sistema eléctrico nacional.

Ante este escenario, la mandataria hizo un llamado a los trabajadores de Corpoelec a mantenerse alertas, asegurando que “en una semana en protesta por lo que ha significado la firma de estos acuerdos petroleros, la protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano”, aunque no señaló a un responsable directo de estas acciones.

Siguiendo la narrativa habitual del Gobierno chavista para justificar la crisis eléctrica que afecta a Venezuela desde hace más de una década, Rodríguez insistió en que el sistema ha sido golpeado por las sanciones extranjeras, la demanda por el crecimiento eléctrico, las altas temperaturas y el sabotaje de las “mafias extremistas”.

Sin embargo, esta versión encuentra un fuerte rechazo en los expertos y la oposición, quienes aseguran que el estado actual del sistema eléctrico, con fallas en casi todo el país, es el resultado directo de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores estructurales.

Esta semana, el Gobierno venezolano firmó un acuerdo con las petroleras estadounidense Chevron y la italiana Eni, en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y de la propia Delcy Rodríguez. Además, se suscribió un convenio con la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar la infraestructura petrolera.

Cabe recordar que en junio pasado el Gobierno de Venezuela ya había rubricado un memorando de entendimiento con GE Vernova, y en abril Rodríguez había adelantado negociaciones con Siemens. La presidenta encargada sostuvo este encuentro con los trabajadores para defender los supuestos beneficios del histórico acuerdo petrolero con Estados Unidos anunciado el 28 de agosto, el cual ha sido blanco de duras críticas por parte de distintos sectores, según se mencionó en Efecto Cocuyo.