Categoría: Internacional

El aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, reactivó este martes 1 de septiembre sus operaciones aéreas tras los devastadores terremotos del 24 de junio que cobraron la vida de más de 6.500 personas. La reapertura se da en medio de la emergencia, con la habilitación de terminales temporales que levantaron la actividad en una zona severamente golpeada.

Según informó el ministro de Transporte, Francisco Garcés, un total de 19 aerolíneas —11 internacionales y 8 nacionales— están operando actualmente en estas instalaciones de emergencia. El funcionario detalló que se ha restablecido el 49% de las operaciones nacionales y el 46% de las internacionales, aunque evitó especificar cuáles son las compañías que están volando.

Pese al hermetismo del gobierno, datos de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo revelan que entre las aerolíneas internacionales se encuentran las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra; la estadounidense American Airlines; la panameña Copa Airlines; la colombiana Avianca; LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines) y la brasileña GOL.

La realidad de los pasajeros que transitan por Maiquetía es la de una infraestructura de emergencia. Las terminales temporales tienen una capacidad para 2.168 personas, distribuidas en 720 en el área de salidas internacionales y 496 en la de llegadas. Según el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), estos espacios cuentan con climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

En un contraste que no pasa desapercibido, el ministro Garcés también aprovechó la ocasión para destacar un aumento del 8% en el ingreso de contenedores a la nación y un 10% en la entrada y atención del volumen de carga respecto al año pasado, resaltando la operatividad del Puerto de La Guaira, mientras la terminal aérea principal sigue en ruinas.

Así, la reactivación de Maiquetía avanza a paso lento y entre la precariedad, mostrando un gobierno que cifra sus esperanzas en las estadísticas comerciales, mientras las familias de las víctimas y los viajeros deben lidiar con las secuelas de una tragedia que aún está lejos de superarse, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

Se cumple un mes del terremoto más potente en lo que va del Siglo en Colombia. La emergencia golpeó con fuerza a Chocó, el departamento históricamente más pobre, vulnerable y racializado del país, dejando a su paso un paisaje de ruinas y una población a la deriva.

En medio de la devastación, el presidente Abelardo de la Espriella decidió asumir el mando. Junto a varios de los millonarios del país, no se conformó con anunciar lo mínimo: prometió dejar reconstruido y mejorado el departamento, desplegando una ambiciosa cartera de obras que incluye viviendas, vías y hasta un canal interoceánico.

Sin embargo, la grandilocuencia presidencial choca con la cruda realidad de los afectados. A pocos metros de donde el mandatario hizo sus pomposos anuncios, cientos de damnificados siguen varados, esperando asuntos mucho más sencillos y urgentes para sobrevivir al día a día.

Las demandas de la gente distan mucho de los megaproyectos. Lo que piden es maquinaria amarilla para poder tumbar sus casas destruidas y reconstruirlas, o simplemente que se ponga en funcionamiento el único colegio de un corregimiento, un derecho básico que la catástrofe les arrebató.

Para evidenciar este abismo entre el discurso del poder y la realidad de la catástrofe, el medio La Silla Vacía se trasladó a la zona. El periodista Edgar Quintero realizó un chequeo de datos, acompañado por la producción de Fernando Cruz y las fotos de Santiago González, quienes retrataron el contraste entre la reunión de De la Espriella con los cacaos y el Chocó en ruinas.

Así, la reconstrucción de Chocó se mide en dos realidades: la de los grandes capitales que sueñan con un canal interoceánico, y la de los pueblos históricamente postergados que apenas piden herramientas para levantar sus hogares, según se mencionó en La Silla Vacía.

Con un fuerte llamado a combatir la corrupción y devolver la credibilidad a la institución, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, posesionó este jueves al nuevo Alto Mando policial y a las principales autoridades de la fuerza. El acto de juramento se realizó con la presencia del ministro y del viceministro de Seguridad Ciudadana, marcando un nuevo rumbo para la policía boliviana.

Oviedo fue claro en las instrucciones impartidas: el nuevo mando deberá ser estricto en la preservación de la honorabilidad, la honestidad y la lucha contra la corrupción. “Necesitamos nosotros recuperar la credibilidad de la sociedad”, afirmó, exigiendo a las nuevas autoridades cumplir su tarea dentro del marco de la Constitución y la Ley Orgánica de la Policía. Además, destacó que durante los bloqueos de más de 50 días, la Policía actuó con “amor a la patria” y profesionalismo para conservar la democracia.

En el plano internacional, el ministro exhortó a las nuevas autoridades a implementar un relacionamiento global para recuperar el prestigio perdido. En ese contexto, destacó la reciente llegada de una misión de la OEA que trabajará “casi de manera permanente” con la policía boliviana, un hecho que, a su juicio, ayudará a mostrar su trabajo al mundo.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Adrián Javier Álvarez Arismendi, hizo un llamado a aplicar la política de gestión basada en la “cero tolerancia” a la corrupción y a cualquier tipo de abuso. “Deben y tienen la obligación de generar mayores y mejores mecanismos de supresión, control y fiscalización para evitar hechos de corrupción”, advirtiendo que los “malos policías” serán remitidos a las instancias disciplinarias para que asuman sus responsabilidades.

Álvarez también apuntó a la defensa de la imagen institucional, recalcando que no se puede permitir que se mancille el uniforme, “porque es sagrado y debe llevarse con honor”. En materia de seguridad, llamó a trabajar en planes que permitan recuperar la sensación de seguridad, articulando operaciones no solo desde la seguridad pública, sino desde la perspectiva de la seguridad ciudadana.

Entre los nuevos nombramientos, se posesionaron los comandantes departamentales: Cnl. Ricardo César Terrazas del Pozo (La Paz), Cnl. Martín Tadeo Aruquipa Azurduy (Chuquisaca), Cnl. Henry Ramiro Ortiveros (Cochabamba), Cnl. Miguel Ángel Zambrana Aguilar (Oruro), Cnl. Heriberto Carlos Valencia Colque (Tarija), Cnl. Edson Omar Fernández Molina (Santa Cruz), Cnl. Víctor Hugo Medina Flores (Beni) y Cnl. Juan Mauricio Abel Laguna Saavedra (Pando).

Asimismo, se designó a los directores nacionales y generales, muchos de ellos de manera interina (a.i.), cubriendo áreas clave como Inteligencia, Planeamiento y Operaciones, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Investigación Policial, Tránsito, Bomberos, Interpol, y la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales, entre otros, según se mencionó en La Razón.

En un movimiento que refleja la creciente influencia de Estados Unidos en la seguridad regional, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Espá, destacó la incorporación de su país al “Escudo de las Américas”. Esta iniciativa, impulsada directamente por Washington, busca rearticular las fuerzas de seguridad latinoamericanas bajo un mismo mando operativo y de inteligencia.

Según detalló el propio canciller, se trata de un mecanismo regional multilateral que contará con el respaldo logístico, operativo y de ciberseguridad de Estados Unidos. El objetivo declarado es fortalecer las fronteras de los países participantes y articular esfuerzos conjuntos para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

La cooperación, lejos de ser solo declarativa, apunta directamente a combatir actividades ilícitas que han golpeado fuerte a la región, como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas. “Frente a estas organizaciones que son internacionales merece una respuesta también coordinada, internacional, regional, y de eso se trata el Escudo de las Américas”, sentenció Espá.

Este anuncio coincide con la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Sudamérica, quien arribó a territorio peruano para afianzar estos lazos. La visita no es casual: Rubio tiene previsto reunirse este jueves con la presidenta Keiko Fujimori, en un claro gesto de alineamiento político y estratégico.

Respecto a la llegada del funcionario estadounidense, el canciller peruano no dudó en calificarla como “provechosa”. Aseguró que Rubio viene para hacer “anuncios importantes” en dos frentes que el gobierno ha marcado como prioritarios y que preocupan a la ciudadanía.

En primer lugar, el tema de la inseguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado transnacional. En segundo lugar, la preparación y respuesta ante el fenómeno del Niño. Ambos temas, según el ministro, concentran la atención y las demandas populares en el país vecino.

Así, bajo la promesa de apoyo militar y tecnológico de Washington, el Perú de Fujimori se anota en la estrategia de defensa hemisférica de EE.UU., una jugada que, si bien ofrece recursos inmediatos para problemas urgentes, ata la soberanía nacional a los designios del norte en materia de seguridad interior, según se mencionó en RPP Noticias.

Este miércoles se cerró la instancia final de Newcom de los Juegos Provinciales “Santa Cruz Puede”, un evento que reunió a deportistas de toda la provincia y que puso en marcha una política pública que busca romper la lógica concentradora del deporte. En un contexto donde las grandes ciudades suelen acaparar los recursos y las competencias, la provincia de Santa Cruz decidió llevar categorías y disciplinas a cada rincón del territorio.

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, fue claro al definir el rumbo: “La concepción que nos pidió el gobernador Claudio Vidal es descentralizar el deporte, federarlo a toda la provincia, llegar a cada rincón”. Una definición que no se quedó en el discurso, sino que se tradujo en hechos concretos: más de 900 millones de pesos de inversión para garantizar el desarrollo de los Juegos, contemplando tanto las condiciones para la competencia como el bienestar de los deportistas y el intercambio entre localidades.

Pero la apuesta no fue solo logística ni financiera. Georgion puso el acento en algo que suele quedar fuera de las políticas deportivas tradicionales: la escucha. “Como les explicaba ayer a los adultos mayores que compiten, errores de la organización siempre existen, pero tenemos ganas de hacerlo mejor. Les pedimos una devolución de eso, para saber en qué podemos corregir para que el año que viene se haga mucho mejor”, manifestó el funcionario.

Esa actitud de reconocer fallas y pedir retroalimentación a quienes participan marca una diferencia con la gestión pública tradicional, donde las decisiones suelen tomarse de arriba hacia abajo sin consultar a la comunidad. Para el ministro, el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para acompañar a la comunidad y transformar la realidad social de la provincia.

La decisión política del gobernador Claudio Vidal de impulsar una política deportiva con alcance territorial garantiza que vecinos de toda la provincia puedan participar en distintas disciplinas, algo que en regiones extensas y con baja densidad poblacional no es menor. Llegar a cada localidad implica recursos, voluntad y una planificación que ponga a las personas en el centro.

“Esa es la concepción de Estado que tenemos; compartir, escuchar y mejorar para lo que necesita la gente”, concluyó Georgion. Una frase que resume una forma de entender lo público que, más allá de las fronteras, plantea un desafío para todas las gestiones que buscan construir políticas desde el territorio y con la gente, según se mencionó en TiempoSur.

A menos de una semana del inicio de las clases, el gobierno varguense asegura que 239 escuelas están listas para el nuevo año lectivo 2026-2027. La promesa se da en el estado más devastado por los dos terremotos del pasado 24 de junio, donde la emergencia aún marca el día a día de la población.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernador Alejandro Terán indicó que a partir del lunes 14 de septiembre se tendrán “en condiciones extraordinarias, rehabilitadas, un total de 239 instituciones educativas en La Guaira”, según reportó la agencia EFE.

Por su parte, el ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, apuntó -a través de un boletín en su canal de Telegram- que las prioridades son recuperar las infraestructuras para que sean cada vez más adecuadas y asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema.

Rodríguez subrayó que este año escolar es especialmente importante para crear una atmósfera afectiva acorde a las necesidades de los niños. Sostuvo que un entorno respetuoso y protector es clave para un nuevo comienzo, dadas las circunstancias que vivió el país a causa del doblete sísmico ocurrido el 24 de junio pasado.

Además, el ministro apuntó que la infraestructura de las escuelas se debe evaluar de manera regular, aunque aseguró que el “proceso de revisión se ha cumplido progresivamente tras el terremoto”.

Sin embargo, el anuncio contrasta con el duro panorama que enfrenta la región: los sismos provocaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

En las entrañas del poder colombiano, la línea entre la fe y la política se desdibuja. Una investigación de La Silla Vacía expone quiénes son los líderes católicos y cristianos más cercanos a la Casa de Nariño, revelando una trama de influencia que va mucho más allá de lo espiritual.

Por el lado católico, la figura del sacerdote Rodolfo Londoño se alza como un verdadero “súperpoderoso”. Como capellán de la Casa de Nariño, su rol ha mutado con el nuevo gobierno para convertirse en un actor profundamente político, tejiendo redes de poder desde el mismo corazón del ejecutivo.

En el flanco cristiano, el panorama se divide en dos vertientes que también han sabido hacer valer su peso. Estas ramas no solo aportaron votos determinantes durante la campaña, sino que hoy exigen y obtienen cuotas de poder dentro del gobierno de turno.

El objetivo de ambos sectores es claro y ambicioso: permear las instituciones educativas. Desde el Ministerio de Educación hasta los consejos superiores universitarios, los líderes religiosos buscan incidir en las políticas formativas del país.

Esta intromisión del dogma en las estructuras del Estado enciende las alarmas sobre la laicidad de las instituciones. La búsqueda de control sobre la educación evidencia una estrategia para moldear el pensamiento social desde las esferas del poder público.

Para profundizar en esta trama de fe y poder, la investigación completa está disponible en La Silla Vacía, y el análisis se profundiza en el episodio de hoy del podcast Huevos Revueltos con Política, según se mencionó en La Silla Vacía.

Seis concejales instalaron una vigilia en las oficinas de la Alcaldía de La Paz para exigir el cumplimiento de la Resolución Constitucional 278/2026, que ordena regularizar la situación laboral de más de 60 funcionarios designados por el Concejo Municipal.

Los concejales denunciaron que los trabajadores llevan hasta tres meses sin percibir sus salarios. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo municipal, advirtieron que evalúan asumir acciones legales y medidas de presión, incluyendo una huelga de hambre.

Al respecto, el concejal Fernando Ruiz afirmó que los legisladores no piden un beneficio particular, sino el cumplimiento de los derechos laborales. “No estamos pidiendo un favor; estamos exigiendo lo que por ley les corresponde a cada uno de nuestros trabajadores”, manifestó.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Waldy Caballero, cuestionó la demora en el cumplimiento de la resolución y señaló que los funcionarios continúan trabajando sin recibir sus salarios. Advirtió que la vigilia continuará hasta obtener una respuesta.

Cabe recordar que en agosto, la Sala Constitucional Cuarta ordenó al Ejecutivo municipal regularizar, en un plazo de 48 horas, la situación de más de 60 trabajadores, además de gestionar su afiliación al seguro social y a la Gestora Pública.

El conflicto se origina en la disputa entre el alcalde César Dockweiler y la directiva del Concejo Municipal, cuya elección desconoce el Ejecutivo municipal. Con la suspensión temporal de las interpelaciones, el Legislativo busca concentrar su agenda inmediata en medidas de apoyo y atención para los afectados, según se mencionó en La Razón.

El príncipe George, de 13 años y segundo en la línea de sucesión al trono británico, comenzó su etapa en Eton College, uno de los colegios privados más exclusivos y costosos del mundo. Acompañado por sus padres, el príncipe William y Kate Middleton, el adolescente se incorporó como interno a esta histórica institución en Berkshire, cerca de Windsor, dejando atrás Lambrook, el colegio donde continúan sus hermanos, la princesa Charlotte, de 11 años, y el príncipe Louis, de 8.

La formación del futuro monarca tiene un precio que dista mucho de la realidad de las familias comunes: el curso 2026-27 en Eton tiene un costo de alrededor de 65.000 libras anuales, equivalentes a unos 76.000 euros. Una cifra que evidencia la profunda brecha entre la educación de élite reservada para las élites y el resto de la sociedad.

La institución, fundada en 1440 por el rey Enrique VI, ha sido el semillero del poder británico, formando a 20 primeros ministros como David Cameron y Boris Johnson, y a figuras de la cultura como George Orwell e Ian Fleming. Pese a este despliegue de privilegio y tradición monárquica, los príncipes de Gales enviaron una carta al regulador de prensa IPSO exigiendo respeto a la intimidad de su hijo menor de edad, petición que también aplica para fotografías o videos difundidos en redes sociales por particulares.

George sigue así los pasos de su padre, quien estudió en Eton entre 1995 y 2000 y afirmó haber disfrutado de poder desenvolverse en el colegio “como un estudiante más”, pese a su condición real. Su tío, el príncipe Harry, también pasó por las mismas aulas entre 1998 y 2003, consolidando la tradición familiar en un internado exclusivamente masculino.

Esta elección contrasta con la del actual rey Carlos III, quien estudió en Gordonstoun, en las Tierras Altas de Escocia, al igual que su padre, el príncipe Felipe. Carlos describió posteriormente su paso por aquel colegio como “una condena de prisión”, aunque reconoció que la experiencia le inculcó autodisciplina y sentido de la responsabilidad.

Como primogénito de los príncipes de Gales, George está destinado a convertirse en rey después de su padre. Por ello, esta nueva etapa educativa en Eton no es un simple cambio de escuela, sino un paso calculado y blindado por un sistema que perpetúa las élites, diseñado para moldear al futuro jefe de Estado desde la más temprana edad, según se mencionó en RPP Noticias.

El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó una serie de cambios y nuevos nombramientos en la conducción de la Administración de Parques Nacionales. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reestructuró la cúpula de este organismo descentralizado que opera bajo la Vicejefatura de Gabinete del Interior, con el objetivo declarado de “optimizar la gestión pública” mediante el recambio de autoridades.

La medida, que se efectiviza a poco más de un año de las Elecciones Nacionales de 2027, impacta directamente en la Vicepresidencia y las vocalías del directorio. Según la resolución, estas designaciones buscan reorganizar las altas autoridades encargadas de la gestión, preservación y administración de las áreas protegidas del país, garantizando la continuidad institucional “por un período de ley”.

En este marco, el Decreto 960/2026 designó a Lucas Horacio Portela Lacanette como nuevo Vicepresidente del Directorio, en reemplazo de Pablo Leandro Ciocchini, quien presentó su renuncia. Portela Lacanette asumirá la coordinación de las políticas y acciones del organismo a nivel federal, asumiendo la responsabilidad directiva del área.

Asimismo, la reestructuración incluyó la llegada de nuevos vocales. Mediante el Decreto 961/2026, se designó al abogado Fabio Augusto Francardi como Vocal, a propuesta del ministerio de Defensa, ocupando el lugar que dejó Facundo Partemi. Con esto, la cartera de Defensa gana influencia directa en la administración de los territorios protegidos.

Por su parte, el Decreto 962/2026 aceptó la renuncia de Juan Bautista Filguera Risso y nombró en su lugar a la abogada María del Pilar González, cuya designación fue elevada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. A su vez, el Decreto 963/2026 oficializó la designación de la abogada Carolina Villarreal Calo como Vocal, tras la renuncia de Sebastián Christian Martello.

Estos movimientos no son menores para el territorio patagónico. La entrada de representantes del ministerio de Defensa y de la Secretaría de Turismo al directorio de Parques Nacionales marca una hoja de ruta que podría inclinar la balanza hacia una mirada más enfocada en la seguridad y el desarrollo turístico, por sobre la conservación estricta de los ecosistemas.

Con este recambio, el Directorio renueva su equipo directivo para encarar la agenda de conservación y desarrollo sustentable. Sin embargo, la cercanía de las elecciones del 2027 y el discurso de la “optimización” del Estado plantean interrogantes sobre el verdadero alcance de estas políticas y su impacto en la soberanía y protección de los territorios compartidos de la Patagonia, según se mencionó en Diario Río Negro.