ESCUDO DE LAS AMÉRICAS LLE
Lo que comenzó siendo presentado por el Gobierno como una coordinación voluntaria para compartir información contra el crimen organizado terminó este lunes en la Contraloría General de la República.
Cinco diputados —Luis Cuello, Juan Santana, Daniela Serrano, Jaime Bassa e Irací Hassler— pidieron revisar la legalidad de la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, argumentando que podría tratarse de un acuerdo internacional que, por sus alcances, debió pasar por el Congreso.
Y la discusión tiene un antecedente concreto: mientras Cancillería destacó inicialmente cooperación policial, intercambio de información y capacitación para Carabineros y PDI, la declaración conjunta publicada por Estados Unidos contiene bastante más: minerales críticos, control de inversiones, intercambio de inteligencia, coordinación internacional y hasta una solicitud para estudiar una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas utilizando mecanismos del TIAR.
El Gobierno sostiene que no es un tratado, no cede soberanía y no autoriza operaciones militares.
Los diputados sostienen exactamente lo contrario en cuanto a su naturaleza jurídica: que los compromisos tienen suficiente entidad para requerir control institucional y participación del Congreso.
Hay algo que ya no está en discusión: el documento internacional es bastante más amplio que una simple cooperación policial contra el narcotráfico. La pregunta que ahora deberá responder Contraloría es jurídica: si esa amplitud sigue siendo una declaración política voluntaria o si el Ejecutivo cruzó la línea hacia compromisos internacionales que requerían otro procedimiento constitucional.
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