Categoría: Internacional

La información que produce el Estado no le pertenece al gobierno de turno, sino al ámbito público. Cuando el poder comienza a seleccionar políticamente quién puede acceder a él basado en la amistad o la empatía, el problema deja de ser periodístico y afecta severamente el circuito mediante el cual la democracia se vigila a sí misma a través de la prensa.

Este es uno de los mayores riesgos de iniciativas como la de establecer nuevos lineamientos con la prensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella (Adle). Entre otras medidas, se propone restringir el acceso a medios no afines al evitar dar ruedas de prensa o entrevistas a quienes no sean considerados “amigos”, salvo previa autorización de la Presidencia. También se plantea centralizar la vocería, pues los ministros solo podrán emitir declaraciones puntuales preparadas previamente y no se les permitirá responder preguntas ni contrapreguntas.

Para algunos resulta legítimo que un gobierno defina quiénes son sus voceros, establezca canales oficiales y coordine mensajes. Pero hay un punto de quiebre cuando el criterio para conceder el acceso deja de ser temático, institucional o logístico, y pasa a ser la afinidad política o editorial del medio. Aquí ya no se trata de gestión comunicativa, sino de una gestión política del acceso a la fuente pública.

Abrir la puerta a un trato preferencial por afinidad clasifica a los medios entre “amigos” y “enemigos”, replicando una táctica global para centralizar la narrativa oficial. Dos ejemplos ilustran esto: Donald Trump, que institucionalizó el ataque a la prensa crítica, popularizó el término “Fake News” para descalificar investigaciones incómodas y etiquetó a CNN y The New York Times como “enemigos” del pueblo, mientras daba acceso privilegiado a Fox News o Newsmax. Por su parte, la Hungría de Viktor Orbán, con 16 años en el poder, dividió el ecosistema mediático y usó la pauta publicitaria estatal de forma punitiva para financiar al conglomerado “amigo” Kesma y ahogar financieramente a los medios independientes.

En Colombia, la falta de una definición pública de qué es un medio “amigo” abre paso a la arbitrariedad. Reducir la comunicación con los medios no viola por sí sola la Ley 1712 de 2014, pues hay una diferencia entre el acceso a documentos y el acceso a entrevistas. El problema surge si esa restricción limita de forma arbitraria la información pública que llega al ciudadano. A esto se suma la vulnerabilidad del ecosistema mediático colombiano, mucho más sensible a las relaciones de poder político y económico, donde se ha normalizado la idea de que el acceso periodístico depende de la cercanía con el poder. Lo que cambia ahora es que esa práctica busca convertirse en política institucional explícita.

Un gobierno no puede confundir su estrategia de comunicación con el derecho ciudadano a vigilar la información pública, menos aún cuando el acceso depende de la empatía. El periodismo profesional tiene el deber moral de buscar la información pública, verificar la verdad y contrastar fuentes para convertirla en información con valor social. Solo basta recordar la sentencia de James Madison en 1822: “Un gobierno popular sin información popular, o sin los medios para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia; o quizá de ambas”, según se mencionó en La Silla Vacía.

La tarde del viernes, la tranquilidad de Viacha, Bolivia, se vio interrumpida por dos potentes explosiones en el regimiento Bolívar. El saldo preliminar de la tragedia es desolador: dos personas fallecidas, más de 80 heridos entre civiles y militares, y 14 individuos que aún permanecen desaparecidos.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Preliminarmente, las autoridades gubernamentales han señalado que se trató de dos estallidos distintos: uno de pólvora utilizada en material pirotécnico y otro que aún se encuentra en etapa de investigación.

En medio del dolor, el líder del partido Unidad, Samuel Doria Medina, alzó la voz para expresar su pesar. El político recordó que tiene un vínculo personal muy profundo con esa localidad, ya que trabajó allí durante 25 años y encaminó múltiples proyectos junto a sus habitantes.

A través de sus redes sociales, Doria Medina manifestó: “He sentido mucho la tragedia que acaba de suceder allí con la explosión de un depósito militar”. Asimismo, extendió su solidaridad a todos los viacheños, en especial a las familias de las víctimas fatales y de los heridos.

Con la convicción de quien conoce el espíritu de la comunidad, el líder opositor complementó: “Estoy seguro de que esta adversidad unirá a sus habitantes en el consuelo y el respaldo de las víctimas de este accidente”.

La explosión en el recinto militar no solo ha dejado una estela de víctimas, sino que ha conmovido a toda una región que ahora espera respuestas claras sobre las condiciones de seguridad del depósito y el paradero de los desaparecidos, según se mencionó en La Razón.

Pescadores y comerciantes del Terminal Pesquero de Chorrillos, en Perú, alzan la voz ante la crítica escasez de pejerrey y lorna, dos emblemas de la mesa popular que están desapareciendo de los mercados. El culpable es el implacable calentamiento del océano Pacífico a raíz de los efectos del Fenómeno El Niño, que está alterando el ecosistema y la economía local.

Habitantes naturales de aguas frías, el pejerrey y la lorna no resisten el incremento de la temperatura marina y se ven forzados a migrar hacia el sur en busca de refugio. Este éxodo deja un vacío en los puestos de venta que golpea directamente al bolsillo de los consumidores. “Ahorita no se encuentra el pejerrey, no se encuentra la lorna, el ayanque. Lo único que estamos agarrando es más que chauchilla, nomás. Chauchilla, un poquito de sierra”, relata un pescador afectado.

La crisis no se limita a la pescadería; los restaurantes cercanos al terminal, famosos por su tradicional pan con pejerrey a 7 soles, ven cómo sus ventas se desploman, sobre todo los fines de semana. La escasez ha transformado la dinámica económica de la zona, donde el sabor popular se vuelve un lujo inalcanzante para las familias.

La caída en las ventas es brutal y los números hablan por sí solos. Una comerciante reveló que ha pasado de vender 350 panes los sábados a apenas 100, evidenciando cómo el Fenómeno El Niño no solo altera el ecosistema, sino que destruye los medios de vida de la economía popular.

Mientras las especies tradicionales escasean, el mercado impone sus reglas con precios elevados que complican el acceso a la alimentación básica. El perico se cotiza a 40 soles el kilo, la corvina a 40 soles por entero y el bonito a 10 soles el kilo, cifras que profundizan la crisis en los hogares de menores recursos.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ya había alertado sobre la migración de estas especies hacia aguas más frías debido al impacto del fenómeno climático. Ahora, la atención de los pescadores y comerciantes está puesta en el ENFEN, que emitirá su próxima actualización el lunes 14 de septiembre para evaluar si esta tendencia extraordinaria de calentamiento se mantiene o logra atenuarse, según se mencionó en RPP Noticias.

Tras la reciente cadena nacional centrada en la cuestión Malvinas, el gobierno de Javier Milei reactivó su plan electoral con la mira puesta en las presidenciales de 2027. El objetivo de La Libertad Avanza es claro: consolidar una estructura que asegure la continuidad del mileísmo por cuatro años más, lo que implica ampliar alianzas políticas bajo condiciones específicas.

La mesa técnica y política del oficialismo busca establecer diálogo con sectores clave como los gobernadores provinciales, el PRO y facciones de la Unión Cívica Radical. Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apuntan a una apertura para sumar dirigentes afines, ya estableciendo instancias de diálogo individual con referentes radicales como Rodrigo De Loredo, Maximiliano Abad, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

Sin embargo, la articulación con la UCR presenta matices. El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, planteó que el partido busca una “propuesta alternativa a la grieta” y no descarta postular un candidato propio en 2027. El distanciamiento persiste porque el oficialismo continúa excluyendo de sus planes de negociación a la facción alineada con el senador Martín Lousteau.

Mientras se tejen estas alianzas, el oficialismo enfrenta sus propios problemas internos. La consolidación del espacio mediante acuerdos políticos tradicionales reflotó discusiones sobre la identidad del movimiento. Luego de los resultados electorales de 2025, el ala liderada por Karina Milei afianzó el armado territorial, mientras que el sector vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo y la militancia digital mantiene un rol secundario en la mesa formal de decisiones.

Dentro de las filas libertarias conviven dos miradas: por un lado, los sectores preocupados por una eventual pérdida de respaldo en votantes jóvenes, quienes cuestionan la adopción de prácticas de la política tradicional; por otro, fuentes del espacio sostienen que dicho segmento no se ha volcado hacia otras fuerzas y que la dinámica del gobierno exige una estructura formal.

En este contexto, la cadena nacional sobre las Malvinas responde a una estrategia del Ejecutivo para recuperar la iniciativa pública. El anuncio del paquete de reformas enviado al Congreso reafirma el reclamo de soberanía y sostiene que los habitantes del archipiélago no poseen derecho a la autodeterminación. Se trata de una medida pensada para unificar a la opinión pública y obligar a la oposición a fijar postura en materia de defensa territorial.

Así, la oficialización de estas medidas se combina con la búsqueda de acuerdos institucionales, en un escenario donde el oficialismo intenta equilibrar la ampliación de sus alianzas con la política tradicional sin descuidar su plataforma original, en una puja por el poder que recién comienza, según se mencionó en Diario Río Negro.

Desde el 2 de septiembre de 2026, Ilva Myriam Hoyos se convirtió en la nueva ministra de Educación de Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella la designó en el cargo tras la renuncia de Viviane Morales, quien apenas duró 28 días en el puesto por “una situación familiar inesperada”. La llegada de Hoyos al gabinete no es casualidad: es abogada de la Universidad del Rosario, doctora en Derecho de la Universidad de Navarra y tiene una larga trayectoria como activista antiaborto y contra la violencia de género, aunque su paso por la función pública ha estado marcado por el choque con los derechos constitucionales de las mujeres.

Antes de asumir en el Ministerio, Hoyos fue la mano derecha del procurador general Alejandro Ordóñez entre 2009 y 2016, como procuradora Delegada para la Familia, la Infancia y la Adolescencia. Desde ese cargo, impulsó una agenda conservadora que buscaba incidir directamente en temas de género y salud sexual y reproductiva, generando duras polémicas por intentar frenar derechos ya garantizados por la Constitución.

Una de las manchas más graves en su historial ocurrió en 2010, cuando envió un oficio a la Superintendencia de Salud pidiendo revocar una circular que facilitaba el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), además de advertir sobre el ingreso del misoprostol al Plan Obligatorio de Salud. La Corte Constitucional falló en su contra, concluyendo que ella y Ordóñez habían mentido públicamente sobre el aborto y la píldora del día después, y les ordenó rectificar.

Lejos de acatar el fallo, Hoyos demandó penalmente a la activista Mónica Roa —quien impulsó el derecho al aborto junto a otras 1.200 mujeres— por injuria y calumnia, denuncia que fue desestimada tras el fallo de la Corte. Ese mismo año 2012, utilizó su cargo público para participar como “auditora” laica en el Sínodo de Obispos del Vaticano dedicado a la familia, representando a un Estado que se supone laico.

Su activismo conservador también la llevó a oponerse al matrimonio igualitario. En octubre de 2013, durante el debate del proyecto en el Congreso —que finalmente se hundió—, fue fotografiada en una curul vacía chateando en su BlackBerry, donde reconocía estar “dedicada al lobby” en contra de la iniciativa. Además, en 2012 demandó ante la Comisión de Acusaciones a los magistrados de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas y Humberto Sierra Porto por no denunciar a una mujer que se practicó un aborto; el propio Ordóñez la desautorizó públicamente.

A pesar de su influencia, Hoyos ha fracasado repetidamente en su intento de llegar a la rama judicial. En 2007 renunció a la terna para la Corte Constitucional bajo Uribe por considerarla “una terna de uno”. En 2013 fue eliminada por el Consejo de Estado para reemplazar a Sierra Porto, y en 2023, aunque sonó para la terna del presidente Gustavo Petro, finalmente no fue incluida.

Con este nombramiento, el gobierno de De la Espriella apuesta por un giro a la derecha en la cartera educativa, poniendo al frente a una figura que ha dedicado su carrera a obstaculizar los derechos de las mujeres y las diversidades, lo que genera profunda preocupación en un momento donde la educación pública laica y con enfoque de derechos es más necesaria que nunca, según se mencionó en La Silla Vacía.

La líder opositora María Corina Machado se pronunció este jueves sobre el reciente anuncio de un acuerdo petrolero a gran escala entre el gobierno de los Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez. Machado manifestó comprender el impacto emocional del anuncio en la ciudadanía: «Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro en nuestro nombre sin contar con nosotros».

A su juicio, la noticia ha generado una profunda preocupación por las implicaciones para el futuro del país. En su mensaje, la dirigenta sostuvo que todavía se desconoce la magnitud real del convenio y cuestionó la falta de transparencia del proceso. «¿Quién firma? ¿Qué es lo que realmente se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos?», inquirió.

Aunque ratificó la importancia de la alianza bilateral al señalar que «los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico», enfatizó de manera categórica que «el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano».

Asimismo, Machado advirtió que la recuperación del sector energético no puede darse de forma aislada a la crisis institucional del país. «Un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada; necesitamos que el país entero funcione», afirmó. Respecto a la atracción de capitales extranjeros, remarcó que se requiere una relación “ganar-ganar” y subrayó que todo requiere trabajar bajo principios de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia, algo solo posible con la legitimidad de un gobierno serio y democrático.

Finalmente, la opositora reiteró los principios de su propuesta energética presentada en Houston, que contempla un marco legal transparente aprobado por una Asamblea Nacional legítima, una agencia independiente de hidrocarburos, licitaciones abiertas, un régimen fiscal competitivo y arbitraje internacional.

Para concluir, insistió en que el desarrollo económico carece de sentido si no impacta en la calidad de vida ciudadana y sentenció que los venezolanos saben que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular, ya que esa es la única garantía de éxito y estabilidad para cualquier inversión a gran escala.

Con información de: Efecto Cocuyo (Venezuela).

El dólar oficial en Bolivia volvió a marcar historia, pero por las razones equivocadas. Este viernes, la cotización alcanzó los Bs 12,45, el valor más alto registrado desde que entró en vigencia el nuevo régimen cambiario flexible en el país vecino. Para quienes viven el día a día, los números no son abstractos: cada boliviano más que sube la divisa es un golpe directo al poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

El salto respecto a la jornada anterior fue de Bs 0,13 —el dólar cerró el jueves en Bs 12,32—, una variación que, aunque las autoridades intentan presentar como parte de la “normalidad” del sistema, acumula una tendencia alcista que preocupa a economistas y ciudadanos por igual. Desde que el Banco Central de Bolivia (BCB) implementó el régimen flexible el pasado 29 de junio, el tipo de cambio no ha hecho más que trepar.

David Espinoza Torrico, presidente del BCB, salió al paso de las inquietudes señalando que dentro del modelo de tipo de cambio flexible es “normal” que se registren alzas y bajas. La autoridad monetaria insiste en que el comportamiento del Tipo de Cambio Oficial se mantiene dentro de los parámetros del régimen vigente. Sin embargo, para amplios sectores de la población boliviana, la explicación técnica no alcanza a cubrir el vacío que deja el encarecimiento del dinero.

El mecanismo es el siguiente: desde el 29 de junio, el BCB actualiza cada día hábil el precio del dólar aplicando un método flexible basado en el promedio ponderado de las operaciones de compra realizadas por los Bancos Múltiples, los Bancos PymE y el Banco Público con sus clientes. Un esquema que, en la práctica, ha significado una depreciación sostenida de la moneda nacional frente al dólar.

El punto de partida de este régimen fue el 29 de junio, cuando el cambio más bajo se fijó en Bs 9,73. En menos de tres meses, la cotización se ha incrementado en casi tres bolivianos, un salto del 28% que evidencia la magnitud del fenómeno. Lo que en los escritorios de la banca central se lee como “evolución controlada”, en las calles se traduce en precios que no dejan de subir.

Quizás el sector más golpeado por esta dinámica es el turismo nacional, que según fuentes del propio medio boliviano se encuentra seriamente afectado. Los circuitos turísticos internos, históricamente una alternativa accesible para las familias de clase media y popular, han visto mermada su demanda ante el encarecimiento generalizado. Las proyecciones no son alentadoras: se estima que pasarán algunos meses antes de que el sector logre recuperar al menos parte de sus circuitos tradicionales.

La situación boliviana no es un hecho aislado en la región. Las presiones cambiarias, la dependencia del dóbil y las políticas de ajuste recaen siempre sobre los mismos hombros: los de abajo. Mientras las autoridades celebran la “flexibilidad” del sistema, el pueblo trabajador paga la cuenta. La historia, una vez más, se repite con distintas banderas pero con el mismo resultado.

Con información de: La Razón (Bolivia).

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que Marco Rubio, el máximo representante de la diplomacia de ese país, visitará Perú, Ecuador y Colombia entre el 8 y el 10 de septiembre. Bajo el discurso oficial de afianzar alianzas estratégicas, la gira busca promover vínculos comerciales más sólidos y reforzar las estrategias compartidas contra el narcoterrorismo, enmarcada en el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático.

En su paso por Lima, Rubio sostendrá un encuentro con la mandataria Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio. Esta reunión no es menor: representa un espaldarazo de Washington a un gobierno recién instalado, asegurando así un aliado clave en la región para sus intereses geopolíticos y económicos.

Por su parte, en Ecuador, el secretario de Estado mantendrá un diálogo con el presidente Daniel Noboa. Cabe destacar que esta será la segunda visita del alto funcionario estadounidense a territorio ecuatoriano en menos de un año. Ambas naciones han reportado la ejecución de operativos conjuntos orientados a desarticular redes ligadas al tráfico de drogas, lo que evidencia una creciente injerencia en la seguridad interna de los países del sur.

La escala en Colombia contempla una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, que se desarrollaría en la ciudad de Barranquilla. Durante este encuentro, Washington coordinará su apoyo para la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en el occidente del país. La asistencia humanitaria aparece, una vez más, como la puerta de entrada para el posicionamiento estratégico del norte.

Así, la gira de Marco Rubio deja al descubierto la estrategia de la Casa Blanca para mantener su influencia en Sudamérica. La lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento comercial son las banderas públicas, pero detrás se teje una red de control territorial y político que limita la soberanía de los pueblos.

Mientras los gobiernos de la región abren las puertas a estas colaboraciones, queda la pregunta sobre el verdadero costo de esta alianza para las naciones visitadas. La historia nos advierte que la injerencia estadounidense rara vez es gratuita y suele dejar una profunda huella en la autonomía de los países del sur global.

Con información de: RPP Noticias (Perú).

El presidente Javier Milei volvió a poner el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas, y aseguró durante la cadena nacional de este jueves que las empresas a cargo tienen previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario afirmó: “Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en Malvinas en los próximos meses”.

La advertencia se produjo en el marco del mensaje presidencial por la cuestión Malvinas, en el que Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y cuestionó el avance de actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido. Sea Lion está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino.

Según la información publicada previamente por NA, el yacimiento tendría recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles de petróleo, mientras que el proyecto contempla una producción significativa desde aguas offshore. El emprendimiento es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

La Argentina sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía debe contar con autorización del Estado argentino y cuestionó los avances unilaterales vinculados al proyecto. La Cancillería ya había advertido que las empresas y personas que participen directa o indirectamente de estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales.

Además, recordó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas en años anteriores por operar sin autorización argentina. Con su nueva declaración, Milei incorporó el inicio de la explotación petrolera de Sea Lion como uno de los puntos centrales de la posición argentina frente al desarrollo de recursos naturales en las islas y anticipó que el Gobierno seguirá actuando para defender el reclamo de soberanía.

Con información de: TiempoSur (Santa Cruz, Argentina).