Categoría: Internacional

El gobierno boliviano publicó el Decreto Supremo 5716 este 18 de septiembre, marcando un punto de inflexión en la política de hidrocarburos al eliminar la subvención total al precio del diésel. La medida fija el precio base del combustible en Bs 17,95 por litro, un monto que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Bajo esta nueva normativa, el valor del diésel oil dejará de ser un número estático para convertirse en una variable dependiente de los vaivenes globales. El precio se calculará tomando como referencia el mercado internacional, específicamente los indicadores de Argus Media, sumando los costos logísticos, de transporte, almacenamiento y los tributos correspondientes, todo convertido al tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia (BCB).

El mecanismo de ajuste diario establece un colchón para evitar cambios bruscos constantes. Según lo informado por Opinión, si la variación porcentual del precio referencial se mantiene en un rango de entre -5% y +5% respecto al promedio del diésel ULSD Colonial 62 piep fob cycle I, Houston close, pipeline, el precio al consumidor permanecerá inalterable.

Sin embargo, la calma tiene un límite. Cuando la variación porcentual del precio referencial supere el +5% al alza respecto al promedio mencionado, el nuevo precio vigente será directamente el que publique Argus Media, trasladando de inmediato el costo del mercado internacional a los bolsillos de la ciudadanía.

De igual forma, el ajuste a la baja se activará cuando la variación sea menor al -5%. En este escenario, el precio también se actualizará según lo publicado por Argus Media, lo que teóricamente podría significar un alivio, aunque históricamente las bajas suelen ser menos frecuentes o más lentas en llegar al consumidor final.

La norma no solo afecta al diésel, sino que también trae cambios en la política automotriz y de otros combustibles. Se abrogan decretos previos y se amplía hasta el 30 de abril de 2030 el incentivo tributario para la importación de vehículos Flex Fuel o a alcohol hidratado. Además, se establece un 0% de arancel hasta el 31 de diciembre de 2027 para ciertas importaciones de gasolinas.

Con esta reestructuración, el gobierno busca sincerar los precios, pero carga a los sectores populares y productivos con la incertidumbre de un mercado internacional volátil, donde cada fluctuación del petróleo podría traducirse en un nuevo golpe al costo de vida en Bolivia.

Fernando Cerimedo, exasesor del presidente argentino Javier Milei, permanece detenido en Bolivia acusado de ser el autor intelectual del atentado contra su pareja, la abogada y activista boliviana Nadia Beller. El exfuncionario fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y este viernes se le dictó prisión preventiva por el plazo máximo de 180 días, siendo trasladado a la cárcel de Palmasola.

La fiscalía boliviana acusa a Cerimedo de haber dirigido una emboscada para asesinar a Beller, quien recibió tres disparos en las inmediaciones del hotel Swissotel. Según la investigación, el ataque fue ejecutado por dos sicarios que permanecen prófugos y cuyas imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad del lugar. El Ministerio Público lo imputa por “feminicidio en grado de tentativa”.

Nuevos elementos complican la situación del exasesor presidencial. El Ministerio Público de Bolivia difundió chats en los que Cerimedo aparece monitoreando en vivo el operativo de los sicarios. En los mensajes, intercambiados con una persona cuyas iniciales son E.C.G. —presuntamente un agente vinculado a inteligencia—, se menciona que “el equipo estará mañana aquí”, en alusión a quienes ejecutarían los disparos.

La víctima, quien recibió el alta médica el sábado pasado, prepara un pedido formal para ampliar su declaración ante la fiscalía. Beller reveló a La Nación que cuenta con grabaciones en las que Cerimedo hace “comentarios” sobre hechos de “corrupción” en Argentina y menciona a Karina Milei. Además, señaló que Cerimedo le habría confesado que él y su mujer, Natalia Basil —quien trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)—, filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo hablaba de sobornos en ese organismo.

En el marco de la investigación, fueron detenidas dos personas presuntamente cómplices: un hombre que habría vendido el arma al autor material del atentado y la concubina de este. Ambos fueron imputados por “asesinato en complicidad, en grado de tentativa”. Paralelamente, un ciudadano colombiano que había sido arrestado fue liberado tras declarar y brindar información relevante para la causa.

Entre las pruebas clave se encuentra una nota de texto encontrada en el celular de Cerimedo, fechada el 13 de agosto, que dice: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?”. Según lo informado por La Nación, el juez de la causa determinará este jueves si hace lugar al pedido de la fiscalía contra Cerimedo.

Los comunarios de Villa Ingenio, en la ciudad boliviana de El Alto, levantaron el bloqueo que mantenían en el ingreso al relleno sanitario de la zona, luego de alcanzar un acuerdo con las autoridades municipales. Según se mencionó en La Razón, la protesta había paralizado el ingreso de al menos 65 camiones, provocando una crítica acumulación de basura en las calles de la urbe.

El alcalde Eliser Roca confirmó que se logró un documento de entendimiento entre ambas partes. “Se ha suscrito un documento de entendimiento ambas partes, los hermanos del distrito 13 y el municipio. Hemos conformado comisiones. Se levanta el bloqueo del relleno sanitario. Hoy mismo tienen que empezar a trabajar por el recojo”, declaró la autoridad municipal.

La medida de fuerza había sido instalada el miércoles por los pobladores, quienes exigían un incremento en el presupuesto destinado a obras para el distrito. Además, denunciaron que el botadero estaría provocando un grave daño ambiental en la zona, afectando directamente la calidad de vida de las familias aledañas que conviven con los desechos de toda la ciudad.

Como parte del pacto, se acordó instalar mesas de trabajo a partir del 21 de septiembre. Estas instancias serán abordadas por las comisiones conformadas y tendrán como foco los principales problemas ambientales y sociales que aquejan a la población local, históricamente postergada.

Entre los temas urgentes a tratar figuran la contaminación generada por el vertedero, el manejo de los lixiviados y el futuro cierre del relleno sanitario, demandas de un territorio que carga con la basura ajena sin recibir las obras prometidas. El alcalde Roca indicó que “de aquí a un mes vamos a tener otra reunión donde vamos a ver qué avances hemos tenido”, dejando en manos de las comisiones mixtas la resolución de fondo de una problemática estructural.

El conflicto vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre el derecho a un ambiente sano y la gestión de los residuos urbanos en El Alto, donde la falta de espacios adecuados y la presión vecinal siguen siendo el telón de fondo de una crisis sanitaria que parece no tener fin.

Fernando Cerimedo, el consultor político argentino que estuvo a cargo de la campaña digital presidencial de Javier Milei en 2023, sumó un vínculo menos conocido dentro de su entramado de medios en la provincia de Buenos Aires. En julio de 2025 quedó constituida Bona Deportes SRL, la empresa que creó junto a Mariano Giacoletto, con una participación del 50% cada uno, según consta en el Boletín Oficial.

Desde su creación, el portal de noticias Bona Deportes desarrolló una cobertura frecuente de la gestión de Cristian Cardozo, subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, y de su jefe en la gestión, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “El Cuervo” Larroque. Ambos funcionarios pertenecen al gobierno del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El sitio publica de manera reiterada entrevistas, notas sobre los Juegos Bonaerenses y actividades compartidas por ambos funcionarios.

Cardozo llegó a la Subsecretaría en abril de 2025, pocos meses antes de la constitución de Bona Deportes SRL, en reemplazo de Leandro Lurati, un dirigente de La Cámpora cuya salida se produjo en medio de la fuerte interna entre el sector de Kicillof y el camporismo. El nuevo subsecretario fue intendente del Partido de La Costa entre 2019 y 2023 y, antes de asumir en Deportes, estuvo al frente del Estadio Ciudad de La Plata.

Fuentes cercanas a Giacoletto aseguraron que Cerimedo participó en el portal desde su lanzamiento hasta noviembre del año pasado, “cuando se rompió el acuerdo porque Fernando no conseguía ninguna publicidad, que era para lo que estaba en la sociedad”, según relataron a Clarín. Pese a ello, la sociedad sigue registrada a nombre de ambos empresarios. “Hablaron a principios de año para desarmar la sociedad, Cerimedo quedó en ceder su parte, pero todavía eso no se concretó”, destacaron cerca de Giacoletto.

Cuando Clarín consultó inicialmente, una fuente cercana a Giacoletto negó cualquier vínculo con Cerimedo. Sin embargo, tras mostrársele la publicación del Boletín Oficial que registraba la sociedad, la versión cambió: “Se hizo esa sociedad para darle formalidad y Fernando se encargue de manejar la publicidad”. La fuente sostuvo además que Cerimedo nunca tuvo participación en el funcionamiento cotidiano del portal.

Desde la gobernación bonaerense negaron que exista “pauta” para Bona Deportes o “ningún acuerdo comercial ni de difusión”. Fuentes oficiales añadieron que “alguna vez preguntaron cómo debían hacer para presentar una propuesta comercial, pero finalmente nunca hicieron el trámite ante el registro de Medios”. Casi la mitad de las notas del portal son con funcionarios municipales y provinciales del peronismo ligados al área de deportes.

Cerimedo, exdueño de La Derecha Diario, se encuentra actualmente detenido en Bolivia bajo prisión preventiva por su presunta participación en el ataque contra su pareja Nadia Beller y por una causa de enriquecimiento ilícito. Su entramado empresario también incluye vínculos con campañas presidenciales de Jair Bolsonaro en Brasil, Nasry Asfura en Honduras y Rodrigo Paz en Bolivia, entre otros dirigentes de la nueva derecha en la región, según informó Clarín.

La madrugada de este jueves, el Gobierno de Rodrigo Paz consiguió el respaldo mayoritario de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ampliar por otros 90 días el estado de excepción. La medida obtuvo 100 votos de los 158 legisladores que integran el Legislativo, tras una sesión prolongada que se inició poco después de las 16:00 del miércoles 16 de septiembre y terminó esta madrugada pasadas la 01:00, cuando el presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, dio por cerrada la sesión.

El oficialismo había logrado 21 votos más de los necesarios para la aprobación del decreto 5707, aprobado por el Ejecutivo el lunes 14 de septiembre. Con este resultado, la bancada de APB-Súmate expresó su respaldo a la ampliación de la medida, mientras que la jefa de bancada del PDC, Marlene Miranda, también defendió su aprobación y pidió que el debate se desarrolle con respeto.

Los ministros de Gobierno, Marco Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, argumentaron que es necesario mantener las restricciones que implica un estado de excepción para evitar que se reactiven los focos de desestabilización del sistema democrático. Durante la sesión, los legisladores insistieron en conocer si la ampliación servirá para neutralizar de raíz a estos movimientos, a lo que los ministros respondieron de manera afirmativa, aunque aclarando que ello no implicará el innecesario uso de la fuerza.

Explicaron que, a pesar de la vigencia del estado de excepción, se mantienen focos diferenciados de conflictos en La Paz, El Alto, San José, San Julián, Potosí, Tarija, Oruro y Chuquisaca, los cuales permanecen bajo seguimiento. Advirtieron que se tienen amenazas identificadas y que se detectó una eventual rearticulación de bloqueos, paros, marchas e irrupción de carreteras.

Estas movilizaciones, señalaron, pueden impedir la llegada de medicamentos, alimentos, combustibles, entre otros insumos, a las ciudades. Argumentaron que la Defensoría del Pueblo reportó 20 conflictos ligados con temas económicos, además que se registraron bloqueos en el puente de San Pablo, San Julián, Los Troncos y Cuatro Cañadas.

Dijeron que, si bien la modalidad de bloqueo disminuyó considerablemente, no desapareció, y que el deber del Gobierno es evitar que se vuelva a llegar a extremos. De acuerdo con lo informado por Opinión, la ampliación busca blindar el orden democrático ante el riesgo de nuevas paralizaciones.

De acuerdo con lo informado por Infobae, la Fiscalía de Bolivia amplió este martes la investigación contra el ex asesor presidencial Fernando Cerimedo por dos nuevos delitos: usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas, en una causa que inicialmente se abrió en La Paz por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció que el consultor argentino deberá ampliar su declaración como investigado.

La situación carcelaria de Cerimedo es compleja: un juez ordenó que cumpla 180 días de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar en el altiplano boliviano. Para ello, la madrugada de este martes fue trasladado en un vuelo comercial desde la prisión de Palmasola, en Santa Cruz, donde se encontraba detenido preventivamente desde el 21 de agosto por tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

Pero los problemas judiciales no terminan ahí. El consultor político de 45 años enfrenta, además de esas causas, otras dos por violencia doméstica y por encubrimiento del narcotráfico, derivadas de la supuesta autorización de vuelos irregulares. Todo un prontuario que ha generado un sacudón político en Bolivia.

Y es que el rol de Cerimedo en el gobierno de Rodrigo Paz está bajo la lupa. Si bien la versión inicial del Gobierno señalaba que su trabajo fue marginal y limitado al ámbito de la comunicación, una serie de fotografías que lo muestran en las altas esferas del poder sugiere lo contrario. De hecho, el propio presidente Paz admitió que su asesor ayudó a impulsar la política exterior bajo la consigna de “poner a Bolivia en el mundo”.

Sin embargo, lo que más ha encendido la polémica es la difusión de un audio por parte del vicepresidente Edmand Lara. En la grabación, una voz atribuida a Cerimedo plantea detener a manifestantes y cortar los servicios básicos en la localidad de San Julián, al este de Santa Cruz, donde se desarrollaban protestas sociales. “Hay que detener a la mayor cantidad de gente posible y les cortaremos la luz y el internet a todo el pueblo”, se escucha decir al consultor.

Ante esto, Lara cuestionó duramente el supuesto papel de Cerimedo: “¿Cómo es posible que un actor externo, que un ciudadano extranjero, les diera órdenes a los ministros de qué es lo que tenían que hacer, incluso para atentar contra los derechos fundamentales de los bolivianos?”. El vicepresidente anunció que presentará el audio ante el Ministerio Público para que sea sometido a un peritaje que determine su autenticidad.

Desde su detención, Cerimedo ha negado todas las acusaciones y ha defendido su inocencia, tanto en la investigación por enriquecimiento ilícito como en el caso de tentativa de feminicidio. El consultor, que se identificaba como “asesor principal” de Rodrigo Paz en sus tarjetas de presentación, ha justificado el origen de su dinero y ha negado haber ejercido poder dentro del Gobierno, aunque admitió haber colaborado con el primer mandatario. Durante su traslado, pidió disculpas a su esposa y al presidente, afirmando: “Que se haga justicia y se sepa la verdad”.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia, Gonzalo Morales, advirtió que la subvención a los combustibles es insostenible y pidió al Gobierno enfocarse en garantizar condiciones para trabajar y producir, según se mencionó en La Razón. El líder industrial señaló que Bolivia atraviesa un momento complejo con una economía en recesión, por lo que YPFB ya no puede seguir subsidiando los hidrocarburos.

Morales remarcó que el diésel es un insumo básico para que la economía del país funcione, para que el agro produzca alimentos y las industrias puedan seguir trabajando. En ese contexto, urgió al Gobierno a garantizar los combustibles para no romper las cadenas logísticas y de producción, las cuales terminarán afectando la canasta familiar.

“Lo único que nosotros pedimos es seguir teniendo las condiciones para seguir trabajando. Tener nuevas medidas que apoyen la producción y por supuesto seguir exportando para traer las divisas que tanto requiere nuestro país”, complementó el titular de los industriales.

Aunque reconoció que el subsidio a los combustibles representa un peso fuerte para la economía, remarcó que el país no puede seguir así y tampoco sin carburantes suficientes para abastecer la demanda. “Lastimosamente a nadie le gusta que le quiten la subvención, pero la economía de nuestro país ya no da más para seguir subvencionando y lo peor que podemos tener en este momento es no contar con el combustible”, sostuvo.

El presidente de la CNI indicó que, si bien la medida traerá efectos negativos, es inevitable y debe venir acompañada de acciones para mitigar su impacto. Mencionó, por ejemplo, mejorar la transitabilidad en carreteras y el arancel cero para maquinaria productiva dispuesto por el Gobierno.

Respecto al abastecimiento, Morales dijo que en Santa Cruz ya hay empresas privadas que venden gasolina y diésel a precios internacionales. Aún no tienen una confirmación oficial del Gobierno sobre la eliminación del subsidio, pero reiteró su disposición para dialogar sobre esta “medida tan complicada” y explicar cuáles pueden ser sus efectos.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles la creación de una comisión investigadora por el llamado caso Cerimedo, una trama que involucra bots, desinformación y posibles nexos entre operadores digitales y el círculo del presidente José Antonio Kast. La iniciativa, impulsada por la oposición, obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

La comisión tendrá como objetivo reunir antecedentes sobre eventuales actuaciones del gobierno, ministerios y organismos públicos frente al uso de cuentas automatizadas, redes coordinadas, trolls, manipulación algorítmica e inteligencia artificial en elecciones y plebiscitos celebrados en Chile desde 2020.

El caso cobró fuerza tras la detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo, acusado de un presunto intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller. Cerimedo es una figura conocida en la derecha regional: participó de la estrategia de comunicación que llevó a Javier Milei a la presidencia argentina en 2023 y, a fines de 2024, la Justicia brasileña lo incluyó en una investigación vinculada al intento de golpe de Estado de enero de 2023, donde fue señalado como difusor de noticias falsas sobre las elecciones ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.

La polémica también alcanzó a Perú. La presidenta Keiko Fujimori negó este miércoles cualquier relación “personal” o “laboral” con Cerimedo. Sin embargo, el argentino viajó a Lima el 27 de julio y permaneció allí hasta el día siguiente, cuando Fujimori asumió la presidencia. Beller aseguró que Cerimedo se reunió ese día con una mujer del equipo de campaña de Fujimori y que ese vínculo había comenzado el año pasado.

La detención reactivó una controversia que ya había golpeado a la derecha chilena durante la campaña presidencial de 2025. La excandidata Evelyn Matthei denunció entonces una campaña sistemática de ataques digitales que, según afirmó, buscó instalar primero que era responsable de una reforma previsional perjudicial para los trabajadores, luego que era de izquierda o comunista y, finalmente, que padecía Alzheimer. Matthei atribuyó esos ataques a cuentas favorables a Kast.

La dirigente agregó un elemento que alimentó las sospechas: casi 48 horas después de la detención de Cerimedo, dos de las principales cuentas de “troleo” que ella vinculó con sectores republicanos fueron desactivadas. Matthei mencionó a “Neuroc” y “Drestrump” y consideró “muy raro” que desaparecieran justo después del arresto. También recordó una fotografía de Cerimedo junto a integrantes del equipo de Kast.

Según informó el portal chileno El Three, tres personas relacionadas con Cerimedo desde 2020 y con campañas por el rechazo a la reforma de la Constitución de 2022 y la presidencial de 2025 pasaron luego a ocupar cargos en la administración de Kast; entre ellos, Felipe Costabal, jefe de la Secretaría de Comunicaciones. En paralelo, la oposición abrió varios frentes: el diputado socialista Juan Santana presentó una denuncia ante la Fiscalía que incorporó la detención de Cerimedo, la desactivación de cuentas entre el 18 y el 20 de agosto y el ingreso de antiguos colaboradores del consultor al gobierno. El diputado Gonzalo Winter ofició al Ejecutivo para conocer si la Secretaría de Comunicaciones coordinó, financió o entregó “minutas” a cuentas anónimas que amplificaban contenidos oficiales.

Kast, por su parte, niega cualquier relación profesional con Cerimedo. “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”, afirmó el lunes. Sí admitió conocerlo por encuentros con líderes políticos de la región y dijo que, en 2020, el argentino “habría” asesorado a personas vinculadas con la campaña del Rechazo, aunque remarcó que aquella no fue una campaña del Partido Republicano. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien fue jefe de campaña del Partido Republicano y coordinador de Kast en la segunda vuelta, aseguró que no conoce a Cerimedo y negó haber trabajado con él. La oposición considera insuficientes esas explicaciones y anunció pedidos de información al Servicio Electoral sobre los gastos de campaña de Kast, de acuerdo con lo informado por La Nación.

La noche del lunes, dos jóvenes fueron asesinados en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, en un ataque armado que quedó registrado parcialmente durante una transmisión en vivo por redes sociales. El hecho ocurrió cerca de las 20:30, en el barrio San Martín.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que dos hombres armados ingresan al inmueble, reducen a las víctimas y las obligan a permanecer en el piso con las manos sobre la cabeza. La brutalidad del acto fue transmitida en directo, exponiendo la vulnerabilidad de los habitantes frente a la violencia.

Durante la ejecución del ataque, los agresores realizaron preguntas en portugués, por lo que se presume que podrían ser ciudadanos brasileños. Uno de los sujetos tomó el teléfono celular utilizado para transmitir el ataque; antes de interrumpir la transmisión, las imágenes permitieron observar parte de su rostro, aunque llevaba cubierta una zona con una pañoleta.

De acuerdo con versiones extraoficiales de vecinos, los atacantes llegaron hasta el domicilio a bordo de dos motocicletas de colores oscuros. Después de ingresar al inmueble se escucharon disparos y posteriormente los hombres huyeron del lugar, demostrando la facilidad con la que operan.

Este doble asesinato se suma a los recientes hechos de violencia registrados en Santa Cruz y en municipios próximos a la frontera con Brasil, una zona que se ha convertido en un foco de inseguridad.

Ante esta escalada, para este sábado está prevista una reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, con la participación de jefes policiales, para analizar los hechos violentos registrados en la región. De acuerdo con lo informado por Opinión, la situación en la frontera cruceña refleja una grave crisis de seguridad que deja a los jóvenes a merced de la violencia.

El consultor político argentino Fernando Cerimedo fue trasladado este martes desde la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde deberá cumplir seis meses de detención preventiva en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, según informó el diario La Nación.

El traslado se concretó durante la madrugada bajo un fuerte operativo policial. Cerimedo salió de Palmasola rumbo al aeropuerto internacional de Viru Viru y abordó un vuelo comercial de Boliviana de Aviación con destino a El Alto. Desde allí fue llevado, escoltado por varias patrullas, hasta la cárcel ubicada en el altiplano paceño, en el municipio de Viacha. Su defensa había intentado evitar este destino al advertir que su vida podía “correr peligro” allí.

En un breve contacto con el diario boliviano El Deber, Cerimedo dejó un llamativo mensaje dirigido al presidente Rodrigo Paz, de quien fue asesor durante su campaña presidencial. “Que me perdone por no haberle hizo caso”, afirmó, sin precisar a qué recomendación o advertencia del mandatario hacía referencia. La frase cobra especial relevancia después de semanas de versiones cruzadas sobre su relación con el mandatario, quien buscó tomar distancia y remarcó que no existía un vínculo laboral formal entre ambos.

El traslado a Chonchocoro responde a una resolución adoptada el 29 de agosto por el juez Douglas Borda, después de una audiencia virtual que se prolongó durante seis horas. Se trata de la segunda medida cautelar de ese tipo que pesa sobre el argentino, quien ya cumplía prisión preventiva por el ataque contra su expareja.

El caso que terminó con Cerimedo en Chonchocoro se desprendió de otra investigación iniciada semanas antes, después del ataque armado que sufrió Nadia Beller, expareja del consultor, el 17 de agosto en un hotel de Santa Cruz. Beller señaló a Cerimedo como presunto responsable del ataque y también lo acusó de estar detrás de supuestos “negociados” y otras irregularidades, entre ellas operaciones vinculadas al combustible y al oro.

En el marco de la pesquisa por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía realizó allanamientos en distintos inmuebles vinculados a Cerimedo y encontró más de medio millón de bolivianos (unos 39.700 dólares al cambio oficial), además de dólares, euros y documentación que ahora forma parte de la investigación. Uno de los procedimientos se llevó adelante en una oficina de la zona sur de La Paz cuyo alquiler ascendía a 25.000 bolivianos mensuales.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, aseguró que los equipos tecnológicos secuestrados podían conformar una suerte de “mini granja de bots”, aparentemente destinada a generar actividad automatizada en plataformas digitales. Cerimedo, por su parte, insistió en su inocencia y sostuvo que trabaja para clientes de distintos países, asegurando que había generado ingresos por alrededor de un millón de dólares por año.