Autor: Víctor Reyes

La controversia sobre la incorporación de Chile al Escudo de las Américas requiere separar documentos y fechas. Los antecedentes disponibles muestran que sí existe una declaración de seguridad firmada por una autoridad chilena en marzo, mientras que respecto de la adhesión anunciada el 22 de septiembre el Gobierno sostiene que no existió una firma material de un tratado, sino la adhesión de Chile a una declaración política y a un mecanismo de coordinación. Esa diferencia es hoy el centro de la discusión política y jurídica.
7 de marzo: nace públicamente el Escudo de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Miami la cumbre del Shield of the Americas. Los registros oficiales estadounidenses confirman la presencia del entonces presidente electo José Antonio Kast y muestran una ceremonia de firma de la denominada Doral Charter of Liberty. El Gobierno estadounidense presentó la iniciativa como una estructura hemisférica vinculada a seguridad, lucha contra los carteles y cooperación regional.
12 de marzo: aparece una firma chilena, pero en otro documento. Un día después de asumir como ministro de Defensa, Fernando Barros suscribió la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Cárteles.

El documento lleva su firma y la del representante estadounidense Joseph Humire. Allí se manifiesta la intención de ampliar la cooperación bilateral y multilateral en seguridad, narcotráfico, fronteras e infraestructura crítica y se plantea trabajar en coalición frente a amenazas comunes.

21 de agosto: el embajador Brandon Judd hace pública esa firma. Fue el representante de Estados Unidos en Chile quien difundió el documento de marzo y destacó públicamente la participación de Barros.
A partir de entonces se abrió la discusión sobre qué alcance tenía aquella declaración y cuál era su relación con la futura participación chilena en el Escudo.
El Congreso ya había llevado el asunto a fiscalización: el 26 de agosto se enviaron oficios a Defensa y Cancillería solicitando información sobre la «suscripción, alcance e implementación» de la declaración del 12 de marzo. En las fichas parlamentarias consultadas todavía no aparecen respuestas registradas a esos oficios.

14 de septiembre: Kast afirma que Chile continúa como observador. Apenas ocho días antes de la adhesión, el Presidente señaló públicamente: «nosotros seguimos en calidad de observadores». Añadió que cualquier fórmula propuesta por Estados Unidos debía ser analizada según la institucionalidad chilena.

22 de septiembre: Chile cambia de condición. Cancillería anunció oficialmente que «Chile ha decidido adherir» al Escudo de las Américas y lo describió como un «marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos». El comunicado chileno destacó intercambio de información, análisis de datos, capacitación para Carabineros y PDI y coordinación fronteriza.

Ese mismo día, el Presidente Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna participaron en Nueva York en la reunión de la iniciativa.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ese mismo 22 de septiembre, Washington publica un documento más amplio. El Departamento de Estado difundió la Joint Statement on Defending Hemispheric Sovereignty y señaló expresamente que el texto había sido publicado por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile y otros once países.

La declaración habla de tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral, y formula la «intención» conjunta de emprender distintas acciones de acuerdo con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de cada Estado.

Kast sostiene que aquello no constituye un tratado.

Tras anunciarse la adhesión, el Presidente explicó que no implicaba cesión de soberanía ni autorización automática para operaciones militares extranjeras y afirmó que no se trataba de un tratado internacional.

28 de septiembre: el canciller introduce una precisión decisiva. Durante su interpelación en la Cámara, Francisco Pérez Mackenna declaró: «En este caso no hubo firma» y sostuvo que se trata de una declaración política no vinculante, destacando que el texto utiliza expresiones de «intención».

La controversia pasa ahora al plano jurídico e institucional. Parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría solicitando que se examine la legalidad de la incorporación y argumentando que algunos contenidos deberían haber sido conocidos por el Congreso. Esa es una tesis de los recurrentes y todavía no equivale a una resolución de Contraloría.

¿Cómo queda entonces el tema de la firma?
Con los documentos conocidos hasta hoy, no corresponde afirmar que la firma de Fernando Barros del 12 de marzo sea la firma del documento del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.

Son instrumentos distintos, aunque pertenecen al mismo proceso de cooperación hemisférica en seguridad.
Pero tampoco puede decirse que Chile permaneció simplemente al margen: Cancillería declaró oficialmente la adhesión de Chile, el Presidente y el canciller participaron en la reunión de Nueva York y el Departamento de Estado identifica expresamente a Chile como uno de los gobiernos que emitieron la declaración conjunta del 22 de septiembre.

Por eso, la cuestión pendiente es más precisa que determinar si hubo «papel y lápiz»: qué acto concreto expresó internacionalmente el consentimiento político de Chile, quién lo autorizó, qué efectos produce esa adhesión y cuáles de las acciones anunciadas requerirán posteriormente decisiones administrativas, legales o aprobación del Congreso.

El Ejecutivo sostiene que es una declaración política voluntaria y no vinculante; sus críticos han solicitado que Contraloría revise esa interpretación. Esa controversia permanece abierta al 28 de septiembre de 2026.

ESCUDO DE LAS AMÉRICAS LLE

Lo que comenzó siendo presentado por el Gobierno como una coordinación voluntaria para compartir información contra el crimen organizado terminó este lunes en la Contraloría General de la República.

Cinco diputados —Luis Cuello, Juan Santana, Daniela Serrano, Jaime Bassa e Irací Hassler— pidieron revisar la legalidad de la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, argumentando que podría tratarse de un acuerdo internacional que, por sus alcances, debió pasar por el Congreso.

Y la discusión tiene un antecedente concreto: mientras Cancillería destacó inicialmente cooperación policial, intercambio de información y capacitación para Carabineros y PDI, la declaración conjunta publicada por Estados Unidos contiene bastante más: minerales críticos, control de inversiones, intercambio de inteligencia, coordinación internacional y hasta una solicitud para estudiar una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas utilizando mecanismos del TIAR.

El Gobierno sostiene que no es un tratado, no cede soberanía y no autoriza operaciones militares.

Los diputados sostienen exactamente lo contrario en cuanto a su naturaleza jurídica: que los compromisos tienen suficiente entidad para requerir control institucional y participación del Congreso.

Hay algo que ya no está en discusión: el documento internacional es bastante más amplio que una simple cooperación policial contra el narcotráfico. La pregunta que ahora deberá responder Contraloría es jurídica: si esa amplitud sigue siendo una declaración política voluntaria o si el Ejecutivo cruzó la línea hacia compromisos internacionales que requerían otro procedimiento constitucional.

El escenario judicial del senador por Aysén Miguel Ángel Calisto sumó nuevos movimientos, aunque hasta la mañana de este lunes 28 de septiembre todavía no se conoce públicamente una resolución definitiva de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt respecto de su nuevo desafuero.

El 14 de septiembre, la Corte de Puerto Montt escuchó los alegatos del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y de la defensa del parlamentario.

Terminada esa audiencia, el desafuero quedó “en acuerdo”, es decir, pendiente de que los ministros adopten y publiquen su resolución.

La solicitud se produce después de que la Fiscalía Regional de Aysén cerrara nuevamente la investigación el 4 de septiembre y presentara acusación contra ocho imputados.

Entre ellos se encuentra Calisto, a quien el Ministerio Público acusa por fraude al Fisco.

La Fiscalía sostiene que el perjuicio investigado supera los $100 millones y, respecto del senador, ha solicitado una pena de 12 años de presidio.

Esa petición corresponde a la acusación del Ministerio Público y no constituye una sentencia de culpabilidad.

Pero mientras Puerto Montt estudia el desafuero, se abrió paralelamente otra controversia judicial.

La defensa de Calisto había pedido que la investigación se extendiera por otros 120 días y reclamó acceso a determinados soportes digitales entregados por otro imputado, argumentando que necesitaba conocer la totalidad de esos antecedentes para ejercer adecuadamente la defensa.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó esa solicitud el 4 de septiembre.

La defensa recurrió entonces de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Sin embargo, el 16 de septiembre, la Primera Sala rechazó el recurso por unanimidad.

La Corte sostuvo que las controversias planteadas —acceso a antecedentes y tiempo para examinarlos— se relacionaban con el ejercicio del derecho a defensa, pero que no constituían, en las circunstancias analizadas, una amenaza directa, cierta e ilegal contra la libertad personal o seguridad individual del senador.

El tribunal agregó un elemento relevante: determinados soportes digitales reclamados por la defensa no fueron incluidos por el Ministerio Público entre las pruebas ofrecidas en su acusación y, por lo tanto, según lo señalado por la Corte, no podrían utilizarse en contra de Calisto en ese juicio.

Pero el asunto no terminó ahí.

El 23 de septiembre, el abogado Nelson Salas, en representación de Calisto, presentó una apelación ante la Corte Suprema contra el rechazo del amparo.

La defensa solicita que el máximo tribunal revierta lo resuelto en Coyhaique, ordene entregar copia de la totalidad de los antecedentes reclamados y permita ampliar la investigación durante otros 120 días.

Así, actualmente existen dos decisiones relevantes pendientes:
Por una parte, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt debe resolver la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía.

Por otra parte, la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la apelación relacionada con el rechazo del amparo y la petición de la defensa de acceder a los antecedentes y obtener más plazo investigativo.

Hasta este lunes 28 de septiembre, no aparece publicada una nueva sentencia que resuelva el desafuero en Puerto Montt.

El caso, por lo tanto, continúa abierto en distintos frentes judiciales.
Y una precisión indispensable: Calisto se encuentra acusado por el Ministerio Público, pero estas actuaciones procesales no equivalen a una condena; la responsabilidad penal deberá determinarse judicialmente en las etapas correspondientes.

Los antecedentes sobre el cierre y nueva acusación del 4 de septiembre están confirmados por el Ministerio Público.

El rechazo unánime del amparo y sus fundamentos constan también en información oficial de Fiscalía y en la cobertura del fallo.

La apelación ante la Suprema fue presentada el 23 de septiembre y solicita expresamente los antecedentes y 120 días adicionales.
En la imagen el Senador CALISTO pide al Ministro Arrau, reforzar las fronteras cuando él mismo tiene una medida cautelar del tribunal judicial, cuya orden que le prohíbe salir del país

La seguridad pública en la Provincia de Aysén no depende de una sola institución, sino del trabajo articulado de tres unidades del Complejo Policial Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile, que desde hace meses llevan a cabo investigaciones, fiscalizaciones y controles con el fin de proteger a la comunidad. Según se mencionó en El Divisadero, esta estructura policial reúne a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM), a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) y a la Sección de Migraciones y Policía Internacional, cada una con un rol específico pero orientado a un mismo objetivo: que la seguridad sea integral y no solo visible.

La BICRIM Aysén se dedica a investigar delitos que afectan a las personas y a su patrimonio. Sus detectives realizan diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y reunir antecedentes que sirvan a las investigaciones que dirige el Ministerio Público. Tras cada procedimiento, se ejecuta un trabajo de análisis de información, entrevistas y empadronamientos que permite esclarecer los casos y aportar pruebas al proceso judicial.

Por su parte, la BIDEMA Aysén investiga hechos que pueden afectar la fauna, el medio ambiente y el patrimonio cultural de la región. Esta especialidad combina investigación criminal con conocimientos técnicos y coordinación con organismos especializados, lo que resulta fundamental en una provincia donde los recursos naturales y el patrimonio son parte central de la identidad y la vida de sus habitantes. La protección de estos bienes no es solo una tarea ambiental, sino una cuestión que afecta directamente el territorio donde la comunidad vive y desarrolla su actividad económica y cultural.

La tercera pata de este trabajo la cumple la Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén, encargada de verificar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente. Entre julio y septiembre se efectuaron cinco fiscalizaciones de extranjeros en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, donde se fiscalizó a más de 121 personas. De ese total, 12 fueron detectadas vulnerando disposiciones de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería, por lo que fueron denunciadas ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Los resultados concretos de estas unidades durante el período mencionado reflejan el esfuerzo institucional: se concretó la detención de ocho personas y el arresto de otras nueve, como resultado de diligencias investigativas y requerimientos de los tribunales de justicia. Estas cifras, sin embargo, deben leerse en el contexto de una provincia geográficamente extensa y desafiante, donde la presencia policial y la cobertura territorial enfrentan limitaciones que hacen que cada procedimiento cobre un valor estratégico para la seguridad ciudadana.

La crítica que se puede construir a partir de estos datos es clara: la seguridad en Aysén depende de un trabajo que la comunidad no siempre puede ver. La investigación criminal, la protección del medio ambiente y la fiscalización de extranjeros son ámbitos distintos que convergen en una misma idea, pero también revelan una realidad: la provincia necesita más presencia, más recursos y mayor coordinación institucional para cubrir un territorio donde las distancias y las condiciones geográficas complican el acceso. El trabajo silencioso de los detectives y fiscales es necesario, pero no basta si no se acompaña de una política de Estado que fortalezca las capacidades operativas de estas unidades.

Porque la seguridad no se construye solamente con aquello que la comunidad alcanza a ver, sino también con el trabajo profesional y permanente de quienes, cada día, investigan, fiscalizan y sirven a Aysén. Lo que queda pendiente es que ese esfuerzo invisible reciba el respaldo institucional, los recursos y el reconocimiento que merece, para que la confianza de quienes habitan este territorio no dependa solo del compromiso individual de los policías, sino de un sistema que garantice la seguridad como un derecho concreto y no como una promesa.

La semana ha estado marcada por el debate en torno al llamado ‘Escudo de las Américas’, tras la firma en Estados Unidos de un documento por parte del presidente Kast. Según se mencionó en el Departamento de Estado de EE.UU., los compromisos asumidos van mucho más allá de la coordinación contra el crimen organizado que Kast ha señalado públicamente. El comunicado, titulado ‘Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica’, establece obligaciones en áreas militar, diplomática y económica para los países firmantes, y Chile no se sustrajo a ellas. Chile se compromete a salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos como litio, cobre y tierras raras, entregando acceso privilegiado a Estados Unidos, lo que implica que la decisión de a quién se venden estos recursos no será chilena, ni siquiera pensar en hacer negocios comerciales con China u otros países. Además, el acuerdo obliga a Chile a invertir recursos en defensa, como la compra de aviones, directamente a empresas estadounidenses, afectando el presupuesto destinado a otras necesidades nacionales. Según la RAE, la soberanía otorga a un Estado la capacidad de gobernarse a sí mismo, crear sus propias leyes y tomar decisiones libres en su territorio, sin poder ser cedida o transferida. Con este acuerdo, las prioridades de Chile pasan a un segundo plano frente a los intereses del imperio del norte, en lo que se describe como un descenso del patriotismo al entreguismo. Resta por ver cómo se materializarán estos compromisos en políticas concretas y qué impacto tendrán en la economía y los derechos de los ciudadanos chilenos., según se mencionó en El Divisadero.