Categoría: Internacional

El mercado de divisas en Venezuela vuelve a encender las alarmas. El tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) se dispara intentando alcanzar al paralelo y a las criptoactivos, pero esta carrera alcista no es una convergencia sana: desnuda las graves limitaciones de la política monetaria. La brecha no cede y el golpe lo pagan los pocos comercios que intentan mantenerse a flote.

Detrás de este deslizamiento del dólar oficial hay una realidad que el Gobierno no puede camuflar: no tiene flujo de divisas líquidas para sostener artificialmente el bolívar. Las reservas internacionales están agotadas y el gasto público urgente por atender zonas afectadas por sismos obligó al BCV a dejar correr la tasa. Al no poder ofertar los dólares que el comercio demanda, el mercado se refugia masivamente en plataformas digitales como Binance.

Para financiar el déficit fiscal, el Estado recurre a la emisión descontrolada de bolívares, inyectando una masa monetaria sin respaldo en la producción real. Como no hay bienes en los anaqueles ni confianza institucional, esos bolívares corren a demandar divisas, acelerando la devaluación. Es una paradoja trágica: la banca está maniatada por un encaje legal asfixiante que impide prestar, pero el propio Estado es el principal emisor de la liquidez que desestabiliza los precios de consumo, medicamentos y vivienda.

La distorsión es tan profunda que el euro local llega a superar al dólar digital, confundiendo la fijación de precios y encareciendo las importaciones europeas. Esta volatilidad pulveriza la capacidad de planificación de las juntas de condominio, las pequeñas constructoras y los ciudadanos que necesitan reparar sus inmuebles dañados.

La incertidumbre se convierte así en un impuesto silencioso y devastador que frena cualquier iniciativa privada de reconstrucción. Esta inestabilidad, basada en la improvisación macroeconómica y el desprecio por la oferta y la demanda, exige un cambio de fondo.

La estabilidad no se logra con chantaje burocrático ni persiguiendo indicadores, sino generando confianza institucional. Hay que respetar el libre mercado, garantizar una moneda sana, frenar el financiamiento inflacionario y abrir paso a la inversión privada transparente. Solo con decencia y seriedad gerencial se devolverá el poder de compra al ciudadano, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

Durante la visita de Marco Rubio a Colombia, se firmó un memorando de entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras que apunta directamente a insertar al país en las cadenas globales de la inteligencia artificial. Lejos de la imagen inmaterial de la “nube”, la IA tiene una geografía y un subsuelo: detrás de cada algoritmo hay minas, redes eléctricas, agua, territorios y trabajo humano, gran parte de él exploratorio y precarizado. Como han señalado investigaciones recientes, la inteligencia artificial es también una industria extractiva.

La escala de esta infraestructura crece sin freno. La Agencia Internacional de Energía calculó que los centros de datos consumieron cerca de 415 teravatios-hora de electricidad en 2024, una cifra que podría más que duplicarse hacia 2030, representando el 3% del consumo global. Este auge reorganiza las cadenas de energía y materias primas, convirtiendo a los minerales críticos en una cuestión geopolítica. El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos busca asegurar cadenas “resilientes, diversificadas y justas”, proponiendo identificar y financiar proyectos de minería y procesamiento en solo seis meses.

El gobierno colombiano promete que no solo exportarán materias primas, sino que avanzarán hacia el procesamiento, la industria y la innovación. Sin embargo, esta promesa choca con la desfinanciación de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Bajo la política “America First” de EE.UU., el riesgo es replicar una vieja relación de dependencia: los territorios del sur suministran naturaleza y trabajo barato, mientras otros concentran la tecnología, la propiedad intelectual y las mayores ganancias. Cambian los productos —del oro al litio—, pero la arquitectura extractivista se mantiene.

Este extractivismo digital no se limita a los minerales y la energía; también extrae vida y trabajo. Los sistemas “inteligentes” requieren enormes cantidades de mano de obra para clasificar imágenes, transcribir audios o moderar contenidos. Buena parte de este trabajo se realiza en el Sur Global a través de plataformas digitales y tercerización, aprovechando las diferencias de costos. El valor generado atraviesa fronteras, pero la precariedad permanece localizada en nuestros territorios.

Un punto crítico del acuerdo es la referencia a “agilizar” los permisos para proyectos mineros. Si bien los procedimientos pueden ser más claros, en Colombia hay una frontera que no debe cruzarse: la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. La presión internacional por asegurar materias primas rápido puede chocar con los tiempos de la deliberación democrática y la protección ambiental.

En cualquier tipo de extractivismo, los beneficios circulan globalmente, pero las externalidades —pérdida de agua, transformación de ecosistemas, conflictos por el territorio— se quedan en el lugar de extracción. Son absorbidos por quienes viven donde comienza la cadena. La discusión sobre IA no puede limitarse a aplicaciones o regulación; urge discutir su economía política y material.

Colombia ya está entrando en las cadenas globales de la IA. La pregunta es qué entregarán para hacerlo y cuánto valor se quedará en los territorios. Estos acuerdos pueden ser una oportunidad para transformar recursos en conocimiento y empleo digno, o pueden convertirse en un nuevo capítulo de una historia antigua: la del extremo extractivo que paga los costos mientras otros concentran las ganancias, según se mencionó en La Silla Vacía.

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, presentó en Santa Cruz el primer informe sobre la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El documento identificó al menos seis modalidades de irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles, principalmente durante la gestión pasada, y contabilizó más de 70 casos que serán objeto de procesamiento penal.

Entre los hallazgos de la Comisión Interministerial e Interinstitucional figuran más de 30 despachos efectuados antes de la emisión de la factura, cuando el procedimiento establece que primero debe realizarse el pago y la facturación para luego generar la orden de despacho. También se detectaron clientes directos que recibieron cupos superiores al 199% del límite permitido y más de 40 casos en los que retiros programados para varios días fueron concentrados en una sola jornada.

El informe incluye, además, retiros por encima de los parámetros habituales, favorecimientos discrecionales y presuntos desvíos de combustible. García señaló que una de las principales debilidades fue la falta de sistemas de control trazables, ya que las conciliaciones de despachos se realizaban mediante tablas de Excel y el sistema permitía modificaciones posteriores y retroactivas por parte de distintos usuarios.

La autoridad cuestionó duramente que durante los últimos cinco años se hayan destinado más de Bs 400 millones a infraestructura tecnológica sin contar con un mecanismo integral para realizar un seguimiento seguro de toda la cadena de distribución. “No se ha generado un sistema digital trazable que pueda acabar con la corrupción en este caso”, sentenció.

Según el viceministro, ya fueron identificadas estaciones de servicio presuntamente favorecidas y funcionarios que habrían posibilitado el desvío de carburantes. Los hechos se presentaron con mayor frecuencia durante la gestión 2024, por lo que las investigaciones también alcanzarán a quienes hubieran generado las condiciones para estas irregularidades.

Entre los delitos que podrían ser investigados mencionó cohecho pasivo, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, concusión y almacenaje, comercialización y compra ilegal de combustibles. Como medida estructural, la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria trabaja con YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades, incluida la AGETIC, en un sistema digital que permita la trazabilidad en tiempo real.

La propuesta contempla también un portal público de transparencia para que la población pueda consultar cuánto combustible ingresa, a quién se despacha y cuáles son las capacidades y movimientos registrados. Este proyecto será uno de los primeros temas de la agenda que autoridades nacionales y municipales tratarán desde el próximo lunes, según se mencionó en La Razón.

Una tragedia se rozó en la carretera Panamericana Norte. Una cúster de la empresa Nueva Estrella, conocida popularmente como los “Anconeros”, se estrelló violentamente contra el paradero Tres Postes, en la jurisdicción de Los Olivos, al norte de Lima. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó destruido, pero la suerte hizo que no se registraran víctimas fatales, pese a que la unidad llevaba pasajeros a bordo.

La causa del accidente no fue el alcohol ni un despiste, sino una práctica habitual y letal en el transporte público peruano: el “correteo”. El propio cobrador de la cúster lo reconoció ante la prensa. Según su relato, el chofer competía con otra unidad de la misma empresa para ganar pasajeros. “Yo justo iba a subir y él se había adelantado, porque estaba con el otro carro, con el correteo. Y en ese gana-gana, pierde-pierde; él terminó estampándose ahí”, declaró.

En esta ocasión, el “gana-gana” por las monedas de los usuarios casi termina en una tragedia. El chofer, que según el cobrador estaba consciente y no ebrio, perdió el control en su intento de ganarle a la otra unidad de la empresa Nueva Estrella. Producto del choque, el conductor resultó herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica, mientras los pasajeros a bordo sufrían el susto de sus vidas.

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller Iberico acudieron al lugar para establecer un perímetro y comenzar las diligencias correspondientes. Las investigaciones están en marcha para determinar las responsabilidades de este nuevo accidente que involucra a las cústeres de esta empresa, poniendo en evidencia una vez más el peligro de viajar en estas condiciones.

Lo más indignante del caso es que no es la primera vez que este vehículo está en el ojo del huracán. Según consigna la página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la unidad siniestrada acumula más de 40 papeletas desde el año 2019. Entre las infracciones más graves figuran conducir sin licencia y hacerlo con la licencia retenida.

Esta realidad destapa la grave crisis de un sistema de transporte donde la vida parece valer menos que el negocio. Permitir que un bus con más de 40 multas, incluyendo las más graves, siga circulando y haciendo “correteo” en las calles, es una falla estructural que las autoridades no pueden seguir ignorando. Mientras no se ponga freno a la precariedad y a la competencia desatada, los paraderos seguirán siendo trampas mortales, según se mencionó en RPP Noticias.

El Gobierno Nacional decidió quitar del presupuesto el programa de obras públicas, una medida que dejó en la absoluta paralización a numerosos proyectos en las provincias. En Santa Cruz, esta decisión impactó con fuerza: planes de vivienda e infraestructura quedaron inconclusos, dejando a familias y comunidades a la espera de una respuesta que el centralismo se niega a dar.

Ante esta realidad, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, y el titular del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Federico Addy, se reunieron con el subsecretario de Obras y Servicios de la Nación, Jorge Ríos. El objetivo del encuentro fue claro: buscar una solución definitiva a este abandono y ordenar el desastre administrativo heredado.

El principal obstáculo es burocrático y legal. Aunque las obras están en territorio santacruceño, la responsabilidad y titularidad de su ejecución sigue bajo la órbita del Estado Nacional. Esto impide que la provincia las retome directamente, atrapándolas en un limbo administrativo que solo perjudica a las comunidades que esperan un techo digno.

Por eso, la gestión apunta a un acuerdo clave: que la Nación ceda a la provincia las obras paralizadas. De lograrse, Santa Cruz asumirá la continuidad y finalización de estos proyectos estratégicos, principalmente los planes de vivienda y edificios que hoy son un símbolo del abandono de las provincias.

Sin embargo, el camino no es sencillo. Durante la reunión también se abordó la compleja situación de la reciprocidad de deudas entre Nación y la Provincia, un aspecto que forma parte del análisis y ordenamiento necesario para avanzar. Es fundamental generar las herramientas legales y administrativas para destrabar esta cuestión.

La intención de las autoridades provinciales es generar un marco que permita ordenar las responsabilidades y brindar una respuesta concreta a quienes esperan la finalización de estos proyectos. Mientras el centralismo recorta y abandona, la provincia busca hacerse cargo de su territorio y su gente, según se mencionó en TiempoSur.

El ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés, reconoció este jueves que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía —que concentraba alrededor del 70% de la operación aérea nacional— opera actualmente entre el 48% y el 49% de su capacidad previa al doble sismo del 24 de junio. Pese a este panorama crítico, el funcionario aseguró que Venezuela hoy tiene más operatividad internacional que en el mismo periodo del año pasado, gracias a la redistribución de vuelos hacia otros terminales del país.

El terremoto dejó la pista de Maiquetía fuera de servicio con daños importantes tanto en la superficie —por donde atraviesa la falla sísmica— como en la infraestructura de concreto. Aunque la estructura principal resistió, los elementos no estructurales, cableado, servicios y cerramientos resultaron gravemente afectados. “Requieren una restauración que tomará varios meses”, admitió Garcés en entrevista con Televen.

Para no paralizar completamente la actividad aérea, el gobierno encargado construyó terminales temporales en apenas 35 días, operativas desde el 1 de septiembre. Arrancaron con cuatro vuelos diarios y actualmente manejan entre 12 y 16. Paralelamente, aeropuertos como Valencia, Barcelona, La Chinita y Margarita absorben parte de la demanda que antes pasaba por Maiquetía.

A escala nacional, las operaciones domésticas rondan el 65% de lo registrado antes del sismo, mientras que las internacionales ya superan las cifras del año anterior. La proyección oficial es alcanzar algo más del 60% de la operación previa de Maiquetía antes de fin de año, y para el primer semestre de 2027 se prevé una operación parcial dentro de la estructura formal del aeropuerto, complementada con las terminales temporales.

Sin embargo, la recuperación total de la infraestructura original se extenderá a lo largo de todo 2027. Garcés señaló que se han emitido lineamientos técnicos para la reparación de estructuras dañadas, que deberán ser aplicados por profesionales competentes para garantizar resistencia ante futuros eventos sísmicos.

El ministro calificó el sismo del 24 de junio como un evento “histórico” tanto para Venezuela como para la sismología mundial, por sus características particulares, incluido un pulso destructivo poco común. Por ello se mantiene una agenda científica con expertos nacionales e internacionales.

Respecto a la necesidad de un nuevo aeropuerto en la zona, Garcés descartó la urgencia inmediata y recordó que el proyecto de Higuerote existe, aunque es costoso. Subrayó que el crecimiento petrolero impulsará mayor demanda de conectividad y que se están preparando hubs en Barcelona, Zulia, Maturín y Falcón para absorber ese tráfico futuro, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

Por primera vez, figuras del Pacto Histórico lanzan críticas abiertas contra el expresidente Gustavo Petro. El detonante de esta fisura es la sorpresiva confesión de Juliana Guerrero ante un juez de conocimiento, donde admitió haber falsificado sus títulos universitarios para asumir como viceministra de Juventudes durante su gobierno.

La situación se complicó cuando Petro salió a defenderla públicamente, lo que encendió las alarmas al interior de la coalición. A esto se sumaron las denuncias de Angie Rodríguez, su exmano derecha en el Palacio, quien señaló que Guerrero gozaba de un manto de protección por ser amante del expresidente. Tanto Petro como Guerrero han negado de plano una relación íntima.

Esta confesión no hace más que profundizar las tensiones internas de un Pacto que intenta reorganizarse tras perder las elecciones. Las críticas llegan en medio de intensos debates sobre las decisiones de Petro dentro del movimiento, en un momento donde su oposición en el Congreso se muestra relativamente solitaria y fragmentada.

Mientras la crisis política consume a la coalición, la realidad social de Colombia muestra otra cara preocupante: un país armado hasta los dientes. Más de 600 mil colombianos cuentan con salvoconducto para portar un arma, pero la cifra se vuelve irrisoria frente a las al menos 3 millones de armas ilegales que circulan en el país.

Es en esta disparidad donde el presidente Abelardo de la Espriella tomó una polémica decisión: levantar las restricciones para que los civiles porten armas. El argumento del gobierno es crudo pero directo: el Estado no tiene la capacidad real de proporcionar justicia ni de rastrear las armas utilizadas en los delitos de alto impacto que ejecutan los grupos armados que entran por contrabando.

Sin embargo, voces como la de Andrés Nieto advierten sobre el peligro de esta medida. Tener un arma, asegura, no hace a la ciudadanía más segura. Por el contrario, los estudios internacionales demuestran que armar a los ciudadanos solo dispara las cifras de violencia doméstica y de género, dejando en evidencia que la solución a la inseguridad no pasa por entregar más fuego a la población, según se mencionó en La Silla Vacía.

El acuerdo técnico entre el Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) trae consigo un fuerte ajuste para las y los trabajadores del sector público. El ministro de Economía, Christian Morales, confirmó que se prevé la reducción de salarios y el freno a nuevas contrataciones en el Estado, como parte de las medidas para bajar el déficit fiscal hasta el 3,8% en un plazo de tres años.

Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado al FMI, esta estrategia busca reducir la masa salarial en más del 1% del PIB durante el periodo del programa. El objetivo es cerrar la brecha de remuneración entre el sector público y privado, revirtiendo el incremento del 4% del PIB que se registró bajo la administración anterior.

Lejos de ser anuncios a futuro, el ajuste ya se está aplicando. Morales explicó que cuando se presentó el Presupuesto General del Estado reformulado, ya se ejecutó un recorte de aproximadamente un 30% en la planilla salarial de las entidades del nivel central. Con esto, aseguran, lograron bajar el déficit fiscal heredado del 16% a un 9,3%, calificándolo como una de las reducciones más altas en las últimas cuatro décadas.

El ajuste no para ahí. El Gobierno planea que para el Presupuesto General del Estado 2027 ya no se destinen recursos del Tesoro ni de las empresas estatales para cubrir el subsidio a los carburantes. Además, se reducirá y reordenará la inversión pública, retrasando o cancelando directamente proyectos considerados de baja prioridad, para concentrar los pocos recursos restantes en iniciativas que generen beneficios económicos y sociales.

Para mitigar el impacto de esta transición hacia el nuevo modelo económico, el programa con el FMI contempla la entrega de bonos solidarios a los sectores más vulnerables. La autoridad adelantó que se implementará una nueva transferencia similar al “bono Pepe”, pero con un mayor alcance social, incorporando a actores que quedaron fuera en la evaluación anterior.

Mientras el Gobierno socializa estas medidas con los actores económicos, el descontento popular ya se asoma. El Comité pro Santa Cruz confirmó una reunión para este miércoles y no descartan movilizaciones frente a un ajuste que, una vez más, parece recaer sobre los hombros de los sectores populares y trabajadores, según se mencionó en La Razón.

Cienciano logró una importante victoria de 2-0 en la altura del Cusco frente a Montevideo City Torque, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los goles del encuentro fueron obra de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain, dándole una ventaja al equipo cusqueño de cara al partido de vuelta.

Sin embargo, la alegría del triunzo se vio empañada por una preocupante lesión. A los 82 minutos del compromiso, Alejandro Hohberg tuvo que ser sustituido debido a una dolencia física. El delantero uruguayo-peruano terminó el partido con una bota ortopédica inmovilizadora en el pie derecho, abandonando el recinto con evidente dificultad para caminar.

El panorama para Hohberg no es nada alentador de cara al retorno en Uruguay. Al salir del Estadio Garcilaso de la Vega, el futbolista evitó dar declaraciones a la prensa en la zona mixta, aumentando la incertidumbre sobre su estado físico. Hasta el momento, la dirigencia de Cienciano no ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión.

La posible ausencia de Hohberg golpea fuerte al plantel, ya que el atacante es una pieza clave en el ataque. En lo que va de la Sudamericana, el delantero suma tres goles, todos convertidos de remate ante la Academia Puerto Cabello y Lanús, demostrando su importancia en el esquema ofensivo.

La vuelta de los cuartos de final está programada para el jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, a las 7:30 p.m. hora peruana. El recinto, con capacidad para 60.235 espectadores, será el escenario donde Cienciano deberá cuidar la ventaja sin su goleador.

Para el partido de ida, el once inicial de Cienciano estuvo conformado por Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Ademar Robles, Santiago Arias; Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés. Por su parte, el club charrúa saltó a la cancha con Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Piccihilo, Pablo Siles; Gonzalo Montes, Esteban Obregon y Ederson Rodríguez, según se mencionó en RPP Noticias.

El mundo del espectáculo argentino se sacude con una nueva polémica en la pantalla de Telefe. Martín Cirio habría abandonado una grabación de Popstars en medio de un fuerte enojo, encendiendo los rumores sobre su posible renuncia al ciclo. Aunque en las últimas horas circularon versiones que daban por confirmada su salida, la realidad es más compleja y deja al descubierto las tensiones propias de la televisión reality.

Desde el programa LAM (América TV) salieron a aclarar el panorama, aunque sin ofrecer certezas. Ángel de Brito, conductor del ciclo, fue categórico al distinguir entre el enojo y la renuncia: “Martín Cirio se fue a las puteadas, pero no renunció”. Sin embargo, la duda sigue instalada, ya que Denise Dumas, también del mismo programa, sumó un dato crucial: “Pero no se sabe si vuelve”.

El conflicto trascendió esta semana en medio de distintas versiones sobre tensiones detrás de cámara en el programa conducido por Nico Vázquez. Según informó Ciudad Magazine, durante LAM se mencionó que tanto Cirio como Valen Rizzuti habrían decidido alejarse de Popstars debido a diferencias surgidas durante las grabaciones. Con el correr de las horas, la situación de Cirio fue matizada, y su renuncia dejó de darse por confirmada.

Hasta el momento, la salida definitiva de Martín Cirio de Popstars no está confirmada. No hubo un anuncio oficial por parte del canal ni tampoco una comunicación pública del influencer informando su renuncia. Lo que existe es una fuerte versión sobre una posible salida, luego del episodio ocurrido durante las grabaciones, lo que refleja la volatilidad de los acuerdos en la televisión comercial.

Cirio se incorporó a la nueva edición de Popstars en un particular rol de “coach espiritual” de las participantes, una función que le permite aportar su estilo y humor al reality, convirtiéndolo en una de las figuras más comentadas desde el estreno. Su presencia, sin embargo, no es casual y tiene una historia detrás que ahora cobra otro sentido.

En el año 2002, Cirio se había presentado al casting de la edición masculina de Popstars, de la que surgió el grupo Mambrú, pero quedó eliminado. Más de dos décadas después, regresó al formato y hasta volvió a audicionar frente al jurado en uno de los momentos más comentados del ciclo, demostrando su persistencia en un medio que lo rechazó en el pasado.

Mientras Popstars avanza en la pantalla de Telefe, con un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, todas las miradas están puestas en la decisión que tome Martín Cirio. El escenario podría cambiar en los próximos días si decide regresar al programa o si, finalmente, el conflicto detrás de cámara deriva en su alejamiento definitivo, según se mencionó en Diario Río Negro.