El caso del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, abre un problema que va más allá de su situación penal.
Fue designado directamente por el Presidente José Antonio Kast y no proviene de la carrera diplomática. Paradójicamente, el propio Kast cuestionó durante años que las embajadas fueran utilizadas para instalar figuras políticas o entregar “premios de consuelo”, defendiendo la preferencia por diplomáticos de carrera.
Hoy, la fiscal regional Claudia Perivancich confirmó que Zaliasnik tiene calidad de imputado en la investigación por eventuales irregularidades en nombramientos judiciales. Jurídicamente hay que ser rigurosos: no está formalizado y mantiene plenamente la presunción de inocencia.
Su defensa sostiene, además, que esa condición deriva de la denuncia que dio origen a la investigación.
Pero la responsabilidad política y diplomática opera en un plano distinto. Israel constituye hoy uno de los destinos más sensibles de la política exterior chilena.
Por eso, mientras se aclaran los antecedentes, la Cancillería debiera evaluar al menos llamar al embajador a consultas, no como sanción anticipada, sino como una señal institucional destinada a resguardar la representación y la imagen internacional de Chile.
La presunción de inocencia protege al imputado; la responsabilidad política obliga al Gobierno a explicar y actuar con coherencia.









